30 de noviembre de 2014

Determinación de que ley debe aplicarse en el tiempo

La reciente entrada en vigor de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, ha suscitado alguna duda, en cuanto a su aplicabilidad, con la ya derogada Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y su conjunción, tanto con el principio de retroactividad de la Ley que mas favorezca al presunto responsable, como con la determinación de la Ley aplicable en el tiempo, por lo que, a continuación, se expondrán una serie de criterios clarificadores, tanto desde el punto de vista legislativo como jurisprudencial.

CONSIDERACIONES
El artículo 2.2 del Código Civil establece que:
“Las Leyes solo se derogan por otras posteriores”.
Consecuentemente con lo anterior, la eficacia de una ley se extiende desde su entrada en vigor hasta su derogación. La eficacia de la Ley queda también extinguida si el Tribunal Constitucional declara su inconstitucionalidad.

El artículo 2.3 del Código Civil establece:
“Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario”.
Sobre este particular, en reiterada jurisprudencia del TS, tras declarar la aplicabilidad de los principios del Derecho Penal al procedimiento sancionador de la Administración, ha afirmado que, en principio, las leyes no tienen carácter retroactivo, esto es, se aplican a los hechos realizados después de su entrada en vigor, y antes de su derogación o su declaración de inconstitucionalidad.
Por razones de seguridad jurídica y de la propia eficacia y alcance del principio de legalidad, el principio de irretroactividad tiene en Derecho Penal un papel especial, y por tanto, en la potestad sancionadora de la Administración. Es más, el artículo 25.1 de la Constitución lo declara expresamente para toda la materia sancionatoria, donde nadie puede ser sancionado o condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no constituyan delito o falta, según la legislación vigente en aquel momento.

De este modo, el artículo 2.1 del Código Penal establece:
“No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las Leyes que establezcan medidas de seguridad”.
Tampoco, en materia penal ni sancionadora, tiene, según criterio del TS, el principio de irretroactividad un carácter absoluto. Por el contrario, experimenta una excepción en el caso de la llamada ley penal más favorable, esto es, de aquellas leyes que se encuentran en alguno de los dos supuestos siguientes:

 Descriminalizan un comportamiento.
 Imponen sanciones menores a las que establecía una Ley anterior.
No obstante lo anterior, el Código Penal formula esta excepción al principio de irretroactividad con gran amplitud y flexibilidad, al determinar, en el artículo 2.2 que:

“No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”.
El efecto retroactivo se produce, por tanto, siempre que todavía no esté extinguida la responsabilidad penal o sancionadora. Una vez que la sentencia ha sido completamente ejecutada no cabe, sin embargo, pedir su revisión, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria sexta del Código Penal.

Por último, el artículo 2.3 del CP, establece:
“A los efectos de determinar la Ley aplicable en el tiempo, los delitos (y, por tanto, las infracciones) se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción, u omite el acto que estaba obligado a realizar”.

CONCLUSIONES
A tenor de lo anteriormente expuesto, cabe extraer las siguientes conclusiones:
1. Será de aplicación, siempre, la Ley más favorable. Ciertamente, si lo que antes era sancionable, ahora no lo es, la cuestión es simple. También lo parece cuando la nueva Ley establece una modificación de las sanciones, esto es, reduce la cuantía de la sanción, correspondiendo, en concreto, a la persona responsable, conforme a la nueva Ley, una sanción inferior.
2. No obstante lo anterior, al efecto de determinar la ley aplicable en el tiempo, y concretar el momento temporal, este se hará coincidir con el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omisión del acto obligado a realizar, con determinación expresa en la correspondiente acta extendida al efecto.
3. En cualquier caso, lo que no es posible es mezclar los preceptos más favorables de la ley posterior con los de la anterior, dando lugar a una tercera ley, nueva, que sería la ley más favorable. Hay que comparar la ley vieja con la nueva, pero tomando cada una de ellas en su totalidad.

Instalsec nº 36


29 de noviembre de 2014

Vigilantes Noticias 29 de Noviembre de 2014.











Solo el 10% de los vigilantes que controlan las cárceles ejercieron antes como escoltas 
















































Calendario y bases de las convocatorias de las pruebas de selección para Guardas Rurales y sus especialidades.


El Tribunal Supremo confirma la legalidad de la apertura de un paquete postal por un vigilante tras pasarlo por el escaner y detectar droga en su interior.

PRINCIPIO DE LA NO INDEFENSION: VULNERACION INEXISTENTE: comparecencia a juicio de perito de laboratorio oficial. distinto al propuesto por el Ministerio Fiscal para ratificación de análisis de estupefacientes DERECHO FUNDAMENTAL AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY: VULNERACION INEXISTENTE: diligencias incoadas por hallazgo de droga en un paquete postal: hecho independiente a los investigados en distinto juzgado al que finalmente se remitieron las actuaciones por aparecer implicado en el mismo, junto con otras personas, el destinatario del paquete.

Asaltan de madrugada la oficina central de Correos de Gijón

Los delincuentes forzaron la entrada principal, revolvieron despachos y se llevaron una caja de caudales, que apareció más tarde
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han solicitado la colaboración ciudadana para aclarar una tentativa de robo de unas cajas fuertes que ha tenido lugar la madrugada de este miércoles en la Oficina Central de Correos de Gijón.
Varios individuos asaltaron la pasada madrugada la sede, ubicada en la confluencia entre las calles de Fernández Vallín y Los Moros. Los delincuentes forzaron la puerta principal del inmueble y, una vez dentro, destrozaron puertas y revolvieron los despachos.
Fue un vigilante de seguridad de la citada oficina quien se percató al entrar a trabajar, sobre las 5.20 horas, de que la cerradura de la puerta principal estaba forzada, por lo que dio aviso a la Policía y a la central de alarmas.
La alerta a la Policía de la Comisaría gijonesa se dio desde la sede de Madrid de Correos, aunque las alamas del edificio no sonaron.
Una vez que llegaron los agentes, estos constataron que una de las cajas fuertes había sido robada, mientras que otra permanecía allí pero había sido desplazada de su ubicación y estaba preparada para ser trasladada.
Los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a los responsables. Fue un vecino de la calle de Alesón quien llamó a la Policía para advertir de que había una caja fuerte de gran tamaño que le impedía sacar el coche del garaje. La caja, que se hallaba en perfecto estado, fue devuelta a la Oficina de Correos.
La Policía cree que los autores no se han apoderado de ninguna cantidad de dinero ni de ningún objeto de valor y pide que se avise al 091 si alguien pudiera aportar algún dato sobre personas o vehículos sospechosos en la zona que pudieran ayudar al esclarecimiento de este intento de robo.

