La facturación de la seguridad privada en España repuntó un 3,2 % en 2015

El sector de la seguridad privada en España facturó 3.980 millones de euros en 2015, un 3,2 % más que el año anterior, debido al "mejor comportamiento" de la contratación pública y al repunte del consumo de los hogares, según un informe sectorial publicado hoy por la consultora DBK.

El incremento de la cifra de negocio en 2015 contrasta con la caída del 0,5 % de la facturación del sector en 2014, lo que para la consultora supone un "inicio de cambio de tendencia", tras acumular varios ejercicios de fuertes caídas desde el estallido de la crisis, en especial en la división de vigilancia.

La consultora prevé que el sector mantenga una tendencia de "moderado crecimiento" en los próximos dos años, con una tasa de variación media anual en el entorno del 3 %, por lo que el mercado podría llegar a facturar 4.115 millones de euros en 2017.

Por áreas de actividad, la vigilancia se situó como la división de mayor negocio, hasta alcanzar los 2.445 millones (un 3,2 % superior a 2014), seguido de la instalación, mantenimiento y conexión de sistemas de seguridad (1.150 millones y un 3,4 % más) y el transporte de fondos (295 millones y un 2,4 % más).

El repunte del sector de vigilancia, que acumula una cuota del 62,8 % del mercado total, contrasta con la tendencia negativa que se vivió en el periodo 2009-2014, en el que se llegaron a registrar descensos de hasta el 8,05 % en 2012, el mayor de todo el periodo, según la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser).

A cierre de 2015, en España operaban 1.543 empresas de seguridad en las que trabajaban un total de 239.095 vigilantes, aunque los cinco operadores líderes concentraron el 53,7 % del mercado.

Reunión de la FTSP-USO Galicia con el Coordinador de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña.

El Secretario de Organización Iván Blanco y el de Acción Sindical Javier Souto, de la FTSP-USO Galicia, mantuvieron una reunión con el Coordinador de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña, Carlos García Touriñán, en la que han trasladado la preocupación de los compañeros y compañeras del sector por la intención del Gobierno Local de desprivatizar la Seguridad en las instalaciones públicas, y dieron a conocer una vez más nuestra campaña contra la contratación de “empresas pirata”.

En cuanto a la desprivatización de servicios de seguridad, pese a ser una de las principales medidas que pretendía llevar a cabo el Gobierno Local sustituyendo al personal de Seguridad Privada por Policías Locales en segunda actividad, una vez valorados los medios técnicos y la posible entrada en vigor de la jubilación de los agentes locales a los 59 años, no se llevará a cabo, al menos, a corto plazo por falta de efectivos.

Destacamos la buena recepción por parte de Carlos García de las problemáticas del sector que hemos debatido, el cual, nos ha participado su interés en mantener reuniones periódicas con la FTSP-USO para hacer un seguimiento del sector en A Coruña, analizar los pliegos de condiciones en las contrataciones y compartir información ante la posibilidad de que se presenten en concursos públicos empresas de seguridad a las que denominamos “pirata”.

Los vigilantes de seguridad se ocupan de las actividades en ausencia del personal del Alcázar

La misma actividad sin horas extras

La protesta de los trabajadores del Real Alcázar, que decidieron no hacer horas extras durante el pasado fin de semana por la falta de personal, no ha tenido de momento grandes incidencias en el desarrollo de la actividad diaria del segundo monumento más visitado de la ciudad. El palacio volvió a registrar durante el sábado y el domingo una excelente entrada, formándose grandes colas durante en la Puerta del León, pero no se produjo ningún tipo de incidencia en el acceso motivada por la decisión de los trabajadores, más allá de las provocadas por la dificultades ya conocidas, ya que del control se encarga una empresa de seguridad. 

Durante el pasado fin de semana, según informó ayer un trabajador a este periódico, los técnicos del monumento no han acudido a las actividades que se realizan fuera el horario normal, como las visitas nocturnas. Este hecho no ha provocado, sin embargo, que estos actos se hayan dejado de hacer, al hacerse cargo de ellos, según abundó el trabajador, los vigilantes de seguridad pertenecientes a la subcontrata que vigila el monumento que también se encarga de controlar el acceso de los visitantes al recinto. Varios turistas y guías consultados por este periódico relataron que no habían notado la falta de personal en la mañana de ayer domingo, eso sí, volvieron a lamentar las colas que se forman para entrar a pleno sol y el prolongado tiempo de espera. 

La plantilla del Alcázar está formada principalmente por personal laboral y en mucha menor medida por funcionarios municipales. El secretario de Servicios a la Ciudadanía de Sevilla, Javier Pino, explicó a Europa Press el pasado viernes que después de que el concejal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, hubiera "reconocido" esta falta de personal, los trabajadores ya piensan en tomar medidas. Pino lamentó que el gobierno municipal socialista se escude en la tasa cero de reposición, insistiendo en que la plantilla tiene muchas "vacantes" sin cubrir. Los trabajadores, después de no hacer horas extras durante el pasado fin de semana, ya prepara una serie de movilizaciones "aún por definir" que concretarán esta semana para insistir en la necesidad de incorporar más personal, sobre todo cuando el monumento acumula superávit cada año. 

El Patronato del Real Alcázar, órgano de gobierno del monumento, ha convocado para el día 10 de octubre una sesión extraordinaria de su consejo, con el objetivo de abordar diversos temas, entre los que se encuentra la situación de la plantilla.

