- El ministro de Defensa presidió en 2011 Grupo Segur: en los tres años siguientes sus empresas se llevaron 34 contratos, frente a 19 en el trienio anterior.
- Segur Ibérica, del Grupo Segur, con litigios en los tribunales, se ha llevado recientemente parte del contrato para la vigilancia exterior de las prisiones.
- Desde que Morenés es ministro su exempresa ha ganado contratos para vigilar sedes de Hacienda, Seguridad Social, Defensa, RTVE o museos como el Prado.
- Securitas, de capital sueco, se lleva el 54% de los contratos; y Seguriber, la empresa del Madrid Arena, ha firmado 1.452 contratos.
La empresa de seguridad Segur Control, del Grupo Segur, es la quinta compañía del sector que más veces ha sido contratada por el Estado, según reza una reciente respuesta parlamentaria que analiza las 50 empresas de seguridad que más adjudicaciones han recibido de la Administración central. En concreto, Segur Control ha ganado 5.091 adjudicaciones. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, presidió el Grupo Segur, la matriz de Segur Control, desde el 20 de octubre de 2011 hasta que fue nombrado ministro un par de meses después. "Creo que he sido el presidente más breve de esa empresa", explicó Morenés en el Congreso para defender su nombramiento como ministro independiente de las influencias de los lobbies empresariales. Otro ex alto cargo del PP, la exministra Anna Birulés, fue consejera de la sociedad.
En los tres años siguientes a que Morenés dejará la empresa y asumiera el cargo de ministro (2012, 2013 y lo que llevamos de 2014), las empresas del grupo han ganado 34 contratos públicos por valor de 24,4 millones, un 79% más de adjudicaciones si comparamos este trienio con los tres años anteriores a que Morenés llegara a la presidencia de este grupo: 19 contratos en 2009, 2010 y 2011 por valor de 17,6 millones de euros. El volumen de dinero, por tanto, ha aumentado un 38,6% entre los dos periodos. Son datos analizados en el perfil Contratación del Estado. Entre esos 34 contratos hay tres adjudicados por el ministerio de Defensa, todos para la vigilancia de la fábrica de armas de Oviedo. En los 19 contratos del periodo 2009-2011, cuatro fueron adjudicados por Defensa.
El Grupo Segur está especializado en prestar vigilancia de edificios. La Administración estatal le ha contratado en estos últimos tres años para vigilar sedes de Hacienda, de la Seguridad Social, de Defensa, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Energía, sedes de RTVE, bibliotecas y museos como el Prado o el Reina Sofía. Desde el 1 de octubre es una de las diez empresas encargadas de la vigilancia exterior de las prisiones. Sus vigilantes están en las cárceles encuadradas en lote 4: Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra. Se lleva 7,3 millones de euros por un año de servicio junto a la empresa Coviar.
Muchos de los contratos de seguridad se tramitan por la fórmula de "procedimiento negociado sin publicidad". En estos procedimientos no se realiza concurso abierto, sino que es el licitador (en este caso, el Gobierno) quien invita a una serie de empresas a presentarse y quien elige la compañía que presente la oferta más ventajosa. Para la vigilancia de prisiones, se dividió el territorio español en cuatro lotes y se adjudicó uno de ellos a Segur Ibérica. Años antes, en 2009, la empresa también se llevó el contrato para defender a los atuneros españoles que faenan en el Índico de los ataques de los piratas
Sospechas en la 'operación Púnica'
En total, el Estado ha licitado 238.521 contratos con 50 empresas de seguridad, aunque la respuesta no especifica el volumen de contratación. La respuesta solo facilita los contratos adjudicados por el Estado, no por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. A pesar de su importante volumen de contratación, las empresas del Grupo Segur han tenido y tienen importantes problemas con la justicia.
