El Gobierno central tiene luz verde desde la última semana del pasado mes de junio para la contratación de seguridad privada en 46 centros penitenciarios del país, entre ellos el de Segovia. Son los que quedan por asumir el nuevo modelo después de que el año pasado ya se pusiera en marcha la experiencia a modo de proyecto piloto en 21 prisiones españolas. Los resultados parecen haber convencido a los responsables del Ministerio del Interior, que poco a poco han dado pasos para extender el sistema al resto de cárceles del país. Era, pues, una medida que se venía barruntando desde hace tiempo, aunque no terminaba de fraguar.
Desde el primer momento en que el Ejecutivo esbozó sus planes, los sindicatos han coincidido en sospechar propósitos de privatización de la vigilancia que vienen realizando los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por su parte, Interior siempre ha negado esas intenciones. Su máximo responsable, Jorge Fernández Díaz, se ha encargado de subrayar que esa seguridad privada prestará labores «auxiliares o de apoyo», ya que la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen siendo los garantes y responsables de la protección de los centros penitenciarios del país.
Lo cierto es que el Gobierno ha tratado de amoldar ese proyecto incipiente a las necesidades reales de personal. La Administración General se ha encontrado en la aplicación de la iniciativa con un panorama marcado por la reducción de plazas en la oferta pública de empleo y, por consiguiente, con un déficit cada vez mayor de plantillas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para compensar esa carencia, el Ministerio reenfocó la contratación privada con la mirada puesta en «optimizar» los recursos humanos disponibles en las cárceles y garantizar un «uso eficiente de los fondos públicos», tal y como argumentaron sus representantes.
Control del perímetro
Ese renovado objetivo concretó algo más las atribuciones de los vigilantes privados en el ámbito de actuación penitenciario y el reparto de cometidos de unos y otros. Para empezar, Fernández Díaz quiso disipar dudas y apuntalar el mensaje de que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil supervisarán y dirigirán las tareas asignadas a la seguridad privada. Esas labores se circunscribirán al perímetro de las prisiones, lo que supone, por citar algunos ejemplos, el control de los vallados y muros exteriores, la comprobación de los accesos reservados a familiares o de las cámaras de seguridad. Así se comunicó en una respuesta parlamentaria.Entre sus tareas estarían la supervisión de accesos y el control de vallados y muros exteriores
Con esta redistribución de tareas –aseguraron fuentes ministeriales–, los agentes de los Cuerpos públicos se concentrarán en otras responsabilidades que les son exclusivas dentro de su deber de salvaguarda de la seguridad ciudadana, como pueden ser los traslados de internos o su custodia fuera de las cárceles.
Sin embargo, los argumentos oficiales no convencen a las centrales sindicales. Los representantes de las plantillas desconfían de los planes del Gobierno. Es más, ven «inminente» la llegada de guardias privados a la cárcel segoviana de Perogordo, según las impresiones recabadas de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y del Sindicato Unificado de Policía (SUP).
Sus portavoces creen que la expansión de aquel proyecto piloto, que en Castilla y León se implantó en León, Salamanca y Palencia, será una realidad a no mucho tardar en Perogordo, teniendo en cuenta de que el pasado mes de junio ya se cerró la concesión. Así, los funcionarios esperan la llegada de la vigilancia privada «en cualquier momento», reitera la delegación provincial de Acaip.
Sin publicidad
Desde el primer momento en que el Ejecutivo esbozó sus planes, los sindicatos han coincidido en sospechar propósitos de privatización de la vigilancia que vienen realizando los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por su parte, Interior siempre ha negado esas intenciones. Su máximo responsable, Jorge Fernández Díaz, se ha encargado de subrayar que esa seguridad privada prestará labores «auxiliares o de apoyo», ya que la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen siendo los garantes y responsables de la protección de los centros penitenciarios del país.
Lo cierto es que el Gobierno ha tratado de amoldar ese proyecto incipiente a las necesidades reales de personal. La Administración General se ha encontrado en la aplicación de la iniciativa con un panorama marcado por la reducción de plazas en la oferta pública de empleo y, por consiguiente, con un déficit cada vez mayor de plantillas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para compensar esa carencia, el Ministerio reenfocó la contratación privada con la mirada puesta en «optimizar» los recursos humanos disponibles en las cárceles y garantizar un «uso eficiente de los fondos públicos», tal y como argumentaron sus representantes.
