31 de julio de 2013

La DGIT, da la razón a la USO, por las irregularidades de Serramar Seguridad.

Nuestra organización sindical ya viene denunciando desde hace muchos meses los continuos incumplimientos de esta empresa, tanto con el pago de los salarios a los trabajadores como con las obligaciones en cuanto a cotización. Tras los trámites realizados por la Inspección de Trabajo se ha podido constatar la veracidad de los hechos denunciados por la FTSP-USO pues la empresa, entre otros muchos incumplimientos, no cotiza por todos los conceptos a los que está obligada.

SerramarCasualmente esta empresa, que la USO ya viene poniendo de manifiesto que defrauda, que incumple la ley de Seguridad Privada y el convenio colectivo, cuenta con muchos contratos de las distintas Administraciones Públicas. Para la FTSP-USO la Administración no debe formalizar contratos con empresas que no cumplen la ley, y en el supuesto de que el contrato ya esté adjudicado debiera serles retirado de inmediato.

La FTSP-USO observa muchas similitudes entre la actitud de esta empresa y la manera de actuar de otra empresa de Seguridad: Esabe, que tras contar con muchos contratos con la administración en la actualidad su propietario se encuentra en paradero desconocido y buscado por la policía. Esperemos que no tenga que llegar a tanto, y que la Administración actúe contra quien incumple con la obligación de cotizar por todos los conceptos y de abonar los salarios a sus trabajadores.
FTSP-USO

Vigilantes Noticias 31 de Julio de 2013.

















































