31 de julio de 2014

Piden cárcel para tres de las personas que invadieron el Gran Canaria


 

La Fiscalía de Las Palmas pide que se imponga una pena de tres meses de prisión y la prohibición de acceder al Estadio de Gran Canaria en la próxima temporada a tres personas que han reconocido haber invadido el campo y agredido a un jugador en el partido de ascenso a Primera División frente al Córdoba.
Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, en relación a estos hechos ocurridos el pasado 22 de junio, también se ha identificado a cuatro menores que efectuaron actos similares en el encuentro entre la UD Las Palmas y el Córdoba CF, al que asistieron unas 30.000 personas y donde también se hostigó a trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria.
Uno de los denunciados invadió el terreno de juego y propinó una patada a un jugador del Córdoba, el cual no ha denunciado los hechos
A los tres mayores de edad, la Fiscalía les imputa un delito de perturbación del orden público y, según el escrito de su denuncia, los tres se han mostrado conformes con la pena reclamada.
La Fiscalía informa además de que, respecto a los cuatro menores, se ha incoado un expediente de reforma que tramita su correspondiente sección.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria investiga estos hechos, a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía de Las Palmas, después de que fueran identificados por la Policía Nacional.
Fuentes de la Fiscalía han informado de que están pendientes de identificar por la Policía un adulto y entre tres y cuatro menores más.
La Fiscalía pretende lograr una sanción "inmediata y eficaz" y dar así una "réplica justa" a sus autores
Según la denuncia del Ministerio Fiscal, uno de los denunciados mayores de edad invadió el terreno de juego y propinó una patada a un jugador del Córdoba CF, el cual no ha denunciado los hechos.
Otro, en unión de otras personas aún sin identificar, intentó dar otra patada a un trabajador de la empresa encargada de la seguridad del estadio, que vestía de paisano y al que no llegó a agredir, y quien tampoco ha denunciado los hechos.
El tercer denunciado, según la Fiscalía, invadió el campo, se integró en el grupo de personas que efectuó "actos de hostigamiento, coacción y presión" a otros dos trabajadores de la empresa de seguridad, uno vestido de paisano y otro con uniforme, que al igual que los otros agredidos no han presentado denuncia.
La Fiscalía informa también de que la Policía trata de identificar a otra persona que lanzó una silla al público que estaba en las gradas.
La denuncia destaca que los daños materiales originados en el estadio han sido valorados en 2.360 euros por el Cabildo de Gran Canaria, si bien se desconoce su autoría.
La denuncia se dirige contra las tres personas mayores de edad que han sido identificadas por el Cuerpo Nacional de Policía como las que, además de invadir el terreno de juego, realizaron algún tipo de acto coactivo o violento.
El fiscal jefe provincial de Las Palmas, Guillermo García Panasco, expone que su denuncia responde a la instrucción dada por la Fiscalía General del Estado para "intervenir" en este tipo de disturbios que ocurren en espectáculos deportivos, con el fin de lograr una sanción "inmediata y eficaz" y dar así una "réplica justa" a sus autores, que es lo que la sociedad exige.
Recuerda también que las posibles responsabilidades administrativas o deportivas que pudieran derivarse para el organizador del partido y los asistentes al mismo, se sancionarán en virtud de la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, por lo que aclara que su persecución no compete a la Fiscalía.

30 de julio de 2014

Los sindicatos ven «inminente» que se implante vigilancia privada en la cárcel

En 2013 ya se inició un proyecto piloto en 21 prisiones del país, que a partir de ahora se podrá extender al resto de centros

El Gobierno central tiene luz verde desde la última semana del pasado mes de junio para la contratación de seguridad privada en 46 centros penitenciarios del país, entre ellos el de Segovia. Son los que quedan por asumir el nuevo modelo después de que el año pasado ya se pusiera en marcha la experiencia a modo de proyecto piloto en 21 prisiones españolas. Los resultados parecen haber convencido a los responsables del Ministerio del Interior, que poco a poco han dado pasos para extender el sistema al resto de cárceles del país. Era, pues, una medida que se venía barruntando desde hace tiempo, aunque no terminaba de fraguar.

Desde el primer momento en que el Ejecutivo esbozó sus planes, los sindicatos han coincidido en sospechar propósitos de privatización de la vigilancia que vienen realizando los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por su parte, Interior siempre ha negado esas intenciones. Su máximo responsable, Jorge Fernández Díaz, se ha encargado de subrayar que esa seguridad privada prestará labores «auxiliares o de apoyo», ya que la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen siendo los garantes y responsables de la protección de los centros penitenciarios del país.

Lo cierto es que el Gobierno ha tratado de amoldar ese proyecto incipiente a las necesidades reales de personal. La Administración General se ha encontrado en la aplicación de la iniciativa con un panorama marcado por la reducción de plazas en la oferta pública de empleo y, por consiguiente, con un déficit cada vez mayor de plantillas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para compensar esa carencia, el Ministerio reenfocó la contratación privada con la mirada puesta en «optimizar» los recursos humanos disponibles en las cárceles y garantizar un «uso eficiente de los fondos públicos», tal y como argumentaron sus representantes.