Robo frustrado en la sede central de Correos en Gijón

Los delincuentes forzaron la entrada, cargaron con una caja fuerte y la abandonaron en la calle Alesón
Investigan si los ladrones utilizaron inhibidores de frecuencia para evitar que la alarma se activase y si pertenecen a una banda organizada
No se sabe aún qué pudo pasar para que los ladrones abandonasen en la calle Alesón -junto a los antiguos juzgados de Prendes Pando- la caja fuerte que habían robado de la sede central de Correos y que habían transportado hasta allí con la ayuda de un carrito de cartero. Intentaron ocultar su botín cubriéndolo con cartones y dentro había unos 20.000 euros. La escena era la de tres o cuatro individuos sobre las 4 de la mañana tirando de la caja fuerte, cruzando la plaza del Seis de Agosto y la de Puerta la Villa, pasando por delante de una farmacia, una parada de taxis e, incluso, el centro de salud. Sin embargo, no levantaron sospechas, por lo menos en un primer momento, hasta que se supo que el edificio de Correos de la calle de Fernández Vallín había sido asaltado. Un golpe de película que se saldó, no obstante, sin lucro alguno.
El Cuerpo Nacional de Policía investiga el robo y pide colaboración ciudadana para esclarecer los hechos, que tuvieron lugar la madrugada de ayer, entre las 3 y las 5 horas. Los delincuentes forzaron la puerta de entrada después de dejar inhabilitadas las alarmas. Lo más probable es que empleasen inhibidores de frecuencia. Una vez en el interior, se dirigieron a la zona de oficinas. Rompieron puertas, fracturaron armarios y provocaron numerosos desperfectos en un intento de localizar las cajas fuertes. Consiguieron arrancarlas de la estructura con palancas y herramientas, pero sólo se llevaron una de ellas, con la ayuda de un carrito metálico que sacaron a la calle.
Nadie escuchó nada en pleno centro de Gijón. Consiguieron pasar desapercibidos y llevar el botín durante unos 800 metros. Los investigadores tratan ahora de determinar si la banda organizada tenía aparcado el coche en el que se desplazaban en la calle Alesón y desistieron de su intención al ser incapaces de levantar la caja hasta el maletero.
No fue hasta las 5.30 horas cuando el vigilante de seguridad que se incorporaba a su puesto de trabajo, el primer empleado en llegar al edificio junto a un cartero, se percató de que había sido forzada la puerta de la calle, la que hace esquina entre las calles de Los Moros y Fernández Vallín. Avisó a la central de alarmas de Madrid y de allí, a su vez, a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.
Prácticamente a la misma hora, un usuario de un garaje de la calle Alesón telefoneaba a la Policía para alertar de que una caja le obstaculizaba la salida. No vio nada, ya que la entrada al garaje se realiza desde el propio edificio. Cuando los agentes se personaron en el lugar comprobaron que se trataba de la caja fuerte que había sido sustraída poco antes de Correos.
La Policía Científica inspeccionó minuciosamente el edificio en busca de pruebas y vestigios que ayuden a esclarecer los hechos. Además, desde la Comisaría de Gijón han pedido la colaboración ciudadana por si alguien hubiese visto algo sospechoso durante la madrugada de ayer o los días previos. Las investigaciones corren a cargo de la Policía Judicial, cuyos agentes trabajaron ayer durante todo el día para tratar de identificar cuanto antes a los delincuentes. Además de las pruebas en la escena del robo, se revisan los circuitos de grabación tanto municipales como de las entidades privadas en las que pudiese haber quedado registrada alguna pista que ayude a esclarecer los hechos.
Butrón en un oficina de Lugo
El asalto en la oficina central de Correos tiene lugar tres meses después de un hecho similar ocurrido en la vecina provincia de Burgos. En aquella ocasión, también cuatro individuos se apoderaron de una caja fuerte de la oficina de la entidad en Bóveda. Accedieron realizando un butrón en la parte trasera y cargaron el bulto en una furgoneta. Consiguieron unos 15.000 euros. En Gijón, según explicaron ayer fuentes policiales, no parecen haberse llevado dinero alguno ni otros elementos. El botín quedó por el camino.

elcomercio.es

Metro Bilbao denunciará al joven que agredió a un vigilante en Santurtzi

Los sindicatos han advertido de que familiares del atacante han acudido a la estación en varias ocasiones en actitud amenazante tras el incidente
La dirección de Metro Bilbao ha decidido denunciar por la vía penal al joven de 26 años que el pasado sábado agredió presuntamente a un vigilante en la estación de Santurtzi, después de que el trabajador le llamara la atención por estar bebiendo cerveza. Los hechos han generado una profunda conmoción en la plantilla. El comité de empresa ha convocado para mañana (10.00 horas, boca de salida de Las Viñas) una manifestación de repulsa. Los sindicatos han advertido de que familiares del atacante han acudido a la estación en varias ocasiones en actitud amenazante tras el incidente. Por su parte, fuentes cercanas a los vigilantes del suburbano han pedido más recursos humanos para poder hacer frente «con garantías y seguridad» a este tipo de situaciones.