madrid.es



Centros penitenciarios, un nuevo ámbito para la Seguridad Privada

29/07/2013 - Enrique González
De momento se trata de una “experiencia piloto”, pero todo parece indicar que la seguridad privada podrá vigilar el perímetro de los centros penitenciarios españoles. La Secretaría de Estado de Seguridad ha puesto en marcha una iniciativa pionera en 21 prisiones del país para evaluar la posibilidad de extender estos servicios al resto de cárceles. Con poco más de dos meses en marcha, las expectativas del sector sobre este proyecto son muy optimistas.
Los centros penitenciarios se convertirán en 2014 en un nuevo ámbito de actuación para la Seguridad Privada. Varias empresas del sector participan actualmente en una “experiencia piloto” impulsada por la Secretaría de Estado de Seguridad, que servirá para evaluar la validez de sus servicios de vigilancia en el perímetro de esas instalaciones. Del resultado de este proyecto, que durará nueve meses, dependerá que la iniciativa se extienda al resto de presidios del país. No obstante, a tenor de las primeras impresiones y si se echa un vistazo al Proyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada todo hace presagiar que se trata de un camino sin vuelta atrás.
La iniciativa comenzó el pasado 8 de mayo, con la incorporación de 250 vigilantes de seguridad privada a 21 cárceles (19 custodiadas por la Guardia Civil y dos por el Cuerpo Nacional de Policía) para llevar a cabo labores complementaria a las de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Concretamente, se encargan de la vigilancia del perímetro de las instalaciones y la supervisión del circuito cerrado de televisión del centro de control.Esta idea fue impulsada el año pasado desde la Secretaría de Estado de Seguridad, con el objetivo de ofrecer una posible solución a los miles de escoltas del País Vasco y Navarra que perdieron su trabajo tras el anuncio del fin de la violencia de ETA. Ese ha sido el criterio prioritario que la Administración ha solicitado a las empresas para seleccionar a los profesionales que vigilan las prisiones.Las compañías que participan en esta primera toma de contacto con los centros penitenciarios son Ombuds, Segur Ibérica, Coviar, Prosegur, Prosetecnisa, Securitas, Sabico y Vinsa, que aportan una cantidad de personal proporcional al número de escoltas que tenían contratados en el norte de España. Todas ellas han constituido una UTE (Unión Temporal de Empresas) para presentar una candidatura única para el proyecto. “Este es el vehículo más beneficioso para asegurar la calidad de los servicios y para cumplir el compromiso de reubicar a los escoltas”, considera Rodrigo Cortina, director general de Ombuds. En ese sentido, este profesional subraya además que “es de agradecer la constante inquietud del Ministerio del Interior por buscar salida a esos profesionales”.
Funciones de los vigilantes
En términos generales, las cárceles españolas tienen un patrón similar en cuanto a su diseño. Cuentan con varios anillos concéntricos de seguridad alrededor de un recinto interior en el que se encuentran los presos. Los vigilantes de seguridad privada están situados en el perímetro, donde realizan labores complementarias a la Guardia Civil o al Cuerpo Nacional de Policía, según el centro. Todas sus acciones están supervisadas y dirigidas por las FCSE. Las tareas específicas que desempeñan se centran en tres ámbitos:
  • El control en las puertas, que incluye actuaciones como el control de accesos, impedir intrusiones, observar el entorno o intervenir en caso de emergencia.
  • Operar los sistemas de circuito cerrado de televisión instalados en el centro de control; esto es, observar y manejar los monitores, analizar las señales de alarma y comunicarlas al responsable del servicio en la instalación de las FCSE.
  • Vigilancia desde puestos fijos y garitas, que consiste en observar el entorno y comunicar toda incidencia destacada al centro de control.
El personal de seguridad, que presta este servicio sin arma, no participará en ninguna actividad que implique cualquier tipo de contacto con los reclusos. Además de no poder acceder a las zonas de presos, tampoco participarán en la custodia o vigilancia de estas personas durante los traslados.Para la gran mayoría de las prisiones se han designado dos puestos que han de ser cubiertos todos los días de la semana durante las 24 horas.
Se trata de labores habituales para el personal de seguridad privada. De ahí que las primeras sensaciones tras poco más de dos meses de proyecto sean muy positivas. Rodrigo Cortina opina que el arranque de estos servicios ha sido “muy satisfactorio” y añade que “si esta decisión enroca los criterios de eficacia y ahorro, y además contribuye a crear trabajo para los escoltas, el resultado es altamente positivo”.
Algo con lo que coincide Aritz Larrea, consejero delegado de Grupo Segur (al que pertenece Segur Ibérica), quien espera “que el nivel de satisfacción del Ministerio del Interior sea el adecuado para que esta actividad en 21 centros sea un punto y seguido que se amplíe al resto de centros”. Por su parte, Luis Posadas, presidente de Securitas, subraya el hecho de que las empresas de seguridad privada puedan realizar “un servicio hasta ahora inexistente”. Pero advierte de que “las expectativas de negocio en esta área son limitadas, ya que el tamaño de este segmento es el que es”. Por eso, el entorno penitenciario no es una de las prioridades para su compañía.
En contra
A pesar del optimismo de las empresas de seguridad privada, la presencia de vigilantes en las cárceles no ha sido bien acogida por las organizaciones que representan a los funcionarios que trabajan en estos entornos. La sección sindical de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF han expresado su rechazo al proyecto al entender que esconde una privatización paulatina de la seguridad en los centros e incumple la normativa penitenciaria. “ACAIP se ha mostrado siempre contraria a esta decisión desde el momento en que supone un primer paso, abrir la puerta a privatizar puestos de trabajo o incluso prisiones enteras al estilo de otros países, principalmente anglosajones”, manifiesta esta asociación en uno de sus comunicados.
En el mismo sentido, Ángel Moreno, secretario general de Instituciones Penitenciarias de CCOO considera que “este proyecto no se parará en la seguridad exterior y que se irá implementando en el interior de los centros penitenciarios”. En declaraciones a Seguritecnia, el representante sindical añade que “la apertura de la seguridad de los centros penitenciarios conlleva un paulatino menoscabo de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, que empieza a mostrarse en la ausencia de oferta de empleo público”.
Moreno anticipa que “se está conformando una plataforma de unidad sindical para abordar esta problemática de una manera conjunta y cohesionada”, y anuncia movilizaciones en los próximos meses.
Por su parte, otras agrupaciones como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) o el Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguran que la medida incrementará los gastos y supondrá el traslado de los agentes que ahora están destinados a estos servicios.
Centros penitenciarios cámaras
Esa última probabilidad la abrió el anterior secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, cuando aseguró en la Comisión de Seguridad del Congreso que el proyecto permitiría reemplazar a 1.000 agentes, que pasarían a desempeñar funciones de seguridad ciudadana. Sin embargo, la Dirección General de la Guardia Civil comunicó a sus agentes a través de una orden que por el momento no se contempla “en ningún caso” una reducción de los efectivos por este motivo, aunque no descarta que esto suceda en el futuro “en función de los resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias”. A pesar de esta aclaración, desde el sindicato CCOO insisten que “la ejecución de la condena corresponde al Estado y debe ser gestionada de manera pública y por empleados públicos. La introducción de seguridad privada violenta ese principio de unas instituciones penitenciarias públicas y somete a criterios economicistas la ejecución de la condena”.
Capacidad y experiencia
Frente a estos argumentos contrarios a la presencia de seguridad privada en los centros penitenciarios, el sector defiende su capacidad y experiencia en servicios como los que se están prestando. Luis Posadas entiende que las funciones que se están llevando a cabo en las cárceles son las mismas que ya se permiten en otros ámbitos públicos. “No hay razón aparente para que podamos realizar el control de accesos en un juzgado o un ministerio y no en un centro penitenciario. El caso de las prisiones es similar al de los filtros de pasajeros de los aeropuertos, en los que los vigilantes de seguridad trabajan bajo el mando de miembros de la Seguridad Pública”, indica el responsable de Securitas.
Desde Segur Ibérica, Aritz Larrea argumenta que el sector tiene “sobrada y demostrada experiencia” para prestar servicios como la vigilancia perimetral o la gestión de un centro de control. Por ello, para este profesional es también una cuestión de asignar los recursos de manera que se les saque un mayor partido: “El coste de formar a un miembro de las FCSE es muy elevado y, por tanto, esa formación debe aprovecharse para que realice sus funciones en actividades acordes con ella. Los vigilantes de seguridad, como auxiliares de las FCSE, pueden y deben realizar esas misiones para las que no se precisa una especial formación, más allá de la que tiene este personal. Este servicio es un claro ejemplo de ello”. 
Por su parte, Rodrigo Cortina apunta que “hay que encajar la situación en el contexto de que la Seguridad Privada es complementaria y colaboradora de la pública”. El responsable de Ombuds lo argumenta así: “Quien tiene la iniciativa en esto, valorando criterios como validez, capacidad y costes, es la Administración, que es la que gestiona los recursos. El Ministerio del Interior ha visto que este proyecto era válido para reforzar lo que ya había o porque, dentro de la necesidad de optimizar los criterios, ha entendido que los recursos son mejor aprovechados”.
Cortina recuerda que hace años “ni se pensaba” que pudiera haber vigilantes privados en los ministerios y, sin embargo, hoy en día esto se asume con naturalidad. 
Sin vuelta atrás
La secretaría de Estado de Seguridad tendrá la última palabra una vez que analicen y evalúen los resultados de esta experiencia piloto. Lo hará a finales de 2013, una vez transcurrido el periodo de nueve meses que se ha establecido para la iniciativa. Sin embargo, a falta de ese análisis, parece poco probable que el proyecto dé marcha atrás y se considere inapropiado que la Seguridad Privada preste sus servicios en el perímetro de las prisiones.
Según recoge la AUGC en un informe, la Administración se plantea tres posibles escenarios a finales de año. Uno, que la experiencia resulte negativa y no continúen estos servicios. Algo que la propia asociación de guardias civiles considera “altamente improbable, por no decir imposible”.
El segundo sería que la medida se extendiera al resto de los 83 centros penitenciarios que hay en España, ampliando el número de vigilantes por turno que hay actualmente. Un tercer supuesto podría ser que se ampliaran estos servicios a los demás presidios, pero manteniendo la misma cantidad de personal privado por turno que hay en esta primera fase. “Esta es la opción más probable que se produzca de las tres”, subraya la agrupación.
En ese mismo documento, la AUGC indica que la intención actual de la Administración es que no se modifiquen las plantillas de las FCSE destinadas a los centros penitenciarios; pero si finalmente se decidiera lo contrario, esto no sucedería antes de dos años y medio.Por otro lado, el Proyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada, que también podría aprobarse en el Parlamento a finales de este año o comienzos de 2014, abre la posibilidad a la prestación de servicios en las cárceles. La norma permitirá “la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos”.
Además, el Proyecto establece un nuevo marco de relación entre la Seguridad privada y la pública, basada en los principios de colaboración, complementariedad y reciprocidad. Eso habilita a la Administración para requerir los servicios del sector en diferentes ámbitos, incluidos los entornos públicos.