Control del perímetro
Ese renovado objetivo concretó algo más las atribuciones de los vigilantes privados en el ámbito de actuación penitenciario y el reparto de cometidos de unos y otros. Para empezar, Fernández Díaz quiso disipar dudas y apuntalar el mensaje de que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil supervisarán y dirigirán las tareas asignadas a la seguridad privada. Esas labores se circunscribirán al perímetro de las prisiones, lo que supone, por citar algunos ejemplos, el control de los vallados y muros exteriores, la comprobación de los accesos reservados a familiares o de las cámaras de seguridad. Así se comunicó en una respuesta parlamentaria.Entre sus tareas estarían la supervisión de accesos y el control de vallados y muros exteriores
Con esta redistribución de tareas –aseguraron fuentes ministeriales–, los agentes de los Cuerpos públicos se concentrarán en otras responsabilidades que les son exclusivas dentro de su deber de salvaguarda de la seguridad ciudadana, como pueden ser los traslados de internos o su custodia fuera de las cárceles.
Sin embargo, los argumentos oficiales no convencen a las centrales sindicales. Los representantes de las plantillas desconfían de los planes del Gobierno. Es más, ven «inminente» la llegada de guardias privados a la cárcel segoviana de Perogordo, según las impresiones recabadas de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y del Sindicato Unificado de Policía (SUP).
Sus portavoces creen que la expansión de aquel proyecto piloto, que en Castilla y León se implantó en León, Salamanca y Palencia, será una realidad a no mucho tardar en Perogordo, teniendo en cuenta de que el pasado mes de junio ya se cerró la concesión. Así, los funcionarios esperan la llegada de la vigilancia privada «en cualquier momento», reitera la delegación provincial de Acaip.
Sin publicidad
La agrupación se queja de «la falta de transparencia» con la que se tramita el proceso. Lo que sí se sabe es que la estructuración del contrato se reparte en cuatro lotes, divididos por áreas geográficas en función del proyecto piloto. Una de ellas la conforman Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja y Galicia. Además, se ha hecho mediante un «procedimiento negociado sin publicidad», lo que para Acaip es «una forma de facilitar la distribución del negocio fácil entre las grandes empresas del sector».
La sensación de que la implantación es inminente también la alimenta la autorización que dio el Consejo de Ministros, el pasado mayo, a la contratación de vigilantes privados para prestar apoyo a la Policía y la Guardia Civil en la seguridad de los 67 centros penitenciarios del país dependientes de Interior. El coste del contrato en su conjunto supera los 33,3 millones de euros e implica 202 puestos de trabajo y 800 vigilantes.
Los indispensables
Por su parte, los portavoces policiales de sindicato unificado SUPtambién sospechan de que la implantación del nuevo modelo está al caer. El secretario provincial, Tomás Torrego, reitera que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los máximos y únicos responsables de la vigilancia y prevé que la «privatización» traiga consigo la reducción de plantilla.
La Comisaría solicitó el número de funcionarios indispensables para avalar el servicio en la cárcel. El contingente de efectivos destinados supone aproximadamente un 15% de una plantilla de algo más de doscientos policías de que dispone el Cuerpo Nacional en Segovia, señaló hace unos meses el SUP. Es una dotación que, a tenor de los cálculos que hizo el Ministerio para justificar la asignación de efectivos al control perimetral, está algo por debajo de la media de entre 40 y 50 agentes.
Coste de cada vigilante
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) discrepa de la contratación de vigilancia privada en las cárceles y considera que detrás hay un interés por «privatizar» el sector. Los más de 33 millones de euros autorizados por el Gobierno hubieran paliado la reducción del personal que trabaja en las cárceles españolas. Desde 2008, esas plantillas se han visto disminuidas en 1.225 trabajadores, señala Acaip. La calculadora de la agrupación resuelve que el coste que acarreará cada vigilante asciende a unos 3.000 euros al mes.
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