30 de mayo de 2013

30 de MAYO DIA de CANARIAS

ANÁLISIS DE IUXSED ¿Existe en realidad un Modelo Europeo de Seguridad Privada?

Chema Gil
Se dice, y no deja de ser cierto, que la Unión Europea puede presumir de tener planteado un 'Modelo Europeo de Seguridad Privada' “único y de principios sólidos”; dicho así debo señalar -sin ánimo de molestar- que en realidad lo que el sector de la Seguridad Privada tiene en Europa es una suerte de catálogo de condiciones de posibilidad para desarrollar un verdadero modelo del sector. En definitiva, en mi opinión, ciertamente, se sientan las bases desde las que poder REALMENTE establecer un modelo de seguridad privada; pero lo que hay no es verdaderamente UN MODELO, pues la atomización de legislaciones, competencias del sector, funciones, diferenciación de requisitos, etc implica un espectro amplio de realidades diversas.
Nuestra Unión Europea ha eliminado fronteras, unificado monedas, camina hacia la unidad fiscal o bancaria, ha homogeneizado la formación universitaria hasta el extremo de que, los títulos universitarios habilitantes, permiten ejercer a los titulados en el conjunto de los países de la Unión, etc.
Se dice, y no deja de ser cierto, que la Unión Europea puede presumir de tener planteado un 'Modelo Europeo de Seguridad Privada' “único y de principios sólidos”; dicho así debo señalar -sin ánimo de molestar- que en realidad lo que el sector de la Seguridad Privada tiene en Europa es una suerte de catálogo de condiciones de posibilidad para desarrollar un verdadero modelo del sector. En definitiva, en mi opinión, ciertamente, se sientan las bases desde las que poder REALMENTE establecer un modelo de seguridad privada; pero lo que hay no es verdaderamente UN MODELO, pues la atomización de legislaciones, competencias del sector, funciones, diferenciación de requisitos, etc implica un espectro amplio de realidades diversas.
¿Tienen mucho que ver las capacidades completas que pueden llegar a alcanzar las empresas de seguridad privada en el Reino Unido con las que -hoy por hoy- pueden alcanzar en España?
La seguridad privada es un ámbito que mueve en la UE un entorno económico superior a los 30.000 millones de euros, hablamos de cientos de miles de personas vinculadas laboralmente al sector; millones de metros cuadrados protegidos por este tipo de seguridad, escoltas, vigilancia y protección de miles, sino millones, de inmuebles de naturaleza pública o privada.
Se empieza a diseñar, por ejemplo en España, la posibilidad real de que determinados niveles de la seguridad vinculada a los establecimientos penitenciarios empiecen a ser asumidos por empresas y personal de seguridad privada.
Es un sector en el que, en general en Europa, pero muy especialmente en nuestro país, se ha incrementado la calidad de su capital humano mediante la formación específica en las materias o ámbitos a los que progresivamente se ha ido abriendo paso el sector. Desde la praxis de la radioscopia hasta la protección de buques españoles en aguas internacionales con la utilización de armamento de guerra.
Esta mirada positiva a la actualidad no es óbice para que debamos identificar que también ha habido, con los diferentes gobiernos, un iter errático desde que se aprobara la Ley de Seguridad Privada en el 92 y su posterior Reglamento en 1994.
Como en el caso de la actual reforma, cuyo último empuje ha sobrevenido tras un escándalo en el ámbito de la investigación privada, no es preciso que recordemos algunos hechos que precedieron a la redacción de la Ley 23/1992. Legislar, en parte, por la presión de titulares de prensa, lleva a que los textos legales -tras su aprobación- se manifiesten como muy mejorables al poco tiempo.
Las legislaciones sobre el sector de la Seguridad Privada en los estados de la Unión, conforme a lo que se pone de manifiesto en el IV Libro Blanco editado por CoESS en marzo de este mismo año, tras la cumbre sobre seguridad privada celebrada en Madrid; debieran tener en cuenta la realidad de un sector que, unas veces por las necesidades que impone la sociedad en demanda de mayores cotas de seguridad y, en otras ocasiones, las obligaciones que los estados tienen con sus ciudadanos en este sentido, han provocado, con especial relevancia en España, la contínua 'modificación-actualización' del texto legal básico, su reglamento y otras normas aplicables. Y las modificaciones no han sido en cuestiones sin importancia; recordemos la taxatividad con la que se expresaba la Ley de Seguridad Privada (23/1992) respecto a las funciones de los 'escoltas privados', que debían limitarse a prestar la protección deambulatoria -una de las pocas excepciones que se recoge- a personas privadas a las que, excepcionalmente y atendiendo a unas determinadas circunstancias, el Ministerio del Interior autorizara la aplicación de tales medidas de seguridad. Pues bien, pasamos de esa situación a que los escoltas privados, merced a una normativa creada expresamente a tal fin, pudieran proteger a autoridades públicas; como consecuencia de la intensificación y generalización de las amenazas terroristas de ETA, contra cargos políticos, sobre todo. Este es un ejemplo, de los muchos que podríamos traer a colación.
La reforma legislativa de la Ley de Seguridad Privada ha comenzado el itinerario de la tramitación parlamentaria, en el que esperemos que los complejos de nuestros partidos políticos desaparezcan y abandonen cualquier prejuicio sobre el sector y, si lo tienen, legislen para que tales prejuicios no se materialicen en conductas indeseables; pero que de una vez por todas tengamos una Ley de Seguridad Privada que contemple el amplio espectro en el que deberían poder operar las empresas del sector, cumpliendo los estándares de calidad que se entiendan necesarios.
Estamos observando que viene de camino, y parece que va a ser 'sí o sí', que la Seguridad Privada va a empezar a operar en ciertos niveles de vigilancia, seguridad y protección en el ámbito de las instituciones penitenciarias. Va a poder desarrollar acciones propias de la seguridad privada en espacios comerciales más o menos delimitados por una concentración de actividad comercial, pero espacios públicos, al fin y al cabo.
La nueva legislación debiera tener en cuenta la, cada vez mayor, cualificación del personal de seguridad privada. En este sentido se ha producido un incremento formativo realmente espectacular, pero como siempre, las necesidades han ido imponiendo esta formación a base de cursos específicos con, como mucho, el reconocimiento u homologación del Ministerio del Interior, desde los vigilantes de seguridad hasta los directores de seguridad, éstos últimos, formados en procesos sometidos a la dirección directa o supervisión de las universidades españolas.
De ahí que me congratulo al observar que el texto propuesto para la nueva Ley contempla la posibilidad de que por las autoridades educativas se planteen procesos de formación reglada, como se han aprobado para otros ámbitos (por ejemplo los técnicos en emergencias sanitarias TES); pero mucho me temo que, atendiendo al viejo aforismo castellano será una 'arrancada de caballo y parada de burro', salvo que los actores que operan en el sector, especialmente las empresas, empujen. Si esto no sucede me temo que todavía pasarán muchos años antes de que se elabore un verdadero plan académico de estudio que contemple -por poner un ejemplo- una formación profesional de grado medio para los vigilantes de seguridad, una formación profesional de grado superior para Jefes de Seguridad y una formación universitaria de Grado para los Directores de Seguridad; éstos últimos se conforman como un verdadero personal facultativo. Retrasar una medida así supondría dejar de lado la posibilidad de incrementar la calidad de los recursos humanos vinculados a la seguridad privada.
Las autoridades debieran aplicarse a, al menos, la realización de cursos de adecuación para el reconocimiento académico de la formación adquirida por el personal de Seguridad Privada, que opera en los distintos niveles funcionales. Ciertamente, esa formación reglada, puede verse completada con el amplísimo espectro de especialidades que ya existen en el sector y aquellas que puedan y deban ir creándose atendiendo al surgimiento de nuevas tecnologías o la metamorfosis o aparición de fenómenos coadyuvantes a la INSEGURIDAD contra la que se trabaja.
¿Pero es éste un esfuerzo que deba hacer un solo país?, NO...si realmente las empresas europeas del sector, así como las fuerzas sindicales vinculadas a la Seguridad Privada no demandan de la Unión que exista una homogeneización del sector, tanto en sus competencias como en su formación, no podemos afirmar que haya, verdaderamente, un MODELO EUROPEO DE SEGURIDAD PRIVADA. Además, ese modelo debiera empezar a ser compartido -DESDE ESTOS MISMOS MOMENTOS- con países que mantienen relaciones avanzadas con la Unión Europea y con los que en breve pueden existir procesos de incorporación o, cuando menos, tratados de libre comercio, como es el caso de Marruecos, donde existe un, llamemosle 'incipiente', sector de seguridad privada, cada vez más presente en los extraordinarios desarrollos urbanos, turísticos y comerciales que se están desarrollando en el país.