Pero lo más determinante es que el Proyecto de la nueva ley incluye entre los servicios que pueden prestar las empresas del sector (artículo 41) la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios, aunque señala antes que debe ser “en colaboración y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes”.Son sólo algunos de los indicadores que apuntan, si las conclusiones de la Secretaría de Estado de Seguridad no dicen lo contrario, que la Seguridad Privada será a partir del año que viene un elemento más del paisaje típico de los centros penitenciarios españoles.

Comunicación de Inspección de Trabajo y SS de Cádiz a la empresa Serramar



Nota informativa acuerdo Halcón Seguridad

30 de julio de 2013

Directiva de Contratación Pública

Parlamento EuropeoEl nuevo marco que regulará la Contratación Pública (aún tiene que aprobarlo el Parlamento Europeo) incluye una cláusula que hará obligatorio el respeto de la ley laboral y de los convenios colectivos. La calidad será un criterio central, y no el precio más bajo y habrá más transparencia en la subcontratación, incluso si no ha habido acuerdo sobre un mecanismo de responsabilidad conjunta y múltiple todavía. También a nivel de contratos públicos subsisten problemas de protección de ciertos sectores (social, sanidad, cultura,...) en contra de la competencia comercial. 

Se ha excluido el servicio del agua del alcance de esta última, pero la CES está en contra de la propuesta de la Comisión porque hay demasiados riesgos de privatización de los servicios públicos, incluso si se declara la autonomía de los poderes públicos en la gestión de los servicios públicos.
ftspuso.es

Comunicado a la Comisión Paritaria de Delegado Personal de FBS seguridad.




Tensión en Metro de Madrid ante Seguridad Integral Canaria

logo metro madrid
La pretensión de la Comunidad de Madrid es la de reducir es un 40% las horas de vigilancia lo que supone el despido de unos 700 Compañeros y dejando con esto sin seguridad a un 60% de estaciones del suburbano.

Además, el nuevo concurso de seguridad para Metro de Madrid  tiene una duración de cuatro años, ampliable por dos años más, y el próximo día 1 de agosto de 2013 las empresas que han sido adjudicatarias empiezan la gestión de este “nuevo modelo de seguridad” empresas entre las que se encuentra Seguridad Integral Canaria, a la que le han sido concedidos tres de los ocho lotes que salieron a concurso, empresa de dudosa solvencia y de conocida conflictividad laboral; empresa cuyo propietario Miguel Ángel Ramírez, ha pedido al Gobierno un indulto por una pena de tres años de cárcel por delito urbanístico, condena que no le impide contratar con la administración pública por que “La ley no contempla excluir a empresas de las licitaciones públicas por ese motivo” y condena por la que nunca ha entrado en prisión.
Se sabe que a Seguridad Integral Canaria se le ha impedido descolgarse del colectivo de la Seguridad Privada por estar en pleitos laborales. Descuelgue que ya intentó en  dos ocasiones en 2012 y en los que no le tembló la mano y despidió a seis miembros del comité de empresa…  Según indican algunos de sus trabajadores que prefieren mantener el anonimato “tienen problemas para cobrar las horas extras y, cuando estas les son abonadas, lo hacen como kilometraje o bien como dietas, por lo que no cotizan a la Seguridad Social”.
Metro de Madrid debería garantizar los derechos de los trabajadores y la seguridad de los usuarios tema que, hasta el momento parece camino largo y duro de batallar.

Radiografía de la seguridad: más detectives, más armas en casa y récord de manifestaciones.