26 de noviembre de 2014

Tenerife: Susto en La Paz por la colisión de un furgón blindado con un turismo

La colsión de un furgón blindado con un turismo de color blanco que tuvo lugar minutos después de las cuatro y media de la tarde se saldó con algunas retenciones en las siempre saturadas de tráfico Ramblas de Santa Cruz de Tenerife y, felizmente, sin que haya que lamentar daño personal alguno.
Al parecer el siniestro se produjo por alcance cuando, por causas que se desconocen, el furgón chocó con la parte trasera del turismo en el cruce con la Avenida Islas Canarias, junto a la réplica de la histórica Plaza de la Paz.
Al verse involucrado un vehículo de seguridad privada destinado al transporte de dinero, el protocolo a tal efecto funcionó a la perfección y en apenas unos minutos la presencia policial fue notoria en la zona, ya sea efectivos de la Local ya de la Nacional.
Sirva como anécdota apuntar que el considerable número de policías junto al furgón accidentado desató el incierto rumor de un supuesto atraco que no era tal sino, simplemente, un percance automovilístico que no pasó del susto.

Más de 4.000 empleados integran la seguridad privada en la provincia coruñesa

Un total de 4.079 empleados de seguridad privada presta sus servicios en la provincia de A Coruña a través de 58 empresas autorizadas, según datos de la Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada presidida esta mañana por el subdelegado del Gobierno, Jorge Atán.
Los establecimientos de la provincia que deben disponer de medidas de seguridad actualmente ascienden a 2.367, repartidos entre oficinas bancarias, joyerías, estaciones de servicio, farmacias, administraciones de lotería y otros incluidos en la legislación vigente.
Así se ha puesto hoy de manifiesto en la reunión de esta comisión, que aúna a representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de Policías Locales, con los representantes de asociaciones y colegios profesionales de la provincia, empresas de seguridad privada, los sindicatos USO,UGT, CCOO, CIG y la Asociación Gallega de Guardas de Campo.
En la reunión analizaron la situación en la provincia de A Coruña y propusieron modificaciones normativas introducidas por la nueva Ley 5/2014 de Seguridad Privada, aprobada el pasado mes de abril.
La norma responde a demandas del sector en aspectos claves como la lucha contra el intrusismo profesional y que está actualmente pendiente de desarrollo reglamentario, informa la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Detenido cuando pretendía robar en una tienda del centro comercial Las Arenas


El suceso ocurrió en torno a las 19.30 horas en la primera planta del edificio
Un varón de entre 30 y 40 años fue detenido, primero por los agentes de seguridad, y después por la Policía Nacional, en el centro comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria, al intentar sustraer un ordenador portátil de un establecimiento. Primero cortó el cable de seguridad y luego lo escondió en los pantalones. Al intentar detenerlo el personal de seguridad del establecimiento el individuo tiró el objeto y emprendió la huida por los pasillos de la planta alta del centro.

El suceso ocurrió en torno a las 19.30 horas y debido a la brutalidad con que respondió el detenido, dos vigilantes de seguridad se sumaron a sus compañeros. Aún así les resultó muy dificil reducirlo debido al estado en que se encontraba. Una vez inmovilizado, los vigilantes esperaron a la llegada de la Policía, que realizó las pertinentes gestiones.

Patronales y sindicatos dejan de controlar la formación de trabajadores

El Gobierno ha forzado a los agentes sociales a introducir buena parte de los cambios que contendrá el nuevo modelo ya en la convocatoria de subvenciones estatales para cursos de formación de trabajadores de este año. Los agentes sociales dejan de estar presentes en el órgano que supervisa los concursos de de adjudicación de los fondos, que pasan a estar formados sólo por funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal, antiguo INEM. Como ya adelantó Teinteresa.es el pasado 2 de agosto, el Gobierno ha avanzado en la reforma de la formación profesional para el empleo, con la aprobación de la convocatoria de subvenciones para 2014, en la que por primera vez las organizaciones empresariales y sindicales no formarán parte del órgano que adjudica las ayudas a las que ellas mismas optan. Éste y otros cambios han sido ya publicados en el Boletín Oficial del Estado del 27 de agosto. La convocatoria supone un importante avance "de facto" hacia el nuevo modelo de formación profesional prometido por el Gobierno, -más transparente, más eficiente y abierto a la libre concurrencia- y que desde hace meses se está negociando con los agentes sociales, asegura Efe.

Cambios en la convocatoria de 2014 Sobre la base del compromiso alcanzado en La Moncloa el pasado 29 de julio entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos para que el nuevo modelo esté operativo desde enero de 2015, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aprobado "la última convocatoria de un escenario de transición", según reza en su preámbulo. El texto supone un avance hacia la libre competencia, ya que se abre en torno a la mitad del presupuesto total, que asciende a cerca de 139 millones de euros, a líneas de formación a las que podrá optar cualquier centro de formación acreditado en las mismas condiciones que las organizaciones empresariales y sindicales. Asimismo, incluye otras novedades significativas como la limitación del pago anticipado al 50% del importe de la subvención -cuando hasta ahora se adelantaba el 100%-, la restricción de la subcontratación también al 50% y la eliminación de la posibilidad de financiar planes cuya ejecución hubiera comenzado con anterioridad a la concesión de las ayudas.

Primeros pasos en la reforma laboral de 2012 Con la reforma laboral de 2012 comenzó la transición hacia el cambio de modelo, ya que se modificó la orden ministerial que regula la concesión de estas subvenciones públicas que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, y se estableció que la composición del órgano colegiado que evalúa las solicitudes se determinaría en cada convocatoria. No obstante, en las convocatorias de 2012 y 2013 se siguió nombrando a representantes de patronales y sindicatos, y es ahora cuando por primera vez no estarán presentes en el órgano colegiado -que estará formado por cinco funcionarios del SEPE-, con lo que dejarán de ser "juez y parte" en el proceso.

