30 de agosto de 2016

Noticias de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 30 Agosto de 2016

El Observatorio Sectorial de Seguridad Privada apoya las recientes iniciativas sobre los convenios de contratación pública 
http://ftsp-usolaspalmas.blogspot.com/2016/08/el-observatorio-sectorial-de-seguridad.html

Madrid cambiará baremos de adjudicación para evitar empresas de seguridad ‘piratas’ 

El Supremo avala computar la 'cotización ficticia' en la prejubilación 
http://ftsp-usolaspalmas.blogspot.com/2016/08/el-supremo-avala-computar-la-cotizacion.html

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. 

Ordenes Ministeriales de Seguridad Privada

Competencias de la Guardia Civil en Seguridad Privada 

INFORME UCSP  2015/027 Continuidad de habilitación con T.I.P caducado 

Informe UCSP 2015/048 Sanción por no realización de cursos de actualización 

Informe UCSP 2015/063 Retirada de la TIP de un vigilante por delito flagrante cometido en el ejercicio de sus funciones.

Informe UCSP 2015/066 Validez cursos formación especifica.

Ejercicios de tiro de Vigilantes de Seguridad con Licencia de Armas C depositada 

La inactividad del personal de Seguridad Privada en la Ley 5/2014 

“El Gobierno parchea la carencia de efectivos en la Guardia Civil”

El “despilfarro insultante” del Gobierno: 58 millones más para seguridad privada en prisiones 

INTERIOR PODRÁ CONTRATAR 200 AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS CÁRCELES 

Guardias civiles critican que no haya dinero para chalecos antibalas y sí para seguridad privada 

El PSOE propondrá un cambio en la ley de seguridad privada en las cárceles 

La primera fuerza de seguridad es privada: ya hay más vigilantes que guardias civiles

La seguridad se privatiza: En Andalucía hay 210 empresas de seguridad 

Huelga de vigilantes en Madrid tras contratar al ‘capo’ de la seguridad canaria 

Poco seguimiento durante la primera jornada de la huelga de vigilantes de Cultura y Turismo 

La FTSP-USO Galicia, denunciará las irregularidades en el polígono Bértoa. 

El Ayuntamiento de Bormujos alega que recurre a seguridad privada en la Feria al no haber un retén fijo 

Invesco entra en el capital de Prosegur con la compra de un 1% 

La Junta pondrá seguridad privada en las Oficinas Comarcales Agrarias de Pozoblanco e Hinojosa 

Interior reconoce el máster en Seguridad de la Universidad de Salamanca

Securitas Direct avisa de que se han detectado robos en viviendas usando la droga de la sumisión, llamada burundanga 

Aumenta un 20% el número de agentes de seguridad en el aeropuerto de Manises 

Denuncian la agresión de un menor al personal de seguridad del COA 

Desalojan la zona de buses de la estación intermodal por una maleta abandonada 

Cuidado si te enseñan una placa en la autopista: se busca a estos 'policías ful' 

El uso de gas pimienta causa una treintena de heridos en el Descenso del Nalón 

Un Vigilante abandona su trabajo por los extraños sucesos ocurridos en un hospital 

Detenido tras robar una máquina de café golpeando con la caja a un vigilante de un comercio de Tudela 

Una mujer, agredida en el Metro de Madrid ante la pasividad de viajeros y personal de seguridad 

Tres detenidos por el robo de 2.000 paquetes de tabaco en un súper en Tafira 

Gaceta Securitas nº 81 

Noticias de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 23 Agosto de 2016
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El PSOE propondrá un cambio en la ley de seguridad privada en las cárceles

Va a presentar una proposición para fijar que los ex escoltas del País Vasco sean los que ocupen las vacantes
El PSOE, pese a los plenos de investidura, no ha paralizado su actividad parlamentaria y tiene previsto presentar, esta misma semana, varias proposiciones de ley. Una de ellas defiende la contratación directa de los ex escoltas del País Vasco que protegieron a autoridades políticas antes del fin de ETA.
En abril de 2014 se aprobó la llamada Ley de Seguridad Privada, que permitía la contratación de vigilantes privados para las cárceles del Estado. La medida, que se empezó a aplicar ese mismo verano, se justificó asegurando que era una fórmula para que los ex escoltas del País Vasco tuvieran un nuevo empleo.
La norma acabó con las convocatorias públicas para cubrir las plazas vacantes en las prisiones y, a cambio, se optó por un concurso restringido a las empresas que tenían contratados a aquellos que habían protegido a políticos y empresarios en el País Vasco hasta el alto al fuego de ETA anunciado en 2009.
No obstante, según los responsables de Interior del Grupo Socialista en el Congreso, el objetivo final de la medida no se está cumpliendo: “Las empresas llevan a las cárceles a jóvenes agentes que no han trabajado como escoltas, por lo que además de incumplir con lo dicho se incorpora a gente con poca experiencia”, explican a El Confidencial Digital.
Objetivo: blindar la contratación de ex escoltas
Para cambiar esta deriva, el PSOE ha presentado este lunes ante la Mesa una proposición no de ley para reformar la LO de 2014.
En la PNL, a la que ha tenido acceso este diario, se pide blindar, por escrito, la contratación en las cárceles de aquellos que ejercieron como escoltas tanto en País Vasco como en Navarra. De esa forma, se pretende evitar que las empresas sitúen en su lugar a otros candidatos.
Las fuentes consultadas por ECD explican que la proposición de ley va a presentarse de forma inminente porque Interior acaba de conceder una importante partida presupuestaria para la contratación en las cárceles: “Hay que tener mayor control de ese proceso, por lo que la aprobación de nuestra reforma es urgente, concluyen.
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La FTSP-USO Galicia, denunciará las irregularidades en el polígono Bértoa.

El polígono industrial de Bértoa tendrá dos gasolineras, una en cada fase
Por otro lado, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada-Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) aseguró ayer, en un comunicado público, que acudirá a la Delegación del Gobierno para «denunciar» lo que califica de «irregularidades» en la seguridad del polígono
El polígono industrial de Bértoa, en Carballo, vive un momento de intensa construcción y asentamiento de empresas, tanto en las parcelas o naves en alquiler del privado como en la ampliación de Xestur. Tal vez por eso, y por las expectativas de que la segunda fase siga creciendo, aparecen nuevas iniciativas que nunca se habían planteado. O que, si lo hicieron (una vez hubo un atisbo de intento) no salieron adelante por diversos motivos.
Ahora mismo, sobre el papel, hay dos estaciones de servicio en marcha. El proyecto de una de ellas está más avanzado. Tanto, que ayer la Xunta de Goberno Local dio el visto bueno para la construcción de la gasolinera, que irá ubicada en las parcelas K5 y K6, en la zona nueva. La otra se ubicará en el polígono privado, en unos terrenos arrendados para tal fin muy cerca de la rotonda de entrada (acceso desde la AC-552, a pocos metros del vivero). Pero aún deberá esperar un poco más, ya que siguen adelante los trámites autonómicos, según señalaron fuentes municipales.
En la Xunta de Goberno de ayer también recibió el visto bueno el protocolo de actuación entre la Axencia Galega de Infraestruturas y el Concello para el itinerario peatonal y ciclista desde Bértoa (uno de los enlaces estará en el parque) hasta Carballo.
Denuncia por vigilancia
Por otro lado, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada-Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) aseguró ayer, en un comunicado público, que acudirá a la Delegación del Gobierno para «denunciar» lo que califica de «irregularidades» en la seguridad del polígono, «incumpliendo la ley de seguridad privada», al respecto de falta de cualificación o habilitación como vigilantes de seguridad, algo que sería «muy grave», dice el sindicato.
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Invesco entra en el capital de Prosegur con la compra de un 1%