Control del perímetro

Ese renovado objetivo concretó algo más las atribuciones de los vigilantes privados en el ámbito de actuación penitenciario y el reparto de cometidos de unos y otros. Para empezar, Fernández Díaz quiso disipar dudas y apuntalar el mensaje de que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil supervisarán y dirigirán las tareas asignadas a la seguridad privada. Esas labores se circunscribirán al perímetro de las prisiones, lo que supone, por citar algunos ejemplos, el control de los vallados y muros exteriores, la comprobación de los accesos reservados a familiares o de las cámaras de seguridad. Así se comunicó en una respuesta parlamentaria.Entre sus tareas estarían la supervisión de accesos y el control de vallados y muros exteriores

Con esta redistribución de tareas –aseguraron fuentes ministeriales–, los agentes de los Cuerpos públicos se concentrarán en otras responsabilidades que les son exclusivas dentro de su deber de salvaguarda de la seguridad ciudadana, como pueden ser los traslados de internos o su custodia fuera de las cárceles.

Sin embargo, los argumentos oficiales no convencen a las centrales sindicales. Los representantes de las plantillas desconfían de los planes del Gobierno. Es más, ven «inminente» la llegada de guardias privados a la cárcel segoviana de Perogordo, según las impresiones recabadas de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Sus portavoces creen que la expansión de aquel proyecto piloto, que en Castilla y León se implantó en León, Salamanca y Palencia, será una realidad a no mucho tardar en Perogordo, teniendo en cuenta de que el pasado mes de junio ya se cerró la concesión. Así, los funcionarios esperan la llegada de la vigilancia privada «en cualquier momento», reitera la delegación provincial de Acaip.

Sin publicidad

La agrupación se queja de «la falta de transparencia» con la que se tramita el proceso. Lo que sí se sabe es que la estructuración del contrato se reparte en cuatro lotes, divididos por áreas geográficas en función del proyecto piloto. Una de ellas la conforman Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja y Galicia. Además, se ha hecho mediante un «procedimiento negociado sin publicidad», lo que para Acaip es «una forma de facilitar la distribución del negocio fácil entre las grandes empresas del sector».

La sensación de que la implantación es inminente también la alimenta la autorización que dio el Consejo de Ministros, el pasado mayo, a la contratación de vigilantes privados para prestar apoyo a la Policía y la Guardia Civil en la seguridad de los 67 centros penitenciarios del país dependientes de Interior. El coste del contrato en su conjunto supera los 33,3 millones de euros e implica 202 puestos de trabajo y 800 vigilantes.

Los indispensables

Por su parte, los portavoces policiales de sindicato unificado SUPtambién sospechan de que la implantación del nuevo modelo está al caer. El secretario provincial, Tomás Torrego, reitera que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los máximos y únicos responsables de la vigilancia y prevé que la «privatización» traiga consigo la reducción de plantilla.

La Comisaría solicitó el número de funcionarios indispensables para avalar el servicio en la cárcel. El contingente de efectivos destinados supone aproximadamente un 15% de una plantilla de algo más de doscientos policías de que dispone el Cuerpo Nacional en Segovia, señaló hace unos meses el SUP. Es una dotación que, a tenor de los cálculos que hizo el Ministerio para justificar la asignación de efectivos al control perimetral, está algo por debajo de la media de entre 40 y 50 agentes.

Coste de cada vigilante

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) discrepa de la contratación de vigilancia privada en las cárceles y considera que detrás hay un interés por «privatizar» el sector. Los más de 33 millones de euros autorizados por el Gobierno hubieran paliado la reducción del personal que trabaja en las cárceles españolas. Desde 2008, esas plantillas se han visto disminuidas en 1.225 trabajadores, señala Acaip. La calculadora de la agrupación resuelve que el coste que acarreará cada vigilante asciende a unos 3.000 euros al mes.
elnortedecastilla.es

Vigilantes Noticias 30 de Julio de 2014.




















Denuncia impugnación laudo Alerta y Control 




















USO Canarias convoca Asamblea para acercarles y explicarles las últimas novedades de la Reforma Laboral y Fiscal.

Konvoko

Estimados compañeros y compañeras:
 
Por medio del presente les convocamos a la asamblea que tendrá lugar el día 6 de agosto a las 18.45H en la asociación de vecinos de Los Giles, con el fin de acercarles y explicarles  las últimas novedades que ha impuesto y las que pretende imponer el actual gobierno de España en cuanto a la reforma laboral y fiscal. Es por ello, que contamos con nuestros representantes, afiliados, amigos y simpatizantes que quieran ser partícipes de este cambio en el cual se está limitando y destruyendo cada vez más los derechos de la clase trabajadora, jóvenes y pensionistas. Pueden invitar a todas las personas que deseen, y reenviar este mensaje para su máxima difusión.
¡Acude, por tus derechos!

La Fiscalía pide mantener 14 imputaciones por el Madrid Arena pero levantar otras 10