El aumento de la libre competencia supondrá que las subvenciones ya no se repartirán mayoritariamente entre las patronales y los sindicatos más representativos a nivel estatal, algunos de los cuales están siendo investigados por presunto fraude en el uso de fondos concedidos en los ejercicios 2009, 2010 y 2011. Hoy se ha conocido que el Tribunal de Cuentas ha detectado 54 millones de euros sin justificar destinados a cursos de formación de trabajadores en el ejercicio de 2010. La reforma laboral de 2012 ya recogía la posibilidad de que los centros y entidades de formación debidamente acreditados participaran directamente en el sistema de formación profesional para el empleo, lo que llevó a que en las convocatorias de 2012 y 2013 hasta un tercio de algunas líneas de formación se abrieran a la libre concurrencia.

Mas control a la gestión de los cursos Para evitar el inicio de procesos de reintegro en caso de infracciones se elimina el anticipo del 100%, de forma que los beneficiarios cobrarán por adelantado sólo la mitad, el 25 % cuando se certifique la ejecución del curso y el otro 25 % cuando finalice y se hagan las comprobaciones pertinentes. A fin de limitar la subcontratación se fija un tope del 50%, aunque con la posibilidad de hacer excepciones si se acredita su necesidad, salvo en el caso de centros y entidades de formación que no pueden subcontratar en ningún caso.

Como complemento para la lucha contra el fraude la convocatoria recoge que está prevista la creación dentro de la Inspección de Trabajo de una unidad especializada en el seguimiento y control de los cursos de formación, así como un régimen sancionador que impida volver a trabajar con la administración pública en el ámbito de la formación cuando se incumpla la legalidad. Además, los requerimientos de solvencia técnica y financiera que se exigían a los centros de formación se extienden a todos los solicitantes, se pide documentación adicional para la comprobación de los requisitos, se elimina la posibilidad de justificar mediante informe auditor y se incrementa el porcentaje de seguimiento y control que realizan los propios beneficiarios del 5% al 10 %.

Muerde a un guarda del metro y casi le secciona un dedo

HECHOS DEL PASADO SÁBADO
La víctima fue trasladada a Cruces tras llamar la atención a un pasajero que iba bebiendo cerveza dentro del vagón
BILBAO - Un vigilante del metro de la línea 2 de Santurtzi llamó la atención a un pasajero que iba bebiendo una cerveza en el vagón en la noche del sábado y acabó con un dedo prácticamente arrancado. El suceso tuvo lugar a las 22.00 horas. “Una pareja y su hija iban en el vagón. El hombre iba bebiendo una cerveza y el vigilante les llamó la atención”, explicó un miembro de la empresa. Insultos, amenazas,... la respuesta del pasajero alertó al trabajador, que decidió informar por tetra de lo ocurrido. Un supervisor se unió para ayudar a su compañero. “La chica intentó pegar al vigilante con un patinete que llevaba de madera”. A partir de ahí, y según la misma fuente, el vigilante se defendió y el hombre también se metió en medio hasta morderle la mano y cortarle uno de los dedos, a pesar de que llevaba guantes anti corte. “El supervisor también recibió un mordisco en la muñeca”, informó. La víctima tuvo que precisar asistencia médica y fue trasladado a Cruces.
La historia no acaba aquí. “Ayer -por el domingo- los familiares bajaron a la estación de Santurtzi buscando al supervisor que estuvo en la incidencia del día anterior. Como no estaba él, estaba otra chica suplementaria, le amenazaron”, explicó. Una visita que, al parecer, se repitió nuevamente ayer, esta vez preguntando por el vigilante. “Hemos hablado con nuestra empresa y con metro para que tomen medidas de seguridad”.
El pasajero fue detenido la misma noche del sábado por los agentes de la Ertzaintza desplazados hasta el lugar. Asimismo y tras prestar declaración, el detenido de 26 años, fue puesto en libertad. - E. F. D.

El negocio de los Vigilantes de Seguridad

El próximo día 25, la Mesa de Negociación de Administración y Servicios, si llega a reunirse, certificará que el Servicio de Vigilancia de Seguridad Pública es un negocio. Hacía tiempo que no se veía tanto disparate junto, y quien firme lo que la administración está poniendo sobre la mesa, será corresponsable del destrozo que eso supondrá para un servicio que está abriendo contínuamente la puerta a la empresa privada.

La propia administración ya admite sin tapujos que es más barato (entre un 30 y un 40%) prestar un servicio de Vigilancia de Seguridad desde las bolsas de trabajo públicas que adjudicándoselas a una empresa privada, y ya hemos denunciando aquí por qué se opta por esta opción, al margen de favorecer el clientelismo y el enchufismo, pero lo que la administración quiere imponer, va mucho más allá de lo razonable.

Si se confirma que este año, las horas extraordinarias realizadas por este cuerpo rondará las 50.000 hora, y visto la nueva normativa, surgen demasiadas preguntas:

¿Por qué no se contratan a 30 personas con el alto paro que hay en la Región?, ¿Por qué si a partir de ahora serán agentes de la autoridad, no pasa como con los agentes forestales cuando pasaron a agentes medio ambientales y ascienden todos al grupo C1?, ¿Por qué cometen los trabajadores el error de querer seguir cobrando noches y guardas extras cuando estas no cotizarán para su jubilación?, ¿Por qué si a partir de ahora llevarán grilletes y porras, no se le recompensa en el complemente específico, y así no tendrían que estar echando horas y horas para llevarse un salario digno?, ¿Por qué a partir de ahora tienen nuevas responsabilidades sin el menor aumento retributivo?, ¿Por qué se sigue privatizando edificios de la administración regional a precios desorbitados y todos callan?, ¿Por qué se compra ahora la ropa o equipamiento troceado, saliendo muchísimo más caro que antes?, ¿Quién se está beneficiando de todo esto?, ¿Por qué nadie se queja de estar pagando millonadas por un servicio que sería más económico, más barato, y generaría empleo de calidad y no precario ni temporal?.

