18 de septiembre de 2012
Reflexiones en la Segurid Privada
Basilio Febles Armas (USO-CANARIAS) reflexionó de este modo en Canarias día a día de Radio San Borondón sobre los motivos que han llevado a los sindicatos a realizar este miércoles una manifestación contra la empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad de Miguel Ángel Ramírez para protestar por la modificación de las condiciones de trabajo que se está imponiendo a todos sus trabajadores, así como de rechazo a los despidos a los miembros del comité de empresa.
Explicó en este sentido que la manifestación de hoy está convocada por los sindicatos mayoritarios del sector para protestar por las cada vez más duras condiciones de trabajo que la empresa impone a sus profesionales, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo desde todos los puntos de vista desproporcionada no en vano hablamos de un descuento salarial del 21%, a lo que se deben sumar despidos entre los miembros del comité de empresa.
Febles Armas dijo que la nota característica de Seguridad Integral Canaria es que siempre ha sido una empresa que ha funcionado irregularmente, destacando entre algunas de las irregularidades la cotización de las horas extra, las cuales no son incluidas en nómina, cuyo culmen son los despidos de seis miembros del comité de empresa supuestamente por negarse a firmar las nuevas condiciones de trabajo, pero que todo apunta a represalias por la actitud combativa.
Dijo que los trabajadores son conscientes de que estamos en una época de crisis muy dura y de que es preciso echar una mano a las empresas para salir adelante, pero eso no debe servir de excusa a quienes dirigen las empresas para machacar a los trabajadores, dicho lo cual recuerda que recientemente se ha firmado un convenio a nivel estatal en donde los sindicatos mayoritarios en el sector de la seguridad privada (USO, CCOO y UGT) de forma responsable accedieron a una rebaja de dos puntos en los salarios, lo que pone de manifiesto que ante la situación de gravedad actual son los trabajadores los que están asumiendo las restricciones, algo que no ocurre entre los empresarios.
En este sentido, entiende que lo normal es que entre todos se haga un esfuerzo para paliar esta situación y no solamente recaiga todo el peso de los efectos de la crisis entre la clase trabajadora, porque si no es así, se hace imposible encauzar este tema, porque en el caso de la reforma que impone Seguridad Integral Canaria es intolerable por su dureza y porque se traduce en un sinfín de despidos objetivos injustificados.
Hablamos de una situación de abuso hacia los trabajadores, no en vano se están produciendo miles de horas extra por parte de los profesionales de la seguridad, soportadas porque ante la actual situación de crisis hay que echar una mano para salir adelante, lo que se agrava con la realidad de que los recortes de las administraciones públicas suponen que muchos compañeros se vean en la calle.
Basilio Febles explicó que el pasado mes la empresa echó a la calle hasta ocho trabajadores de los edificios múltiples por despido objetivo con el argumento de que no había jornada, sin embargo en este mes aparece en los cuadrantes de esos centros de trabajo en donde todos los trabajadores deben realizar 20 horas extra cada uno, una situación que no se entiende si no se enmarca dentro de la irregular gestión que caracteriza a la empresa.
Cuestionado por las pérdidas de la empresa que justifiquen los despidos, explicó que en 2011 Seguridad Integral Canaria declara unos beneficios superiores a los 600.000 euros, luego la crisis está sirviendo como excusa a quienes la dirigen para echar a la gente a la calle aprovechando la oportunidad que le brinda la reforma laboral del Gobierno estatal.
Fuente: usocanarias.org
15 de septiembre de 2012
13 de septiembre de 2012
Concentración 18 de Septiembre con el fin de protestar por las medidas instauradas por la Dirección de la empresa SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA S.A. y GRUPO RALONS imponiendo un Convenio de Empresa .
Por la presente se convoca a todos los trabajador@s de la empresa SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA S.A. y GRUPO RALONS en general a la concentración que se celebrara el próximo día 18 de Septiembre de 2012, en horario de 09:30 a 13:00, en la Plaza de San Agustín (Audiencia Provincial), con el fin de protestar por las medidas instauradas por la Dirección de la empresa, imponiendo un Convenio de Empresa de forma unilateral, con el consiguiente menoscabo de las remuneraciones salariales y derechos fundamentales de los trabajador@s, afectando por ello al las situaciones personales de estos, como a las de sus familias.