A precio de mercado, la operación tendría un valor de 37,25 millones de euros.
La gestora Invesco se ha hecho con el 1,008% del capital social de Prosegur tras adquirir 6,22 millones de acciones de la compañía de seguridad.
Según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la gestora, que previamente no contaba con títulos de la compañía, ha adquirido un 1,008% indirecto del capital de Prosegur.
A precio de mercado, la operación tendría un valor de 37,25 millones de euros, ya que la acción de Prosegur ha cerrado la sesión bursátil de este lunes a un precio de 5,99 euros, tras subir un 0,17% durante la jornada.

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29 de agosto de 2016

Aumenta un 20% el número de agentes de seguridad en el aeropuerto de Manises

El dispositivo de seguridad del aeropuerto de Manises se ha incrementado este verano un 20% con agentes de la Policía y la Guardia Civil para controlar el tránsito de los 15.000 pasajeros que pasan cada día por esta terminal.
Según el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, que visitó ayer el dispositivo, este incluye unidades de intervención y unidades caninas especializadas en detección de drogas y explosivos.
Los agentes que forman el dispositivo de seguridad han detenido a 106 viajeros, de ellos, 10 por tráfico de droga. En concreto, la sustancia ilegal sustraída fue la cocaína de la que los agentes incautaron 17 kilos.
Además, los cuerpos de seguridad también se incautaron de 10.983 cajetillas de tabaco de diversas marcas en 18 actuaciones, con origen principalmente del este de Europa, así como de 19 armas a pasajeros en los filtros de seguridad o inspección de equipajes.
Por otra parte, el delegado del Gobierno reveló las cifras de pasajeros que han pasado durante los siete primeros meses del año por el aeropuerto, que ascienden a 3,2 millones, un incremento del 13,4 % con respecto al mismo período del año 2015, cuando se registraron 2,8 millones.
También Moragues indicó que durante estos siete meses han tenido lugar 36.031 vuelos que han transportado más de 7 millones y medio de kilos de mercancías. Solo durante julio el aeropuerto ha contado con 628.757 pasajeros.
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Denuncian la agresión de un menor al personal de seguridad del COA

El colectivo Educadores en lucha ha denunciado que un menor en protección del Centro de Observación de Acogida (COA) ha agredido con una silla al personal de seguridad del servicio. Critican que el IASS "permite el caos organizativo y la precaria atención a los niños de Intress, que lleva once meses sin proyecto educativo en el COA".
El colectivo Educadores en lucha ha dado a conocer que este jueves se ha repetido lo que han denominado como "un nuevo episodio de desprotección y riesgo" en el Centro de Observación de Acogida (COA) de Zaragoza. Y es que afirman que un joven agredió con una silla al personal de seguridad que trabajaba en el turno de noche. En este altercado, tal y como han explicado en un comunicado enviado a los medios de comunicación, fue necesaria de nuevo la presencia policial, que se llevó arrestado temporalmente al joven denunciado.
Desde este colectivo han insistido en que esta situación de "desprotección" que, según han aseverado, viven los menores del COA y los profesionales que les atienden, es responsabilidad del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). La DGA, han agregado, "está permitiendo desde la complacencia que la entidad gestora del COA, Intress, esté acabando con un proyecto educativo y represaliando a los educadores veteranos que denunciamos esta desprotección". 
"Queremos dejar claro que las principales víctimas de esta situación son los menores", han insistido en el comunicado. Asimismo, han explicado que "la desorganización de Intress se ha convertido en un total caos desde junio, fecha en la que se vienen repitiendo este tipo de situaciones constantemente". De hecho, han criticado que "no existe un proyecto educativo, han echado a compañeros veteranos, la mayoría de profesionales nuevos no son formados adecuadamente por Intress ni tienen experiencia con menores en protección". El COA, tal y como han expuesto en el comunicado, se ha convertido actualmente "en un centro de desprotección a merced de los menores con perfiles más complicados".
Este colectivo, que lleva ya dos años en huelga, ha reiterado que es "una realidad que conocen todos los profesionales (Protección, Psiquiatría, Psicólogos, Policía...) que trabajan con los menores del COA". Y han hecho hincapié en que el único que niega esta "grave situación" es Joaquín Santos, director del IASS, "quien en sus contadas declaraciones públicas miente ocultando lo que, a nuestro juicio, es un flagrante maltrato institucional", han trasladado en el comunicado. 
Desde el colectivo además de denunciar el conflicto social y político del COA también han incidido en todas "las graves carencias que tiene actualmente el Sistema de Protección de Menores en Aragón". En este sentido también han querido expresar su petición de una mayor implicación de Fiscalía de Menores, principal institución cuya principal labor es ser garante legal de todos los menores. Sin embargo, han reconocido que en las últimas fechas se han sorprendido "con la disparidad de criterios con que está abordando las situaciones de desprotección denunciadas por nuestro colectivo".
"Creemos que Fiscalía de Menores debería estar vigilante del caos organizativo que sufren los menores en el COA. Sin embargo, parece invisible y sorda a nuestras denuncias públicas. Tampoco entendemos la diferencia de criterio que tiene con algunos menores respecto a algunas denuncias durante este verano. Resulta que a principios de agosto un menor de catorce años tras prestar declaración por un robo de un móvil con violencia, fue encerrado en calabozo y se le impuso una medida cautelar de seis meses de internamiento en el centro de Juslibol a la espera de juicio. Sin embargo, actualmente tenemos en el COA chicos más mayores que acumulan numerosas denuncias similares o más graves y no se les pone freno. Nos gustaría que alguien diera la cara y aclarara esta desproporción de criterio. Y si lo creen conveniente denunciar la falta de centros especializados para estos menores", han lamentado.
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Securitas Direct avisa de que se han detectado robos en viviendas usando la droga de la sumisión, llamada burundanga