La grabación aportada por el empresario Miguel Ángel Ramírez es un corta y pega, según se desprende del informe de la Guardia Civil

La grabación de la conversación que el empresario canario Miguel Ángel Ramírez mantuvo el 16 de febrero pasado con el magistrado Salvador Alba está manipulada, según se desprende del informe realizado por el Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalistica de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Confilegal.

“Los archivos dubitados analizados están compuestos por tramos obtenidos de la edición de una grabación de mayor duración“, dice la segunda conclusión del informe.

En concreto por once cortes diferentes en un archivo de audio y por tres cortes, también de audio, en un segundo archivo. Ambos se suponía que correspondían a la grabación que el empresario le hizo al magistrado Alba en su despacho cuando lo visitó.

“Es más probable observar los resultados del conjunto de los análisis de autenticidad efectuados sobre el archivo analizado si la hipótesis de NO AUTENTICIDAD es la que se considera verdadera que si se considera verdadera la hipótesis contraria”, afirman los agentes con tarjeta de identidad profesional V44087H y F89292N, autores del estudio.

Los especialistas de la Benemérita ponen, además, en tela de juicio que el empresario Ramírez haya realizado la grabación de la conversación con el magistrado de la forma que afirma; encendiendo, apagando y volviendo a encender la grabadora.

“A la vista del indicio 16/06156/006 (Manifestación de la persona que realizó la grabación) podemos indicar que la grabación no pudo realizarse de ninguna manera en la forma que se relata en la comparecencia. El equipo grabador no se desactivó y volvió a activarse en ningún momento ya que este hecho como se ha documentado fue simulado mediante edición“, se puede leer en el informe.

LA TESIS DEL MAGISTRADO, REFORZADA

Las conclusiones a las que ha llegado el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, tras el análisis comparativo de los contenidos de la grabadora digital Lawmate AR-100 y de la memoria USB Toshiba, de 8Gb de capacidad -realizado por orden de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias e instructora del caso, Margarita Varona-, refuerza la tesis del magistrado Alba que siempre mantuvo que la grabación era el producto de un “corta y pega”.

Ramírez advirtió a la magistrada Varona, durante una comparecencia, el pasado 12 de julio, de que no existía una grabación original de la conversación mantenida con Alba en el despacho de este, en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas.

Según el empresario, después de grabar la conversación, llevó el dispositivo al departamento de sistemas de su empresa “sobre las dos de la tarde”. Y sobre las cuatro y media “encargó al jefe de dicho departamento que pasara al ‘pen drive’ la grabación contenida en el dispositivo utilizado”

Ramírez confirmó a la magistrada que, después de pasarse el archivo de audio a la memoria USB, “se borró de la grabadora porque ese dispositivo se utiliza para otras operaciones”.

La explicación del empresario canario fue recibida con cierta perplejidad entre los presentes en dicha comparecencia ya que tratándose de un material tan importante y sensible, se optara por eliminar el archivo original de la grabadora con una explicación tan simple.

Así y todo, entregó la grabadora y la memoria USB a la magistrada.

ANÁLISIS DE LA GRABADORA Y DE LA MEMORIA USB

Según relatan los dos especialistas del Departamento de Ingeniería, la grabadora Lawmate AR100 contenía siete grabaciones indubitadas (originales, fuera de cualquier duda) en formato MP3 dentro de una carpeta denomina “.Trashes” (basura), la cual contenía otra llamada carpeta denominada 501 que, a su vez, tenía en su interior seis archivos de audio en formato MP3 de 5, 18, 2, 9 y 12 segundos y uno más largo de 1 hora, 17  minutos y 2 segundos, este último identificado como REC004.MP3.

La memoria USB, por su parte, presentaba dos archivos MP3 (dubitados, en duda), uno de 17 minutos 27 segundos y otro de 14 minutos 24 segundos, nombrados como REC001.MP3 y REC002.MP3.

Según Ramírez, estos dos archivos de audio de la memoria USB eran los archivos originales que había grabado con la Lawmate AR100, que su empleado había volcado en el “pen drive” y que después había borrado de la grabadora.

Los agentes V44087H y F89292N llevaron a cabo “un trabajo de escucha crítica” de los archivos REC001.MP3 y de REC002.MP3, y también del REC004.MP3, que sincronizaron con los anteriores, para llegar a la conclusión de que “el archivo debitado REC001.MP3 (el archivo de 17 minutos 27 segundos de la memoria USB) está formado por once tramos editados que proceden del archivo REC004.MP3 (el archivo de 1 hora 17 minutos 2 segundos recuperado de la carpeta basura del grabador)”. 

“Y el archivo REC002.MP3 de la misma forma (es decir, de igual fuente) en tres tramos”, añaden. 

“Además de lo expuesto, a ambos archivos se les agregado en su final un transitorio probablemente con la intención de simular una parada del equipo grabador”, afirman los dos expertos de la Guardia Civil.

Dos archivos, en suma, el REC001.MP3 creado con un corta y pega de 11 cortes diferentes, y el REC002.MP3, formado a partir de 3 cortes distintos. 

Miguel Ángel Ramírez tendrá ahora que explicar a la magistrada Varona quién y por orden de quien manipuló la grabación. Porque podría haber aportado una prueba falsa.

Miguel Ángel Ramírez gana tiempo hasta 2020 para que el Gobierno lo indulte

El presidente de Las Palmas se zafa in extremis de entrar en prisión.