12 de septiembre de 2012
Titulación válida para jefe o director de seguridad
Consulta efectuada por un particular en relación con la prueba de acceso a la universidad y si la misma es considerada titulación suficiente para acceder a las pruebas para la habilitación como Jefe o Director de Seguridad
Consideraciones
El artículo 54.4 del Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Seguridad Privada, establece que para su habilitación los Jefes de Seguridad y Directores deberán “estar en posesión del título de Bachiller, de Técnico Superior, de Técnico en las profesiones que se determinen, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores”.
Establecer estas equivalencias es competencia del Ministerio de Educación, concretamente de la Subdirección General de Ordenación Académica de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, y vienen recogidas en la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que en el artículo 4, apartado 3, dice:
“La superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, será equivalente al título de Bachiller, a los únicos efectos de acceso a empleos públicos y privados, siempre que se acredite alguno delos siguientes requisitos, o bien estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos académicos o profesionales, o bien haber superado al menos 15 créditos ECTS de los estudios universitarios”.
Por lo tanto, la simple superación, por si sola, de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, no es equivalente al Bachiller y su obtención no capacita para realizar las pruebas de habilitación para Jefe o Director de Seguridad, salvo que, además de haber superado dicha prueba, acredite que está en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o que ha superado 15 o más créditos ECTS de los estudios universitarios.
Conclusión
Aunque en la consulta no se especifica la edad, se significa que los accesos a la universidad para mayores de 40 o 45 años no son equivalentes a efectos profesionales con el Bachiller, y que sólo tienen efectos académicos.
Prescindir de la placa durante el servicio
Consulta efectuada a esta Unidad Central de Seguridad Privada, por parte de una organización sindical, sobre la posibilidad de prescindir de la placa en el servicio, para evitar posibles lesiones a los vigilantes de seguridad.
Consideraciones
El Art.12 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, dispone que:
“Las funciones de los vigilantes de seguridad únicamente podrán ser desarrolladas cuando estén integrados en empresas de seguridad, vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sea preceptivo, que serán aprobados por el Ministerio del Interior y que no podrán confundirse con las Fuerzas Armadas ni con las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Idéntica previsión normativa se encuentra recogida en el Art.87.1 del Reglamento de Seguridad Privada. El apartado vigésimo quinto de la Orden Ministerial de 7 de julio establece que el distintivo de vigilante de seguridad se portará permanentemente en la parte superior izquierda, correspondiente al pecho, de la prenda exterior (anorak, cazadora o camisa), sin que pueda quedar oculto por otra prenda o elemento que se lleve.
Por otro lado el anexo 7 de la citada Orden Ministerial establece que el distintivo del Vigilante de Seguridad lleva, en su reverso, un imperdible horizontal para sujetarlo a la prenda del uniforme.
Conclusiones
Examinados los citados preceptos, y como contestación expresa a la consulta realizada, cabe concluir que los vigilantes de seguridad sólo podrán prestar sus servicios vistiendo el uniforme que la empresa a la que pertenezca tenga autorizado y ostentando como distintivo la placa regulada en la presente Orden Ministerial de 7 de julio, por tanto esta Unidad Central entiende que no es posible prescindir de la placa, con independencia del servicio que se preste.
El incumplimiento de los preceptos antes enumerados constituye infracción leve tipificada en el Art.153.9 del Reglamento de Seguridad Privada.
Fuente: belt.es
Consideraciones
El Art.12 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, dispone que:
“Las funciones de los vigilantes de seguridad únicamente podrán ser desarrolladas cuando estén integrados en empresas de seguridad, vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sea preceptivo, que serán aprobados por el Ministerio del Interior y que no podrán confundirse con las Fuerzas Armadas ni con las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Idéntica previsión normativa se encuentra recogida en el Art.87.1 del Reglamento de Seguridad Privada. El apartado vigésimo quinto de la Orden Ministerial de 7 de julio establece que el distintivo de vigilante de seguridad se portará permanentemente en la parte superior izquierda, correspondiente al pecho, de la prenda exterior (anorak, cazadora o camisa), sin que pueda quedar oculto por otra prenda o elemento que se lleve.