La empresa de seguridad Securitas Direct ha alertado este jueves de que se ha detectado el uso de sustancias como la escopolamina, conocida popularmente como 'burundanga', como táctica para el robo en viviendas. "Los ladrones hacen que la víctima ingiera esta droga y terminan llevándose todo lo que quieren", explican en una nota de prensa.
La 'burundanga' es una droga de sumisión que anula la voluntad de la persona que la ingiere. Los "amigos de lo ajeno" hacen que la víctima tome esta droga, y gracias a ello obedecen en todo momento al ladrón que consigue desvalijar la casa.
Securitas Direct cita a la Policía Nacional para alertar de que los robos pueden realizarse con diferentes métodos, aunque su principal modus operandi es provocar un descuido en la víctima para llevar a cabo el hurto en la vivienda.
Entre las tácticas más empleadas se encuentra la del señuelo. Los ladrones visitan a sus víctimas, que suelen ser personas de la tercera edad, y se hacen pasar por familiares, vecinos o revisores de agua, gas o luz. Actúan en pareja, uno llama a la puerta y distrae al dueño que va a abrir, mientras su compinche ya está dentro de la casa y aprovecha el descuido para realizar el robo.
Otro método que utilizan los asaltantes es fingir una indisposición. El delincuente acude a la vivienda pidiendo agua para aliviar su molestia, y una vez dentro de la casa se sirve de cualquier descuido de la víctima para hurtar dinero, joyas o cualquier objeto de valor que se encuentre a mano. Por ello desde Securitas Direct recomiendan no dejar nunca ningún objeto de valor a la vista.
No facilitar la entrada a personas desconocidas, pedir una acreditación a representantes de cualquier servicio técnico y no separarse en ningún momento de las personas ajenas que entren en el hogar son otras advertencias de la empresa de seguridad.
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Tres detenidos por el robo de 2.000 paquetes de tabaco en un súper en Tafira

La policía ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a dos hombres y una mujer como presuntos autores del robo que sufrió un supermercado del barrio de Tafira, del que se llevaron productos valorados en un total de 5.700 euros, entre ellos 2.000 cajetillas de tabaco.
Los detenidos son J.D.P.D., hombre de 35 años de edad, con numerosos antecedentes policiales; C.I.G.D., mujer de 23 años y con antecedentes; y R.P.C., hombre de 20 años y con antecedentes policiales. Según informó ayer la Jefatura Superior de Policía de Canarias, un vigilante de seguridad sorprendió a los ladrones cuando abandonaban el establecimiento en un coche gris, que resultó ser propiedad de una de las autoras de los hechos.
Tras huir de la zona, los autores del robo desmontaron parte de las piezas del coche, como el volante, los asientos, el capó, los airbags y las ruedas, y abandonaron el vehículo en la calle para simular que había sido sustraído e intentar desvincularse de los hechos del supermercado. Los agentes pudieron averiguar que el robo había sido presuntamente cometido por dos hombres y por una mujer, la propietaria del vehículo visto por el vigilante.
Cuando localizaron a la mujer y a uno de los hombres en el barrio de San José, los dos reconocieron en Comisaría los hechos y guiaron a los policías hasta una vivienda en construcción donde habían escondido las piezas del vehículo.
El tercer implicado fue arrestado tras intentar escapar de los agentes en un ciclomotor, circulando por varias calles del barrio de San Cristóbal en dirección contraria al tráfico.

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Una mujer, agredida en el Metro de Madrid ante la pasividad de viajeros y personal de seguridad

El atacante era un desconocido que estaba haciendo aguas mayores en el pasillo del metro. 
Empujó a la mujer varias veces a la vía y no dejó de insultarla llamándola "puta" y amenazándola. 
Ya en el vagón siguió amenazándola de muerte y dándole manotazos delante de los pasajeros.
Laura es una joven que ha publicado en Twitter el ataque que sufrió por parte de de un desconocido este sábado por la mañana de camino a un hospital antes de trabajar. 
La víctima asegura en un tuit (que ya ha sido difundido casi 3.000 veces) que le ocurrió en la estación de Manuel Becerra (línea 2) y que a pesar de llamar a un interfono cinco veces y de estar repleto el andén no obtuvo ayuda. 
Laura no sólo denuncia la falta de seguridad en una estación de metro tan concurrida, sino también la omisión de ayuda del resto de los demás viajeros: "No entiendo a esa gente que miraba en vez de actuar", ha escrito en Twitter. 
Según la agredida, todo comenzó cuando se encontró a un desconocido haciendo sus necesidades en el pasillo del suburbano y al verla pasar el susodicho le gritó: "Guapa, ¿Te gusta mi polla?", a lo que la víctima según su propio relato le respondió que era un asqueroso. 
Al parecer, y simpre según el testimonio vertido en la red social, el atacante la siguió hasta el andén y la empujó varias veces hacia la vía del tren, aunque afortunadamente en ese momento no pasaba ningún tren. 
La agresión no quedó ahí y el hombre la siguió increpando gritándole cosas como: "¿Qué pasa, que vas a limpiar tú el puto metro, cacho de puta?" El agresor, además, al ver que no venía ningún miembro del personal de seguridad ni ningún viajero a ayudar a la chica aumentó el tono violento y la amenazó con rajarla a ella y a toda su familia, todo esto pegándole manotazos y agarrándola de la ropa. 
Te corto el cuello. Tú estás muerta. 
Ya en el vagón del metro, este hombre la siguió hasta Diego de León y no dejó de amenazarla ("te corto el cuello", "tú estás muerta") y gritarle delante del resto de pasajeros, a pesar de que la chica avisó al conductor al ver que sus llamadas de socorro en el interfono no habían servido para nada. Un vigilante de seguridad lo desalojó a la fuerza en la estación de Diego de León. 
Laura narró la agresión en Twitter, logrando que el caso que no le habían hecho en el andén se lo hicieran a través de una pantalla, paradójicamente. 
Sus tuits han tenido la gran repercusión que no obtuvieron sus gritos y hasta la cuenta oficial de Metro de Madrid le ha respondido que trasladaron la incidencia a seguridad. ¿Hacemos más caso a las redes sociales que a una agresión en vivo y en directo? ¿Sirve esa actitud de algo una vez ya se ha cometido una agresión?


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La seguridad se privatiza: En Andalucía hay 210 empresas de seguridad

La Guardia Civil tiene significativamente menos personal
Mientras que los bancos en dificultades y sus ricos accionistas reciben miles de millones de euros para ser mantenidos vivos, se ahorra de forma masiva en las funciones gubernamentales como la salud, la educación y la seguridad.
La percepción de la seguridad pública es en realidad la tarea central del estado. Pero por razones de costo ahora se ahorra en policías y partes de la seguridad se han entregado a empresas de seguridad privadas.
Ya sea en los aeropuertos, las estaciones de tren, en el metro o en las autoridades públicas, entretanto nos controlan mal entrenados y mal pagados vigilantes en un lenguaje que casi nunca se entiende.
En España se registraron a finales de 2015 un total de 1.534 empresas de seguridad privadas. Tienen 78.200 empleados y generan una facturación de 3,5 mil millones de euros. Solo en Andalucía hay 210 empresas de seguridad registradas que oficialmente registran unos increíbles 510 millones de euros.
Lo dramático es que la Guardia Civil tiene mucho menos agentes (alrededor de 75.000) y no dejan de tachar puestos.