Eulen resiste la crisis con unas ventas de 1.338 millones de euros en el año 2012

El grupo de servicios del leonés David Álvarez centra sus objetivos en seguir reforzando su balance a pesar de la crisis, ajustando sus contratos en España y creciendo en el exterior.
leonoticias.com



La cifra de negocio consolidada del Grupo Eulen, líder en nuestro país en la prestación de servicios generales a empresas, en 2012 fue de 1.338 millones de euros, cifra muy similar a la de 2011, con un leve descenso del 0,7%. En España, las ventas ascendieron a 1.058 millones, un 4,6% menos, en gran parte compensado por un crecimiento del 17,1% en los mercados exteriores, donde se alcanzaron los 281 millones de euros.

El ejercicio 2012, marcado por la continuidad y profundización de la crisis económica  en España, ha significado cambios importantes en las estructuras del sector español de servicios intensivos en personal: cambios por estrechamiento general del mercado, si bien, el descenso del Grupo Eulen -menor que el mercado- ha supuesto un incremento de participación en cuota; cambios normativos y en las exigencias de los contratos, donde la compañía está realizado esfuerzos importantes en configuración de trabajos y ajustes laborales; y cambios en la forma de la demanda, donde el Grupo Eulen viene respondiendo con nuevos enfoques de integración y gestión de servicios bajo concepto de Facility Services.