Miguel Ángel Ramírez ha conseguido una vez más una victoria judicial, en este caso in extremis, que le impedirá entrar en la cárcel por un delito cometido en 2004, construir partes de su vivienda en un espacio protegido. El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y de grupo Ralons (Seguridad Integral Canaria) ha obtenido una victoria sobre los ecologistas. Tenía que entrar en prisión el 5 de octubre (ese miércoles) pero finalmente ha obtenido de facto un plazo de cinco años, ya que no entrará en prisión hasta que el Ejecutivo no se pronuncie sobre su indulto, para lo que dispone hasta el plazo de prescripción de pena, algo que no llegará hasta 2020.

De esta forma, el empresario gana tiempo y coge aire a la espera de que pueda cambiar la situación política. La obligación de recibir un indulto con un gobierno en funciones lo ponía contra la pared, porque el PP difícilmente se arriesgaría a concederle la gracia con la previsión de unas elecciones generales y teniendo en cuenta que ya no está en el ejecutivo el gran valedor de Ramírez, José Manuel Soria.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Gran Canaria ha evitado este mal trago al empresario y al Ejecutivo. Este tribunal que establece en su auto "la suspensión de la ejecución de la pena" mientras se tramite el indulto. Lo argumenta porque ante la posibilidad de dañar derechos fundamentales del acusado -sentencias posteriores han asegurado que Ramírez no cometió delito pues no era un espacio protegido donde construyó- se decide aguardar a la medida de gracia del ejecutivo, venga en una u en otra dirección. Especialmente, abunda la jueza Yolanda Alcázar Moreno, si se trata de penas inferiores a un año de cárcel, que "hacen aconsejable suspender la ejecución mientras se tramita el indulto".

En el entorno de Ramírez creen que el indulto podría no pasar por Consejo de Ministros

Fuentes próximas a Ramírez consideran que el indulto podría venirle incluso de forma administrativa, sin tener que pasar por el Consejo de Ministros ni obtener la debida publicidad que suelen tener este tipo de medidas.

Ramírez fue condenado a 3 años de prisión en 2011 aunque en 2013 el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, le indultó bajando su pena a 2 años para evitarle la cárcel. Este indulto fue recurrido por Ecologistas en Acción y anulado por el Supremo en junio de 2015.

Facturó 750.961 euros a UD Las Palmas

La pasada temporada fue histórica para la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo de fútbol presidido por Miguel Ángel Ramírez logró el ascenso a Primera División trece años después. Sin embargo, el triunfo futbolístico no se reflejó en sus cuentas.

En el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2015 Las Palmas registró pérdidas por importe de 791.436 euros, frente a un beneficio de 1,4 millones en la temporada anterior. A pesar de aumentar los ingresos hasta los 9,49 millones (7,8 millones un año antes), el ascenso explica en parte las pérdidas registradas el pasado ejercicio.

La sociedad explica en sus últimas cuentas disponibles en Registro Mercantil, consultadas a través de Insight View, que las primas por el ascenso supusieron la contabilización de 2,3 millones, y la activación de un pago de medio millón de euros al anterior presidente del equipo de fútbol, Manuel García Navarro "prevista en caso de ascenso, en concepto de intereses de demora". El club asegura que si no se hubiera logrado el ascenso a Primera División, se habría registrado un beneficio cercano a los dos millones.

UD Las Palmas, según las mismas cuentas, que salió del concurso de acreedores en el que fue declarado en el año 2006 en diciembre de 2014, realizó pagos a empresas de su presidente por valor de 750.961 euros en la temporada del ascenso. Seguridad Integral Canarias facturó 393.570 euros por servicios, y otros 123.617 en concepto de "otros ingresos". Otra empresa de Ramírez, Ralons Servicios, facturó 35.592 euros y 175.000 euros por los mismos conceptos. Y Marmotor Canarias 23.182 euros. En el ejercicio anterior, cerrado en junio de 2014, las mismas empresas facturaron a Las Palmas 307.971 euros.

Integral Canaria disparó el negocio con contratos en Madrid

Seguridad Integral Canaria, la empresa de seguridad controlada por Miguel Ángel Ramirez, incrementó su facturación en 2014 en cerca de 20 millones de euros gracias a los contratos logrados con Metro de Madrid y "un nuevo contrato de prestación de servicios al Ministerio de Defensa", explican las últimas cuentas disponibles en Registro Mercantil, de 2014. La compañía ingresó ese año 81,3 millones, frente a los 62,7 millones obtenidos un año antes; el beneficio fue de 1,4 millones, ligeramente superior al registrado en 2013.

El auditor de las cuentas de Seguridad Integral Canaria apunta en su informe de auditoría una salvedad consistente en los "diversos procedimientos judiciales y de inspección abiertos por la Agencia Tributaria y la Dirección General de Trabajo en materia fiscai y laboral". Además llama la atención sobre la presentación de un fondo de maniobra negativo por 6,88 millones. La empresa sostiene que el apoyo financiero de sus accionistas garantiza la continuidad de la sociedad.

Entre otros litigios, la compañía explica que recibió denuncia de la Agencia Tributaria remitida a la Fiscalía Provincial de Las Palmas "por la posible existencia de un presunto delito fiscal", siendo el importe de la deuda tributaria de 1,2 millones por el IRPF del ejercicio 2008, y 1,14 millones por el mismo impuesto de 2009. Además, de acuerdo a las cuentas de 2014, la empresa afrontaba un procedimiento abierto por parte de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por los ejercicios comprendidos entre 2009 y 2012 que podría suponer un pago de 2,5 millones.

La compañía tenía contabilizada en el ejercicio 2014 una inversión en 646.706 acciones de Caixabank valorada a diciembre de ese año en 2,9 millones.