Es humano y hasta comprensible estar dispuesto a trabajar más y más horas extraordinarias si con eso consigo un salario mayor, pero se equivocan si piensan que eso es el futuro. Si a uno le exigen más responsabilidad, y más trabajo (cuidado con los grilletes, que lo único que puede pasar es que alguno termine denunciado en un juzgado), ¿por qué entonces optar por echar horas extras y no por exigir un salario acorde con la nueva responsabilidad?

Detrás de estas privatizaciones todos sabemos que se esconde, pero como esto no es sanidad, educación o dependencia, ocurre como con la limpieza de institutos, que a casi nadie importa, y eso es un tremendo error. Algunos están haciendo un gran negocio con los Vigilantes de Seguridad, y por ahí no deberíamos pasar, pero me temo que una vez más, terminará casi todo privatizado, y quedará un grupo marginal para los grandes edificios, y seguirán echando horas y noches para no pasar apuros a final de mes, pero cuando llegue su jubilación, o cuando se pongan enfermos, no habrá horas extraordinarias que cobrar, y la pensión, será entonces la que nos haga ver que un día nos equivocamos. Menos mal que alguien quiere ir a la Fiscalía, pero es lamentable que esto termine judicializándose, con lo fácil y lógico que sería sentarse a negociar el fondo y las formas. El Consejero tiene una oportunidad única de pegar un puñetazo encima de la Mesa y cumplir con su palabra, y seguramente es su última oportunidad para salvar el diálogo social.

PD: Este martes 25, se verán las caras la administración con las organizaciones sindicales, las que asistan, y que siguen pidiendo la dimisión tanto del Consejero de Economía y Hacienda como del Director General de la Función Pública, y mucha gente no entenderá como se puede uno sentar a negociar con quien pides reiteradamente su dimisión con argumentos sólidos e incluso con 'descalificaciones' . Pero esto estoy seguro que la coherencia y la responsabilidad saldrá ganadora en este pulso.

La LFP reúne a los directores de seguridad de los clubes profesionales.

La sede de La Liga acogió un encuentro en el marco del Seminario Nacional de Seguridad e Integridad que se inaugura oficialmente mañana en el Complejo Policial de Canillas.
Los directores de seguridad de la Liga BBVA y de la Liga Adelante se reunieron en la tarde de hoy en la sede de la Liga de Fútbol Profesional, en el marco del Seminario Nacional de Seguridad e Integridad que se inaugura oficialmente mañana en el Complejo Policial de Canillas.

El director de Integridad de la LFP, Manuel Quintanar, moderó este encuentro que sirvió para compartir experiencias y preocupaciones comunes. "Los directores de seguridad juegan un papel muy destacado en la labor de cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también en la coordinación de la seguridad privada que vela por el cumplimiento de las medidas de seguridad en los estadios, condiciones de acceso, permanencia, comunicación, localización e identificación de infractores", apuntó Quintanar.

En esta reunión sectorial se fijaron una serie de objetivos previos al Seminario, además de exponer los asuntos en los que son necesarios el trabajo y la coordinación con la Asociación de Federaciones Españolas de Peñas de Fútbol (AFEPE) y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

La Liga, como organizadora de las competiciones BBVA y Adelante, tiene la obligación y la responsabilidad, en materia de seguridad y prevención, de luchar contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol profesional.

Los contratos públicos de la empresa de seguridad que presidió Morenés crecen un 79% (Segur Ibérica)

  • El ministro de Defensa presidió en 2011 Grupo Segur: en los tres años siguientes sus empresas se llevaron 34 contratos, frente a 19 en el trienio anterior. 
  • Segur Ibérica, del Grupo Segur, con litigios en los tribunales, se ha llevado recientemente parte del contrato para la vigilancia exterior de las prisiones. 
  • Desde que Morenés es ministro su exempresa ha ganado contratos para vigilar sedes de Hacienda, Seguridad Social, Defensa, RTVE o museos como el Prado. 
  • Securitas, de capital sueco, se lleva el 54% de los contratos; y Seguriber, la empresa del Madrid Arena, ha firmado 1.452 contratos.
La empresa de seguridad Segur Control, del Grupo Segur, es la quinta compañía del sector que más veces ha sido contratada por el Estado, según reza una reciente respuesta parlamentaria que analiza las 50 empresas de seguridad que más adjudicaciones han recibido de la Administración central. En concreto, Segur Control ha ganado 5.091 adjudicaciones. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, presidió el Grupo Segur, la matriz de Segur Control, desde el 20 de octubre de 2011 hasta que fue nombrado ministro un par de meses después. "Creo que he sido el presidente más breve de esa empresa", explicó Morenés en el Congreso para defender su nombramiento como ministro independiente de las influencias de los lobbies empresariales. Otro ex alto cargo del PP, la exministra Anna Birulés, fue consejera de la sociedad. 

En los tres años siguientes a que Morenés dejará la empresa y asumiera el cargo de ministro (2012, 2013 y lo que llevamos de 2014), las empresas del grupo han ganado 34 contratos públicos por valor de 24,4 millones, un 79% más de adjudicaciones si comparamos este trienio con los tres años anteriores a que Morenés llegara a la presidencia de este grupo: 19 contratos en 2009, 2010 y 2011 por valor de 17,6 millones de euros. El volumen de dinero, por tanto, ha aumentado un 38,6% entre los dos periodos. Son datos analizados en el perfil Contratación del Estado. Entre esos 34 contratos hay tres adjudicados por el ministerio de Defensa, todos para la vigilancia de la fábrica de armas de Oviedo. En los 19 contratos del periodo 2009-2011, cuatro fueron adjudicados por Defensa. 