-Las 576 páginas del anuario estadístico del ministerio del Interior ofrecen un sinfín de datos curiosos.
-En 2012 las calles españolas sufrieron una media de 121 protestas diarias. Ya hay más asociaciones femeninas que vecinales.
-Los robos en domicilios, el delito que más crece: por encima del 25%
-Las víctimas de maltrato familiar descendieron un 3%.
-Récord en 2012 de hectáreas quemadas en nuestros bosques en la última década, casi 210.000.
-Hubo 439 imputados y detenidos. El año pasado se abrieron 149 despachos de detectives privados.
La Guardia Civil subasta 3.000 armas
¿Cuántas manifestaciones hubo en 2012?, ¿qué ciudad albergó más protestas?, ¿han crecido las asociaciones vecinales?, ¿cuántos partidos de fútbol de alto riesgo fueron declarados el año pasado?, ¿cuántas hectáreas de bosque se quemaron en 2012?, ¿qué delito ha crecido más en nuestro país?, ¿cuantos detectives privados trabajan en España?, ¿hay más españoles con armas en sus casas o ha decrecido el número?, ¿cuántos extranjeros han pedido asilo?... Las preguntas son infinitas, y las respuestas están recogidas en 576 páginas. El ministerio del Interior acaba de publicar el Anuario Estadístico 2012, una completa radiografía de la seguridad en nuestro país. Estas son las claves:

Partidos políticos y asociaciones 
En 2012 se crearon 60 nuevos partidos políticos, aunque los registros oficiales dieron de baja 19 que ya existían. A 31 de diciembre de 2012 había en España 4.006 partidos, la cifra más alta desde que existen registros desde 1976. En cuanto a las asociaciones, España ya cuenta con 41.748. El año pasado se crearon 2.568, prácticamente el mismo número que en 2011. Por comunidades, en Madrid se crearon cinco veces más asociaciones que Cataluña (1.072 por 226). No es de extrañar por tanto que en la comunidad sea sede del 45% de las asociaciones que existen en España. Por temática, más de 18.000 son culturales e ideológicas. Lo curioso es que hay más asociaciones femeninas (662) que vecinales (525).

Manifestaciones 
En 2012 hubo más del doble de manifestaciones que en 2011. Las calles españolas se llenaron de 44.233 protestas, una media de 121 diarias, frente a las 21.297 que hubo en todo 2011. Andalucía fue la región que más tuvo, cerca de 8.000. Un dato curioso es que se realizaron más manifestaciones en Navarra, Baleares y Galicia que en Madrid, tradicionalmente foco principal de las protestas. Los sindicatos convocaron el 42% de las marchas, mientras que las asociaciones ciudadanas promovieron otro 23%. Los temas laborales originaron más de 15.000 manifestaciones, y el apoyo a los presos de ETA motivaron cuatro veces más protestas que la condena al terrorismo (2.989 frente a 654). El mes de agosto, en Baleares, fue el más 'protestón' del año, con manifestaciones.

Asilo político 
España concendió el 80% de las peticiones de asilo político En 2012 se formalizaron 2.588 solicitudes de protección internacional, un 24% menos que en 2011. Hay que destacar el considerable aumento de solicitudes de sirios (254 frente a las 97 del año anterior). Siria se convierte así en el país con mayor número de peticiones. Suben también las solicitudes de ciudadanos argelinos (202 frente a 122), y se mantienen las solicitudes de nigerianos (293), cameruneses (121) y marfileños (109). Desde 2003, ya son 45.000 los extranjeros que han pedido algún tipo de asilo en nuestro país. De las peticiones presentadas en 2012, un total de 2.056 (el 80%) fueron admitidas.

Delincuencia 
2012 terminó con una media de 6.216 delitos y faltas diarias, 45 menos al día que en 2011. Un total de 461.000 personas fueron detenidas (7.000 menos que en 2011) y los 179.317 agentes españoles tuvieron una efectividad del 32%, la misma que en 2011. La mayoría de los delitos bajaron, pero los que subieron tienen cierta relación con la epata de crisis que vive el país. Los hurtos crecieron un 6,6% (hubo 165.000) y los robos en domicilios subieron por encima del 25%, el delito que más creció. Hubo más de 133.000, y en 6.929 el inquilino de la vivienda sufrió algún tipo de violencia. La estafas crecieron un 17%, y las bancarias, un 84%. El blanqueo de capitales aumentó un 16%. La verdad es que los robos en viviendas no han hecho más que crecer año tras año desde 2007, cuando hubo 77.000. Por efectividad, el asesinato-homicidio es el delito más esclarecido, con un 92% de los casos resueltos. Hubo 1.125 en 2012.

Maltrato familiar 
En este capítulo, Interior contabiliza desde el asesinato, al maltrato, las amenazas o el abuso sexual, siempre dentro del ámbito familiar. Hubo 75.551 víctimas en 2012, un ligero descenso del 3%, de las que más de 65.000 fueron mujeres (51 de ellas murieron).

Identificaciones en la vía pública 
Hubo 7,9 millones en 2012, más en Ceuta que en Madrid (1,6 millones frente a 1,4 millones). Son 200.000 identificaciones más que en 2011. El anuario no distingue cuántas de estas identificaciones se han realizado a extranjeros, que en los últimos años han provocado quejas y denuncias de ONG.

Tráfico de drogas
 El 38% de los detenidos en España por tráfico de drogas eran extranjeros Durante el año 2012 se produjeron 21.440 detenciones por tráfico de drogas, un aumento del 24,1% con respecto a las 17.276 del año anterior. Crecieron las incautaciones de cocaína (20,7 toneladas, un 25% más), pero bajaron las de hachís (325 toneladas, un 8% menos). En total, 356.000 personas fueron denunciadas por tráfico y posesión de drogas en España. De los detenidos, el 38% eran extranjeros. Y de ellos, un 38,65 % son marroquíes, seguidos de colombianos (12,57%) y dominicanos (5,18%). Las estadísticas demuestran que cada año se decomisa menos cantidad de droga. También ha bajado la cantidad de éxtasis incautado. En 2012 fueron 176.000 unidades, muy lejos de las 634.000 de 2010. Si subieron en cambio las anfetaminas (250.000 unidades por 181.000 en 2011).