Pérdida de favor político en Las Palmas

Por la isla grancanaria se comenta que Ramírez ha quedado más desprotegido tras la caída en desgracia de José Manuel Soria, exministro de Industria y con quien siempre ha tenido buena relación. Sus enfrentamientos con Jacinto Ortega, concejal de Podemos en Las Palmas, ha quitado a Ramírez el servicio de ayuda a domicilio, uno de los contratos más jugosos de la capital canariona (34 millones de euros en dos años) que fue adjudicado a Clece.

Guía de Bonificaciones/reducciones a la contratación laboral

Guía de contratos de trabajo.

“La policía tiene que saber dónde vuela cada dron y por quién está controlado”

El mayor experto de la Comisión Europea apuesta por un control exhaustivo de los aparatos que facilite el trabajo de las fuerzas de seguridad

Koen de Vos (Bélgica, 1962) no se prepara los discursos. Se sitúa en el estrado frente a más de 200 personas e improvisa. Lleva más de 14 años trabajando en el departamento de Transportes de la Comisión Europea y sus últimos años, durante los cuales se ha especializado en vehículos no tripulados, le han valido el título del mayor experto en drones de la Unión Europea. Durante su conferencia en Zaragoza —una de las pocas que ha dado en España— se entusiasma hablando de la nueva regulación europea sobre estos aparatos. La que él y su equipo llevan años creando. Y los que quedan, porque "tendrá que ser flexible y adaptarse al futuro". "No será solo una regla, sino un marco de trabajo que nos permita ir incorporando a lo largo del tiempo parches y remiendos para no dejar ningún cabo suelto", explica a EL PAÍS en una entrevista realizada en Expodrónica, una de las mayores ferias de drones de Europa. Es un tema sensible, ya que "la falta de normas de seguridad se ha convertido en el principal problema del sector", asegura. Y también en la principal demanda de un mercado al que la UE va a destinar 430 millones de euros anuales hasta 2020 y que esperan que cree 300.000 puestos de trabajo.

Pregunta. Se muestra convencido de que este desarrollo de drones va a crear un gran número de puestos de trabajos. Pero, ¿tiene también un lado negativo? ¿Cuántos va a eliminar?

Habrá trabajos que serán realizados de una forma más barata y efectiva por un dron. 

Pero también saldrán otros nuevos

Respuesta. Todas las tecnologías son un desafío. Y, por supuesto, los drones van a sustituir a las personas en determinados trabajos, quizás en los que son más peligrosos. Por ejemplo, podremos hacer muchas más inspecciones en infraestructuras, porque ahora es demasiado peligroso, por ejemplo, mandar a una persona a analizar qué pasa cuando el puente puede estar cayéndose. Habrá trabajos, entonces, que serán realizados de una forma más barata y efectiva por un dron. Pero también aparecerán otros nuevos trabajos (operadores, analistas de datos) y otras oportunidades de negocio.

P. Con esta perspectiva, ¿cuáles cree que han sido los principales obstáculos a los que se ha enfrentado la Unión Europea a la hora de desbloquear el mercado de los drones?

R. La falta de regulación y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el gran impulso que piden las empresas tecnológicas y las dudas que tiene hacia los drones una parte de la población. Eso último está siendo lo más complicado, porque, por un lado,queremos y debemos favorecer a este sector en crecimiento; pero, por otro, también debe ser una transición sencilla, que tranquilice a la población con información y que no desate el miedo a estos aparatos.

P. Y, ¿cómo se está gestionando la necesidad de lograr este equilibrio?

R. Intentando dar información a todas las administraciones, para que estén capacitadas de implementar las reglas: desde las instituciones europeas hasta las comisarías locales. Porque la gente, cuando tenga problemas o dudas, no va a llamar al comisario europeo encargado de aviación, sino a la policía. Y cuando llame un vecino preocupado gritando "¡Ayúdeme, hay un dron volando por encima de mi casa!", la policía tiene que tener un sistema que le dé la información necesaria para decir: "¡Tranquílicese señora, es solo el hijo de su vecino!" o "esto lo vamos a revisar más detenidamente".

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Los delitos de injurias y calumnias según el Código Penal

Ambos, el delito de injurias y el delito de calumnias, se enmarcan dentro de los llamados delitos contra el honor, estando regulados por el Título XI del actual Código Penal español vigente desde el pasado primero de julio de 2015. En ocasiones, los delitos de injurias y calumnias suelen se confundidos sin embargo, tal y como veremos a continuación, se trata de actos delictivos bien diferenciados.

El delito de injurias

El artículo 208 del Código Penal define la injuria como “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación” sin embargo, no todo lo que podríamos considerar como injuria será también considerado como delito propiamente dicho, esto dependerá de su nivel de gravedad.

En este sentido, las únicas injurias constitutivas de delito serán aquellas “que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves”. Además, en el caso de injurias que imputen hechos concretos, sólo serán consideradas como graves y, por tanto, constitutivas de delito, aquellas que se hayan producido “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

En consecuencia, podemos deducir que el delito de injurias viene más determinado por el significado de lo que se dice, la forma y el momento, que por la intención de su autor.

La pena general para el delito de injurias recogida por el Código Penal es de muna multa de tres a seis meses sin embargo, existen agravantes que, de producirse, endurecerán dicha pena. Por ejemplo, si concurre el agravante de publicidad, el castigo se eleva a multa de entre seis y catorce meses. Además, si al acusado se le había prometido o había recibido cualquier recompensa a cambio de sus palabras, podrá ser inhabilitado para ejercicio de cualquier oficio, profesión o cargo de carácter público por un tiempo de entre seis y veinticuatro meses.