Ejemplo Marbella 
En Marbella hay miles de viviendas y probablemente haya pocos lugares en Europa donde haya tanta cantidad de dinero concentrado en un lugar. Uno podría pensar que hay suficientes policías para garantizar la seguridad de los ricos y famosos. Naturalmente no es así, los que quieren proteger sus viviendas y estar protegidos tienen que contratar a una empresa de seguridad privada. En Marbella hay más vehículos de empresas de seguridad privada en la calle que patrullas de la policía.
Casi todas las propiedades en Marbella tienen un sistema de alarma. Dependiendo del presupuesto, se ofrecen varios servicios. Y aún así, Marbella registraba a finales de 2015 un total de 582 robos domésticos y 440 robos de vehículos.

La realidad 
España acogerá este año a 68 millones de turistas extranjeros, con tendencia hacia arriba. España recibe a diario toneladas de drogas e inmigrantes ilegales de Marruecos. España está en nivel de alerta terrorista 4 (de 5).
El que con esta situación reduzca la plantilla de las fuerzas de seguridad y apueste solo por los servicios de seguridad privada, actúa de forma negligente e irresponsable.

Solución:
En primer lugar hay que crear 10.000 puestos de trabajo en la Policía Nacional y la Guardia Civil. El salario debe ser elevado por lo menos un 25%.
Justificación: Casi todos los agentes de las fuerzas de seguridad tienen que hacer un segundo trabajo para llegar a final de mes. El riesgo de corrupción es enorme y actualmente por desgracia hay algunos casos que están siendo investigados. Con 1.400 euros no se puede realmente mantener a una familia.
La policía mejor pagada en España es la Policía Local. Pero su trabajo no tiene nada que ver con el de los otros cuerpos. Hay dos posibilidades, o bien se amplían las competencias de la Policía Local o se disuelve por completo y se distribuyen a la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Y muy importante: La Guardia Civil necesita urgentemente reformas y debe ser tratada de forma jurídica como la Policía Nacional.

Conclusión: 
La seguridad es la principal competencia del Estado. La seguridad es la base de una sociedad que funciona. Es hora de que las fuerzas de seguridad no sean continuamente derrocadas, sino reforzadas para que puedan realizar las tareas que crecen en este mundo globalizado.
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La primera fuerza de seguridad es privada: ya hay más vigilantes que guardias civiles

Las compañías de seguridad privada lograron en 2015 que sus plantillas superen por primera vez en número a la Guardia Civil gracias a la crisis y a la nueva ley del sector
La patronal de las empresas de seguridad privada (Aproser) ha lamentado en su balance de 2015 que la facturación del sector solo aumentara el pasado año un 2,8%, una tasa ligeramente inferior al 3,2% que creció la economía durante esos mismos 12 meses. Pero lo que Aproser no ha destacado es que su negocio alcanzó un hito que dibuja un nuevo paradigma en el modelo de la seguridad nacional. Los vigilantes privados se convirtieron en 2015 en la fuerza de seguridad más numerosa de España, superando por primera vez en número de efectivos a la Guardia Civil. A la Policía Nacional ya la superaron hace años.
La cifra sale del propio anuario estadístico de la patronal de seguridad. El número de vigilantes privados en activo subió de los 75.628 que había en 2014 a los 78.200 de 2015, un 3,4% más. El crecimiento es moderado, pero suficiente para rebasar en agentes a la Guardia Civil. Según han confirmado fuentes del Instituto Armado a este diario, el catálogo de puestos de trabajo del cuerpo contempla una dotación de 83.220 empleados. Sin embargo, no todas las plazas están ocupadas y en esa cifra también se incluyen efectivos en la reserva. El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de este año revela que, en realidad, la Guardia Civil contaba al cierre de 2015 con apenas 75.544 funcionarios en activo. El mismo documento señala que, el 31 de diciembre de 2014, la plantilla real del Instituto Armado era de 76.596 agentes. Es decir, que mientras que el número de agentes privados de seguridad no deja de crecer, la dotación de guardias civiles está en plena contracción.
El descenso del número de agentes de la Guardia Civil se explica sobre todo por la drástica reducción de las ofertas de empleo público para acceso al cuerpo. Entre 2010 y 2014, Hacienda autorizó convocatorias de únicamente el 10% de la tasa de reposición del cuerpo, es decir, que solo uno de cada 10 agentes que dejaron la Guardia Civil por voluntad propia, jubilación o fallecimiento fueron sustituidos por otro funcionario. En 2015, la convocatoria aumentó hasta el 50% de la tasa de reposición y 2016 es el primer año desde 2009 en el que salen a concurso vacantes suficientes para cubrir todas las bajas. Pero ni esos agentes se han incorporado todavía ni, cuando lo hagan, podrán revertir el descenso sufrido durante los años más duros de la crisis.
La Policía Nacional ha afrontado la misma encrucijada. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el 31 de diciembre de 2014 formaban parte de la plantilla de la Policía un total de 66.519 agentes. Un año después, su número había caído hasta los 65.741, casi 13.000 menos de los que trabajan en la seguridad privada. El motivo es nuevamente el recorte al mínimo de la convocatoria de plazas de ingreso en el cuerpo. Hasta 2016 no se ha convocado una oferta que permita cubrir el 100% de las bajas que sufre anualmente la institución.
El escenario de la seguridad privada es completamente distinto. Las cifras de la patronal de seguridad privada reflejan que, a pesar de la crisis económica, el sector está aprovechando la pérdida de puestos de trabajo en el sector público y, por tanto, de capacidades de las Fuerzas de Seguridad, para ganar esas posiciones. Según su estadística, solo el 17% de su facturación procede de la Administración Pública y no ha habido ninguna variación en los últimos ejercicios en ese reparto de sus ingresos. Pero la compañías de seguridad han logrado que, en plena recesión, las empresas privadas se vean obligadas a mantener el 83% restante de su facturación para poder desarrollar en condiciones óptimas de seguridad su actividad económica.
Sus perspectivas de futuro son aún mejores tras la nueva Ley de Seguridad Privada, que multiplica las potencialidades del sector. La versión definitiva no es tan ambiciosa como el borrador que promovió directamente Aproser para asumir funciones que hasta ese momento, según la ley de 1992, estaban reservadas en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como el control de manifestaciones o la detención de personas que no estén relacionadas con su labor de vigilancia.
Con todo, la nueva norma en vigor, que comenzó a aplicarse en junio de 2014, elimina la subordinación del sector privado a los agentes de orden público -la relación ahora es de complementariedad- y abre la posibilidad a que presten un amplio abanico de servicios que permitirán disparar la facturación de sus compañías. Uno de los ejemplos es la protección del perímetro de las prisiones, que ha dejado progresivamente de ser ejercida por Guardia Civil, Policía Nacional y fuerzas autonómicas para recaer en firmas privadas. La ley actual permite a los vigilantes actuar en zonas de ocio delimitadas e incluso en espacios abiertos de las ciudades.
También ha rebajado los requisitos para conseguir la habilitación de vigilante y ha acabado con la obligación de que los agentes que lleven más de dos años sin trabajar tengan que realizar de nuevo el examen de habilitación para volver a ser contratados. Ahora, el título no caduca nunca. Es decir, que las compañías privadas de seguridad tienen más posibilidades de negocio que nunca y, también, más mano de obra a su alcance. La retracción de las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional es el empujón definitivo a un escenario que ha venido para quedarse.
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26 de agosto de 2016