Por otro lado el anexo 7 de la citada Orden Ministerial establece que el distintivo del Vigilante de Seguridad lleva, en su reverso, un imperdible horizontal para sujetarlo a la prenda del uniforme.
Conclusiones
Examinados los citados preceptos, y como contestación expresa a la consulta realizada, cabe concluir que los vigilantes de seguridad sólo podrán prestar sus servicios vistiendo el uniforme que la empresa a la que pertenezca tenga autorizado y ostentando como distintivo la placa regulada en la presente Orden Ministerial de 7 de julio, por tanto esta Unidad Central entiende que no es posible prescindir de la placa, con independencia del servicio que se preste.
El incumplimiento de los preceptos antes enumerados constituye infracción leve tipificada en el Art.153.9 del Reglamento de Seguridad Privada.
Fuente: belt.es
Instalación de videocámaras - Régimen de videovigilancia en el ámbito de la seguridad privada
En relación con la consulta formulada sobre algunos aspectos del régimen de videovigilancia en el ámbito de la seguridad privada, esta Secretaría General Técnica, una vez consultados los órganos competentes del Departamento, manifiesta lo siguiente:
El artículo 71 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, regula las funciones que pueden desempeñar los vigilantes de seguridad. Así, los vigilantes de seguridad ejercen la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas; efectúan controles de identidad; evitan la comisión de actos delictivos o infracciones; ponen a los sospechosos a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; protegen el almacenamiento, recuento, clasificación y transporte del dinero y otros valores; y prestan servicios de respuesta a las señales de alarma que se produzcan y no sean competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En síntesis, los vigilantes de seguridad desempeñan tareas de vigilancia y seguridad.
El ejercicio de las mencionadas funciones corresponde en exclusiva a las empresas y personal de seguridad privada. Por tanto, la utilización de medios técnicos y sistemas de seguridad para desempeñar la labor de vigilancia, tales como cámaras de videovigilancia para la prevención de hechos delictivos, compete únicamente a dicho personal.
Consecuentemente con lo anterior, las imágenes generadas por los circuitos cerrados de televisión sólo pueden ser visionadas por:
- el personal de seguridad perteneciente a empresas de seguridad debidamente inscritas y habilitadas.
- las empresas de seguridad autorizadas e inscritas para la actividad de centralización de alarmas.
- los titulares de la instalación.
- las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su caso.
Por lo demás, la instalación de circuitos cerrados de televisión (CCTV) debe realizarse necesariamente por una empresa de seguridad autorizada para la actividad de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad. Asimismo, la empresa deberá estar inscrita en el Registro de Empresas de Seguridad de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil cuando se conecte a una central receptora de alarmas o a un centro de control, formalizándose el correspondiente contrato entre ambas partes.
Por último, haciendo referencia de forma directa a la consulta planteada, es preciso remitir al artículo 4 de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, que bajo el epígrafe “Principios de calidad, proporcionalidad y finalidad del tratamiento”, dispone lo siguiente:
“1. De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o videocámaras.
2. Sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas y para su derecho a la protección de datos de carácter personal.
3.Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.”
Por otra parte, la instalación de cámaras de videovigilancia puede realizarse también al amparo de otras normativas y con finalidades distintas.
Así, el apartado tercero del artículo 20 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, establece que “el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso.”
En materia de riesgos laborales, por otro lado, el párrafo b) del apartado segundo del artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece en relación con el plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva que “si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.” Y continúa señalando que “el empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma”.
De todo cuanto antecede y en respuesta a la consulta concreta que se plantea, cabe concluir lo siguiente:
1º La instalación de las cámaras de seguridad es legítima siempre y cuando se observen los requisitos previstos en la legislación vigente y se haya formalizado el correspondiente contrato entre las partes.
2º Cuando la finalidad de las videocámaras sea la vigilancia, las imágenes generadas por las cámaras deberán ser visionadas por personal de seguridad, es decir, vigilantes de seguridad o bien por el personal de una empresa de seguridad autorizada para la actividad de centralización de alarmas.