Una última observación: en el caso de supuestas injurias contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando se trate sobre infracciones administrativas o faltas penales, si el acusado es capaz de demostrar que sus palabras desprenden una verdad, quedará libre de toda responsabilidad pues, en este caso, no se habría producido injuria alguna.

El delito de calumnias

El segundo de estos delitos contra el honor es el delito de calumnias que el artículo 205 del Código Penal define como “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

Al igual que en el delito de injurias, si el acusado puede demostrar que es verdad aquello que expresó, quedará liberado de toda culpa.

Además, es necesario resaltar que en el caso de este delito, para ser juzgado, tanto los hechos como la persona a la que se les atribuye deben estar claramente identificados.

Respecto al castigo regulado por el Código Penal para el delito de calumnias, la pena general queda establecida en una multa de entre cuatro y seis meses aunque, como en el caso anterior, también existen posibles circunstancias que, de presentarse, endurecerán la pena. Una de ella es su difusión a través de cualquier medio (publicidad), que elevará la pena hasta una multa de entre seis y veinticuatro meses, pudiendo alcanzar la pena de cárcel por un período que oscilará entre seis meses y dos años. Además, cuando concurra el agravante de publicidad, también el medio por el cual se ha propagado la calumnia será considerado responsable civil.

Y al igual que con el delito de injuria, si al acusado se le prometió o entregó alguna recompensa a cambio de los hechos, este será inhabilitado para ejercer cualquier cargo, oficio o profesión públicos por un período que podrá variar entre los seis meses y los dos años.

350.000.000 €: el botín de película de los 'Panteras Rosas'

En 17 años, llevan 400 golpes en 35 países. Son educados, políglotas... y serbios en su mayoría

Cinco han sido detenidos tras llevarse 400.000 € en 48 segundos. Les presentamos a la mejor banda de atracadores de joyas de la historia

De blanco impoluto y coronada la cabeza por unos sombreros color arena, dos jóvenes altos y atléticos caminan por una de las mejores calles de Barcelona. Parecen dos turistas millonarios de los que se alojan en un hotel de lujo y se paran en algunas joyerías para comprarse un buen reloj. Pero lo que en realidad están haciendo es calcular distancias, trazar puntos de vigilancia y, sin descanso, observar si los siguen. Cuando miran los escaparates no se fijan en el maniquí, sino en el reflejo del cristal: ¿hay alguien con los ojos fijos en sus espaldas? 

Los dos pretendidos turistas son profesionales, pero no se dan cuenta de que llevan tres días siendo observados. Treinta agentes coordinados por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacionalvestidos de paisano les siguen los pasos. Y los detendrán a la mañana siguiente, este pasado 5 de agosto, cuando en el Paseo de Gracia tenga lugar un atraco millonario (400.000 euros en anillos) y veloz (48 segundos) a una de las joyerías más caras de la ciudad.

Es su último error y el más exitoso golpe contra los Pink Panthers, los Panteras Rosas: una organización criminal de película que en los últimos 17 años ha robado más de 350 millones de euros en joyas y relojes. 400 atracos en 35 países, siempre con un sello muy característico: tardan menos de tres o cuatro minutos y, aunque van fuertemente armados (a veces usan pistolas simuladas), intimidan pero nunca disparan. Son educados, políglotas, altos y a menudo atractivos..., y la Interpol no tiene duda: forman la mejor banda de atracadores de joyas de la historia.

Su sistema es casi infalible. En Barcelona replicaron un estilo que los ha hecho famosos desde Japón hasta Suiza. Aunque donde son estrellas, héroes, es en su tierra. La mayoría procede deSerbia, aunque también los hay montenegrinos. En la Yugoslavia de los años 90 -guerra, bombardeos de la OTAN y sanciones de la ONU- el país se desintegra. A un lado queda la rica Europa; al otro, la oscura Rusia. La leyenda extraoficial dice que los criminales más temidos por los joyeros nacen allí, entrelos Tigres de Arkán, paramilitares sanguinarios que en la mísera posguerra reciben pasaportes del Gobierno para viajar a Europa y conseguir dinero....

El agente acusado de apalear a un sirio dice que era acosador

La víctima revela que le dieron «golpes y puñetazos» y acusa al guardia de xenófobo

Un guardia civil procesado por, presuntamente, torturar a un ciudadano sirio, junto a un jefe de seguridad privada de Orpesa y un vigilante, negó ayer haber agredido a la víctima, a la que acusó de «acosar» y «molestar» a mujeres. Fue durante la primera jornada del juicio que la Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra contra los tres procesados, que se enfrentan a penas de entre un año y medio y tres años (para el agente) de cárcel.

Según el Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron el 18 de febrero del 2014, cuando un empleado de seguridad de una urbanización contactó con su superior y avisaron a la Guardia Civil para identificar a un hombre que, al parecer, había estado molestando a varias trabajadoras.

Aunque la Fiscalía sostiene que los tres llevaron a la víctima a un camino y, allí, le agredieron con patadas y puñetazos, los acusados lo negaron rotundamente.

DOS VERSIONES / El guardia civil aseguró que el denunciante únicamente recibió una sanción administrativa porque «se resistió a identificarse y comenzó a hacer aspavientos», por lo que el agente lo denunció por un presunto delito de desobediencia. El acusado declaró, además, que creía que el ciudadano sirio «me tiene manía persecutoria».