Gaceta Securitas nº 81


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Poco seguimiento durante la primera jornada de la huelga de vigilantes de Cultura y Turismo

La huelga indefinida a la que están convocados desde hoy los noventa vigilantes de seguridad de los centros dependientes de la Oficina de cultura y turismo de la Comunidad de Madrid ha arrancado con un escaso seguimiento.
El secretario general del Sindicato, Rafael Saldaña, ha informado a Efe de que alrededor del 20 % de los vigilantes se han sumado a la huelga.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia han señalado que sólo tres de los noventa trabajadores han comunicado a la empresa Sinergias de Seguridad y Vigilancia que no acudirán hoy a trabajar.
El sindicato convocante -mayoritario en el sector- acusa al nuevo adjudicatario del servicio de "no respetar el convenio estatal" y de haber aplicado "rebajas de 400 euros en unos salarios de 1.100 euros" a los trabajadores subrogados.
Además, ha calificado de "abusivos" los servicios mínimos fijados para la huelga, de casi el 90 %.
Previamente, la adjudicataria de este servicio era la empresa Magasegur, que renunció a los contratos que tenía en vigor con la Comunidad de Madrid poco después de entrar en concurso de acreedores por la ejecución de embargos administrativos por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
A continuación, el Gobierno regional tramitó un "contrato de emergencia" de tres meses, desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, que se adjudicó a la empresa Sasegur para las dependencias de cultura, turismo y Empleo y a Bilbo para las de educación, que son todas las que tenía a su cargo Magasegur.
A partir de julio, se convocó un nuevo concurso que, en el caso de los centros dependientes de la Oficina de Cultura y Turismo, ganó Sinergias de Seguridad y Vigilancia, cuyo contrato está vigente hasta el 31 de diciembre.
A partir de esa fecha, el Gobierno regional tenía previsto centralizar los servicios privados de seguridad y vigilancia de todas las consejerías con un nuevo contrato, una idea que finalmente ha sido descartada.
Desde la Consejería de Presidencia y Justicia han anunciado a Efe que para el pliego del nuevo concurso, que saldrá el 1 de enero, se están revisando los criterios de adjudicación para reducir el factor precio y que la oferta económica no sea determinante.
Además, han explicado que se adjudicó el contrato a Sinergias de Seguridad y Vigilancia al obtener la mejor puntuación.
Al respecto, han informado de que no sumó los 20 puntos de cumplimiento de convenio estatal, ya que tiene convenio propio de empresa, pero en la parte económica su oferta fue la más barata.
"No se puede excluir de la licitación a las empresas por tener convenio propio. Hasta la fecha, Sinergias de Seguridad y Vigilancia está cumpliendo el contrato de forma correcta", han añadido las mismas fuentes.
Los vigilantes convocados a la huelga están presentes en lugares como la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina, la Casa Museo Lope de Vega o el Museo Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares.

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La Junta pondrá seguridad privada en las Oficinas Comarcales Agrarias de Pozoblanco e Hinojosa

El delegado de agricultura, Francisco Zurera, se ha sumado a la concentración en apoyo al veterinario agredido y ha mostrado la intención de la Junta de colaborar con la Policía para que se esclarezca lo ocurrido
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural va a dotar de un servicio de seguridad privada a las Oficinas Comarcales Agrarias de Pozoblanco e Hinojosa del Duque como ha anunciado el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Zurera, quien ha visitado la OCA de Pozoblanco para interesarse por el estado del veterinario agredido ayer cuando realizaba su trabajo. Zurera ha querido transmitir un mensaje de apoyo y aliento a estos trabajadores
El delegado se ha reunido con los trabajadores de la Oficina Comarcala Agraria y se ha sumado a la concentración que ha tenido lugar a las puertas de la misma para mostrar la repulsa ante esta agresión. Zurera ha valorado el trabajo que llevan a cabo los veterinarios, que supone la defensa del sector ganadero y de los consumidores.
El delegado ha expresado su “solidaridad con la persona agredida, porque estamos hablando de un incidente inaceptable en una sociedad cívica y democrática como la nuestra, donde deben salvaguardarse los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras”.
Como ha indicado el delegado, “la Junta de Andalucía condena cualquier tipo de violencia y en este caso ejercida de manera cobarde contra un profesional en el libre y legítimo ejercicio de sus obligaciones”.
Zurera ha querido animar a todos los trabajadores y trabajadoras de esta oficina a “seguir trabajando con tesón y profesionalidad, cumpliendo siempre sus obligaciones y no dejándose amedrentar por estas actitudes incívicas que deben ser condenadas y denunciadas para que la Justicia actúe en consecuencia”.
El delegado ha mostrado su respeto por la investigación policial y el proceso judicial y ha asegurado que “la Junta va a colaborar en todo lo que se le requiera para el esclarecimiento total de los hechos y la vuelta a la normalidad lo antes posible”.
“Es inaceptable que en pleno siglo XXI un trabajador o trabajadora pueda ver lesionados sus derechos y su dignidad por ejercer con responsabilidad su trabajo en beneficio en este caso del sector ganadero, fundamental para esta zona de la provincia de Córdoba”, ha concluido el delegado.
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El Ayuntamiento de Bormujos alega que recurre a seguridad privada en la Feria al no haber un retén fijo

El Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), gobernado por Francisco Molina (PSOE), ha alegado este jueves que ha tenido que contratar una empresa privada para cubrir servicios de seguridad en la feria al no tener garantizado un retén fijo en el recinto ferial por parte del servicio de prevención y extinción de incendios de la Mancomunidad del Aljarafe o del servicio provincial de bomberos. Fuentes municipales han señalado a Europa Press que dicha contratación tiene el objetivo de "asegurar" el servicio de "primera intervención" para cualquier incidencia que se pudiera generar en el recinto ferial. 
Según ha contado el Ayuntamiento, la Mancomunidad del Aljarafe les informó en agosto de que no podría garantizar la presencia de un servicio o retén de bomberos fijo en Bormujos durante la feria, debido al "conflicto colectivo" que sufre el servicio comarcal de bomberos del Aljarafe, cuyos efectivos protagonizan una huelga de celo en demanda de la incorporación de 18 bomberos más según lo pactado en 2007. 
De este modo, habrían acudido a la Diputación de Sevilla, que habría recordado que al contar Bormujos con más de 20.000 habitantes, cuenta con las competencias correspondientes a la prevención y extinción de incendios. "Hasta ahora se ha estado esperando respuesta por cambio de opinión o la resolución de los problemas que impedían dicha presencia y no hemos tenido respuesta", han manifestado fuentes municipales. 
Finalmente, el Consistorio ha reseñado que este servicio de seguridad contratado se encargará de una "primera intervención" si hay incidencias, siendo siempre alertados los bomberos del parque del Aljarafe para que actúen. Era, según el Ayuntamiento, la "única solución" para garantizar el servicio de primera intervención.
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Guardias civiles critican que no haya dinero para chalecos antibalas y sí para seguridad privada

UniónCG denuncia que con los 33 millones que cuesta anualmente contratar vigilancia privada en las cárceles se dotaría a cada agente de un chaleco antibalas.
La Unión de Guardias Civiles (UniónCG), una de las asociaciones profesionales presentes en el Consejo de la Guarida Civil, denuncia el “derroche de dinero del erario público que está llevando a cabo el Gobierno desde 2013 al contratar vigilancia privada en las cárceles españolas, competencia tradicional de este cuerpo y de la Policía Nacional”.
A través de una nota de prensa colgada en su web, UniónGC informa que el coste anual de estos contratos es de “casi 33 millones de euros, cuantía que sería suficiente para dotar a cada guardia civil de un chaleco antibalas de uso personal”.
Desde esta asociación profesional, que presume de ser “muy beligerante contra los recortes a la Guardia Civil,” también revelan que el Consejo de Ministros del 19 de agosto aprobó una nueva partida de “58 millones de euros a incrementar en 900 vigilantes de seguridad el servicio en las 67 prisiones estatales”.
Aseguran que "con esta nueva partida, el gasto en la seguridad privada en las cárceles españolas se eleva a casi cien millones de euros anuales, “todo ello mientras los guardias civiles siguen sin los elementos de seguridad básicos ni los medios adecuados para afrontar su trabajo día a día”.
Además, explican que "echando números, cada vigilante de seguridad, según este presupuesto, tendría un coste para las arcas del Estado de 64.444,44 euros al año, lo que supone más del doble del salario que percibe cualquier guardia civil" lo que consideran "una vergüenza y un despilfarro insultante”.
Desde esta asociación profesional señalan que, con estos contratos, se observa “la apuesta de este Gobierno por disminuir la plantilla de guardias civiles no recuperando los efectivos perdidos, casi 10.000, durante los seis últimos años, consecuencia de implantar una tasa de reposición de efectivos del 10% que ha mermado gravemente las plantillas y disminuido ostensiblemente la presencia de guardias civiles en labores de seguridad ciudadana”.
Del mismo modo, desde la asociación no encuentran explicación alguna a estos contratos con empresas privadas, más allá del de beneficiarlas “con no se sabe muy bien el fin”.
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Competencias de la Guardia Civil en Seguridad Privada

En relación a la Seguridad Privada, la Guardia Civil, en virtud de lo dispuesto en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (B.O.E. núm. 83, de 5 de abril de 2014), y normativa de desarrollo, tiene encomendadas las siguientes competencias:

Armas de las empresas de seguridad y su personal:
Control de las armas.
Concesión de las licencias tipo C.
Armeros para la custodia de las armas.
Ejercicios de tiro.
Instructores de Tiro.
Guardas Rurales y sus especialidades:
Control administrativo.
Centros de Formación.
Profesores de los Centros de Formación de los Guardas Rurales y sus especialidades.
La comunicación operativa con las empresas de seguridad privada y su personal, en el ámbito de responsabilidad de la Guardia Civil, de acuerdo con la distribución de competencias establecida en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Las competencias atribuidas a la Guardia Civil se llevan a cabo por:
La Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE), en todo lo concerniente a armas y explosivos.
El Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE), en las cuestiones que la Ley de Seguridad Privada asigna a la Guardia Civil.

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El uso de gas pimienta causa una treintena de heridos en el Descenso del Nalón

La investigación trata de determinar quién empleó el aerosol y la asociación de vigilantes del Principado culpa a la seguridad contratada
Una pelea multitudinaria, con una treintena de heridos y la presencia de un espray de gas pimienta. La última edición del Descenso Folclórico del Nalón en Laviana, el pasado 20 de agosto, terminó muy alejada de la fiesta que se había vivido durante el resto de la jornada.
Hacia las ocho menos cuarto se producía un altercado entre los asistentes en el que alguien utilizó gas pimienta, lo que provocó lesiones a varias personas.
La empresa dice que el espray fue utilizado por uno de los participantes en la pelea
La pelea comenzó en la zona de acceso al río Nalón, en Puente de Arco, y en ella tomaron parte varios integrantes de las peñas que habían bajado el río en sus artilugios. «Se enzarzaron en una pelea multitudinaria con el resultado de más de treinta lesionados», explica la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa), que critica con dureza el dispositivo de seguridad del festejo. Y es que, añade Avispa, entre quienes resultaron heridos estaría personal de la empresa privada de seguridad contratada por la organización. Es más, este colectivo de vigilantes asegura que uno de esos trabajadores había sido la persona que recurrió al espray de gas pimienta; algo que, no obstante, no se ha podido comprobar todavía.
Se han interpuesto ya 25 denuncias en el juzgado de guardia de Laviana
La Guardia Civil de Laviana y el juzgado de guardia se encargan de la investigación de este suceso. En el juzgado, hasta el momento, se han presentado, mantiene Avispa, «25 denuncias interpuestas por las personas que resultaron lesionadas».
Y según ha podido saber EL COMERCIO la mayoría de estas denuncias están motivadas en las lesiones que les habría provocado el gas pimienta. Queda por dilucidar quién o quiénes utilizaron dicho espray. Además, al parecer, nadie avisó a la Guardia Civil de que se estaba produciendo un altercado.
Avispa puntualiza que las autoridades judiciales están procediendo a identificar a la totalidad del «supuesto» personal de seguridad privada y critican que las empresas contratadas dilaten la entrega de la relación de empleados, algo que, además, es obligatorio.
Según las informaciones recabadas por Avispa, cuatro operativos de seguridad (dos vigilantes y otros tantos auxiliares) sufrieron lesiones de importancia. «Llama la atención que el personal utilizado para prestar los servicios de seguridad fuese contratado por una empresa de trabajo temporal y no directamente por las empresas de seguridad privada», apostilla este colectivo.
Las tres empresas implicadas -Provisa Seguridad, de Salamanca; una de sus filiales, Serva-Servicios Auxiliares; y la empresa de trabajo temporal Randstad y sus trabajadores- ya han sido citados judicialmente para prestar declaración ante las posibles responsabilidades penales y civiles, en caso de que uno de ellos hubiera sido quien usó el gas pimienta. También Delegación del Gobierno podría recurrir a la vía administrativa para sancionar.
Es más, Avispa considera que «los organizadores del Descenso, al ser los arrendatarios del servicio de seguridad, y el propio Ayuntamiento de Laviana» tendrán que responder por lo sucedido. «Este Consistorio vuelve a ser otra vez, desgraciadamente, protagonista de nuevos incidentes de seguridad relacionados con las celebraciones festivas en su municipio».