 La Fiscalía de Madrid ha presentado esta mañana un escrito ante el juez instructor de la causa que investiga el caso Madrid Arena en el que pide transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado y en el que pide mantener la imputación de 14 personas y sobreseer la de otras diez, entre las que se encuentran la del exdelegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid Antonio de Guindos; la concejala delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Fátima Núñez, y el inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo.
   En el escrito presentado ante el juzgado de instrucción 51 de Madrid, la Fiscalía mantiene la imputación al promotor de la fiesta de Halloween del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores; al director general de DivierTT, Santiago Rojo; el jefe de personal de DivierTT, Miguel Ángel Morcillo; o el director del Departamento de Seguridad de Madridec, Rafael Pastor Martín.
   También pide mantener la imputación del técnico de operaciones de Madridec y jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso; el coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; el coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; el jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero; el vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos; el socio y apoderado de Kontrol 34, Carlos Manzanares; el socio de Kontrol 34, Emilio Belliard y los médicos Simón y Carlos Viñals. 
Además, pide el sobreseimiento provisional de la imputación del administrador de DivierTT, José María Flores; el coordinador Jefe del Departamento de Seguridad de Madridec, José Luis Rodríguez Caamaño; el director gerente de Madridec, Jorge Rodrigo Domínguez; el consejero delegado de Madridec, José Ángel Rivero Menéndez; el inspector y coordinador de servicios de Seguriber, Iván Somontes; el vigilante de Seguridad de Seguriber, Segundo Eladio Pupuche; el delegado del Área de Seguridad, Antonio de Guindos; la concejala delegada de Seguridad, Fátima Núñez; el director general de Emergencias y Protección Civil, Alfondo del Álamao y el inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo.
   Se les imputan cinco delitos de homicidio por imprudencia grave del artículo 142.1 del Código Penal y de nueve delitos de lesiones del artículo 152.1.1 del Código Penal, todos ellos en concurso ideal de conformidad con el artículo 77 del Código Penal.
   Por su parte, a los Viñals se les imputa como coautores de dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional del artículo 142.1 y 3 del Código Penal en concurso ideal de conformidad con el artículo 77 del Código Penal.
   Además, señala al Ayuntamiento como a las empresas Madridec, Diviertt, FSM Group Management SL, Seguriber y Kontrol 34 como responsables civiles subsidiarios y afirma que las compañías de seguros Zurich, AIG, Mapfre y Hiscox responderán directamente ex artículo 117 del Código Penal.

“Los directores de Seguridad nos sentimos cómodos trabajando con la nueva ley”

FRANCISCO POLEY, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE SEGURIDAD INTEGRAL (ADSI)
Han pasado sólo cien días, desde que accedió a la presidencia de la Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI), pero Francisco Poley ha tenido tiempo suficiente para poner en marcha varias ideas.
Las que prácticamente están consumadas las desvela en esta entrevista, pero se guarda algún que otro as bajo la manga. Como por ejemplo un proyecto en ciernes sobre el que despierta la curiosidad del entrevistador, pero que no desvela por mucho que se insista. “Cuando se pueda lo presentaremos, pero vamos a conseguir que los profesionales de la seguridad privada valoren el proyecto de ADSI. Nuestra asociación debe ser un lobby dentro del sector”, afirma.De momento, tenemos que conformarnos con saber cuáles son los planes inmediatos de la asociación y las ideas de este profesional (director de Seguridad del centro comercial L´illa, en Barcelona, desde hace 17 años), que no oculta su entusiasmo por que salgan adelante los objetivos que se ha marcado en esta etapa al frente de ADSI.
- ¿Cuáles fueron sus motivaciones para presentarse como candidato a la presidencia de la Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI)?
He pasado por diferentes juntas, con distintos presidentes, y cada uno ha marcado en su trayectoria unos retos que se han ido consiguiendo a lo largo del tiempo. En los últimos años, se ha dinamizado ADSI y hemos llegado a objetivos muy altos. Yo me marqué un reto en la anterior junta al asumir la vicepresidencia segunda de la asociación y consideré después que era mi momento para presentarme y tener opción a ser presidente. Con lo vivido en diferentes etapas y con las ideas que tengo, pensé que era el momento adecuado.

- Se ha rodeado para ello de una junta directiva heterogénea.
Quería hacer una junta mixta, con gente que ya había estado en anteriores etapas, que es muy válida y tiene gran experiencia en el asociacionismo, y también gente nueva que viniera del sector de la Seguridad Privada, ya fuera como usuarios o, por qué no, como prestatarios. Hemos conseguido un equipo muy equilibrado, en un ámbito de trabajo muy dinámico. Lo primero que hemos hecho ha sido plantearnos dónde estaba ADSI y, a partir de ahora, qué objetivos queremos conseguir. Nos hemos marcado metas muy altas, que estoy convencido saldrán adelante. Son retos muy importantes dentro del sector y del asociacionismo. Creo que tenemos que sumar, ser más fuertes y más representativos de cara a la Administración, ante las empresas, ante la sociedad…

- ¿Qué iniciativas han puesto en marcha desde el comienzo de su presidencia para conseguir sus objetivos?
ADSI tiene un referente en los “Martes con…”, que es nuestra identidad exterior. Se creó hace muchos años y seguimos haciéndolo porque es un símbolo que nos identifica. Sucede lo mismo con ADSI Flash, la revista digital que editamos quincenalmente y que reciben unos 2.500 profesionales del sector de la seguridad. Como novedad, recientemente hemos modificado nuestro eslogan, para indicar que “Somos futuro”. También hemos cambiado nuestra página web, con la que queremos que los socios y simpatizantes accedan y creen un foro de debate y una bolsa de empleo.Por otro lado, vamos a implantar ideas nuevas, como medias jornadas o jornadas completas sobre algunos temas de actualidad. Le puedo adelantar que haremos una media jornada el 30 de septiembre en Málaga, dedicada al director de Seguridad desde el punto de vista jurídico. Tendremos algunos ponentes muy importantes dentro de la jurisprudencia y la abogacía que nos ayudarán a tener más clara esta figura profesional desde el plano jurídico. También haremos otra media jornada en Madrid este año.Valoraremos también la posibilidad de establecer acuerdos de colaboración con otras entidades. De hecho, ya hemos mantenido conversaciones con algunas de ellas.