Por su parte, la víctima explicó al tribunal que frecuentaba la urbanización porque poseía dos apartamentos allí y que el día de los hechos esperó a que llegara la Guardia Civil, después de que el jefe de seguridad le pidiera que se esperara. En este sentido, el afectado dijo que no se resistió a la identificación y que le condujeron por un camino, hasta una zona arbolada, donde el agente y el jefe de seguridad le golpearon mientras el tercero permanecía como «espectador».

Según declaró el denunciante, el agente le dijo que «como tú tenemos muchos aquí» y relató cómo, en ocasiones posteriores a ese supuesto episodio de violencia, el mismo agente le paraba y le mandaba marcharse a su casa tras darle «unas collejas». El juicio continuará mañana.

El nuevo contrato de seguridad de Sograndio no atenderá solo al criterio precio

El consejero de Presidencia ha explicado que el nuevo acuerdo incoporará cláusulas «sociolaborales». l El objetivo de su departamento es hacerlas extensibles progresivamente al resto de contratos que celebre la Administración regional con sus proveedores

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha anunciado hoy que el próximo contrato de seguridad del centro de menores de Sograndio incorporará cláusulas "sociolaborales" y permitirá, además, que la adjudicación de los mismos "no se resuelva exclusivamente" al criterio de precio.

También ha abundado que ante situaciones de igualdad entre las ofertas está previsto que el desempate se realice atendiendo como primer criterio al número de personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento y como segundo, al número de mujeres de la plantilla.

El consejero ha realizado estas afirmaciones en su comparecencia en la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana, en la que ha informado acerca del cumplimiento de la moción aprobada por el pleno del Parlamento sobre política general en materia de seguridad y, la seguridad en los centros de menores y otras dependencias titularidad del Principado.

Martínez ha subrayado que las cláusulas sociolaborales se aplicarán en primer término en el centro de menores de Sograndio, si bien el objetivo de su departamento es hacerlas extensibles progresivamente al resto de contratos que celebre la Administración regional con sus proveedores.

Adicionalmente, el nuevo contrato del centro de Sograndio también recogerá una serie de medidas orientadas a asegurar la seguridad de los internos y trabajadores de la institución, entre ellas la ampliación del sistema de videovigilancia, la implementación de las medidas de detección de elementos prohibidos y la existencia de un deber permanente por parte de la empresa de auditar la seguridad del centro.

En la actualidad, el Principado tiene suscritos 19 contratos con empresas de seguridad privada para 105 edificios, que protegen 229 visitantes vigilantes.

En el caso del centro de Miraflores, de naturaleza diferente al de Sograndio -35 vigilantes- según ha precisado Martínez, una decena de vigilantes de seguridad realizan servicio en la actualidad en este equipamiento.

La adopción de criterios que "concilian" la libre concurrencia con el valor social de la contratación pública, de manera que ésta no se rija exclusivamente por la oferta económicamente más ventajosa, supone un paso que permite "avanzar" en el desarrollo de la directiva europea sobre contratación pública. "Quisiera ir más lejos, pero no es posible cambiar la ley estatal", ha apuntado el consejero de Presidencia.

La diputada del Grupo Parlamentario de IU Concha Masa ha apreciado que la situación "ha mejorado" en cuanto a los contratos establecidos entre el Principado y las empresas privadas de vigilantes de seguridad, aunque todavía queda "bastante camino por andar".

En su opinión, la normativa europea "abre camino" a introducir cláusulas, y ha expresado su deseo de que los nuevos contratos vayan recogiendo criterios que ponderen cada vez menos cuestiones de precio frente a las laborales y sociales, lo que influirá en la "disminución de conflictos laborales".

El diputado del PP Rafael Alonso ha indicado que "queda claro" que desde la fecha de aprobación de la moción hasta ahora "se continuó una práctica", si bien ha valorado que en algún pliego se ha introducido alguna modificación, aunque no en todos se han incluido las cláusulas anunciadas.

La parlamentaria de Podemos Lucía Montejo ha expuesto que para la formación morada la resolución, con un contenido variado con algunos puntos que "dependían" de otros, cuenta con una parte que está "incumplida", y ha abogado por suspender los contratos suscritos con empresas "defraudadoras o que vulneran" derechos de los trabajadores.

La diputada de Ciudadanos Diana Sánchez, que ha dicho que la moción no está cumplida al "cien por cien", ha matizado que la denominada cláusula social es "más bien un derecho" que tienen los trabajadores que prestan sus servicios en una empresa de seguridad privada, según recoge su convenio colectivo.

Pedro Leal, diputado de Foro, ha considerado que "no está cumplida" la moción aprobada por unanimidad del pleno de la Junta General en noviembre del pasado año, ha insistido en que queda "trabajo por hacer".

Desokupa, el polémico comando de boxeadores que desaloja pisos usando la ley

Una empresa está explotando la zona gris de la legislación para expulsar a okupas sin acabar en los tribunales. Varias entidades sociales los acusan de allanamiento y coacciones

"Desokupa. Empresa especializada en desempleos de pisos ocupados a la fuerza y ​​sin contrato de alquiler, métodos legales, en menos de 72 h recuperamos la vivienda, a toda la península. Eficacia en más del 90 por ciento de los casos".