«Irresponsabilidad»
Los responsables de Avispa consideran «una irresponsabilidad del Ayuntamiento no haber dispuesto las medidas y recursos adecuados y no contar con un plan de seguridad ajustado a las necesidades reales de la celebración festiva».
En España, la legislación señala que es legal adquirir un espray de este tipo, aunque tiene que estar homologado por Sanidad y la Policía puede sancionar si considera que se usa indebidamente.
Provoca el cierre inmediato de los ojos, dificultad de respiración, picor de nariz y tos. La duración de sus efectos depende de la fuerza que tenga el espray, aunque el efecto completo medio dura alrededor de treinta a 45 minutos. Después, todavía pueden quedar secuelas que se van diluyendo con el paso de las horas.
Este compuesto químico irrita los ojos hasta el punto de causar lágrimas, dolor e incluso ceguera temporal. Aunque no es letal, en casos excepcionales puede provocar la muerte del afectado.
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Cuidado si te enseñan una placa en la autopista: se busca a estos 'policías ful'

La Policía detecta a un grupo de delincuentes que se hacen pasar por agentes para detener vehículos y atracar a los conductores
Un grupo de atracadores que se hacen pasar por policías ha sido localizado en la autopista AP7 a la altura del municipio de Sagunto, en Valencia. Los falsos agentes han tratado de parar a un vehículo que circulaba por la derecha, adelantándole por la izquierda y mostrándole una placa simulada al conductor cuando estaban a su altura. Fuentes policiales consultadas explican que la intención era que el automovilista estacionara para aprovechar ese momento y robarle todo lo que pudieran.
La potencial víctima, sin embargo, ha sospechado por algún motivo de la insignia que le han mostrado los falsos agentes y ha decidido sacar su teléfono móvil justo en el momento en que los también denominados 'policías ful' -término con el que se conoce a estos profesionales del atraco- han optado por abortar la operación y continuar su marcha a toda velocidad.
 valentía del ciudadano ha provocado la inmediata huida de los potenciales asaltantes, que no ha impedido, sin embargo, que el conductor tomara las fotografías que mostramos en esta información y que dan cuenta de la marca, el color e incluso la matrícula del vehículo utilizado por los falsos agentes y sus rasgos. Estas características, de hecho, están resultando claves para que la auténtica Policía pueda seguir la pista de estos presuntos delincuentes.
Los investigadores, de hecho, se encuentran a esta hora detrás de estos falsos agentes, que podrían ser responsables de otros atracos cometidos en la misma autopista y en otras carreteras catalanas y valencianas durante los últimos días. No se descarta tampoco que hayan actuado en otros lugares de la Península o del extranjero, ya que sus facciones coinciden con las propias de países sudamericanos. 
En concreto, la Policía sospecha que se trata de una banda conformada por ciudadanos peruanos y chilenos que opera en España desde hace meses y que no aborda únicamente a conductores en marcha, sino también a automovilistas que estacionan en áreas de descanso. En este último caso, los falsos agentes se identifican ante los viajeros cuando éstos se encuentran merendando o estirando las piernas y les abordan.
Fuentes policiales aseguran que tienen dos formas de aproximarse a sus víctimas. Una, en la que simulan su falsa identidad durante más tiempo y registran el equipaje y el interior del vehículo en busca de objetos de valor (aunque a los ciudadanos les ponen otras excusas). La otra, más violenta, se basa en atacar a los ciudadanos en cuanto éstos salen del coche y no tienen opción para defenderse. Es entonces cuando les agreden y les roban antes de abandonar el lugar.
El fenómeno de los 'policías ful' está muy extendido en todo el mundo y es utilizado por los atracadores históricamente con frecuencia. Los delincuentes aprovechan la buena disposición que muestran habitualmente los ciudadanos hacia los agentes de la ley para pillar por sorpresa a sus víctimas. Suelen utilizar placas falsas, como en esta ocasión, aunque también hay veces en que se muestran incluso vestidos con cuidados uniformes de las fuerzas de seguridad.
La mayoría de objetivos de estos delicuentes suelen ser turistas extranjeros que desconocen la vestimenta y las costumbres de las policías del país que están visitando. En ocasiones, estas técnicas -basadas en disfrazarse de agentes del orden- son utilizadas por los narcotraficantes para robar a otros narcos de bandas rivales.
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Desalojan la zona de buses de la estación intermodal por una maleta abandonada

La Policía Nacional movilizó a la unidad de explosivos después de que una turista de 26 años abandonara su equipaje y se marchara de la terminal
La alerta se desató ayer en la estación intermodal de Palma después de que hallaran una maleta abandonada en mitad de la terminal de buses. Los cuerpos de seguridad se movilizaron ante la posibilidad de que contuviera en su interior un artefacto explosivo. Sin embargo, se trató una falsa alarma.
Poco antes de las 13.30 horas, un conductor de autobús avisó a los encargados se seguridad de la estación tras ver que una mujer dejaba una maleta en medio de la zona de autobuses y se marchaba. Los vigilantes de seguridad reaccionaron con rapidez y contactaron con la sala de cámaras. Allí vieron cómo la propietaria de la maleta no era una pasajera que hubiera bajado de un bus, sino que había entrado expresamente a la estación para abandonar su equipaje.
En ese momento se encendieron las alarmas. Los vigilantes llamaron al Cuerpo Nacional de Policía, desalojaron la terminal y desviaron los autobuses a la antigua estación de Eusebi Estada.
En pocos minutos se movilizó también la Policía Local para desviar el tráfico y llegaron los miembros de los Tédax, especializados en la desactivación de explosivos. Con la ayuda de perros, comprobaron que no había explosivos y reabrieron la estación hacia las 14.45 horas, una hora después.
A las 15.30 horas apareció una turista extranjera de 26 años en la estación, que denunció a los vigilantes de seguridad que le habían robado la maleta.
Tras hacerle varias preguntas, los vigilantes de seguridad comprobaron que ella era la persona que dos horas antes había abandonado el equipaje en la terminal de autobuses. Le explicaron que su actuación imprudente había sido grabada por las cámaras de seguridad y le tomaron los datos por si en el futuro se decide presentar una denuncia contra ella.
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INTERIOR PODRÁ CONTRATAR 200 AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS CÁRCELES