Violencia en el deporte 
2012 analiza dos temporadas de fútbol. La que acaba en junio (temporada 2011-2012) y la primera vuelta hasta diciembre de la 2012-2013. En la primera etapa hubo 46 partidos de alto riesgo, justo el doble que en la segunda fase (23). En todo el año se pusieron 3,7 millones en multas y se prohibió la entrada a recintos deportivos a 951 personas.

Conservación de la naturaleza e incendios 
La Guardia Civil levantó el año pasado 3.153 infracciones por acampar indebidamente en el campo, 13.200 por caza furtiva y 16.600 por pesca no autorizada. También imputo 94 delitos por muerte de animales y 6 por abandono. Por incendios forestales, 439 personas fueron imputadas (de los que 312 fueron finalmente detenidos). Hubo 15.902 incendios, por debajo de la media de la última década (16.817). A pesar de ellos, el número de hectáreas quemadas, casi 210.000, batió el récord de la década (la media anual es de 114.717 hectáreas devoradas por el fuego)

Armas y explosivos 
En España ya hay 3,38 millones de personas con permiso de arma (aunque lo que se contabiliza realmente son las guías de pertenencia (documento que acredita la titularidad de arma), por lo que puede haber una personas con más de un arma. De esos permisos, 3,5 millones son de particulares. En 2012 se concedieron 319.352 licencias, se dieron de baja otras 31.146 y se denegaron 6.298. Las Fuerzas de Seguridad decomisaron 267.000 armas (están incluidas las que se entregan voluntariamente). Guardia Civil y Policía Nacional controlan 1.516 armerías y 283 fábricas de explosivos y pirotecnia.

Seguridad privada 
Crece el número de vigilantes privados y escoltas La seguridad privada también está en crisis, pero quizás menos que otros sectores. En España hay 1.490 empresas de seguridad, 48 menos que hace tras años. De todas ellas, solo 49 se dedican al transporte de explosivos. No obstante, sí ha crecido el personal que trabaja en el sector. Ya hay 214.000 vigilantes, un 6% más que en 2011; y casi 36.000 escoltas, un 5% más. Han aumentado, también, los detectives privados. Ya hay 2.783 licencias, 173 más que en 2011 y 400 más que en 2009. De hecho, se han abierto 149 despachos en 2012, lo que revela que la mayoría de los detectives trabajan en solitario. Por empresas, Securitas Direct copa el 44% de los contratos.

Parque de vehículos
 En España hay 31,2 millones de vehículos, 65.800 menos que en 2011. Es la segunda vez que baja el parque de vehículos en la última década. El ratio es de 675 vehículos por cada mil habitantes. Han bajado los turismos y han subido las motos en 54.000 nuevas en circulación. En un año, la matriculación de vehículos ha disminuido un 15%, ya que el sector es uno de los que más ha sufrido la crisis. El número de conductores, no obstante, es mayor. 2012 cerró con 26,3 millones de personas con permiso de circulación, 200.000 más que en 2011. Lo que está claro es que conducimos peor. Los españoles fueron sancionados en 2012 con 2,39 millones de multas, un 8,7% más que en 2011, aunque bajó un 8,5% el número de detenidos e imputados por delitos contra la seguridad vial. Los agentes de la DGT realizaron 142,4 millones de kilómetros en las carreteras españolas.

Emergencias 
Los fenómenos naturales provocan afortunadamente pocas víctimas en España. Si en 2011 fueron 41, el año pasado bajaron a 35, la mayoría, 15, por inundaciones. Sola una persona perdió la vida por causa de un rayo. La cifra más dramática se alcanzó en 2003, con 99 víctimas.

¡Si te importa que tu y los tuyos sigan volando con SEGURIDAD, no dejes de acudir!..- 31 de JULIO -..


Anuario Estadístico Ministerio Interior Seguridad Privada 2012

Los robos más frecuentes en los comercios

La táctica del «chicle» es uno de los engaños más habituales, aunque los delitos en establecimientos comerciales han descendido un 7,7%

Los delitos y faltas cometidos en establecimientos comerciales han descendido un 7,7% desde el año 2008 y representan un 10% del total de infracciones cometidas en 2012. A pesar de ello, la Policía Nacional ha puesto en marcha esta semana una campaña especialpara reforzar la seguridad en el pequeño comercio, un sector que da empleo a alrededor de dos millones de personas y que representa el 12% del total de la economía española.

El «Plan Comercio Seguro», que los secretarios de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y de Comercio, Jaime García-Legaz, presentaron esta semana junto con el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, pondrá en circulación entre los comerciantes 1.000 ejemplares de la «Guía de comercio seguro», un documento que recoge distintas medidas de seguridad a tener en cuenta en el pequeño comercio, las infracciones más comunes y pasos a dar en caso de ser víctima de un delito.

Según esta guía, el procedimiento del «chicle» es una de las tácticas más habituales que los delincuentes ponen en práctica para hurtar en los pequeños comercios. Se da sobre todo en joyerías y consiste en que «el delincuente pega un chicle bajo el mostrador y, cuando le muestran las piezas, hurta una y la pega en el chicle. Si el trabajador se percata, el delincuente niega haberlo hecho y no se puede proceder en su contra. Si el trabajador no se percata, posteriormente un cómplice recoge la pieza pegada al chicle».