3º La legalidad de la toma de imágenes personales en el puesto de trabajo con motivos distintos al de la vigilancia y seguridad, así como la utilización de las mencionadas imágenes, no son objeto de la normativa de seguridad privada. Las dudas interpretativas al respecto deberán plantearse bien a la Inspección de Trabajo o bien a la Agencia Española de Protección de Datos.
11 de septiembre de 2012
Funciones de los vigilantes de explosivos
Por parte de una determinada organización sindical se ha formulado una consulta sobre algunas cuestiones relacionadas con las funciones de los vigilantes de explosivos y, concretamente, sobre la compatibilidad de su ejercicio con las funciones desempeñadas por los vigilantes de seguridad en general.
Sobre esta cuestión, la Secretaría General Técnica expone su parecer, a través de las siguientes consideraciones:
En primer lugar, cabe recordar que los vigilantes de explosivos constituyen una modalidad de los vigilantes de seguridad, siendo su formación idéntica a la de éstos, salvo por lo que se refiere a los módulos formativos, específicos y complementarios, por razón de las funciones que han de desempeñar, cuya especial naturaleza determina la necesidad de obtener una habilitación especial para el ejercicio de las mismas (artículo 11.2 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada).
Por tanto, puesto que los vigilantes de explosivos están capacitados y habilitados para el ejercicio de las mismas funciones que los vigilantes de seguridad en general (además de las propias de su especialidad), no existe inconveniente, desde el punto de vista de la capacitación, para que desempeñen las funciones propias de éstos, con la única limitación de que se trate de funciones comprendidas en el ámbito de los servicios y actividades, propios de los vigilantes de seguridad, para los que la empresa esté autorizada. Ello significa que un vigilante de explosivos no podrá desempeñar funciones como tal si la empresa en cuya plantilla se encuentra integrado, no está autorizada para la actividad de transporte y distribución de explosivos, pero sí aquéllas otras en que se concreten las actividades y servicios de la empresa de seguridad para la que trabaja (vigilancia y protección; central de alarmas; instalación de aparatos y dispositivos de seguridad, etc.).
Ahora bien, cuestión distinta de la anterior es la posibilidad de que una persona que presta servicios como vigilante de explosivos en una determinada empresa de seguridad autorizada para este tipo de servicios, pueda desempeñar simultáneamente otras funciones de seguridad y protección propias de los vigilantes de seguridad en general.
Tal posibilidad está expresamente prohibida por el artículo 70.2 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado mediante Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que dice lo siguiente: “Las funciones de escolta privado, vigilante de explosivos y detective privado son incompatibles entre sí y con las demás funciones de personal de seguridad privada, aún en los supuestos de habilitaciones múltiples”.
Por tanto, no se establece sólo una prohibición de simultanear funciones en el sentido establecido en el artículo 12.2 de la Ley 23/1992 (dedicación en exclusiva a la función de seguridad propia de su cargo), sino una auténtica incompatibilidad para realizar más de una función -o especialidad- de seguridad privada.
En consecuencia, si un vigilante es contratado por una determinada empresa en su condición de vigilante de explosivos para realizar la actividad de transporte y distribución de explosivos, sólo podrá dedicarse a dicha actividad, sin posibilidad de que pueda simultanearla o alternarla con otras funciones de vigilancia y protección propias de los vigilantes de seguridad en general. Ello debe entenderse sin perjuicio de que pueda dejar de prestar servicios como vigilante de explosivos para dedicarse – en base a su misma habilitación y en virtud de un nuevo contrato de servicios- a otras actividades de vigilancia y protección en la misma o en distinta empresa de seguridad.
Finalmente, por lo que se refiere a la posibilidad de sanción, el artículo 152.1.e) del Reglamento de Seguridad Privada tipifica como infracción grave del personal de seguridad privada “simultanear, en la prestación del servicio, las funciones de seguridad privada con otras distintas, o ejercer varias funciones de seguridad privada que sean incompatibles entre sí”.
Uso de chalecos antibalas por parte de los vigilantes de seguridad.