Por el contrario, el mercado de los 14 países donde está presente la empresa en el exterior, sigue marcado por la expansión económica. En ellos, el Grupo Eulen, propiedad del leonés David Álvarez, continúa fiel a su política de crecimiento orgánico dentro de sus posibilidades de autofinanciación, por lo cual ha pasado de tener un 17,8% de sus ventas en 2011, a un 21% en 2012.

Gracias a esta política, el Grupo espera poder afrontar los ajustes que necesariamente se derivan de la situación del mercado en España, compensando con crecimientos significativos de ventas del exterior; 56% en Perú, 38% en Panamá, 33% en Costa Rica, 28% en USA, 23% en Chile, 8% en Portugal y 2% en República Dominicana. Únicamente no se ha crecido en los mercados de Méjico y Colombia, donde se están completando acciones de saneamiento de contratos. Por su parte, en Libia, Omán y Qatar, inicialmente, se están realizando servicios puntuales.

Tras una trayectoria de crecimiento y mantenimiento de resultados, a pesar de la situación desfavorable del entorno, el ejercicio 2012 se ha cerrado con un Ebitda consolidado de 42,3 millones de euros, un 13% inferior al ejercicio anterior. 
El Ebitda atribuible a España fue de 36,3 millones de euros, un 19% inferior al ejercicio anterior. Pero de nuevo, la actividad internacional comienza a compensar en buena parte con un Ebitda de 6 millones de euros, con un crecimiento del 66%.

A nivel de actividad recurrente, el Ebitda se situó en torno a 52 millones de euros. Esto  indica que 2012 ha sido un ejercicio marcado por causas extraordinarias, desde  indemnizaciones laborales por ajustes de estructuras o por cierre y saneamiento de contratos, a costes por procesos jurídicos o la negociación con el principal cliente en Estados Unidos tras acogerse éste al Chapter 11. La base de la actividad mantiene el nivel de resultado operativo, lo que permite absorber estos impactos negativos que deben afrontarse como consecuencias múltiples de un marco de crisis.

El resultado neto consolidado del grupo fue 16,2 millones de euros, un 25% inferior al del año pasado. El resultado correspondiente a España fue de 15 millones un 38% inferior. Para valorar esta diferencia, hay que tener en cuenta que el Grupo EULEN se acogió en España al plan de pagos a proveedores de sus clientes AAPP, lo que tenía como condición la condonación de los intereses financieros por demora.

Pero, en contrapartida, dicha operación permitió mejorar significativamente la estructura financiera del balance. A nivel de resultado neto, el esfuerzo de internacionalización comienza ya a dar los primeros frutos globales, correspondiendo al exterior 1 millón de euros, que supone un crecimiento de 126%.

El Grupo continúa reforzando la fortaleza financiera de su balance a pesar de la crisis. Los fondos propios consolidados alcanzaron los 214 millones de euros, incrementándose un 2,3%. El fondo de maniobra creció un 3,9%, situándose en 230 millones de euros.

La deuda financiera neta descendió un 17%, hasta los 122 millones de euros. En este sentido, la compañía se viene destacando por su política financiera conservadora y entiende que el sector está atravesando una situación seria en el mercado interior, por lo que considera que la principal garantía para superarla es manteniendo y logrando la mayor autonomía financiera posible, a la vez que apostando por su desarrollo en el exterior.

Revista ADSI Nº356


29 de mayo de 2013

Monográfico SEGURPRI Nº 20


Jueces de la Audiencia vuelven a tener escoltas por temor a las protestas por la corrupción