A su vez, el hurto con el procedimiento del «capote» consiste en que «uno de los delincuentes hace salir de detrás del mostrador y con una bolsa de grandes dimensiones o similar le obstruye la visión, momento que el otro delincuente aprovecha para acceder a la parte posterior del mostrador y sustraer dinero u objetos».

Bolsas de aluminio
Los delincuentes también se sirven de bolsas recubiertas de aluminio para evitar el funcionamiento de los chips de seguridad o de la típica técnica de la «mancha», una modalidad de hurto que requiere actuar en grupo y que consiste en distraer al comerciante derramándole líquido encima; mientras uno de los delincuentes se ofrece a ayudarle, el resto aprovecha la distracción para robar.

En la «Guía de comercio seguro», la Policía también elabora un cuestionario para que el propio comerciante evalúe si cuenta con las medidas de seguridad adecuadas para prevenir los hurtos y los robos. Además, el documento incluye todo tipo de recomendaciones a los comerciantes que se refieren al pago con billetes o monedas, al cambio de códigos de barras o al cajero bloqueado o manipulado. También se habla del «phishing», el «carding» o la venta fraudulenta de productos y servicios a través de Internet.

Desconvocada la Manifestación en el Aeropuerto Tenerife Norte.

Queda desconvocada la manifestación prevista para mañana miércoles 31 de julio, en el Aeropuerto Tenerife Norte, ante la negativa de AENA  a permitirnos utilizar sus instalaciones para las votaciones de las elecciones sindicales que se han de celebrar el mismo día, y coincidir con la convocatoria de la manifestación a nivel nacional.
Se mantiene en Tenerife Sur, por lo que le pedimos a los afiliados y simpatizantes, así como a los afectados por estas medidas de AENA que acudan a Tenerife Sur en apoyo de la denuncia por los recortes previstos, ya que la SEGURIDAD de todos está en juego.
Ya os informaremos de la nueva fecha, para la manifestación del aeropuerto Tenerife Norte, que solo se aplaza.

Promociones para afiliados/as de la USO Agosto 2013

DESCUENTOS Y PROMOCIONES AGOSTO 2013

29 de julio de 2013

Convocatoria de manifestaciones en los Aeropuertos de Tenerife.


El próximo miércoles día 31 de Julio están convocadas manifestaciones en los Aeropuertos de Tenerife Norte (Los Rodeos) y Tenerife Sur (Reina Sofia) a partir de las 12.00 Horas. Dichas protestas se realizan dentro de un plan conjunto con muchos Aeropuertos de España, para intentar evitar los recortes en temas de Seguridad que esta implantando la empresa AENA, y que se traduce en perdida de puestos de trabajo y menos seguridad en los Aeropuertos.

ftspusocanarias.org

EL TSJC AL RESCATE DEL PRESIDENTE DE LA UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS

Avala las obras por las que Ramírez había sido condenado a 3 años de prisión
[Img #20112]   Miguel Ángel Ramírez, dueño deSeguridad Integral Canaria, del Grupo Ralons y presidente de la U.D. Las Palmas, puede considerarse un prototipo del empresario que ha sido capaz de medrar cultivando las mejores relaciones entre la casta política del Archipiélago. Utilizando hábilmente las posibilidades que se abrieron en su horizonte al convertirse en la cabeza visible de uno de los dos equipos de fútbol más representativos del Archipiélago y, según se ha conocido recientemente, realizando también generosas donaciones a los partidos políticos del establishment, Ramírez ha conseguido incrementar su nicho de negocios y su  fortuna personal, así como  eludir sin  ninguna consecuencia denuncias tales como las de vulnerar la Ley de Seguridad Privada, quebrantar la legislación laboral o la de cometer presuntos fraudes a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.
   Pero si ninguna de las denuncias efectuadas, reiteradamente, por trabajadores y sindicatos contra Miguel Ángel Ramírez han logrado prosperar en los tribunales, sí lo hizo la querella interpuesta contra él por la realización de unas obras  en su finca de Gran Canaria  -de más de 30.000 cuadrados - que invadieron el Espacio Natural Protegido de Pino Santo. En el año 2010, Ramírez fue condenado a tres años y un día de cárcel como autor de un delito contra la ordenación del territorio por la realización de esas obras en su finca La Milagrosa. En 2011, laAudiencia Provincial de Las Palmas ratificó esta sentencia.
   Lejos de acatar la resolución judicial, Ramírez no movió ni una sola piedra de la construcción efectuada en los terrenos rústicos protegidos y solicitó, por mediación de su letrado, la concesión del indulto al Consejo de ministros. La demostrada tendencia de los del actual y los anteriores ejecutivos  a sentir "compasión" por banqueros, empresarios y políticos condenados por corrupción, así como sus buenos contactos, permitían augurar un desenlace feliz paraMiguel Ángel Ramírez.