- ¿Qué valor añadido aporta ADSI a los profesionales de la seguridad privada?
ADSI es una asociación con sede en Barcelona, pero tiene ámbito nacional. Es una asociación dinámica en la que celebramos eventos en todo el territorio nacional. Donde exista un foro o se hable de seguridad, allí estaremos presentes. Además estamos en la Federación Europea de Directores de Seguridad. En la última reunión mantenida en Barcelona con el resto de asociaciones de Italia y Portugal, hemos tomado la batuta para llevar esta federación a buen puerto. Es importante estar ahí y que exista una organización de ámbito Europeo que permita ir sumando. Creemos que aún tenemos que añadir otras asociaciones de la Unión Europea a este proyecto para poder crear un lobby dentro del continente.¿Por qué ADSI? Por el dinamismo, por los nuevos proyectos, que harán que nos convirtamos en un referente dentro de la seguridad privada.
- Ya que menciona la Federación Europea de Directores, díganos, ¿cómo estamos en relación con otros países de Europa?
En Europa somos pioneros en seguridad privada. Con la nueva ley destacamos más porque no hay leyes dentro de la Unión Europea más avanzadas que la que tenemos en la actualidad. De hecho, Francia está trabajando con su ley, que es de 1993.España tiene que marcar muchas pautas a nivel Europeo en relación con la seguridad privada. Pero tenemos que crecer más en la presencia de la seguridad privada en la calle, ponernos a la altura de países como Reino Unido, donde el número de profesionales es mucho mayor. Tenemos que ir creciendo, asumir los retos que se nos presentan, para poder llegar a un nivel adelantado en la Unión Europea.

- ¿Cuál debe ser el perfil del director de Seguridad en la actualidad?
El director de Seguridad tiene que ser una persona preparada, con capacidad para enfrentarse a diversas situaciones de cara al futuro que se le presenta. Es fundamental que tenga una formación específica elevada, ya que debe ser un ejecutivo que asuma la seguridad integral de su organización.La nueva Ley de Seguridad Privada ha situado al director de Seguridad en un punto estratégico ante la Administración y ante la Dirección de su empresa. Con el nuevo papel que le otorga esta Ley, ha de estar presente en los consejos de administración, dependiendo de la dirección general de su compañía.Asimismo, el director de Seguridad tiene que apostar por el asociacionismo, y vuelvo a decir que en eso ADSI será importante. Con los nuevos proyectos que llevaremos a cabo, los profesionales valorarán estar en la asociación porque los apoyamos y seguimos luchando por mejorar la formación y todo aquello referente a la seguridad. Y solo se beneficiaran aquellos profesionales que sean socios de ADSI.

- ¿Cree que ese es el perfil generalizado dentro del sector o habría que avanzar en dicho sentido?
Hemos avanzado mucho a lo largo de los años. Por ejemplo, hay personas que no procedemos de la seguridad pública y estamos ahí. Hemos accedido a través de la formación y la preparación. La figura del director de Seguridad ha ido cambiando paulatinamente y mejorando a lo largo de este tiempo, en el que todos hemos contribuido a impulsar la seguridad privada.Pero a pesar de lo dicho, creo que aún tenemos lagunas que debemos ir cubriendo con una buena formación y una buena estrategia de colaboración con la seguridad pública. Estamos hablando mucho de la colaboración que debe existir entre esos dos ámbitos, pero creo que, hasta ahora, a los directores de Seguridad nos exigían mucho y, cuando pedíamos un intercambio de información para nuestro trabajo, a veces no era recíproco. Eso está cambiando y al final ambas seguridades se están coordinando. Tenemos que ir de la mano de la seguridad pública porque todos trabajamos para lo mismo, proporcionar seguridad a la sociedad, proteger los bienes.Nos queda mucho camino por andar a los directores de Seguridad, pero la puesta en marcha de la nueva ley nos da suficiente recorrido para poder seguir mejorando.
- Como señala, la Ley de Seguridad Privada ya es una realidad. ¿Cuál es su valoración general del texto que ha salido de las Cortes?
Seguro que la ley no está hecha a gusto de todo el mundo, pero creo que es una buena ley. Se podría mejorar, sí; pero creo que los directores de Seguridad nos sentimos cómodos trabajando con ella. Nos otorga una posición jurídica que no teníamos y nos sitúa en una posición de privilegio dentro de la seguridad privada.
- ¿Qué cuestiones habría que tener en cuenta de cara al nuevo Reglamento de Seguridad Privada para reforzar el papel del director de Seguridad?
Actualmente, las asociaciones organizadoras del III Congreso de Seguridad Privada estamos evaluando este tema en las comisiones de trabajo creadas para la preparación del evento. Se están analizando todos los puntos que marca la ley y estamos trabajando mucho en materia de formación, personal y sujetos obligados a tener una Dirección de Seguridad. Esos tres temas son muy importantes. En breve presentaremos al Ministerio del Interior y a su Secretaría Técnica el dossier con las propuestas de las comisiones de trabajo para el nuevo Reglamento.
- En cuanto a la apertura de varias vías para el acceso a la profesión de director de Seguridad, ¿han quedado ustedes satisfechos? ¿Es una buena fórmula de entrada a la profesión?
Mi opinión es que teníamos que haber sido más valientes. El director de Seguridad tiene que tener una formación específica y no depender, como ha quedado en un segundo término, de la misma formación que teníamos hasta ahora. Ahí teníamos que haber marcado un hito de futuro. El director de Seguridad tiene que ser una persona muy formada. Es necesario que quien acceda a la profesión lo haga con un grado en Dirección de Seguridad. A mí, personalmente, no me gusta la segunda vía porque es quedarse como hasta ahora y creo que tenemos que darle un valor añadido al director de Seguridad. Desde ADSI ya estamos trabajando en esta dirección, preparando los contenidos y las competencias a alcanzar en un futuro grado según el Espacio Europeo de Educación Superior.
- Durante la elaboración de la norma, otro asunto muy debatido en relación con el director de Seguridad ha sido la posibilidad de externalizar sus servicios. ¿Por qué no debe un director de Seguridad estar externalizado?
El director de Seguridad es una figura tan importante dentro de una organización que tiene que ser independiente, ha de defender los intereses de su empresa. Eso sólo se puede conseguir si es libre para defender las decisiones que considera mejores para su organización. Un director de Seguridad no puede depender de que la nómina se la pague una empresa prestataria de servicios. Por tanto, rechazar este extremo ha sido un acierto de la nueva ley.