El Grupo Segur está especializado en prestar vigilancia de edificios. La Administración estatal le ha contratado en estos últimos tres años para vigilar sedes de Hacienda, de la Seguridad Social, de Defensa, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Energía, sedes de RTVE, bibliotecas y museos como el Prado o el Reina Sofía. Desde el 1 de octubre es una de las diez empresas encargadas de la vigilancia exterior de las prisiones. Sus vigilantes están en las cárceles encuadradas en lote 4: Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra. Se lleva 7,3 millones de euros por un año de servicio junto a la empresa Coviar. 

Muchos de los contratos de seguridad se tramitan por la fórmula de "procedimiento negociado sin publicidad". En estos procedimientos no se realiza concurso abierto, sino que es el licitador (en este caso, el Gobierno) quien invita a una serie de empresas a presentarse y quien elige la compañía que presente la oferta más ventajosa. Para la vigilancia de prisiones, se dividió el territorio español en cuatro lotes y se adjudicó uno de ellos a Segur Ibérica. Años antes, en 2009, la empresa también se llevó el contrato para defender a los atuneros españoles que faenan en el Índico de los ataques de los piratas

Sospechas en la 'operación Púnica' 

En total, el Estado ha licitado 238.521 contratos con 50 empresas de seguridad, aunque la respuesta no especifica el volumen de contratación. La respuesta solo facilita los contratos adjudicados por el Estado, no por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. A pesar de su importante volumen de contratación, las empresas del Grupo Segur han tenido y tienen importantes problemas con la justicia. 

Cinco exdirectivos de Segur Ibérica están imputados en el juzgado número 19 de Barcelona por los delitos de estafa y falsedad documental. En 2009 y 2010 Segur Ibérica obtuvo un importante contrato con Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias. La Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha contra la Corrupción (Aspacom) denunció a Segur Ibérica por contratar a vigilantes que no tenían la titulación adecuada y por facturar horas de vigilancia que no se había realizado. El fraude en esos dos años alcanzó los 451.000 euros. Otro juzgado, el 21 de Barcelona, también investiga a Segur Ibérica por falsificar cuadrantes de servicio para colocar a vigilantes ficticios y facturar horas no trabajadas en la Biblioteca de Cataluña, ente de la Generalitat catalana que también le adjudicó otro contrato. Un directivo de Segur Ibérica ya ha declarado que disfrazaron a jardineros como vigilantes de seguridad. 

En el marco de la Operación Púnica, la Fiscalía Anticorrupción está revisando las adjudicaciones que hizo el exconsejero Francisco Granados a Segur Ibérica, que tuvo entre sus empleados a un familiar de Esperanza Aguirre, su prima Marta Gil de Biedma. En marzo de 2008, Granados, imputado en el caso, adjudicó los contratos de vigilancia y seguridad de las sedes de Presidencia y Vicepresidencia, y las consejerías de Presidencia e Interior a esta empresa porm 2,6 millones de euros 

La compañía con más contratos, en manos suecas 
Securitas Direct España es la firma con más contratos, concretamente 130.282, el 54% del total. Los empresarios suecos Gustaf Douglas y Melker Slöring controlan el 42% de las acciones de Securitas AB, la matriz de Securitas. Securitas Seguridad España, otra firma del Grupo Securitas, ocupa el puesto 15 en la lista con 2.165 contratos públicos. El segundo lugar en el ranking lo ocupa la empresa Prosegur España, con 22.725 adjudicaciones. Prosegur, está presidida por la empresaria argentina Helena Revoredo Delvecchio, viuda del fundador de la compañía y que tiene más del 50% de las acciones. En febrero de este año, Bill Gates compró el 3% de Prosegur. Revoredo acaba de ser nombrada consejera independiente de la eléctrica Endesa. 

Prosegur también ha tenido relaciones contractuales con exdirigentes del PP. El exministro de Fomento Rafael Arias Salgado, que ocupó la cartera de Trabajo en la legislatura 1996-2000, había presidido años antes Prosegur. José María Mayor Oreja, hermano del exministro del PP Jaime Mayor Oreja, fue apoderado de Protección y Custodia S.A. que, tras la absorción por Protecsa, se convirtió en Prosegur. La compañía, la primera del sector en España, y a pesar de los miles de contratos públicos que recibe, iba a aplicar este año un ERE que iba a afectar a 1.000 trabajadores, que finalmente no se produjo. Prosegur facturó el año pasado 3.695 millones de euros y cuenta en España con unos 27.000 empleados. 

Otra empresa del sector es Seguriber, presidida por Mónica de Oriol, famosa por ser la compañía que tenía adjudicada la seguridad del pabellón Madrid Arena en la noche de Halloween de 2012, cuando se produjo una avalancha en la que murieron cinco chicas. Seguriber ha sido contratada 1.452 veces por la Administración General del Estado, ocupando el puesto 18 en la lista. De Oriol es además presidenta del Círculo de Empresarios y una mujer polémica tras sus últimas declaraciones, en las que abogaba por sueldo inferiores al mínimo para trabajadores sin formación, y prefería contratar mujeres con más de 45 o menos de 25 para evitar embarazos. Seguriber fue una de las seis empresas invitadas por Interior para participar en el proyecto piloto de seguridad privada en el exterior de las cárceles, por el que cobró 879.000 euros. Pero pasado ese año, Seguriber se ha quedado fuera del contrato definitivo, que entró en vigor el 1 de octubre. Interior si ha renovado en los últimos años los contratos a Seguriber para dar protección a personas amenazadas por ETA en el País Vasco y Navarra. Entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de enero de 2014, Interior ha pagado a esta empresa 63 millones de euros por este servicio. 

Una empresa canaria con muchos litigios 
En el listado de empresas más contratadas se ha colado Seguridad Integral Canaria, con 762 adjudicaciones. La compañía es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, un conocido empresario canario (presidente del equipo la U.D. Las Palmas) que fue condenado en 2011 a tres años de cárcel por construirse ilegalmente un chalé en una zona protegida de la isla de Gran Canaria. Ese mismo año había donado legalmente al PP unos 50.000 euros. Fue indultado en octubre de 2013. En febrero de 2014, la Fiscalía se querelló contra él por defraudar 2,3millones de euros a la Seguridad Social tras camuflar con dietas el pago de horas extraordinarias. 