Jueces de la Audiencia vuelven a tener escoltas por temor a las protestas por la corrupciónEl Ministerio del Interior ha accedido a la petición de la Audiencia Nacional de devolver parte de la escolta a sus jueces de instrucción. La inquietud de estos seis magistrados no se debe a una posible vuelta a las armas de la banda terrorista ETA, sino al ambiente convulso que existe en la sede del órgano judicial debido a las causas por corrupción y contra las cajas de ahorros, según fuentes jurídicas.
El servicio de escolta reimplantado hace quince días sólo está fijado en horario de mañana para controlar principalmente las entradas y salidas de los instructores, quienes ven cierto peligro en el acceso al edificio cuando diariamente hay manifestantes apostados en la puerta que van a protestar contra los imputados inmersos en causas judiciales.
Según fuentes conocedoras del asunto, la sede temporal de la Audiencia Nacional –el edificio principal está en obras- tiene unas condiciones poco apropiadas para la seguridad e Interior ha decidido acceder a la petición de los instructores porque son la cara más visible y conocida del órgano judicial.
Estas mismas fuentes señalan que en ningún caso se debe al miedo por una posible vuelta de ETA porque, entre otras cosas, la Audiencia Nacional no tiene constancia oficial de que eso sea así. A día de hoy, los jueces instructores no tienen ninguna información que avale la afirmación del fiscal Carlos Bautista, quien ayer argumentó en un juicio que existen informes oficiales que apuntan a que ETA podría estar planeando su “vuelta a la actividad armada”. Otras fuentes de la lucha antiterrorista sostienen que no existe un informe como tal, pero que son ciertas las sospechas planteadas por el fiscal. 
A pesar de la información manejada por la Policía, la devolución de parte de los escoltas a los instructores no tiene nada que ver con un posible peligro terrorista. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, solicitó una reunión con el secretario de Estado de Seguridad tras la preocupación mostrada por los seis jueces. En ese encuentro se planteó la inquietud por la convulsión existente en las puertas de la Audiencia Nacional, a lo que el Ministerio se mostró sensible y accedió.
En esa reunión, Interior advirtió de que se trata de una medida temporal hasta que analice con más detalle la situación y se tome una decisión definitiva. Aun así, fuentes conocedoras del asunto explican que no se trata de una vuelta atrás a la decisión del Ministerio en junio del pasado año de retirar el servicio de escoltas a jueces y fiscales del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por el menor riesgo existente tras el alto el fuego de ETA en octubre de 2011 y la necesidad de reducir gastos.
De la Audiencia Nacional, se quedaron sin protección casi una veintena de jueces y prácticamente todos los fiscales, con la excepción del presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, el juez de vigilancia penitenciaria José Luis de Castro, y el fiscal jefe, Javier Zaragoza

Eulen gana el 25 % menos por la menor demanda y cambios normativos en España

Madrid, 29 may (EFE).- El grupo de servicios Eulen logró el año pasado un beneficio neto de 16,2 millones de euros, el 25 % menos que un año antes, lastrado por España, donde las cuentas del grupo se vieron afectadas tanto por la contracción de la demanda como por diversos cambios normativos.
Las ventas del grupo sumaron 1.338 millones de euros, el 0,7 % menos, con un descenso de la facturación en España del 4,6 %, hasta los 1.058 millones, y un aumento del 17,1 % en el exterior, donde sumó 280,6 millones, ha explicado hoy el director general de la compañía, Juan Jordano.
Eulen cerró el ejercicio de 2012 con un resultado bruto de explotación (ebitda) de 42,3 millones, inferior en un 13 % al de 2011.
Mientras en el plano internacional el ebitda creció el 66 % y sumó 6 millones, en España bajó el 19 % y se situó en 36,3 millones de euros, debido a "impactos extraordinarios", que la compañía valora en unos 10 millones.
Sin esos impactos y cambios normativos, que Jornado calificó de "hirientes", el resultado bruto de explotación recurrente del grupo sería de 52 millones, mejorando ligeramente el de 2011.
"En 2012 nos hemos visto sorprendidos por cambios legislativos que han tenido su impacto", dijo Jordano, quien se ha referido a la eliminación de las bonificaciones por pasar a un trabajador de temporal a fijo, la cotización del plus de vestuario de personal o la cancelación del servicio de escoltas en el País Vasco y Navarra (más de 3 millones de euros).
Además, la firma, que emplea a unas 78.130 personas y que en 2012 redujo su plantilla en España en unos 2.500 trabajadores para ajustarla a la demanda actual, destinó 1,8 millones a indemnizaciones por reestructuración.
"Las medidas legales han restado 4 millones", dijo Jornado, quien ha recordado que Eulen se acogió al Plan de Pago a Proveedores por parte de las Administraciones, lo que le obligó a renunciar al cobro de intereses por demora (más de 3 millones de euros).
Por el contrario, este plan ha permitido mejorar "significativamente" la estructura financiera de la compañía, que ha recortado su deuda un 17 %, hasta 122 millones de euros, al mismo tiempo que ha elevado sus fondos propios un 2,3 % (214 millones) e incrementado su fondo de maniobra un 3,9 % (230 millones).
Así, Jordano ha considerado que sería positivo que se reeditara el plan dado que el problema de impago se está reproduciendo, al mismo tiempo que ha pedido que para acceder a un contrato público se exija a las empresas cumplir con la ley de morosidad.
De cara a 2013, ha reconocido que la situación en España continúa marcada por la crisis y ha confiando en que la actividad internacional de la empresa permita equilibrar las cuentas.
En este sentido, ha indicado que Eulen prevé multiplicar por 2 ó 3 el beneficio neto aportado por el área internacional, donde el año pasado ganó 1 millón de euros, frente a los 3,4 millones que perdió en 2011.EFE

28 de mayo de 2013

Vigilantes Noticias 28 de Mayo de 2013

















































26 de mayo de 2013

Dos vigilantes refuerzan desde comienzos de mes la seguridad en la cárcel

Este programa experimental en la prisión de La Moraleja durará nueve meses y después se valorará su continuidad