En contestación al escrito de un particular, formulando consulta relacionada con el uso de chalecos antibalas por parte de los vigilantes de seguridad, la Secretaría General Técnica, previo informe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, puso de manifiesto lo siguiente:
En primer lugar, debe ponerse de manifiesto que la vigente normativa de seguridad privada, ni siquiera en sus disposiciones de inferior rango, hace referencia alguna al uso de chalecos antibalas por parte del personal de seguridad privada, lo que implica que, si bien no regula los requisitos o condicionamientos del uso de tal prenda, tampoco lo prohíbe.
En principio, debe significarse que el uso de cualquier prenda que no sea la reglamentaria y, en especial, del chaleco antibalas, podría tener repercusiones negativas en la identificación del vigilante como tal, en cuanto podría ocultar, al menos parcialmente, su uniformidad. Ello no obstante, tal circunstancia podría paliarse fácilmente dotando al chaleco antibalas de los mismos elementos de identificación de que consta el uniforme reglamentario y que se encuentran previstos en la vigente normativa (apartados vigésimo cuarto y vigésimo quinto de la Orden de 7 de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada sobre personal).
Como se ha dicho anteriormente, y aun cuando en la normativa de seguridad privada no se mencione expresamente el uso del chaleco antibalas ni se considere una prenda integrante, ni siquiera por excepción (apartado vigésimo tercero de la Orden de 7 de julio de 1995 antes citada), de la uniformidad de los vigilantes de seguridad, el artículo 23 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, señala lo siguiente:
“Artículo 23. Adecuación de los servicios a los riesgos.- Las empresas inscritas y autorizadas para el desarrollo de las actividades a que se refieren los párrafos a), b), c) y d) del artículo 1 de este Reglamento, antes de formalizar la contratación de un servicio de seguridad, deberán determinar bajo su responsabilidad la adecuación del servicio a prestar respecto a la seguridad de las personas y bienes protegidos, así como la del personal de seguridad que haya de prestar el servicio teniendo en cuenta los riesgos a cubrir, formulando, en consecuencia, por escrito, las indicaciones procedentes”.
Por su parte, el apartado 1 del artículo 96 del mismo Reglamento, en la redacción dada por el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, establece que “los servicios de seguridad se prestarán obligatoriamente bajo la dirección de un jefe de seguridad en las empresas de seguridad inscritas para todas o alguna de las actividades previstas en el artículo 1.1, párrafos a), b), c) y d) del presente Reglamento, y en las delegaciones o sucursales abiertas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, apartados 2 y 3 de este Reglamento”
Asimismo, en el artículo 95, relativo a las funciones de los jefes de seguridad, se dispone que son propias de este personal, entre otras, las siguientes:
a) El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad.
b) La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad.
De todo cuanto antecede, y en respuesta concreta a las cuestiones que se suscitan en el escrito de consulta, cabe concluir lo siguiente:
1. El uso de chalecos antibalas es compatible con el ejercicio de las funciones atribuidas a los vigilantes de seguridad por la vigente normativa de seguridad privada, siempre que los mismos no impidan la visión exterior de los elementos identificativos del vigilante de seguridad (escudo-emblema y distintivo).
2. Debe ser la empresa de seguridad, a través del jefe de seguridad, y una vez evaluados los riesgos del servicio, la encargada de determinar en qué supuestos será necesario o recomendable el uso del chaleco antibalas, entendiéndose que no tiene por qué tratarse de una decisión circunscrita a cada vigilante y servicio individualizadamente considerado, sino que puede tratarse de algún tipo de protocolo o instrucción interna que determine los servicios que habitualmente se prestarán portando el chaleco antibalas, sin perjuicio de que pueda asimismo autorizarse específicamente su utilización en otros supuestos ocasionales o excepcionales en que la situación de riesgo así lo requiera.
3. En ningún caso el uso del chaleco antibalas debe quedar a criterio del vigilante de seguridad que preste el servicio, el cual, en su caso, podrá solicitar la adecuada evaluación del riesgo del servicio a desempeñar y atender las instrucciones que al respecto le imparta el jefe de seguridad de la empresa.
