29 de febrero de 2016

Primera condena del TS a empresas por su responsabilidad penal

El fallo del Tribunal Supremo, que se esperaba, ofrece por primera vez una interpretación judicial sobre las pautas a seguir por empresas e instituciones en materia de cumplimiento normativo si quieren evitar ser condenadas.
El Tribunal Supremo acaba de dictar la esperada sentencia en la que aborda por primera vez, y en profundidad, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este fallo, con fecha de 29 de febrero, supone un hito importante en el ámbito del Derecho penal y para los profesionales especializados en cumplimiento normativo, ya que marca las pautas que el Alto Tribunal tendrá en cuenta a la hora de abordar cuestiones de esta naturaleza.

Lea la sentencia en este enlace





CNP trata de ordenar la videovigilancia ante la proliferación de infracciones

Las sanciones tipificadas como muy graves oscilan entre los 30.000 y 600.000 euros, según la Ley de Seguridad Privada.
La intención que tienen los polígonos del Tarajal de instalar un sistema de videocámaras en sus calles ha generado un debate en el sector de la vigilancia a propósito del cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada 05/2014 en la ciudad.
El departamento de Seguridad Privada de la Policía Nacional (CNP) intenta poner freno a la falta de autorizaciones para su montaje ya que, según fuentes del sector, ha detectado una presencia significativa de estos sistemas que contraviene la legislación no sólo de aplicación a las empresas de seguridad, sino también al usuario, es decir, a la persona física o jurídica que contrata estos servicios de seguridad privada. Este Cuerpo ha registrado en el ámbito exterior la presencia de cámaras, tanto en viviendas como negocios, que vulneran la normativa.  
Los incumplimientos de los que alerta el sector, en base al artículo 42 de esta Ley, se cometen al tomar imágenes y sonidos de espacios públicos, con la excepción de los supuestos como el de las denominadas ‘infraestructuras críticas’, aquellas cuya interrupción tendría un impacto mayor en el funcionamiento de las instituciones como puede ser el caso de cuarteles y comisarías. Sin embargo, en cualquier caso requieren del permiso expreso del órgano competente.
La Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior y, en el caso de Ceuta, la Delegación del Gobierno, es la encargada de la autorización o recepción de la declaración responsable, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada. Asimismo, también corresponde al Gobierno de la Plaza de los Reyes la determinación reglamentaria de las características técnicas de homologación que resulten exigibles a los productos, sistemas, dispositivos, equipos, medios y servicios de seguridad privada como son las cámaras de vigilancia.   
 Dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el CNP es el encargado del control de las empresas, entidades y servicios privados de seguridad así como de los medios y actuaciones. Al margen de los citados planes de inspección, cuando este Cuerpo recibe denuncias sobre irregularidades cometidas en el ámbito de la seguridad privada procedan a la comprobación de los hechos denunciados y, en su caso, a instar la incoación del correspondiente procedimiento sancionador. Sin menoscabo de aquellas medidas cautelares que la autoridad pueda considerar oportunas.
Fuentes del sector de la vigilancia valoran que los infractores “se toman a la ligera” la instalación sin permisos pero, advierten, “lleva asociada sanciones de importancia que pueden llegar a arruinar a un negocio”. Constituyen infracciones muy graves la prestación de servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización; la instalación o utilización de medios técnicos no homologados; y la contratación o utilización, a sabiendas, de los servicios de empresas de seguridad carentes de los permisos correspondientes, entre otras.
Las sanciones a las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, por la comisión de transgresiones muy graves de la normativa, oscilan entre los 30.001 y 600.000 euros además de las posibles suspensiones de actividad. Mientras que en el caso de los usuarios, dentro de la misma categoría, van de 20.001 a 100.000 euros.
Además, es de obligado cumplimiento la Ley de Protección de Datos y la señalización de las cámaras.

Un “tirón de orejas” a quienes ahorran saltándose la Ley
Fuentes del sector de la vigilancia privada apelaron a la “concienciación” de las empresas ceutíes ya que los sistemas de seguridad tienen que estar homologados así como las empresas contar con las licencias pertinentes, un “tirón de orejas” a todas las mercantiles que se dedican a su instalación sin autorización. “La seguridad conlleva un pago por el mantenimiento como marca la Ley y, todo aquel que intente ahorrar saltándosela, incurre en un fraude”, advirtieron las mismas voces autorizadas. Asimismo, recordaron la obligación de estar inscritas en el Registro Nacional de Seguridad Privada y tener el libro-registro.