Lo anunció el pasado 18 de marzo el delegado del Gobierno en la región, Ramiro Ruiz Medrano, durante su visita junto al director del Imserso, César Antón, al Centro Asistencial San Juan de Dios de la capital palentina. A partir del 1 de abril, cuatro centros penitenciarios de Castilla y León iban a incorporar vigilantes de seguridad de empresas privadas de forma «experimental». Esas cuatro cárceles elegidas eran La Moraleja, en Dueñas; Topas, en Salamanca; Mansilla de las Mulas, en León, y el centro penitenciario de Villanubla, en Valladolid. Ruiz Medrano explicó que en ellas se iba a compatibilizar el servicio de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con vigilantes privados, y que, con el tiempo, se vería si la medida tiene continuidad o se buscan otras alternativas.
Pues bien, en la cárcel de Dueñas se valora positivamente la medida, según explica el director del centro penitenciario, Javier Díez, que hace hincapié en que durante el mes que llevan prestando su servicio los dos vigilantes de seguridad destinados, no ha habido ningún incidente en la cárcel. «Llevan en el centro desde primeros de mayo, uno de ellos en el control de acceso a la prisión y el otro, en el control de las cámaras del recinto exterior, pero los dos están acompañados de guardias civiles, no les sustituyen», añade Javier Díez, que señala que los dos vigilantes van a desempeñar su labor en el centro penitenciario durante nueve meses y, al término, «se hará un informe para que el Ministerio decida si es viable o no».
Fuentes del Ministerio del Interior han incidido en que «no se trata de suplir la labor de los guardias civiles sino de reforzar su trabajo en tareas de vigilancia no esenciales al tratarse de vigilantes que no van armados».
Los vigilantes, en su mayoría escoltas que perdieron su trabajo en el País Vasco desde el fin de las hostilidades por parte de ETA, vienen «a reforzar el servicio que presta la Guardia Civil en los controles de acceso de la puerta exterior, las garitas o las cámaras, siempre bajo la supervisión de los agentes», resumen fuentes de Instituciones Penitenciarias.
Los antiguos escoltas proceden de una unión temporal de seis empresas del sector creada para la ocasión y que destinará a 11 vigilantes en el caso de la prisión de Valladolid y a otros 18 para cubrir los tres turnos de las restantes cárceles de Palencia, León y Salamanca. Así hasta sumar 250 efectivos en 21 centros.
La Asociación de Guardias Civiles (AUGC) entiende que aunque se asegure que esta medida «solo será un refuerzo» al trabajo que hacen las Fuerzas de Seguridad del Estado, en el fondo la intención final del Gobierno es «privatizar la seguridad en las prisiones».
Tampoco la Unión de Guardias Civiles (UGC) ve con buenos ojos la incorporación de vigilantes privados a las prisiones. «No tiene mucho sentido reforzar un servicio que ya estaba bien cubierto por los guardias civiles destinados en las cárceles cuando nadie ha detectado que hubiera problemas graves que obligaran a incorporar nuevos efectivos», afirman.

25 de mayo de 2013

24 de mayo de 2013

Elecciones Securitas Alava

LSB-USO no solo irrumpe con fuerza en el Comité, sino que los compañeros de Securitas apuestan mayoritariamente por el sindicalismo real y comprometido.
Hemos obtenido 2 delegados de los cinco que se elegían, hemos sido el sindicato mas votado al obtener el 46,43% de los votos y rozado la mayoría absoluta .
Queremos dar las gracias a cuantos han depositado su confianza en nuestra organización., asi como el reconocimiento a los compañer@s por el trabajo diario que realizan en este caso en alava.

Nota Prositecnisa Sequor


Seguritecnia nº 397


La Seguridad Social multó con 7,5 millones a Esabe el año que la contrataron por 35 en Sanidad


La policía detuvo a la cúpula de la contratista por un 
fraude de 30 millones en las cotizaciones de sus empleados

Los incumplimientos de la empresa de seguridad y limpieza Esabe, investigada por Anticorrupción, con la Seguridad Social fueron numerosos durante toda su trayectoria, principalmente entre los años 2004 y 2011. Esos impagos, que la ley penaliza con la imposibilidad de contratar con instituciones públicas, no fue impedimento para conseguir millonarias adjudicaciones de la Generalitat, como ha venido contando este periódico en la última semana. El Ministerio de Trabajo multó en 2008 a Esabe con 7,5 millones de euros por no abonar las cotizaciones de sus empleados, justo el mismo año que la Conselleria de Sanidad le adjudicó un contrato de limpieza de 35 millones de euros sin experiencia previa en este sector. Un año antes, en plena tramitación de los expedientes sancionadores, le cayeron otros 11 millones del mismo departamento.
Según la denuncia de la Seguridad Social a la que ha tenido acceso este periódico y que está fechada el 11 de diciembre de 2008, la empresa Esabe incurrió en nueve infracciones cuyas multas ascendieron a 7.491.400,6 euros. El proceso sancionador se había iniciado por unos impagos de 2004 al no haber liquidado las cuotas de la Seguridad Social. En esa fecha, Esabe llevaba meses realizando la limpieza de hospitales tan importantes como la Fe o el General de Alicante y gestionaba la seguridad privada de estos mismos centros y cinco departamentos sanitarios de la C. Valenciana.
Las investigaciones que actualmente realiza la fiscalía Anticorrupción y la policía tienen que ver con este tipo de fraude, aunque la cantidad asciende a los 30 millones de euros. Los propios trabajadores de Esabe en Valencia y Alicante sufrieron en sus carnes la gestión desastrosa y supuestamente fraudulenta del propietario (Juan José Prados del Pino, ahora en paradero desconocido) y en noviembre de 2010 alertaron a la Conselleria de Sanidad, en concreto, al otrora director económico Eloy Jiménez de los impagos y las dudas con la Seguridad Social.
De nada sirvieron los avisos de los empelados. En enero de 2011 Sanidad volvió a adjudicar la seguridad de la Fe y otros centros por casi 12 millones. Cabe recordar que un imputado aseguró que para saltarse el requisito de incumplimiento con la S. Social Esabe habría pagado sobornos a un cargo de la Conselleria de Sanidad llamado "Eloy".