4. Finalmente, y no obstante todo lo anterior, los vigilantes, en el marco de la protección que les otorga la legislación de riesgos laborales, podrán asimismo solicitar, a través de los cauces que en la misma se determinan, la correspondiente evaluación del riesgo del servicio o servicios que les sean asignados, así como las medidas de protección necesarias para su ejercicio.
Validez de la licencia de armas tipo “C” para la prestación de servicios de seguridad privada
En el escrito de consulta se cuestiona la validez de la licencia de armas tipo “C” para la prestación de servicios de seguridad privada, ante lo cual debe señalarse lo siguiente:
En España, la prestación de servicios de seguridad privada con arma de fuego puede desempañarla el siguiente personal de seguridad privada (Capítulo III de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada):
- Vigilante de Seguridad (en determinados supuestos).
- Guarda Particular de Campo.
Para la prestación de estos servicios con arma de fuego es necesario estar en posesión de la licencia tipo “C”, la cual se concede teniendo en cuenta la función que vaya a desempeñar el trabajador (vigilante de seguridad, guarda particular de campo, escolta, etc...). Nadie puede poseer más de una licencia tipo “C” (apartado segundo del artículo 124 del Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero). Para obtener esta licencia, el interesado, a través de la empresa u organismo de que dependa, deberá presentar en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil correspondiente a su domicilio la preceptiva solicitud (artículo 122 del citado Reglamento).
Esta licencia sólo tendrá validez durante el tiempo de prestación del servicio de seguridad determinante de su concesión (artículo 125 del Reglamento de Armas), de tal manera que, al cesar en el mismo, le debe ser retirada por el superior jerárquico, entidad, empresa u organismo donde preste sus servicios (artículo 126 de la citada norma reglamentaria).
Por lo expuesto, se considera que, si bien es posible que un mismo trabajador preste simultáneamente servicios como Guarda Particular de Campo y como Vigilante de Seguridad, no cabe el supuesto de que ambos servicios se presten con armas, ya que no se le podrá otorgar las dos licencias de armas que para ello sería necesario.
Fuente: interior.gob.es
10 de septiembre de 2012
Dias de fiesta en Canarias durante el 2013
El Consejo de Gobierno ha aprobado, el pasado jueves 7 de septiembre de 2012, el proyecto de Decreto por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, abriéndose el plazo para fijar las fiestas locales.
De esta manera, se establecen once festivos comunes para todo el archipiélago, que serán los días 1 de enero, Año Nuevo; 7 de enero, lunes posterior a la Epifanía del Señor; 28 de marzo, Jueves Santo; 29 de marzo, Viernes Santo; 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; 30 de mayo, Día de Canarias; 15 de agosto, Asunción de la Virgen; 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; 1 de noviembre, Todos los Santos; 6 de diciembre, día de la Constitución Española; y el 25 de diciembre, Natividad del Señor.
Asimismo, se establecen como días festivos en cada una de las islas: En El Hierro: el 6 de julio, Bajada de la Virgen Nuestra Señora de los Reyes; en Fuerteventura: el 20 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña; en Gran Canaria: el 9 de septiembre, lunes posterior a la festividad de Nuestra Señora del Pino; en La Gomera: el 8 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe; en Lanzarote: el 16 de septiembre, lunes posterior a la festividad de la Virgen de los Dolores, Nuestra Señora de los Volcanes; en La Palma: el 5 de agosto, Festividad de Nuestra Señora de las Nieves; y en Tenerife: el 2 de febrero, Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, a la vista del calendario para el año 2013, el Día de Canarias se ha fijado en sustitución del lunes 9 de diciembre; y las fiestas insulares propuestas por los cabildos por el 25 de julio.
La novedad para el próximo año está en que las festividades del 8 de septiembre (Nuestra Señora del Pino en Gran Canaria) y el 15 de septiembre (Virgen de Los Dolores en Lanzarote) se trasladan al lunes siguiente.
Finalmente, el proyecto de Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno también abre el plazo para establecer las fiestas locales que, por tradición, sean propias en cada municipio y que se determinarán a propuesta del Pleno de los Ayuntamientos. Estos cuentan con un plazo de un mes a partir de la publicación del Decreto para formular sus propuestas y remitirlas a la Dirección General de Trabajo.
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