Las mutuas van a ganar margen de maniobra a la hora de decidir cómo gestionar las bajas y altas médicas de los trabajadores enfermos. Estas asociaciones de empresarios formalmente sin ánimo de lucro ya gestionan el 80% de los procesos de incapacidad temporal por enfermedad común o de un accidente no laboral. Si hasta ahora solo podían intervenir a partir del día 16 de la baja, por ejemplo para pedir una revisión al enfermo, la Ley de Mutuas, cuyo anteproyecto irá previsiblemente hoy al Consejo de Ministros, les permite controlar el proceso desde el primer momento.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sin embargo, ha dado marcha atrás a la controvertida “alta presunta”, según el último borrador del texto legal. En anteriores borradores figuraba la posibilidad de que la mutua diera de alta a un trabajador de forma automática por silencio administrativo, es decir, si el médico no respondía en un plazo de cinco días a la propuesta. Según el último texto, si la mutua considera que el trabajador “podría no estar impedido para el trabajo”, formulará la propuesta de alta a la inspección médica de los servicios de salud, que tendrá que responder en cinco días hábiles. Si no la acepta, la mutua recurrirá a los inspectores del Insituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
El proyecto de ley ha levantado la oposición de las asociaciones médicas y los sindicatos. Estos últimos reclamaron en una reunión el lunes detener la reforma hasta aclarar la situación de varias mutuas con casos abiertos en los juzgados (Umivale, Mutua Universal o MAZ) o reclamaciones de la Seguridad Social, Fremap tiene varias pendientes que ascienden a más de 43 millones. Lo que, a la luz de lo previsto para hoy, ha sido descartado.