PARAMOS? NO……… SEGUIMOS? SI………


La empresa Seguridad Integral Canaria, previa comunicación a los representantes de los trabajadores y trabajadoras, da por iniciado en el día de hoy, el periodo de consultas para iniciar el expediente de modificación sustancial de las Condiciones de Trabajo, en Santa Cruz de Tenerife.
La intención de la empresa es poder aplicar en Tenerife el supuesto convenio que se está implantando en Gran Canaria. La bajada de salarios es bastante considerable ya que entre otras cosas, propone:
1.- Supresión de la Paga de Beneficios, en su totalidad.
2.- Bajada de Salario Mensual de 91,44 Euros.
3.- Horas extraordinarias al mismo precio que la hora ordinaria.
4.- No se devengara complemento de antigüedad a partir de la fecha de entrada en vigor del Presente Convenio.
5.-Plus de Peligrosidad se percibirá exclusivamente para los Vigilantes que presten servicios con Arma.
6.- Plus de Radioscopia Aeroportuaria, se fija en 0.50 € por hora efectiva de trabajo. El curso de Radioscopia, así como la actualización o renovación del mismo, será de exclusiva cuenta y cargo del Trabajador.
7.- Plus de Radioscopia Básica, se fija en 0.25 € por hora efectiva de trabajo.
8.- Plus de Nocturnidad se abonara a 0.50 € por hora efectiva de Trabajo.
9.- Plus de Fin de Semana y Festivos. Se Suprime.
10.- Plus de Navidad y Fin de Año. Se suprimen ambos.
11.- Plus de Transporte. Se Suprime.
12.- Plus de Vestuario. Se Suprime.
13.- Las Cantidades establecidas en el Presente Convenio, permanecerán inalteradas y sin actualizar durante los dos primeros años de vigencia del mismo.
Como ven, la empresa Seguridad Integral Canaria pretende imponer a sus trabajadoras y trabajadores en Tenerife, unas condiciones de Trabajo totalmente inaceptables y desproporcionadas

23 de mayo de 2013

Funciones de los vigilantes en los Centros de Menores

Consulta efectuada por un director de seguridad de una Fundación, relativa a diversas cuestiones sobre operatividad de los vigilantes de seguridad en Centro de Menores.