RAMÍREZ PODRÁ LEGALIZAR LAS OBRAS HECHA EN EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE PINO SANTO
   En esta ocasión, sin embargo, el Ejecutivo Rajoy no tendrá que ejercer la medida de gracia discrecional para sacar del apuro al mediático empresario grancanario. Y es que la  Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la sentencia que denegaba la calificación territorial a las obras ejecutadas por Ramírez.
  En la práctica, la sentencia del alto tribunal implica que las obras efectuadas por el presidente del Grupo Ralons en el Espacio Natural Protegido de Pino Santo se podrán legalizar y, por supuesto, abre las puertas al empresario para que solicite la revisión de la pena de prisión.
   La sentencia del TSJC, que cuenta con el voto discrepante de la magistrada Cristina Páez Martínez-Virel, admite el recurso presentado por Ralons S.A. y revoca el fallo emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4, el cual rechazaba la calificación territorial solicitada por Ramírez al Cabildo de Gran Canaria con la finalidad de legalizar un alpendre, una pajarera, varios muros de contención y parterres, un camino y su correspondiente cerramiento.
   Los magistrados del TSJC  Javier Varona Gómez-Acedo César García Otero concluyen que el Cabildo denegó el permiso en base a una normativa urbanística que no era aplicable al caso.  Se refieren los jueces al Plan Especial del Paisaje Protegido de Pino Santo, ya que ese instrumento de planeamiento entró en vigor el 28 de septiembre de 2006 y Ramírez solicitó la calificación territorial al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en julio de ese año.
   Por tanto, según los jueces, la normativa a aplicar no era el Plan Especial de Pino Santo, sino el de Ordenación de Gran Canaria y el General de Ordenación del municipio, pues ambas normas no pueden ser desplazadas por una norma específica que no ha entrado en vigor cuando se inicia la tramitación del expediente.
  Además, según el tribunal, se aplicó un “equivocado régimen de usos permitidos o prohibidos en la zona”, al tiempo que el afectado “contaba con un informe favorable del Ayuntamiento, cuya normativa urbanística es la que debería haberse aplicado para establecer las restricciones a las construcciones realizadas”.
  Se puede concluir, en suma, que el polémico episodio que, de manera excepcional, provocó la condena en primera instancia de Miguel Ángel Ramírez concluirá con una rotunda victoria judicial para el  “presi”. Y, probablemente, extendiendo la percepción, cada vez más generalizada entre la población, de que la “justicia” sigue siendo algo demasiado importante como para dejarla en manos de los tribunales. 

Guía de Primeros Auxilios de SAMUR - Protección Civil

28 de julio de 2013

Periódico Armas nº 49


News ADSI Flash Nº 360

Los delitos y faltas cometidos en comercios han descendido en un 7,7%

Ministerio del Interior
27 / 07 / 2013 MADRID
La Policía Nacional pone en marcha el Plan Comercio Seguro para reforzar la seguridad del sector
Un 10% de las infracciones registradas en nuestro país en 2012  se cometían en establecimientos comerciales
 El sector del comercio requiere de una especial protección ya que es el medio de vida de casi dos millones de personas y representa el 12% del total de la economía española
La Dirección General de la Policía ha puesto en marcha esta semana el Plan “Comercio Seguro”  cuyo objetivo es garantizar de los comerciantes y consumidores, para ello se están distribuyendo 1.000 guías que recogen distintas medidas de seguridad, las infracciones más comunes y pasos a dar en caso de ser víctima de un delito
 Estos consejos preventivos estarán disponibles también en www.policia.es  y se difundirán a través de los distintos perfiles de la Policía Nacional en las redes sociales
La Policía Nacional ha puesto en marcha esta semana el Plan “Comercio Seguro” cuya finalidad es potenciar la seguridad del sector comercial y reforzar el descenso de delitos y faltas cometidos en establecimientos comerciales. De 2008 a 2012, las infracciones en comercios han descendido un 7,7% y tan sólo un 10% del total de delitos y faltas registrados en 2012 afectaron a comercios y establecimientos. La Dirección General de la Policía ha marcado entre sus líneas estratégicas la protección de la economía como uno de los aspectos esenciales de la seguridad. Esto implica proteger el sistema financiero español y garantizar la seguridad en el comercio frente a la amenaza que representa la delincuencia.
El Plan “Comercio Seguro” ha sido impulsado desde la corresponsabilidad de todas las instituciones públicas y privadas implicadas, impulsando nuevas medidas para proporcionar un entorno más seguro a los comerciantes. Los secretarios de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y de Comercio, Jaime García-Legaz, junto al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y la directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno, han presentado este plan dirigido a un sector que requiere una “especial protección, da empleo a casi dos millones de personas y representa el 12% del total de la economía española”, según afirmó el secretario de Estado de Seguridad.

Guías informativas para los comerciantes
El Plan contempla la distribución de 1.000 guías con medidas de seguridad, que se repartirán entre los comerciantes y a través de www.policia.es; trípticos informativos y consejos preventivos que se divulgarán en los distintos perfiles del Cuerpo Nacional de Policía en las redes sociales. Este Plan cuenta con la colaboración de la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Competitividad, y el apoyo de la Confederación Española de Comercio para lograr una mayor difusión de los consejos preventivos.
Entre las acciones que se van a desarrollar, destaca el refuerzo de la seguridad ciudadana en aquellos espacios de mayor riesgo para los comerciantes, distribuidores o consumidores, proporcionándoles todo tipo de información sobre las medidas de seguridad que deberían adoptar para evitar convertirse en víctimas.
También se perfeccionarán los procesos de planificación y ejecución de las medidas policiales de lucha contra la delincuencia en el sector comercial, y se fomentará la colaboración con el personal de seguridad privada, intensificando el intercambio fluido de información operativa a través del Plan Integral Red Azul.