Policías y vigilantes privados buscan maneras de cooperar

Más de 200 personas participan en unas jornadas que persiguen una mayor integración
La Policía Nacional destacó ayer el éxito cosechado por las primeras jornadas jornadas formativas en materia de seguridad privada, desarrolladas en Algeciras. En las sesiones celebradas han participado más de 200 personas del sector de la seguridad. 
Las jornadas han tenido lugar en el auditorio Millán Picazo, organizadas por la comisaría de Algeciras y la Unidad Central de Seguridad Privada, destinadas a todas las entidades de seguridad privada que operan en la provincia de Cádiz. 
El objetivo de las jornadas ha sido expandir el modelo de colaboración y cooperación 'Red azul' y, a su vez, reafirmar la labor que desarrolla la Policía Nacional como primer operador de seguridad pública del país en las instalaciones del puerto algecireño.
La iniciativa es fruto de las actividades llevadas a cabo por la Policía Nacional en el cumplimiento de su plan estratégico y ha consistido en la intervención de los máximos responsables de las diferentes especialidades policiales de la comisaría, el jefe del puesto fronterizo del puerto de Algeciras y de miembros de la Sección Operativa de Colaboración de la Unidad Central de Seguridad Privada. Con estas actividad se pretende reforzar la necesaria cooperación del sector privado de seguridad con la Policía Nacional, en beneficio de la seguridad nacional. 
El plan Red azul promueve un proceso de cambio que pretende alcanzar un modelo profesional de complementariedad y corresponsabilidad para aprovechar los recursos del sector privado en la seguridad pública. Su finalidad es reforzar la integración de los servicios y capacidades de la seguridad privada como recurso externo del sistema nacional de seguridad.
 

María José Álvarez sustituye a su padre en la presidencia de Eulen

La hasta ahora vicepresidenta ejecutiva del grupo de servicios Eulen, María José Álvarez, asume desde este jueves la presidencia de la compañía tras el fallecimiento en noviembre pasado de su padre, anterior presidente y fundador, David Álvarez.
Según ha informado la firma en un comunicado, María José Álvarez es nueva presidenta ejecutiva por deseo expreso del empresario de origen leonés David Álvarez, fundador del grupo de servicios Eulen y dueño de las bodegas Vega Sicilia, que falleció el pasado 26 de noviembre a los 88 años.
«Las normas reguladoras de la estructura organizativa del Grupo Eulen deben, forzosamente, adaptarse a la nueva realidad que ha provocado el triste fallecimiento de su presidente», dice la empresa en el comunicado.
Para la compañía, se trata de una decisión que «garantiza la continuidad y la normalidad» en el funcionamiento de las compañías integradas en el grupo