A pesar de esta imputación, ha seguido ganando contratos del Estado, uno de ellos de Patrimonio Nacional por valor de 11 millones de euros. También la seguridad de los tres ministerios que tienen su sede en el complejo de Nuevos Ministerios de Madrid: 2,8 millones al año. En septiembre de este año se formalizó el contrato para que la empresa canaria prestara vigilancia a varios edificios militares del ministerio de Defensa por unos 16 millones de euros al año. La seguridad de parte de la red de Metro de Madrid también está en manos de esta empresa. En Metro de Madrid intentó hacer un ERE, pero finalmente no prosperó. 

"Seguridad Integral Canaria es la empresa canaria que seguramente más litigios laborales tiene actualmente en los tribunales", señalan fuentes de Intersindical Canaria. La compañía se descolgó del convenio del sector, "lo que supone que paga unos 300 euros mensuales menos a cada trabajador". El tema está en el Supremo. También el convenio que Miguel Ángel Ramírez quiso aplicar en su empresa, rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que el empresario ha llevado también al Alto Tribunal. "La empresa se lleva el 80% de las contratas públicas relativas en seguridad que hay en las islas. Sus vigilantes están en el Palacio del TSJ de Canarias, curiosamente el órgano que rechazo su abusivo convenio", explican desde el sindicato canario. 

Relaciones con el PP 
Eulen es otra de las empresas beneficiadas. De los 82.000 empleados que suma la multinacional, casi 7.000 se dedican a la seguridad privada. El empresario leonés David Álvarez y sus siete hijos se reparten la compañía y se disputan su control, y el de otras posesiones como las bodegas Vega Sicilia. En su plantilla está Micaela Nuñez Feijoo, hermana del presidente gallego del PP. El Ejecutivo gallego ha hecho varias adjudicaciones a Eulen, unos contratos que levantaron polvareda. En lo referente al Estado, 703 contratos. Solo en 2014, el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente le adjudicó la vigilancia de las presas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 650.076 euros. Y el ministerio del Interior le pagará 5,2 millones de euros por el mantenimiento de la frontera de Melilla. El ex ministro de Interior del PP Jaime Mayor Oreja también trabajó en Eulen. Tuvieron que ser tres instancias judiciales, un juzgado de Primera Instancia de Vitoria, la Audiencia Provincial de Álava y el Tribunal Supremo (ver sentencia) quienes demostraran en dar por probada la participación de Jaime Mayor Oreja en la compañía. 

 La patronal del sector, Aproser, que aglutina doce compañías que representan cerca del 70% del volumen de negocio en España, asegura que el sector cuenta con 88.250 vigilantes de seguridad en activo, de los más de 200.000 habilitados por el Ministerio del Interior. Todos trabajan en unas 1.500 empresas. Los últimos datos (de 2012) revelan que las empresas facturaron 2.994 millones de euros. Aproser asegura que solo el 22% de sus contratos proceden del sector público. Según el último convenio laboral, firmado en octubre de este año, un vigilante de seguridad cobra 1.091 euros. Si es de transporte, sube a 1.400 euros. Y un escolta, 1.210 euros mensuales, sin contar antigüedad y nocturnidad.

Juicio por una patada que costó un testículo a un guarda jurado

EL AGRESOR, EMPLEADO DEL HOSPITAL ROYO VILLANOVA, AFRONTA TRES AÑOS DE PRISIÓN
El herido reclama 165.000 euros por la lesión y el estrés postraumático
El hospital Royo Villanova de Zaragoza fue escenario en noviembre del 2011 de una pelea entre dos de sus trabajadores, un guardia de seguridad y un empleado de mantenimiento, que aparentemente terminó sin más incidencias que unas contusiones y unos mordiscos para cada uno, el despido del primero y una falta disciplinaria para el segundo. Sin embargo, la patada en el escroto que recibió el vigilante evolucionó mal y acabó por provocar que le extirpasen un testículo. Y ahora el agresor, Rafael L. L., se enfrenta a una pena de tres años de prisión y una indemnización de 165.000 euros, que podría pagar el Salud como responsable civil subsidiario.

El empleado, principalmente fontanero, aseguró ayer ante los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza que él no empezó la pelea. Según su versión, el guardia de seguridad le martirizaba a diario diciéndole "hippy, córtate el pelo" y recitando "el perro de San Roque no tiene rabo", ante su problema de dicción, que le impide pronunciar las erres.

En este clima, una tarde de domingo, mientras trabajaba, apareció el vigilante y le encargó "de malas maneras" unas tareas. Le dijo que esperase, y al rato le llamó su supervisor, para pedirle que hablase con el guarda e hiciesen las paces. Pero la conversación acabó llegando a las manos, ya fuera del centro médico. "Él pesaba el doble que yo --aseguró el acusado--, y echó mano a la defensa, nos agredimos. Me hizo el abrazo del oso, y para zafarme, le di una patada", explicó.

La versión de la víctima fue bien distinta. Según él, no tenían ningún trato con su agresor, más allá del profesional, y aquella tarde fue el acusado el que le respondió de malas formas cuando le pidió que arreglase unas luces y una cisterna. También le atribuyó el haber comenzado la agresión. "Me llamó 'cerdo, gordo', me dio una patada y ya me quedé bloqueado y me llovieron golpes", afirmó.

Los forenses y dos psiquiatras acreditaron que, por la pérdida del testículo, al parecer agravada por su despido, sufre estrés postraumático que apenas le permite salir de los alrededores de su casa. La Fiscalía y las acusaciones --de la víctima y de la mutua que pagó sus gastos médicos-- piden un mínimo de tres años de prisión. Y él, 165.000 euros. El Salud, responsable civil subsidiario, negó cualquier responsabilidad derivada de la agresión.