- ¿Qué asuntos le preocupan del sector de la seguridad privada?
Debido a la crisis que nos ha sacudido, el sector se ha visto muy afectado, desgraciadamente. Pero tenemos que extraer la parte positiva, que es el hecho de que el sector se regenere y se creen nuevos nichos de negocio, algo a lo que ha ayudado la nueva ley. Éste es un sector que se va a ir fortaleciendo, vigorizando, poco a poco, hasta llegar a ser más importante, más profesional y más coherente con el futuro.

- ¿Cómo ha vivido el director de Seguridad la crisis?
La crisis ha afectado, indudablemente, a los departamentos de Seguridad. Por ejemplo, con las absorciones y fusiones de la banca, han desaparecido muchos puestos. Eso, si duda, ha hecho mella en el sector, pero tenemos que adaptarnos a las situaciones, la realidad de esta crisis. El director de Seguridad tiene que ser valiente y defender la importancia de su departamento ante la dirección de su empresa.No obstante, es necesario crear departamentos de Seguridad, homologados por el Ministerio del Interior, y empezar a recuperar la situación anterior a la crisis. Por ello es importante que en el Reglamento marquemos cuáles son los sujetos obligados a tener un departamento. Las comisiones que se han creado en torno al Congreso Nacional de Seguridad Privada han incidido mucho en señalar qué tipo de organizaciones deben tener un Departamento de Seguridad con un director al frente.
- Como señala, la organización del tercer Congreso Nacional de Seguridad Privada ya está en marcha y ADSI participa junto al resto de asociaciones en la organización. ¿Qué expectativas tiene en torno a este evento?
ADSI es miembro de varias comisiones que están trabajando y las expectativas son buenas. Desde el Ministerio del Interior nos han animado a que presentemos propuestas y creo que, si realmente consideran todas las que van a recibir de las comisiones de trabajo, seguro que saldrá un buen Reglamento.Insisto en que debemos sumar y sumar; como dice el nuevo lema de ADSI, “Somos futuro”. Para ello trabajaremos desde la nueva junta, para crear nuevas inercias, profesionalizar el sector y que los profesionales se sientan orgullosos de pertenecer a una asociación puntera en el sector. Agradezco a nuestros socios que nos apoyen cada día y a nuestros patrocinadores su confianza en ADSI.

Boletin Informativo AES



Securitas Direct llega a 700.000 clientes en España

La empresa de alarmas para hogares y negocios Securitas Direct España ha llegado a los 700.000 clientes en España, elevando el peso de la división española a casi la mitad dentro del total de la multinacional, según informó la compañía en un comunicado.
Este avance supone "un refuerzo del mercado español y Portugal y Latinoamérica, sus áreas de influencia". Desde que comenzó la crisis, Securitas Direct ha logrado incrementar un 20% el número de sus instalaciones en el país.
   "Este aumento debemos agradecérselo a los clientes, que, cada día más, depositan su confianza en nosotros para proteger y dar tranquilidad a sus familias y tenerla en sus establecimientos, en sus oficinas o en sus naves. Saben que pueden estar seguros y sin riesgos en su entorno. Seguiremos trabajando con todo  nuestro esfuerzo para garantizarlo",  indicó el director nacional de Ventas, Javier Turmo.
   Securitas Direct cuenta con 1.500 expertos en seguridad y con 1.200 técnicos de mantenimiento. Además, dispone de la mayor Central Receptora de Alarmas (CRA) de Europa, en la que trabajan más de 300 empleados.

Detenido por hurtar varias tablets por valor de casi 2.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a un ciudadano rumano como presunto autor de un delito de hurto, concretamente por hurtar varias tablets por valor de 1933 euros en un centro comercial de Badajoz, a las que había inutilizado los sistemas de alarm
Los hechos sucedieron sobre las 19:20 horas, cuando se recibió una llamada en la Comisaría Provincial de Badajoz en la que el Vigilante de Seguridad de un centro comercial manifestaba que había observado como un individuo estaba paseando por los pasillos de la zona de electrónica introduciendo en una cesta de mimbre varios objetos, tras manipular los sistemas de alarma
Personada en el centro comercial una patrulla policial, fue requerida por el Vigilante de Seguridad, que tenía retenido al presunto autor de los hechos, procediendo los agentes a la identificación y detención del mismo, una vez comprobado como en el interior de la cesta había depositado seis tablets, valoradas en 1933 euros, a las que había inutilizado los sistemas de alarma
El detenido es un ciudadano rumano, de 40 años de edad, con antecedentes policiales, el cual fue trasladado hasta dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias
Se da la circunstancia que el detenido tiene hasta catorce identidades diferentes y ochenta detenciones por hechos similares.