Revista FSL Nº 145


Revista Red Seguridad 72


Seguritecnia Nº 428


Europa recorta en defensa mientras gasta más en seguridad

Los atentados yihadistas de París han llevado a la UE a conceder flexibilidad en el gasto
Frente a las demandas de la UE de austeridad, los líderes piden más flexibilidad presupuestaria para proteger mejor a la ciudadanía. 
Europa se enfrenta al desafío de conjugar la caída continuada de su gasto en defensa, un descenso que se ha acentuado especialmente tras la crisis económica y financiera de 2008, con la necesidad de aumentar su presupuesto en seguridad ante la amenaza del terrorismo yihadista, que en 2015 ha golpeado con furia el Viejo Continente. 
Las importaciones de armas en Europa cayeron un 41% durante el periodo comprendido entre 2011 y 2015 con respecto a los cinco años anteriores, según un estudio del Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI) publicado esta semana. “La caída es en parte resultado de las presiones económicas que han forzado a Estados como Grecia a reducir de manera considerable la compra de armamento”, estiman los autores del informe, unas limitaciones que han obligado a algunos países a hacer mayores recortes. Mientras que en el último lustro Reino Unido ha disminuido sus importaciones de armas en un 17%, Grecia lo ha hecho en un 77%.
La reducción en la compra de armamento es paralela a la disminución del gasto en defensa en general. Según el SIPRI, que solo tiene datos actualizados hasta 2014, desde 2008 Francia ha recortado esta partida presupuestaria en un 3% y Alemania, en un 1,4%. Mayor ha sido la caída en Reino Unido, con un descenso del 13%. El año pasado, según un reciente informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), la caída de la inversión en defensa ha continuado: un 12% en Francia, un 16% en Alemania y un 9% en Reino Unido, los tres únicos países europeos cuyos presupuestos en defensa figuran entre los diez más altos del mundo. Los tres primeros son Estados Unidos, China y Rusia.
Sin embargo, los atentados yihadistas de París del pasado 13 noviembre, en los que murieron 130 personas, han llevado a la Unión Europea a conceder flexibilidad para que los Estados impulsen sus programas de seguridad. Tan solo cuatro días después de la cadena de ataques, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dio margen presupuestario a Francia para reforzar la lucha antiterrorista, si bien el presidente francés, François Hollande, ya había proclamado meses antes su elección de seguridad frente a austeridad con el anuncio de un incremento en el gasto de defensa.
Alemania también intenta seguir la senda marcada por Francia. El pasado enero, la ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, propuso un gasto extra en seguridad de más de 100.000 millones en los próximos 15 años. Y Bélgica, origen de varios de los autores de la matanza de París, ha anunciado más inversión en la lucha antiterrorista para reforzar el despliegue policial e incrementar los programas de prevención de la radicalización y desradicalización.
En el este de Europa, la amenaza expansionista de Rusia, que en 2014 se anexionó Crimea, ha sido la que ha empujado a Polonia y a los países bálticos a reforzar sus programas de defensa. Aunque Varsovia ha disminuido su compra de armamento en un 61% entre 2011 y 2015 con respecto al lustro anterior, en 2013 adoptó un programa de modernización militar de 10 años y encargó a Estados Unidos un lote de misiles de largo alcance y un sistema para reforzar la defensa aérea, según el SIPRI. Estonia, Letonia y Lituania, aunque a menor escala que Polonia, también han hecho un mayor esfuerzo presupuestario para renovar su armamento.

Eulen cobró más de 380.000 euros por servicios no prestados al Gobierno de Melilla

Eulen cobró más de 380.000 euros por servicios no prestados a la Administración. El sumario de la ‘operación Tosca’ revela que en el año 2013 la empresa de seguridad y vigilancia cobró del Gobierno de Melilla más de 22.000 horas de servicios no prestados. Una vez más, los emails entre directivos de Eulen certificarían la existencia de estos cobros por trabajos no ejecutados.
El sumario de la instrucción judicial de la ‘operación Tosca’ revela nuevas irregularidades en la contratación entre Eulen y la Ciudad Autónoma de Melilla. En esta ocasión, el pago con dinero público de servicios que la empresa no habría prestado en realidad. Más de 22.000 horas de trabajos no ejecutados que suponen más de 380.000 euros pagados en el año 2013.

Emails que certifican los trabajos no ejecutados
La Guardia Civil detalla que los emails entre directivos de Eulen certificarían la existencia de estos cobros por trabajos no ejecutados. La instrucción ha permitido conocer la existencia de un posible concierto entre la Administración local y directivos de Eulen para “distraer fondos públicos facturando servicios ficticios”. 
El desvío de fondos públicos se habría realizado gracias al consentimiento de Francisco Javier Calderón, consejero de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo, director general, y un inspector jefe de la Policía Local. Ellos firmaron las certificaciones de los trabajos que habrían servido para abonar los fondos por trabajos no realizados. La Guardia Civil no descarta que los implicados en los hechos obtuvieran beneficios económicos.

Un archivo de Excel
Por su parte, los directivos de Eulen en Madrid y Melilla intercambiaron por correo electrónico un archivo Excel que reflejaba las horas de servicios realmente prestados y la teórica facturación inflada. Junto a esos emails, los investigadores encontraron en el registro de la sede de Eulen un documento manuscrito que decía: “Poner mayor número de horas que las que vamos a realizar”.
El desvío de fondos públicos se une a la utilización fraudulenta del contrato menor, el retraso injustificado en la celebración de concursos públicos y su posterior amaño, según la investigación judicial.