El Consejo de Ministros autorizó hoy destinar una partida de 58 millones de euros para que el Ministerio del Interior contrate 203 agentes de seguridad privada para que presten servicio en 67 centros penitenciarios públicos.
Según explicó el Gobierno, esta contratación permitirá a estos agentes de seguridad privada prestar un servicio de apoyo en los centros penitenciarios bajo la supervisión y el control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Desde el Ejecutivo indicaron que los servicios a prestar por los vigilantes privados incluirán puestos de vigilancia en el perímetro de las instalaciones, control de accesos (que se desarrollará con armas de fuego), observación de los circuitos cerrados de televisión, análisis de las señales de alarma, gestión de las mismas y comunicación al responsable policial.
La contratación de este servicio de apoyo se hará mediante procedimiento negociado sin publicidad, en lo que definieron como “especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar y con la salida y entrada de reclusos”.
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Madrid cambiará baremos de adjudicación para evitar empresas de seguridad ‘piratas’

El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, revisará los baremos para la adjudicación de contratos de seguridad de sus edificios después de que decenas de vigilantes anunciaran para hoy una huelga por la concesión de uno de los servicios a la empresa Sinergias, que ha bajado el sueldo de los trabajadores casi en un 40%.
La mercantil ganó el concurso después de la quiebra de la compañía Magasegur -que tenía adjudicado el servicio y que, al igual que Sinergias, también pagaba por debajo del convenio colectivo-, que forzó a la Comunidad de Madrid a sacar uno nuevo, que por la vía de urgencia se entregó a la sociedad Sasegur, aunque únicamente para los meses de abril a junio. En julio, Sinergias ganó la nueva adjudicación -que dura hasta el próximo 31 de diciembre- debido a que el precio que ofrecía para realizar el servicio era el más bajo de las tres ofertas que se presentaban.
En concreto, Sinergias se hizo con el trabajo en un momento en el que Presidencia concedía 60 puntos sobre 100 al criterio del precio. El departamento dirigido por Garrido ya había reducido el peso del elemento precio, que antes de esa adjudicación estaba en 70 puntos sobre 100 (para la contratación de Magasegur, por ejemplo). Sin embargo, con 60 le bastó a Sinergias para ganar el concurso.
Ahora desde la Consejería explican que van a bajar aún más este peso del precio precisamente para que empresas que se descuelgan del convenio tengan menos posibilidades de ganar los concursos que se saquen de aquí en adelante. No se modificará, sin embargo, el que ya se concedió a Sinergias, por el que los vigilantes de seguridad están haciendo hoy una huelga que está teniendo lugar en los edificios de cultura y turismo que controla Presidencia. Será solo a partir del 1 de enero, cuando se adjudique el nuevo servicio de estos inmuebles, cuando se incluyan ya los nuevos baremos de contratación. La Consejería, de hecho, trabaja ya en un nuevo pliego para este servicio.
Aunque se reduzca el peso del precio que ofrece la mercantil, lo cierto es que éste factor debe seguir siendo el más determinante para adjudicar un servicio de estas características, ya que de lo contrario podría llamar la atención el Tribunal de Contratación Pública o la propia Intervención. Según fuentes de la Comunidad de Madrid, la Consejería prevé que factores como que las empresas se ajusten al convenio o que tengan planes de formación para los empleados pesen más que hasta ahora. En el momento de la adjudicación a Sinergias, estos dos últimos conceptos suponían 20 puntos sobre 100 cada uno.
Los vigilantes han visto reducir su sueldo un 40% de la noche a la mañana; de 1.100 a algo más de 700 euros al mes. La contratación de Sinergias por parte de Presidencia conllevó una reducción de salario de casi el 40% para los profesionales de la seguridad que vigilan los edificios afectados. En concreto, éstos vieron reducir su sueldo de 1.100 a algo más de 700 euros al mes, lo que provocó las protestas de estos trabajadores, que para más inri hasta ayer por la noche no conocieron los servicios mínimos acordados por la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid para la huelga.
Según el Sindicato Libre de Seguridad (SLS), que es el que ha convocado la huelga, las autoridades han situado los servicios mínimos en un 90%, dado que muchos edificios tan solo tienen un vigilante, lo que a juicio de la organización provoca que sea difícil averiguar el seguimiento. En relación a la previsión de revisar el peso del factor precio en la contratación, el SLS se muestra escéptico. “Si la Comunidad de Madrid quiere modificar los criterios de adjudicación y no priorizar el subasteo, lo celebramos, pero desconfiamos, ya que tuvieron su oportunidad en el último concurso y no lo hicieron”, aseguran.
“Esta es una de las cuestiones que venimos reivindicando desde hace tiempo; la urgencia ahora es que los trabajadores recuperen el 40% de su salario anterior y que Sinergias se niega a respetarles”, añaden desde el sindicato, que también se muestra preocupado por la “imposibilidad de que la CAM agrupe en un macroconcurso la contratación de seguridad privada”. “Así se abre la posibilidad de prorroga para la empresa Sinergias”, apuntan.
La reducción de los salarios de los vigilantes de golpe y porrazo es algo habitual en el sector. La empresa que se hace con un servicio contrata a todos los trabajadores que ya estaban realizando esa tarea y, si tiene un convenio propio que se descuelga del colectivo, automáticamente se lo aplica y les baja el sueldo a los empleados, que cambian de uniforme, de material y de ingresos de la noche a la mañana. Los sindicatos han denunciado a estas empresas, a las que califican de ‘piratas’, pero la reforma laboral les permite presentarse a los concursos.
Durante los últimos meses, varias compañías de seguridad contra las que han protestado también algunos sindicatos han sufrido el azote de los tribunales, aunque por otros motivos. Alcor, Esabe o Seguridad Integral Canaria se han visto afectadas por procesos judiciales que ponían el foco en la propia compañía o en el proceder de sus directivos.
En no pocas ocasiones, estas mercantiles incluso son contratadas por la administración público, como son los casos de las mencionadas Magasegur o Sinergias, que también presta servicio en las instalaciones del Boletín Oficial del Estado, dependientes del Ministerio de Presidencia del Gobierno de España.
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