Confianza  y seguridad para un comercio competitivo y dinámico
Las Guías “Comercio Seguro” quieren ayudar al comerciante a aumentar la seguridad de su establecimiento y a incrementar la calidad del servicio que prestan a sus clientes. La confianza y la seguridad son factores decisivos para un comercio más competitivo y dinámico.
Este documento analizará las medidas de seguridad del establecimiento: en el interior, en el perímetro y en los accesos; la seguridad en la distribución de los productos para evitar pérdidas a proveedores y comerciantes; las medidas de seguridad de los productos comercializados; la seguridad en el desarrollo de la actividad comercial; pautas en la gestión de fondos y sistemas de pago; la actuación aconsejada si se observa a una personas sospechosa o delincuente, y los pasos a dar en caso de ser víctima de un delito.
La Guías también recogen las formas delictivas más comunes. Entre ellas destacan las distintas modalidades de hurtos como el chicle en joyerías; el capote; las bolsas recubiertas de aluminio para evitar el funcionamiento de los chips de seguridad, o la típica técnica de la mancha. Las estafas más habituales en los establecimientos comerciales en el pago con billetes o monedas; el cambio de códigos de barras; el cajero bloqueado o manipulado; el phishing; el carding o la venta fraudulenta de productos y servicios a través de Internet.

La Seguridad Privada No Puede Desaparecer

Imaginemos que el próximo lunes, durante veinticuatro horas, todos los vigilantes de las empresas privadas de seguridad, los celadores de barrios y cuidadores particulares dejan de prestar su servicio. El país entraría en zozobra y la inseguridad aumentaría, porque la Policía no tendría capacidad para atender la demanda, por el riesgo real, imaginario o percibido de sus pobladores.
¿Qué pasaría en los bancos, comercios, industrias, restaurantes, oficinas, bodegas, embajadas, residencias, etc., sin que nadie controle ni ordene el acceso, las instalaciones ni la protección de las personas? Es mal común valorar las cosas solo cuando faltan. Este escenario hipotético podemos verlo en Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, España y cualquier país del mundo.
La seguridad privada, en su expresión tradicional de celadores de residencias, cuidadores de fincas y organizada en empresas, se ha convertido durante las últimas décadas, en una ocupación necesaria por el aumento de la población, la cantidad de negocios, la globalización económica, la internacionalización de la inseguridad y la insuficiencia de las entidades de seguridad pública para atender el crecimiento de la actividad social y económica.
Ninguna nación es capaz de enfrentar y resolver la seguridad ciudadana solamente con sus fuerzas policiales; requiere de la seguridad privada para coadyuvar, en lo que compete, en la preservación del orden y la tranquilidad. A pesar de ello, la insatisfacción por la inseguridad en general es alta y a veces creciente por su complejidad multi-causal.
El asunto es válido también para salud y educación. Si las instituciones de educación y salud privadas, de organizaciones sociales o religiosas desaparecen, cualquier estado, de país rico o pobre, será incapaz de cubrir esos derechos de sus habitantes.
El postmodernismo ha creado necesidades reales y artificiales que se vuelven indispensables para la vida contemporánea. Hace tres décadas, no requeríamos Internet ni teléfonos celulares. Imaginemos si durante veinticuatro horas se suspenden ambos instrumentos de la comunicación, ¿qué confusión ocurrirá? Muchas actividades dependen de esos servicios, en la rutina personal se ha vuelto excesivo y sin suficiente justificación, indispensable. También ahora muchas actividades dependen de la seguridad privada.
El Estado existe para el “bien común”, que es “orden justo”, su fin se expresa en seguridad, desarrollo, justicia, educación, salud, etc. Cuando hay violencia delictiva se afectan los derechos fundamentales de las personas y por lo tanto el “para qué” del Estado, por lo que está obligado a crear mecanismos y regulaciones, mediante instancias públicas y privadas, para cumplir o aproximarse a cumplir su propósito. Le compete fortalecer las instituciones de la seguridad pública y regular la seguridad privada como complemento para la protección de las personas y sus bienes.
Por su interés reproducimos íntegro el artículo publicado en el El Nuevo Diario referente a la necesidad de la Seguridad Privada para las naciones civilizadas.
El problema en algunos países es que el poder político no solo tiene limitada capacidad para atender la seguridad pública sino que ha renunciado a la obligación ineludible de regular de manera efectiva el ejercicio de la seguridad privada, surgiendo empresas sin el razonable control institucional en lo laboral, fiscal y de seguridad, lo que agrava la inseguridad.
Ningún Estado puede evadir la obligación de regular la relación entre los particulares. Debe facilitar y normar cuando no pueda hacer, pero no dejar hacer entregándose de manera absoluta en las manos de la oferta y la demanda porque debilita y contradice su naturaleza, profundiza la iniquidad, impone el bienestar de pocos sobre el de muchos y hace persistente el modelo de exclusión.
La seguridad privada es un servicio necesario para la seguridad pública. El ejercicio de la vigilancia privada, desempeñado por hombres y mujeres, llamados agentes, guardas, vigilantes o celadores, es un oficio útil que requiere calificación y estabilidad. El problema no es la cantidad de empresas de seguridad ni de vigilantes empleados, sino el ejercicio insuficiente de regulación a través de las instituciones policiales, laborales, mercantiles y fiscales.
En Centroamérica encontramos que Costa Rica tiene normativas bastante completas sobre el sector; en Nicaragua es aceptable aunque falta una ley sobre la materia; está sujeta a disposiciones policiales administrativas. Costa Rica y Nicaragua no tuvieran la seguridad ciudadana actual –las más favorables de la región– si este servicio complementario no contara con alguna regulación estatal en lo que concierne.
Hombres de Honor. El diario digital de las fuerzas de seguridad y seguridad privada

24 de julio de 2013

Vigilantes Noticias 24 de Julio de 2013.