Apuñalan a un vigilante jurado durante un robo a una empresa de muebles

La Guardia Civil busca a los autores de un robo frustrado a una empresa de muebles en Illescas. Estos vieron frustrado su asalto al ser sorprendidos por dos vigilantes de seguridad, de los que uno resultó apuñalado durante la refriega.
Según informan fuentes del Instituto Armado, el suceso tuvo lugar en la noche del pasado lunes día 24, cuando varias personas entraron en una nave de mobiliario situada en el kilómetro 35 de la carretera nacional N-401, cerca de un paso a nivel. Su intención era la de sustraer objetos de valor en el inmueble, pero fueron encontrados por dos guardas que lo vigilaban.
Lo normal es que los ladrones se hubieran limitado a huir  del lugar, pero antes iniciaron una reyerta con los vigilantes. En el transcurso de la misma,  uno de los guardas recibió una herida de arma blanca en el abdomen.

Pronóstico leve.
El servicio regional de emergencias 1-1-2 recibió un aviso del incidente sobre las once y media de la noche, despachándose al lugar a medios sanitarios y agentes de la Benemérita. Una UVI prestó los primeros auxilios al vigilante, que luego fue trasladado al Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Su pronóstico es leve.
Los implicados en estos hechos consiguieron escapar. Por el momento, no se ha producido el arresto de alguno de ellos.

UNI denuncia abusos de los derechos humanos por la empresa Prosegur ante los organizadores de los Juegos Olímpicos.

Representantes de UNI se reunieron con el Presidente del Comité Organizador para los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro (Río 2016), el señor Carlos Nuzman, para discutir los abusos de los derechos humanos de la empresa de seguridad privada Prosegur en la región.
Río 2016 está al punto de licitar para los contratos de seguridad privada en los Juegos Olímpicos en 2016. UNI sustenta que el movimiento olímpico debe avaluar las empresas que licitan para los contractos olímpicos en materia de los derechos humanos.

Prosegur tiene varias denuncias por su actuación en Brasil, Paraguay, Perú y Colombia. Actualmente en Colombia y Perú los dirigentes sindicales han sufrido amenazas en contra de su integridad física, una situación por la cual Prosegur niega responsabilidad pero no condena públicamente.

El Secretario-General del Sindicato de Trabajadores de Prosegur Perú sufrió una agresión física en frente su casa, después que Prosegur permitió la distribución de fotos de su domicilio dentro de las instalaciones de la empresa. En Colombia, sin pruebas, gerentes de Prosegur vincularon dirigentes sindicales con el “terrorismo” y permitieron la distribución en instalaciones de la empresa de panfletos anónimos con falsas acusaciones de fraude en contra los dirigentes sindicales. Posteriormente, los dirigentes sindicales sufrieron hechos de intimidación en contra su integridad física.

Río 2016 tiene un guía de subministro para empresas que liciten por contratos para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. UNI está pidiendo que Río 2016 aplique lo planteado en la guía y toma en cuenta los derechos humanos durante el proceso de licitaciones.

Prosegur es la compañía de seguridad privada más grande en Brasil con más de 50.000 empleados. Sin embargo, durante la reciente Copa de Mundo de FIFA, Prosegur no fue elegido responsable por ninguno de los 12 estadios sedes del evento.

Los representantes sindicales que se reunieron con el señor Carlos Nuzman fueron Jose Antonio Martins Fernandes del Sindicato de los Profesionales de Educación Física de São Paulo y miembro de la Confederación Brasileña de Atletismo, Marcos Afonso de Oliveira de la central sindical UGT, Claudio José de Oliveira, Adriano Linhares da Silva de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Vigilancia Brasil, y Benjamín Parton Director de UNI Américas.

Un celador del hospital de Cieza (Murcia) y un vigilante de seguridad detenidos por drogas.

La Guardia Civil de Cieza en colaboración con la Policía Local de esta misma localidad procedió en la noche del lunes a la detención de dos hombres, A. L. P y J. V. L., de 41 y 31 años y ambos vecinos de Moratalla, por un presunto delito de tráfico de drogas al serles incautados 2,5 kilos de hachís que transportaban en un vehículo, un Seat León de color blanco.
Los hechos se produjeron sobre las 20.30 horas, cuando, en un control rutinario que la Guardia Civil realizaba en las inmediaciones del Hospital de la Vega Lorenzo Guirao interceptó al citado vehículo y observó como el conductor mostraba cierto nerviosismo. Tras la inspección, los agentes pudieron comprobar que en el maletero del turismo se acumulaban hojas y plantas en dos grandes cajas que aparentaban ser hachís, por lo que la Benemérita solicitó ayuda a la Unidad Canina de la Policía Local de Cieza, cuyo perro policía certificó las sospechas.
Tras el hallazgo, la Guardia Civil procedió a la detención de los dos sospechosos y a su traslado al cuartel, donde pasaron la noche. Ya ayer mañana, los dos detenidos pasaron a disposición judicial en el juzgado de instrucción 2 de Cieza.
Se da la circunstancia de que mientras el primero de los detenidos es celador del Hospital de Cieza y el segundo trabaja como vigilante de seguridad en el 112.

Sancionan a un Vigilante de seguridad por llevar la placa debajo del jersey.


La FTSP-USO de Vitoria Denuncia a Bizala

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada FTSP-USO, ha presentado denuncia en Vitoria contra la empresa Bizala Seguridad, por incumplimiento del Convenio Colectivo Estatal respecto a la forma del pago de los salarios.

Adjuntamos la denuncia en Pdf.

Corrección articulo 77 y acta del acuerdo sobre los Grupos Profesionales.

Ayer 25 de noviembre tuvo lugar una reunión de la Mesa Negociadora del Convenio Nacional de las empresas de seguridad privada, en la que se acordó la subsanación de errores y la corrección y acuerdo sobre los ‘Grupos Profesionales’.
Podéis descargaros el acta y los acuerdos alcanzados. AQUÍ