Empresas eventos tendrán que implantar control de aforo automático en menos de 6 meses

 El decreto autonómico que obliga a los eventos con más de 2.000 personas a tener herramientas electrónicas de medición será de obligado cumplimiento a partir de septiembre
La imagen de la persona que sostiene un dispositivo de click en la entrada de un gran evento está a punto de esfumarse. Al menos en el caso de festivales y otros espectáculos. A partir del próximo mes de septiembre, el recuento automático será de obligado cumplimiento para aquellos espectáculos cuyo aforo exceda las 2.000 personas. Esto quiere decir que nada de pulsaciones con espacio para el error humano. La práctica telemática aspira a ganar en precisión, acabar con la especulación y unificar la seguridad. 
La normativa que regula el control de aforo no es de ámbito estatal, sino que corresponde a cada autonomía. La Comunitat se guía por el decreto 143/2015, aprobado por el Consell el pasado mes de septiembre. En concreto, el Artículo 185 especifica que los organizadores de eventos con más de 2.000 personas deben optar por “sistemas técnicos de cuenteo automático que computen con exactitud el número de personas que acceden y se hallan en un local”, una medida que hasta la fecha ni siquiera se contemplaba. Pese a que el reglamento ya está en vigor, su aplicación no es de obligado cumplimiento hasta septiembre de 2016, motivo por el que todavía muchas entidades rehúsan aplicarlo. 
EL CUENTEO ELECTRÓNICO ERA UNA MEDIDA NO OBLIGATORIA HASTA LA FECHA, QUE AHORA ACOMPAÑARÁ A LAS GRANDES CITAS
Cabe recordar que el decreto afecta tanto a espectáculos públicos de carácter extraordinario, como a salas de fiestas, discotecas y pubs que estén ubicados en la Comunitat. Y da igual que la titularidad sea pública o privada. Solo quedan fuera los actos religiosos, políticos, deportivos y determinados eventos turísticos, regulados por otras normas. Pero se incluyen infinidad de eventos: desde los grandes festivales musicales –Arenal Sound, Low Festival, Mare Nostrum, Medusa… –, a los actos como Electrofallas, la Tomatina Sound y hasta las paellas de la Universidades. 
Otra novedad esencial es la referida al personal de seguridad privada que se requiere. La tabla de porcentajes arroja datos inequívocos. De 501 hasta 1.000 personas, un vigilante; de 1.001 hasta 2.000, debe haber dos y, en adelante, un vigilante por cada tramo de 1.000 personas.

Los intereses en juego
A la hora de redactar la normativa autonómica se han tenido en cuenta las reclamaciones de todas las partes, pero especialmente "el interés ciudadano". Así lo asegura José María Ángel, responsable de la Agencia de Seguridad y Respuestas a las Emergencias, que depende directamente de Presidencia. Ángel explica que la norma venía del anterior Gobierno, “pero desde la nueva Administración le dimos apertura, consensuamos con las partes y trasladamos determinadas competencias al Ayuntamiento”. 
Se refiere a la supervisión de actos organizados a nivel local. Dependiendo del alcance de cada evento puede que se deleguen las responsabilidad en la Policía local, aunque por lo general se encarga la autonómica. Cada región, eso sí, lo hace a su manera. En Valencia, si un recinto tiene capacidad para 2.000 personas, se deben vender hasta 2.000 entradas, sin entrar en consideraciones de la gente que entra o sale. Una medida cuyo cumplimiento, sin embargo, fue muy cuestionado en el caso del Madrid Arena. 
“Control de aforo se hace en cualquier evento. Ahora bien, como en todo, hay empresas que son más precavidas, que procuran no tener sanciones y que se ahorran las incidencias”, explica Jorge Ribera, jefe de Seguridad de distintos eventos, como Electrofallas, Medusa Sunbeach o Low Festival. Su figura, la del profesional liberal que presta asesoramiento integral sobre seguridad en eventos, se verá reforzada por esta reforma. 
También la de empresas como la valenciana Idasfest, que ofrece servicios de contabilización inmediata gracias a chips electrónicos y transmisión en tiempo real a la Policía autonómica. Llegaron a reunirse con el acalde de Valencia, Joan Ribó, para empujar la reforma. “Le dijimos que era necesario hacer algo y le pareció fenomenal. No esperábamos un sí tan rotundo”, relata uno de sus co-fundadores, Javier Juanes. 