Denuncia impugnación laudo Alerta y Control


28 de julio de 2014

Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.


Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de Madrid de fecha de 14 de Mayo sobre recurso de casación para unificación de doctrina de Ombuds contra un trabajador que en primera instancia declaro la improcedencia de una modificación sustancia de salario para un trabajador con categoría de escolta.


Publicado Convenio Colectivo de la empresa Levantina de Seguridad 2013-2017


El falsificador de títulos de Málaga ganó más de un millón de euros

Uno de los títulos intervenidos durante la operación Eladio.
Uno de los títulos intervenidos durante la operación Eladio.

Es la estimación de la Policía teniendo en cuenta los 1.200 euros que solía cobrar por título

Los funcionarios que usaron documentos falsos para opositar han sido expulsados
El presunto falsificador de títulos académicos detenido en Málaga hace seis años se forró a costa de sus obras, que eran demandadas por personas desde varios puntos del país. Al menos así lo creen los agentes del Grupo de Fraudes de la Policía Nacional que han culminado ahora las pesquisas con un balance total de 634 detenidos y otros 175 imputados que suman casi 800 implicados. Y es que según los investigadores, el hombre vendía los títulos a 1.200 euros cada uno, por lo que calculan que podría haber ganado durante el tiempo que ejerció su actividad una cifra que ronda el millón de euros. Más de una decena de personas que colaboraban con el falsificador a la hora de captar a compradores también han sido detenidas.
Durante la última fase de la operación, la policía ha procedido a la detención de 159 personas como presuntas responsables de delitos de falsedad en documento oficial por el uso de títulos académicos falsificados en unas actuaciones que se han llevado a cabo en varias provincias españolas. Entre las detenciones, realizadas entre los meses de marzo a junio por la Dirección general de la Policía (DGP), se encuentran una auxiliar de clínica, un vigilante de seguridad, un monitor de actividades acuáticas, una limpiadora, un charcutero y un entrenador de un equipo de fútbol, según informaron en un comunicado desde el Cuerpo Nacional de Policía.
Tal y como informó ayer La Opinión de Málaga, la operación policial comenzó en febrero de 2008 cuando agentes de la Comisaría Provincial de Málaga detectaron un incremento de falsificaciones oficiales de titulaciones de graduado escolar, bachiller, diplomaturas y licenciaturas universitarias. Como fruto de las investigaciones, la Policía Nacional logró la identificación y detención del presunto falsificador, M.C.F., nacido en 1945 y propietario de un centro de estudios localizado en la calle Héroe de Sostoa de Málaga que era usado como cobertura para distribuir los supuestos títulos. En el registro domiciliario realizado entonces, los agentes intervinieron placas falsas de vigilante de seguridad, sellos falsificados y material informático de última generación para las falsificaciones.
Policías y guardias civiles Una parte muy importante de la investigación se ha centrado en profesiones relacionadas con la seguridad. Concretamente, la DGP informó ayer de que 134 de los detenidos eran miembros de empresas de vigilancia de seguridad privada, 14 policías nacionales, 25 policías locales y 6 guardias civiles. A todos ellos se les imputa el delito de falsedad documental, mientras que a aquellos detenidos a los que se les ha comprobado el uso del título falso para acceder a la profesión se les imputa además el delito de intrusismo profesional. Algunos de estos detenidos utilizaron un título falso para poder opositar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a policías locales, por lo que han sido expulsados de los cuerpos.

En total, la investigación ha supuesto la apertura de 200 expedientes de expulsión, según las fuentes, aunque entre los arrestados también hay personas que ejercían en otras áreas profesionales careciendo de la titulación correspondiente, como una mujer que trabajaba en una clínica dental de Málaga con un título de Técnico Superior de Formación Profesional en Higiene Bucodental falsificado.

El Gobierno niega que vaya a privatizar el control del perímetro de las cárceles y sólo contratará vigilantes de apoyo

El pasado mes de mayo autorizó destinar 33 millones de euros para emplear a agentes de seguridad privada

El Gobierno niega que tenga previsto "privatizar actividad alguna de seguridad pública" y asegura que lo único que va a hacer es contratar a vigilantes de seguridad privada para realizar tareas "auxiliares" o "de apoyo", en concreto para vigilar el perímetro de los centros penitenciarios.
   Así lo recalca el Ministerio del Interior en la respuesta que ha enviado al diputado del PSOE Carles Corcuera, quien se interesó por  cuando iba el Gobierno "extender a todos los centros penitenciarios la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones, para qué eventos va a obligar "a contratar seguridad privada" y, en concreto, "qué actividades de seguridad pública piensa privatizar".
   En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo subraya que no entra en sus planes la privatización de ninguna actividad de seguridad pública. Además, recuerda a Corcuera que la nueva Ley de Seguridad Privada prevé que se determinarán reglamentariamente los eventos "en los que resulte obligado adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las mismas para cada caso concreto".
   Respecto a la contratación de vigilantes privados para la que el Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de mayo una inversión de 33 millones de euros, el Ejecutivo incide en que estas personas sólo realizarán "tareas auxiliares o de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que, según recalca, "son y seguirán siendo responsables de garantizar la seguridad y protección de los centros penitenciarios".