Las cuestiones expuestas por dicho Director, son las siguientes: 
1.- ¿Puede un vigilante de seguridad destinado en este servicio, apoyar activamente al personal del centro, en la realización de registros y cacheos, en la persona del interno, pertenencias y enseres, así como en las dependencias e instalaciones del centro? 
2.- ¿Puede un vigilante de seguridad destinado en este servicio, hacer uso del detector 
manual de metales para el apoyo en los registros de internos?
3.- ¿Puede un vigilante de seguridad destinado en este servicio, hacer uso del detector manual de metales en el control de accesos al interior del edificio a trabajadores y visitantes?
4.- ¿Puede un vigilante de seguridad destinado en este servicio impedir la fuga de un interno desde el interior del centro y en el caso de haberse producido, continuar la persecución, a pie, del interno fugado en el exterior del centro? 
5.- En el caso de que un vigilante de seguridad pudiera continuar la persecución a la que se refiere la pregunta 4, ¿una vez alcanzado el interno, puede un vigilante de seguridad destinado en ese servicio, hacer uso de sus medios de contención y defensa en el exterior del edificio?
6.- En el caso al que se refiere la pregunta 4, ¿debe un vigilante de seguridad destinado en ese servicio, detener al interno fugado en el exterior del edificio y esperar en el lugar a la llegada de efectivos policiales, o puede dejar que el personal del centro traslade al interno al centro? 
El artículo 71 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, señala que los vigilantes de seguridad deberán “ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos”. El mismo artículo 71 en su punto 3, viene a indicar que “en la organización de los servicios y en el 
desempeño de sus funciones, los vigilantes dependerán del jefe de Seguridad de la empresa de seguridad en la que estuviesen encuadrados. No obstante, dependerán funcionalmente, en su caso, del jefe del departamento de seguridad de la empresa o entidad en que presten sus servicios”.
El artículo 67 del mismo Reglamento viene a recoger que: “el personal de seguridad privada, se atendrá en sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad, protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles”.
En las preguntas objeto de consulta concurren circunstancias específicas en las que la legislación de seguridad privada se complementa con la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y en concreto, con su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, y que en su artículo 54, viene a indicar determinadas actuaciones que han de llevarse a cabo en los centros de menores, estableciendo: 
“1.- Las funciones de vigilancia y seguridad interior de los centros corresponden a sus trabajadores, con arreglo a los cometidos propios de cada uno y a la distribución de servicios que el director del centro o la entidad pública haya acordado en su interior. 
2.- Las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior de los centros consistirán en la observación de los menores internados. También podrán suponer, en la forma y con la periodicidad establecida en este artículo, inspecciones de locales y dependencias, así como registros de personas, ropas y enseres de los menores internados.
3.- En aquellas dependencias que a criterio del centro lo requieran, podrán utilizarse medios electrónicos para la detección de presencia de metales o para el examen del contenido de paquetes u objetos. 
4.- Las inspecciones de las dependencias y locales del centro se harán con la periodicidad que la entidad pública o el director del centro establezca.
5.- El registro de la persona, ropa y enseres del menor se ajustará a las siguientes normas: 
a) Su utilización se regirá por los principios de necesidad y proporcionalidad y se llevarán siempre a cabo con el respeto debido a la dignidad y a los derechos fundamentales de la persona. Ante la opción de utilizar medios de igual eficacia, se dará preferencia a los de carácter electrónico. 
b) El registro de la persona del menor se llevará a cabo por personal del mismo sexo, en lugar cerrado sin la presencia de otros menores y preservando, en todo lo posible, la intimidad.
8.- La entidad pública podrá autorizar, en aquellos centros donde la necesidad de seguridad así lo requiera, el servicio de personal especializado, en funciones de vigilancia y de apoyo a las actuaciones de los trabajadores del centro previstas en los apartados anteriores de este artículo. Este personal dependerá funcionalmente del director del centro.” 
Igualmente hay que traer a colación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo que respecta a la detención por particulares, así el artículo 490 de dicho texto legal dice: “cualquier persona puede detener:
1. Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. 
2. Al delincuente in fraganti. 
3. Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena. 
4. Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme. 
5. Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior. 
6. Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente. 
7. Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.”

CONCLUSIONES 
Del estudio de lo relatado, esta Unidad considera que la respuesta correspondiente a cada una de las preguntas expuestas, sería la siguiente: 
1ª.- Una vez autorizado el servicio de vigilancia por la entidad pública competente, éste dependerá funcionalmente del director del centro, debiendo los vigilantes de seguridad apoyar las actuaciones de los trabajadores del centro, que son los competentes para realizar los registros y cacheos.
2ª.- Los medios de detección que se pueden utilizar para el registro o cacheo de los internos en el interior del establecimiento, deben ser utilizados por los trabajadores del centro y, en su caso, apoyados por los vigilantes en la realización material de dichos cometidos. 
3ª.- En los controles de acceso al centro, los vigilantes pueden utilizar todo tipo de detectores homologados para el cumplimiento de su misión. 
4ª.- Sí. Le faculta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como la normativa de seguridad privada. 
5ª.- Sí. Debiendo estar la actuación del vigilante adecuada a los principios básicos de actuación, concretamente a los de congruencia, oportunidad y proporcionalidad y, haciendo uso racional de la fuerza y utilizando el medio menos lesivo. 
6ª.- En caso de lograr la detención de un fugado del centro deberá ser reintegrado al mismo de la manera más rápida posible, debiendo poner inmediatamente los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del director del centro.
Fuente: belt.es

Primer Plan de Igualdad en la empresa Segurisa


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Nota informativa sobre un nuevo caso de impago Ceca Seguridad


Serramar se adjudica la vigilancia del CETI aunque no ha pagado aún a sus empleados


Media plantilla de la empresa de seguridad todavía no ha cobrado el sueldo del mes de abril.
Ya se había anunciado, pero el contrato no estaba formalizado. La empresa Serramar, que ha sufrido atrasos en el pago de los sueldos de sus 55 trabajadores de Melilla desde el mes de marzo, ya es la adjudicataria oficial del servicio de vigilancia del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla (CETI), según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Coincidiendo con el anuncio en el BOE, fuentes sindicales de Serramar confirmaron a El Faro que media plantilla sigue sin cobrar la nómina de abril, a estas alturas de mayo. “La empresa nos ha asegurado que a lo largo de esta semana pagará los sueldos que tiene pendiente. Si no cumplen su promesa, a finales de este mes pondremos una denuncia ante la Inspección de Trabajo”.
Antes no tendría sentido poner la reclamación, aclaran, porque “si Serramar paga a todos los trabajadores el viernes, se quedaría en papel mojado”, subrayaron a El Faro.
Desde la empresa mantienen la versión que en varias ocasiones han ofrecido a este periódico: Que no pagan a sus trabajadores porque varios ministerios,  entre ellos el de Empleo, les adeudan cerca de 400.000 euros. Por eso están seguros de que no habrá rescisión del contrato de 2,2 millones de euros que les asegura trabajo en el CETI durante los próximos 25 meses. “Si la Administración no paga, no puede pedirnos que paguemos nosotros”, aseguraron a este periódico.