Así se anunciaba hasta hace poco la empresa Desokupa en el portal milanuncios.com. Ya no lo necesita porque están desbordados. "Antes recibía cinco llamadas a la semana. Ahora son quince al día. Tenemos muchísimo trabajo", afirma Daniel Esteve, director de la empresa más controvertida que ha surgido recientemente en nuestro país. Sus clientes son propietarios de viviendas ocupadas que, desesperados por la lentitud de la justicia, optan por contratar a estos comandos de boxeadores para que expulsen a los indeseados inquilinos. Lo novedoso del asunto, y lo que lo convierte en un fenómeno social, es que todo es legal. Al menos hasta la fecha.

Desokupa está sabiendo explotar las zonas grises de la ley para devolver a los propietarios sus casas ocupadas sin acabar en los tribunales. Si bien son ya varias las entidades sociales que han anunciado demandas y querellas criminales por amenazas, coacciones, desalojos extrajudiciales y violación de derechos fundamentales. Sus detractores van más allá y señalan que algunos integrantes de los comandos pertenecen a entornos neonazis e incluso a la milicia ultranacionalista serbia. Por el momento, Desokupa opera casi en exclusiva en la provincia de Barcelona, aunque ya ha visitado Madrid y no descarta extender su perímetro de actuación.

La seguridad de Madrid Salud pasa de una empresa a otra del mismo dueño pero con rebajas de sueldo

Los guardias jurado de Marsegur verán reducido su salario en más de un 30% al entrar en la plantilla de Sinergias de Vigilancia

Los agentes de seguridad que trabajan en Marsegur Seguridad Privada en Madrid Salud, que es un órgano dependiente del Ayuntamiento de Madrid, pasaran a formar parte de la plantilla de Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Se trata de dos empresas distintas; sin embargo, el dueño es el mismo.

El Confidencial Autonómico ha podido saber que los agentes de seguridad que trabajan en Marsegur Seguridad Privada en Madrid Salud, que es un órgano dependiente del Ayuntamiento de Madrid, pasaran a formar parte de la plantilla de Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

Esto provocará una bajada de los sueldos de estos trabajadores de 789 euros a 690 euros. Ambos salarios por debajo del establecido en el convenio nacional de 1.122 euros mensuales.

Una cesión entre empresas del mismo dueño

El Ayuntamiento de Madrid ha renovado a la empresa de seguridad Mansegur Seguridad Privado, que se encargaba de la vigilancia del Área de Gobierno del Organismo Autónomo Madrid Salud, el contrato que tenían en vigor desde hace dos años.

Una vez producida la prórroga del contrato, esta misma empresa ha decido ceder el servicio a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, una compañía que pertenece al mismo dueño. ECA ha tenido acceso al documento que oficializa esta cesión:

Vigilantes de seguridad por 600 euros

Las dos compañías pertenecientes al empresario Miguel Ángel Ramírez Álonso pagan a sus trabajadores un salario menor que el estipulado en el convenio nacional.

La diferencia que notaran los trabajadores de pasar de una empresa a otra será una reducción de su sueldo. El año pasado cuando trabajaban para Marsegur cobraban 789 euros, este año recibirán un salario de 690 euros mensuales.

Participantes declarados aptos en las pruebas de selección para vigilante de seguridad, escolta privado y vigilante de explosivos

Los vigilantes acaban con los saqueos en el 'edificio azul' de Cerro Gordo

Los vecinos esperan que algún banco o inmobiliaria venda «de una vez» las viviendas que se quedaron sin terminar

Por si alguien tiene alguna duda, los carteles del perímetro advierten de que se trata de una propiedad vacía pero controlada por una empresa de seguridad. El 'edificio azul', saqueado durante años en la urbanización Cerro Gordo, ya no es tan vulnerable al rebusco de cobre, baños o persianas.

Los vecinos explican que disfrutan de cierta tranquilidad desde que se ve por allí a dos vigilantes y se tapiaron los locales de la planta baja.

Gregorio Estévez, el presidente de la asociación vecinal, cuenta que desde la asociación también intentaron solucionar el problema para evitar la patada a la puerta. El año pasado enviaron una carta al Ministerio del Interior proponiéndoles que se quedara con la promoción sin terminar para reconvertirla en viviendas para agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil de Badajoz. Desde el Ministerio le agradecieron el interés y la voluntad por colaborar con las fuerzas de seguridad, pero no se comprometieron a mucho más porque en realidad este tipo de decisiones implican a más administraciones.

En el barrio escribieron a Interior para que se lo quedara como residencia para policías

En el barrio, cuenta Estévez, viven militares y agentes que trabajan en las bases militares de la ciudad y algunos de estos vecinos fueron los que propusieron esta idea. «Estábamos muy preocupados porque la gente temía que aquello fuera un foco de conflicto». Un responsable de la Policía incluso participó en una charla para asesorarles sobre cómo evitar los enfrentamientos con los asaltantes.

En el 'edificio azul', explica Estévez, no se metió nadie a vivir, más bien se convirtió en la despensa de los que buscaban material vendible en chatarrerías y el mercado negro.

Fue ese trasiego de gente lo que alarmó a los residentes del entorno de la plaza Conde de la Torre de Fresno. Estévez también intentó dar con el verdadero propietario para conocer qué planes tenían, pero no parece una tarea sencilla.

La promotora que hizo la obra quebró y el reparto de activos ha ido dividiéndose por una red de entidades financieras o inmobiliarias y nadie tiene muy claro a quién deben llamar. «Ahora se escucha que una de las inmobiliarias que trabaja con la Sareb tiene interés en venderlo, pero son rumores, no sabemos si es cierto».