800 CONTRATOS

En concreto, a finales de mayo, el Gobierno autorizó a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de vigilantes privados para que presten apoyo a la Policía y la Guardia Civil en la seguridad en los 67 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. El coste del contrato asciende a 33,387 millones de euros hasta 2015 e implica 202 puestos detrabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.
En el año 2013 se inició un proyecto piloto consistente en la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 cárceles. Tras ese proyecto, el Gobierno decidió adecuar "ese modelo de seguridad a las necesidades existentes" que pasan, según admite, por "compensar la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la disminución de la Oferta Pública de Empleo.
   También se busca, según explica el Gobierno, optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles".

CONTRATO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

   Asimismo, el plan de Interior es "destinar el mayor número posible de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos".
   Por todo ello, se ha preparado un expediente de contratación que cubra los 67 centros penitenciarios y los vigilantes de seguridad pasarán a ejercer parte de las tareas ahora desempeñadas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, si bien siempre bajo la supervisión y el control de los mismos como responsables de la seguridad de cada centro.
   El contrato conlleva la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar, así como con los movimientos de salida y entrada de reclusos. Por ello, la tramitación del expediente se hará mediante procedimiento negociado sin publicidad, dado que concurren circunstancias excepcionales que exigen la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.

Detenidos dos comerciales de una firma de seguridad por robar en una vivienda de San Sebastián

Dos comerciales de una empresa de seguridad han sido detenidos por entrar a robar en un chalé de San Sebastián que habían visitado anteriormente para ofrecer los servicios de su compañía, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Los hechos sucedieron a las 12.20 horas de ayer, cuando los dos comerciales, un hombre de 33 años y una mujer de 22, saltaron la verja del chalé, ubicado en el barrio donostiarra de Aiete, y accedieron a la vivienda, en cuyo interior se encontraba una de sus habitantes.
La moradora de la casa se hizo la dormida para evitar el enfrentamiento con los ladrones y alertó de la entrada de los intrusos a través de mensajes con su teléfono móvil a dos allegados que se encontraban en el exterior.
De esa manera, la Ertzaintza recibió el aviso y acudió al chalé, de donde ya se habían marchado los dos ladrones, que antes habían revisado varias dependencias de la casa y se habían llevado un anillo.
Los agentes localizaron poco después a los dos comerciales en las inmediaciones y, tras comprobar su identidad y su participación en los hechos, los detuvo, aunque no ha podido recuperar el anillo sustraído.
Los dos comerciales habían estado previamente en el barrio de Aiete buscando clientes para la empresa de seguridad para la que trabajan, uno de ellos llevaba el anagrama de la compañía en el polo que vestían y ambos portaban documentación relacionada con el servicio de seguridad que ofertaban.
El hombre detenido cuenta con antecedentes y con dos ingresos en prisión y, junto con la otra detenida, ha sido puesto a disposición judicial.

El Ayuntamiento adjudica 900.000 euros a dedo en seguridad

Madrid Destino contrata a Eulen para que siga dando el servicio en las instituciones culturales del Consistorio durante seis meses sin publicidad ni concurrencia y pese al informe contrario del supervisor municipal.

El Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado un contrato de 900.000 euros de seguridad privada a la empresa Eulen a dedo, en contra de un informe del organismo municipal supervisor, sin publicidad ni concurrencia, como obliga la ley. Es decir, simplemente se cerró unacuerdo por seis meses con la empresa que ya estaba dando el servicio. Sin más.
El organismo municipal que lo ha hecho ha sido Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SA entidad que gestiona la cultura, el turismo y el patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento. Se creó en octubre del pasado año y nace de la fusión de Macsa, Madrid Visitors & Convention Bureau y Madridec. Un portavoz de la entidad lojustificó por razones «técnicas» y de «urgencia» que sólo hubiesen ofrecido el contrato a Eulen. En España hay casi 1.500 empresas de seguridad y el contrato vencía en abril, seis meses después de haber nacido.
Madrid Destino decidió unificar los diferentes contratos de seguridad en sus distintos organismos dependientes para reducir costes.
La entidad se encontró que la mayor parte de esos contratos de seguridad finalizaban en septiembre pero los del área de cultura, concretamente el Teatro Español, el Teatro Fernán Gómez, el Teatro Circo Price, Matadero y Medialab Prado, lo hacían el 31 de marzo. Es decir, que tuvo de octubre, cuando nació, a marzo para solventar el problema que le iba a venir, seis meses.
En lugar de convocar un concurso nuevo, llegó abril y se decidió adjudicar un contrato nuevo de seis meses mediante procedimiento negociado, de abril a septiembre, a la empresa que ya estaba dando el servicio, Eulen. El contrato unitario, el que daría servicio a todas las dependencias de Madrid Destino, se ha sacado a licitación el 15 de julio por 2.435.601,44 euros y está previsto que entre en vigor el próximo 29 de septiembre .
Reconoce que sólo negocio con Eulen por criterios «técnicos» y de «urgencia»
Pero es que Madrid Destino ha adjudicado este contrato-parche de seis meses en contra de lo que establece la ley, y lo dice el propio Ayuntamiento. Esto es lo que afirma el organismo municipal supervisor de estos procedimientos. «Esta propuesta de contratación no se enmarcaría en ninguno de los supuestos que establece el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) para la realización de un contrato por procedimiento negociado. La propuesta de contratación planteada no se ajusta a la normativa contractual de aplicación», asegura la Dirección General del Sector Público del Ayuntamiento de Madrid en un informe del 31 de marzo al que ha tenido acceso este diario.
Pero es que en ese informe, los responsables de Madrid Destino tratan de justificar la adjudicación a Eulen por que la entidad «está acometiendo un cambio de modelo de gestión para unificar las tres áreas» y considera «imprescindible hacer antes un estudio de necesidades y requerimientos globales de la empresa para poder licitar expedientes unificados».
Por todo ello, asegura: «Hasta que dicho modelo de gestión esté consolidado, se propone mantener la continuidad del servicio con el actual adjudicatario Eulen, durante seis meses del 1 de abril al 28 de septiembre». En ningún momento habla de que se haya invitado a otras entidades a participar de ese procedimiento negociado. El supervisor deja claro que se encuentra dentro del modelo de «contratación armonizada», en consonancia con la normativa europea y que se ve sujeto a las reglas que establece el TRLCSP.
Los procesos negociados son usado por la Administración para dar un servicio muy específico, especializado que sólo pueden dar entidades muy concretas y cuando se dan circunstancias excepcionales. Es obligado tener un mínimo de tres propuestas para decidir y los organismos supervisores (Tribunal de Cuentas) recomiendan que no se utilice que este procedimiento por ser discrecional y opaco.
La ley obliga en los contratos negociados que se consulte, al menos, tres propuestas
Este diario se puso en contacto con Madrid Destino para conocer el motivo por el que se había optado por este modelo de contratación, ya que la Seguridad no es sector muy especializado. Según un informe de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad de 2012, el Ministerio delInterior tenía registradas 1.490 empresas. No hubo respuesta ni tampoco al insistir sobre el nombre de las otras dos propuestas que se deberían haber estudiado, además de la vencedora.
«Se gestionó mediante procedimiento negociado, en virtud del artículo 170 d) y e) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP por lo que se negoció con la única empresa que podría prestar el servicio, la empresa adjudicataria del contrato en vigor, justificado tanto por razones técnicas como por razones de urgencia», precisó un portavoz de la entidad. Reconoce que tan sólo trató el asunto con Eulen.
Hay que recordar que la empresa pública nació en octubre del pasado año y que los contratos de seguridad vencían el 31 de marzo. Si a esto se añade la existencia de casi 1.500 empresas de seguridad en España, deja, cuanto menos en cuestión, las argumentaciones para negociar sólo el contrato a Eulen y adjudicárselo: «Razones técnicas» y de «urgencia».
Además, a todo esto se suma que no hay ni un sólo registro sobre el asunto en la web oficial de Madrid Destino y tampoco ha facilitado la referencia de la convocatoria del contrato o del procedimiento utilizado. La entidad publica todos las licitaciones, el procedimiento que se va a seguir, así como las adjudicaciones en su web. Este contrato no aparece ni en licitaciones ni en adjudicaciones. Sí consta la convocatoria del contrato unitario de seguridad para todas las dependencias de Madrid Destino, el que ha salido a concurso por 2,4 millones.
Un día después de pedir su versión, justificaban su decisión por que «era necesario garantizar el servicio de seguridad hasta la adjudicación del nuevo contrato».

Para UPyD es un contrato «nulo» e «ilegal»

Para la portavoz de Las Artes de UPyD, Patricia García, «el problema es que ese mal llamado procedimiento no existe, se lo han inventado. Es ilegal, pues no está contemplado en la normativa de contratación pública, legislación a la que Madrid Destino está sujeta, como empresa cien por cien pública». La concejala magenta entiende que estos contratos «son nulos, no existen a efectos de Derecho público, que es el ordenamiento que hubiera tenido que regir su preparación y adjudicación. No han cumplido con la ley», sentencia. Además, la edil asegura, que hay disparidad entre la fecha que figura en el contrato (1 de abril de 2014) y la que se firmó realmente (que entiende que sería el 29 de abril). También dice «que es la propia empresa adjudicataria la que estipula que el contrato se divida en dos (el de auxiliares con Eulen y el de vigilantes con Eulen Seguridad), ambos por encima de los 200.000 euros». «O por inutilidad, porque no se han acordado de licitar a tiempo, o por interés, para favorecer a la adjudicataria, el Ayuntamiento se encuentra con que vencen unos contratos que no pueden prorrogar. Entonces se saltan a la torera la ley que están obligados a cumplir inventándose un procedimiento. Para darle un barniz de legalidad piden informe a la DG Sector Público. Y cuando ésta se manifiesta en contra, deciden ignorarlo y seguir adelante. Es decir, para arreglar una negligencia cometen una ilegalidad», dice.

Concentracion contra Segurmaximo en el Centro Comercial las Piramides de Martianez

Un grupo de componentes de la FTSP USO – Canarias, se han manifestado el dia (26 julio) en el Centro Comercial Las Pirámides de Martianez.
Seguimos protestando contra la empresa SegurMaximo por el descuelgue salarial que esta aplicando a todos sus trabajadores/as, por las condiciones en que los Vigilantes prestan sus servicios. Descuelgue que supone una perdida importante en los salarios de los Vigilantes de Seguridad.
Desde la FTSP USO – Canarias, continuaremos con las acciones sindicales y denunciaremos ante las autoridades laborales los desmanes a los que esta empresa somete a sus Vigilantes
Momento posterior a la invitación del Cuerpo Nacional de Policia, que ante la solicitud de la empresa de Seguridad, debemos permanecer fuera de los limites del Centro Comercial las Piramides de Martianez.