Luchas sindicales intestinas
Fuentes sindicales de Serramar en Melilla afirmaron a este periódico que siguen sin dar crédito a las declaraciones del responsable de Organización y Administración de  la Ejecutiva estatal de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Juan Carlos López Reyes, que la semana pasada comentó a El Faro que no entendía la dimisión del representante de USO en Serramar de Melilla, porque, según sus propias palabras, “uno no puede dimitir de un cargo que no ostenta”. Asimismo, en tono irónico, comentaba a este periódico que no sabía qué medicación se estaba tomando el representante sindical de USO en la ciudad y le recomendaba que se la cambiara porque, en su opinión, “no le sienta bien”.
Al respecto, el representante de USO en Melilla dijo ayer a El Faro que al escuchar declaraciones como ésa tenía la impresión de estar más frente a un “mafioso”, que frente a un dirigente sindical. “El año que viene hay elecciones en la Ejecutiva y quieren quitarnos de  enmedio a los que discrepamos y no les vamos a votar”, añadió.
Denuncia ante la Dirección de Trabajo
El secretario de Organización y Administración de la Ejecutiva estatal de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Juan Carlos López Reyes, ha señalado a El Faro que el sindicato USO ha interpuesto una denuncia contra la empresa Serramar en toda España ante la Dirección General de Trabajo. Asimismo animó a los trabajadores de Melilla, que siguen sin cobrar sus sueldos, a que a nivel particular pongan una reclamación a la mercantil. “Para eso nos tienen a su disposición”, añadió.
López Reyes sospecha de la explicación que ha dado Serramar en Melilla para justificar el retraso de los pagos de los sueldos de los trabajadores. “Si sólo se retrasaran a la hora de pagar en Melilla, les creeríamos, pero es la misma película en toda España”, recalcó.
En esta línea subrayó que en más de una provincia hay denuncias interpuestas contra Serramar, “porque es una empresa que incumple” y lanzó acusaciones en torno a la forma en que la mercantil aplica la Ley de Seguridad Privada o cotiza a la Seguridad Social.

Eulen se lleva el contrato de limpieza del Ingesa por cerca de 31.000 euros
Eulen ha conseguido la adjudicación del contrato del servicio de limpieza de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Melilla por 31.333 euros. 
La propuesta de Eulen ha sido la oferta económica más ventajosa para la administración, que sacó a concurso el servicio por 77.875 euros. O sea la rebaja de la empresa supera el 50%.
Según consta en la web de la Plataforma de Contratación del Estado, la oferta más alta presentada al concurso de licitación asciende a 33.652 euros.
Hay que tener en cuenta que Eulen también se ha adjudicado el servicio de vigilancia del Centro de Estancia Temporal (CETI) de Ceuta por 2,9 millones de euros, un importe superior al asignado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a su competidor, Serramar, que se hizo con la vigilancia del CETI de Melilla por 2,2 millones, según recogió ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Tal y como ha recogido El Faro, en los últimos ocho meses Eulen ha logrado contratos por al menos 7,5 millones de euros en Melilla. La mayoría de ellos son concesiones del Ministerio de Defensa y del Ingesa.

La Policía Nacional reconoce el trabajo del personal de seguridad privada

El acuartelamiento del Grupo Especial de Operaciones (GEO) ha acogido esta mañana un pequeño homenaje del Cuerpo Nacional de Policía al personal de seguridad privada. El acto ha consistido en la entrega de diplomas a varios trabajadores que se han distinguido por su trabajo y/o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Al finalizar, el comisario jefe, Alfonso Cid Alguacil, ha destacado el duro trabajo que realizan estos profesionales, ha agradecido su colaboración y ha felicitado a los homenajeados. El de los vigilantes de seguridad “es un trabajo, duro, anónimo, que no distingue días festivos, ni noches, y que implica un riesgo aparejado a la labor que se desarrolla”, subrayó el comisario. La seguridad privada está controlada por la Policía Nacional. Es habitual que una vez al año se reúnan y “les hacemos partícipes de nuestro agradecimiento por la colaboración que prestan en la lucha contra el crimen y el mantenimiento de la seguridad ciudadana”, explicaba. En esta ocasión, el motivo del encuentro es doble, porque este año se ha instaurado el Día Nacional de la Seguridad Privada, que se conmemora el 21 de mayo. De esta fecha data la primera norma sobre seguridad privada, que dictó el rey Carlos I en 1518.

22 de mayo de 2013

Vigilantes Noticias 22 de Mayo de 2013


















































Segurpri nº 40