Cinco exdirectivos de Segur Ibérica están imputados en el juzgado número 19 de Barcelona por los delitos de estafa y falsedad documental. En 2009 y 2010 Segur Ibérica obtuvo un importante contrato con Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias. La Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha contra la Corrupción (Aspacom) denunció a Segur Ibérica por contratar a vigilantes que no tenían la titulación adecuada y por facturar horas de vigilancia que no se había realizado. El fraude en esos dos años alcanzó los 451.000 euros. Otro juzgado, el 21 de Barcelona, también investiga a Segur Ibérica por falsificar cuadrantes de servicio para colocar a vigilantes ficticios y facturar horas no trabajadas en la Biblioteca de Cataluña, ente de la Generalitat catalana que también le adjudicó otro contrato. Un directivo de Segur Ibérica ya ha declarado que disfrazaron a jardineros como vigilantes de seguridad.
En el marco de la Operación Púnica, la Fiscalía Anticorrupción está revisando las adjudicaciones que hizo el exconsejero Francisco Granados a Segur Ibérica, que tuvo entre sus empleados a un familiar de Esperanza Aguirre, su prima Marta Gil de Biedma. En marzo de 2008, Granados, imputado en el caso, adjudicó los contratos de vigilancia y seguridad de las sedes de Presidencia y Vicepresidencia, y las consejerías de Presidencia e Interior a esta empresa porm 2,6 millones de euros
La compañía con más contratos, en manos suecas
Securitas Direct España es la firma con más contratos, concretamente 130.282, el 54% del total. Los empresarios suecos Gustaf Douglas y Melker Slöring controlan el 42% de las acciones de Securitas AB, la matriz de Securitas. Securitas Seguridad España, otra firma del Grupo Securitas, ocupa el puesto 15 en la lista con 2.165 contratos públicos. El segundo lugar en el ranking lo ocupa la empresa Prosegur España, con 22.725 adjudicaciones. Prosegur, está presidida por la empresaria argentina Helena Revoredo Delvecchio, viuda del fundador de la compañía y que tiene más del 50% de las acciones. En febrero de este año, Bill Gates compró el 3% de Prosegur. Revoredo acaba de ser nombrada consejera independiente de la eléctrica Endesa.
Prosegur también ha tenido relaciones contractuales con exdirigentes del PP. El exministro de Fomento Rafael Arias Salgado, que ocupó la cartera de Trabajo en la legislatura 1996-2000, había presidido años antes Prosegur. José María Mayor Oreja, hermano del exministro del PP Jaime Mayor Oreja, fue apoderado de Protección y Custodia S.A. que, tras la absorción por Protecsa, se convirtió en Prosegur. La compañía, la primera del sector en España, y a pesar de los miles de contratos públicos que recibe, iba a aplicar este año un ERE que iba a afectar a 1.000 trabajadores, que finalmente no se produjo. Prosegur facturó el año pasado 3.695 millones de euros y cuenta en España con unos 27.000 empleados.
Otra empresa del sector es Seguriber, presidida por Mónica de Oriol, famosa por ser la compañía que tenía adjudicada la seguridad del pabellón Madrid Arena en la noche de Halloween de 2012, cuando se produjo una avalancha en la que murieron cinco chicas. Seguriber ha sido contratada 1.452 veces por la Administración General del Estado, ocupando el puesto 18 en la lista. De Oriol es además presidenta del Círculo de Empresarios y una mujer polémica tras sus últimas declaraciones, en las que abogaba por sueldo inferiores al mínimo para trabajadores sin formación, y prefería contratar mujeres con más de 45 o menos de 25 para evitar embarazos. Seguriber fue una de las seis empresas invitadas por Interior para participar en el proyecto piloto de seguridad privada en el exterior de las cárceles, por el que cobró 879.000 euros. Pero pasado ese año, Seguriber se ha quedado fuera del contrato definitivo, que entró en vigor el 1 de octubre. Interior si ha renovado en los últimos años los contratos a Seguriber para dar protección a personas amenazadas por ETA en el País Vasco y Navarra. Entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de enero de 2014, Interior ha pagado a esta empresa 63 millones de euros por este servicio.
