El pasado lunes la Ertzaintza retiró la escolta policial a los últimos cargos públicos de PP y PSE-EE que, tres años después del cese definitivo de los atentados de ETA, mantenían la condición de amenazados de la banda terrorista.
Se presuponía que era un día para la historia, ya que después de años de violencia nadie tendría guardaespaldas por motivos distintos a su cargo institucional, como en cualquier otro lugar de España o de Europa. Sin embargo, fuentes policiales han confirmado a EL MUNDO que el Ministerio del Interior ha enmendado la plana a la Policía vasca y ha contratado vigilantes privados a cargo del presupuesto estatal para acompañar a cuatro dirigentes políticos, dos populares y dos socialistas, que habían rechazado esta decisión.
Fue la pasada semana cuando el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco inició los contactos con los cargos públicos afectados, muy pocos después de que desde 2011 las reducciones de escoltas fuesen constantes. Según el plan de la consejera Estefanía Beltrán de Heredia, sólo el lehendakari y sus consejeros, la presidenta del Parlamento autonómico, las autoridades judiciales, los líderes de los partidos políticos y los testigos protegidos iban a mantener berrocis, que es como se conoce a los guardaespaldas de elite de la Ertzaintza ya que entrenan en la base de Berroci (Álava).
Como única excepción a esa regla, solamente los antiguos consejeros de Interior iban a mantener protección las 24 horas, varios de ellos del PNV. Los escoltas liberados, además, pasarían a reforzar los servicios institucionales que se mantienen, ya que en su día fue muy polémica en el País Vasco la decisión de Beltrán de Heredia de sustituir en algunos casos la tradicional pareja de guardaespaldas por un solo vigilante.
La comunicación, fundamentada en informes de riesgo elaborados por la Ertzaintza, no convenció a muchos de los afectados. Además, en el caso de dos de ellos este cambio generó inquietud porque, al ser miembros de la Mesa del Parlamento Vasco, iban a perder su transporte. La Mesa, en la actualidad, sólo dispone de un coche oficial que en teoría deberían compartir todos sus miembros excepto el vicepresidente (EH Bildu), que ha renunciado, y la presidenta (PNV), que mantiene la seguridad por su cargo.
Sin embargo, en pocos días el Ministerio del Interior ha decidido atender las quejas de cuatro de los afectados y ha contratado seguridad privada para ellos. Ese nuevo servicio de protección ya se está prestando, según han confirmado fuentes policiales a este periódico. Ya antes el Estado había hecho un movimiento similar con otros cargos públicos a los que la Ertzaintza les había retirado la escolta. Esos servicios se mantienen a día de hoy.
Esta medida, sin embargo, ha causado un profundo malestar en la Policía vasca. En primer lugar, entienden que el Ministerio del Interior ha desdeñado los informes técnicos sobre riesgos elaborados por los berrocis y que dejaban claro que sobre esos dirigentes socialistas y populares no pesaba ninguna amenaza. En segundo lugar, reseñan que es absurdo que ahora los ciudadanos tengan que gastar más dinero público en externalizar un servicio que hasta ahora se venía prestando con recursos propios de la Administración.