En Cerro Gordo tampoco extraña esta opción. Entre las oferta en venta que mantiene la Sareb a través de la compañía Idealista hay más de una veintena en el barrio y, por lo que cuentan, ahora se ve a más gente que antes interesándose por mudarse.

Cerro Gordo supera ya los 6.000 habitantes censados, en parte, gracias a los adosados que se han vendido en los últimos meses. Cada vez quedan menos casas vacías y menos quebraderos de cabeza.

Miguel Ángel Prieto fue uno de los que avisó a la Policía Nacional cuando vio a varios hombres merodear por el 'edificio azul'. «Se lo llevaron todo, yo no sé cómo estará ahora, pero esto estaba casi para entrar a vivir».

Recuerda que hace dos años, cuando sufrieron la primera oleada de ocupación, dos o tres grupos entraron en un chalet en el que la inmobiliaria guardaba dentro las llaves de las casas de toda la calle, por lo que los falsos inquilinos tuvieron acceso a numerosas viviendas. La presión vecinal hizo que los que pretendían usar las casas se marcharan y los propios residentes de la zona recuperaron las llaves.

No es el único que agradece la vigilancia y el sellado de algunas propiedades cerradas. «No nos pueden dejar a los que vivimos aquí la responsabilidad de cuidar algo que es de otros. Si no se puede vender un bloque, no se vende, pero al menos no generes un problema a los demás».

Con esa sensación, con la de cohabitar con un problema, han convivido en los últimos años. Pero hoy ya se habla en pasado de este conflicto. El desvelo común ahora es el nuevo colegio.

Cae la mujer del 'capo' de Esabe tras 4 años huida y la jueza la libera: no ve riesgo de fuga

García de la Torre y su marido estaban en busca y captura desde hace casi cuatro años

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves en La Línea de la Concepción (Cádiz) a Pilar García de la Torre, en busca y captura desde diciembre de 2012, cuando el Juzgado número 37 de Madrid ordenó su detención y la de su marido, Juan José Prados, propietario del grupo de seguridad Esabe. El matrimonio huyó de España un día antes de que la Policía pusiera en marcha la operación que llevó a la detención de una decena de personas de la cúpula directiva de la mercantil y al desmantelamiento de la sociedad.

Durante estos últimos casi cuatro años, la Policía ha buscado a Prados y a su mujer por donde ha podido, pero siempre con la limitación de la paralización del proceso judicial en el mencionado Juzgado 37 de Madrid, que aún hoy no ha podido siquiera escanear los cientos de miles de folios de que consta la causa, a pesar de haber reclamado medios para hacerlo a la administración de justicia. Tras la detención de García de la Torre ayer, el juzgado de guardia de La Línea contactó con el 37 de Madrid, que instruye la investigación.

Este último remitió un cuestionario al juzgado de La Línea para que contestara García de la Torre y esta lo rellenó en el momento. Tras enviar las respuestas a Madrid, la titular del 37, Purificación Elisa Romero Paredes, ordenó la puesta en libertad de la detenida. Fuentes policiales explican que desde 2012 no se ha localizado a la mujer porque no se encontraba en su domicilio habitual ni se conocía dónde estaba.

Casi cuatro años después de que la Policía detuviera a la cúpula de la empresa de seguridad Esabe en 2012, las pesquisas judiciales apenas han avanzado. Las dos furgonetas llenas hasta arriba de documentación que los investigadores recopilaron en las oficinas y domicilios de los imputados, entre los que se encontraba el presidente de la sociedad, Prados, y su mujer, García de la Torre, siguen cogiendo polvo en los juzgados de plaza de Castilla (Madrid). 

La magistrada que instruye la causa se ha quejado en repetidas ocasiones de la falta de medios materiales que tiene el juzgado para escanear los 250.000 folios que componen el procedimiento, almacenado en más de medio centenar de cajas. Tras las reiteradas protestas de la titular del juzgado, por fin la Administración puso a su disposición un escáner. Sin embargo, aún hoy no han sido digitalizados los miles de folios que componen la causa.

Prados continúa en paradero desconocido desde que se fugó de su domicilio pocos días antes de que la Policía pusiera en marcha la operación que llevó a la detención de toda la cúpula directiva de Esabe en diciembre de 2012. A pesar de estar en busca y captura, curiosamente Prados tiene una representación legal. Su abogado se persona en los juzgados con toda normalidad y ejerce la defensa del imputado sin que nadie le pregunte dónde está su cliente.

Es la misma paradoja que ha rodeado a la reciente detención de su esposa. Tras ser puesta en libertad por el juzgado de guardia de La Línea, la mujer cruzó la verja y pasó a Gibraltar, donde fuentes de la investigación aseguran que tenía amarrado su yate Prados. El desaparecido podría estar viviendo con García de la Torre en el barco y yendo de puerto en puerto. Las mismas fuentes echan de menos que el Juzgado 37 de Madrid hubiera remitido una comisión rogatoria al Reino Unido para reclamar la detención del imputado.

La cúpula de Esabe fue detenida en diciembre de 2012 por los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible, delitos contra la Seguridad Social y contra los trabajadores y falsedad documental. La operación conllevó la imputación de una docena de personas, de las que la Policía únicamente pudo detener a 10, ya que ni el propietario ni su mujer se encontraban en su domicilio el día de las detenciones. Ambos habían huido casualmente pocas horas antes. 

7 de octubre de 2016. ‘Jornada Mundial por el Trabajo Decente’

Campaña de comunicación con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, convocada por la CSI, que se celebra el 7 de octubre.

Revista Red Seguridad nº74