Un gasto añadido
Solo el 50% de festivales de la Comunitat apuesta por el sistema electrónico. Mare Nostrum o Medusa Sunbeach lo tienen, por ejemplo. La reticencia de las empresas a incorporarlo, más allá de que acabe con cualquier baile de cifras en sus recuentos, tiene un motivo esencial: implica un coste económico. A no ser que desarrollen su propia tecnología, se ven obligadas a la contratación de los servicios de una empresa externa.
"El precio depende de muchos factores, como el número de asistentes, los días de duración, la disposición de los accesos... Pero en cualquier caso es muy bajo comparado con otros gastos a los que tienen que hacer frente los promotores de eventos”, argumenta Juanes. Menos de 1 euro por persona sería el estándar en grandes citas.
De momento, Idasfest es la única empresa que presta este tipo de servicios telemáticos en la Comunitat, aunque bajo distintos nombres según el sector profesional. No obstante, son conscientes de que pronto tendrán competidores, sobre todo en lo que al ámbito público se refiere. “Ahora mismo no entramos en ningún concurso, ellos nos llaman a nosotros y estamos muy saturados de trabajo”, confiesan. En el sector privado, coinciden con Ribera en que los hay “más y menos colaborativos” con la medida. 
Desde la Agencia de Seguridad y Respuestas a las Emergencias aseguran que serán “estrictos” en las inspecciones a partir de septiembre. “Para nosotros la normativa es básica, sobre todo cuando hablamos de algo que implica sanciones graves o muy graves y tiene relación con la seguridad ciudadana”, indica Ángel. “Aunque ya lo estamos haciendo, no podemos dejar de visitar eventos. Supervisamos las fiestas de Nochevieja y hemos trabajado intensamente en la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias”, añade. “En los primeros meses desde que lleva funcionando se han reducido los problemas que teníamos”, concluye.

Prosegur gana 183 millones de euros en 2015, un 15,5% más

Prosegur registró un beneficio neto consolidado de 183 millones de euros en 2015, lo que supone un incremento del 15,5% respecto a 2014, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En 2015, Prosegur logró unas ventas de 3.959 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,7% en comparación con los 3.783 millones de euros que registró en 2014.
Por su parte, el resultado neto de explotación (Ebit) de la empresa alcanzó los 324 millones de euros el año pasado, con un avance del 5,5% en comparación con 2014, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) progresó un 5,3%, hasta 448 millones de euros.
Prosegur ha destacado que ha cerrado 2015 manteniendo la tendencia positiva y el crecimiento sostenido en sus tres líneas de negocio: Alarmas, Logística de Valores y Gestión de Efectivo, y Sistemas Integrales de Seguridad.
"Estos resultados se sustentan sobre la base de un comportamiento muy favorable en España y Argentina. También sobre la capacidad de Prosegur para mantener un crecimiento orgánico positivo en Brasil, a pesar de las dificultades por las que atraviesa la economía del país", ha subrayado la compañía, que mantiene una perspectiva optimista para la evolución del conjunto de sus negocios a lo largo de 2016.
En concreto, su negocio de 'Soluciones Integrales de Seguridad' facturó un 2,5% más en 2015, hasta los 1.985 millones de euros, en tanto que la unidad de 'Logística de Valores y Gestión del Efectivo' logró incrementar sus ventas un 6,1%, hasta los 1.766 millones de euros. El negocio de 'Alarmas', por su parte, fue el que más creció en 2015, con un aumento de su facturación del 15%, hasta los 209 millones de euros.
Por áreas geográficas, la facturación de la compañía de seguridad privada en las regiones de Europa y Asia-Pacífico ascendió a 1.598 millones de euros, un 1,1% más, en tanto que sus ventas en Iberoamérica se incrementaron un 7,3%, hasta los 2.361 millones de euros.
Dentro de Europa, destacó el crecimiento de las ventas de Prosegur en España, un 4,7%, hasta los 896 millones de euros, mientras que en Latinoamérica las ventas aumentaron en mayor medida en la región de Argentina, Uruguay y Paraguay, con un repunte del 42,5%, hasta los 990 millones de euros.