Una empresa canaria con muchos litigios
En el listado de empresas más contratadas se ha colado Seguridad Integral Canaria, con 762 adjudicaciones. La compañía es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, un conocido empresario canario (presidente del equipo la U.D. Las Palmas) que fue condenado en 2011 a tres años de cárcel por construirse ilegalmente un chalé en una zona protegida de la isla de Gran Canaria. Ese mismo año había donado legalmente al PP unos 50.000 euros. Fue indultado en octubre de 2013. En febrero de 2014, la Fiscalía se querelló contra él por defraudar 2,3millones de euros a la Seguridad Social tras camuflar con dietas el pago de horas extraordinarias.
A pesar de esta imputación, ha seguido ganando contratos del Estado, uno de ellos de Patrimonio Nacional por valor de 11 millones de euros. También la seguridad de los tres ministerios que tienen su sede en el complejo de Nuevos Ministerios de Madrid: 2,8 millones al año. En septiembre de este año se formalizó el contrato para que la empresa canaria prestara vigilancia a varios edificios militares del ministerio de Defensa por unos 16 millones de euros al año. La seguridad de parte de la red de Metro de Madrid también está en manos de esta empresa. En Metro de Madrid intentó hacer un ERE, pero finalmente no prosperó.
"Seguridad Integral Canaria es la empresa canaria que seguramente más litigios laborales tiene actualmente en los tribunales", señalan fuentes de Intersindical Canaria. La compañía se descolgó del convenio del sector, "lo que supone que paga unos 300 euros mensuales menos a cada trabajador". El tema está en el Supremo. También el convenio que Miguel Ángel Ramírez quiso aplicar en su empresa, rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que el empresario ha llevado también al Alto Tribunal. "La empresa se lleva el 80% de las contratas públicas relativas en seguridad que hay en las islas. Sus vigilantes están en el Palacio del TSJ de Canarias, curiosamente el órgano que rechazo su abusivo convenio", explican desde el sindicato canario.
Relaciones con el PP
Eulen es otra de las empresas beneficiadas. De los 82.000 empleados que suma la multinacional, casi 7.000 se dedican a la seguridad privada. El empresario leonés David Álvarez y sus siete hijos se reparten la compañía y se disputan su control, y el de otras posesiones como las bodegas Vega Sicilia. En su plantilla está Micaela Nuñez Feijoo, hermana del presidente gallego del PP. El Ejecutivo gallego ha hecho varias adjudicaciones a Eulen, unos contratos que levantaron polvareda. En lo referente al Estado, 703 contratos. Solo en 2014, el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente le adjudicó la vigilancia de las presas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 650.076 euros. Y el ministerio del Interior le pagará 5,2 millones de euros por el mantenimiento de la frontera de Melilla. El ex ministro de Interior del PP Jaime Mayor Oreja también trabajó en Eulen. Tuvieron que ser tres instancias judiciales, un juzgado de Primera Instancia de Vitoria, la Audiencia Provincial de Álava y el Tribunal Supremo (ver sentencia) quienes demostraran en dar por probada la participación de Jaime Mayor Oreja en la compañía.
La patronal del sector, Aproser, que aglutina doce compañías que representan cerca del 70% del volumen de negocio en España, asegura que el sector cuenta con 88.250 vigilantes de seguridad en activo, de los más de 200.000 habilitados por el Ministerio del Interior. Todos trabajan en unas 1.500 empresas. Los últimos datos (de 2012) revelan que las empresas facturaron 2.994 millones de euros. Aproser asegura que solo el 22% de sus contratos proceden del sector público. Según el último convenio laboral, firmado en octubre de este año, un vigilante de seguridad cobra 1.091 euros. Si es de transporte, sube a 1.400 euros. Y un escolta, 1.210 euros mensuales, sin contar antigüedad y nocturnidad.
