EL AGRESOR, EMPLEADO DEL HOSPITAL ROYO VILLANOVA, AFRONTA TRES AÑOS DE PRISIÓN
El herido reclama 165.000 euros por la lesión y el estrés postraumático
El hospital Royo Villanova de Zaragoza fue escenario en noviembre del 2011 de una pelea entre dos de sus trabajadores, un guardia de seguridad y un empleado de mantenimiento, que aparentemente terminó sin más incidencias que unas contusiones y unos mordiscos para cada uno, el despido del primero y una falta disciplinaria para el segundo. Sin embargo, la patada en el escroto que recibió el vigilante evolucionó mal y acabó por provocar que le extirpasen un testículo. Y ahora el agresor, Rafael L. L., se enfrenta a una pena de tres años de prisión y una indemnización de 165.000 euros, que podría pagar el Salud como responsable civil subsidiario.
El empleado, principalmente fontanero, aseguró ayer ante los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza que él no empezó la pelea. Según su versión, el guardia de seguridad le martirizaba a diario diciéndole "hippy, córtate el pelo" y recitando "el perro de San Roque no tiene rabo", ante su problema de dicción, que le impide pronunciar las erres.
En este clima, una tarde de domingo, mientras trabajaba, apareció el vigilante y le encargó "de malas maneras" unas tareas. Le dijo que esperase, y al rato le llamó su supervisor, para pedirle que hablase con el guarda e hiciesen las paces. Pero la conversación acabó llegando a las manos, ya fuera del centro médico. "Él pesaba el doble que yo --aseguró el acusado--, y echó mano a la defensa, nos agredimos. Me hizo el abrazo del oso, y para zafarme, le di una patada", explicó.
La versión de la víctima fue bien distinta. Según él, no tenían ningún trato con su agresor, más allá del profesional, y aquella tarde fue el acusado el que le respondió de malas formas cuando le pidió que arreglase unas luces y una cisterna. También le atribuyó el haber comenzado la agresión. "Me llamó 'cerdo, gordo', me dio una patada y ya me quedé bloqueado y me llovieron golpes", afirmó.
Los forenses y dos psiquiatras acreditaron que, por la pérdida del testículo, al parecer agravada por su despido, sufre estrés postraumático que apenas le permite salir de los alrededores de su casa. La Fiscalía y las acusaciones --de la víctima y de la mutua que pagó sus gastos médicos-- piden un mínimo de tres años de prisión. Y él, 165.000 euros. El Salud, responsable civil subsidiario, negó cualquier responsabilidad derivada de la agresión.