La UCO cree que Eulen se llevó 9,5 millones en “contratos ilegales”

El sumario de la ‘Operación Tosca’ asegura que dichos acuerdos se firmaron entre 2004 y 2008 l Los concursos públicos se anularon “con argumentos incomprensibles”.
Esta misma semana se levantó el secreto de sumario de la conocida como ‘Operación Tosca’, una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se centra, entre otras cosas, en analizar la adjudicación de contratos, mayores y menores, a empresas por parte de la Ciudad. Según el primer tomo del informe, que consta de seis y una pieza separada con otros cuatro, la empresa de seguridad privada Eulen se habría llevado, presuntamente, entre 2004 y 2008, un total de 9.656.288,21 de euros en contratos que la UCO considera “completamente ilegales” por haber sido ‘troceados’ para evitar el concurso público.
Otro de los datos que revela dicho documento es que en los años 2006 y 2007 se sacó una licitación abierta para el “Servicio vigilancia de las dependencias de la Ciudad Autónoma de Melilla” y, finalmente, se canceló aludiendo, presuntamente y siempre según el documento de la UCO, a “argumentaciones incomprensibles”.

Adjudicación del servicio
En 2008, finalmente, el concurso público para otorgar este servicio a una compañía externa se llevó a cabo. Sin embargo, presuntamente y tal y como apunta la investigación de la Policía Judicial, Eulen se volvió a quedar con el servicio previa “reelaboración de pliegos de condiciones técnicas y establecimiento de criterios de valoración o de fórmulas de exclusión arbitrarios, tendentes a favorecer a dicha empresa en el concurso público realizado al efecto, en perjuicio de la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades respecto de las demás empresas”.
Por esta causa se señala a la Consejería de Seguridad Ciudadana y a sus máximos representantes, entre ellos el que se hiciera cargo de este área durante estos años, Ramón Antón, ex consejero, y Gregorio Castillo, aún director general de este área.

Patronato de Turismo y antiguo Hospital de la Cruz Roja
Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga la conocida como ‘Operación Tosca’, que supuestamente llevó a cabo contrataciones irregulares, principalmente con la empresa Eulen de seguridad privada, esta misma compañía se llevó varias adjudicaciones de forma “ilegal”.
En dicho documento, resaltan los servicios de “vigilancia de antiguo Hospital de la Cruz Roja”, la actual sede de la Consejería de Hacienda, unas competencias que dice que Eulen se adjudicó haciendo un “uso fraudulento de la contratación menor directa en el año 2012”.
Por otro lado, hay que reseñar que la UCO también considera que hubo fraude a la hora de dar las competencias a esta empresa en cuanto al “servicio de limpieza, mantenimiento y servicios auxiliares del Patronato de Turismo”, un acuerdo que se cerró en 2012 y detrás del que, supuestamente, habría “numerosos correos electrónicos que permiten presumir la existencia de un concierto previo entre responsables de la empresa que resultó adjudicataria y los encargados de la Administración oferente”.
Prevaricación, revelación de secretos, usos de información privilegiada, fraude y malversación son algunos de los delitos que, presuntamente, se habrían cometido en esta trama que atenta contra las arcas públicas.

Suspensión de la adjudicación de seguridad en 2011
Sobre la adjudicación del “servicio de vigilancia de dependencias municipales de la Ciudad Autónoma de Melilla en el año 2011”, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que investiga el caso enmarcado en la conocida como ‘Operación Tosca’, recoge que, presuntamente, se habría suspendido un concurso público para estas competencias a causa de un recurso presentado por la empresa Eulen “en el que impugnaba, precisamente, el uso de la fórmula o criterio de valoración de la oferta económica similar a la utilizada en el concurso del año 2008, en el que resultó adjudicataria”.
Asimismo, dicho documento se refiere a la contratación que se produjo un año más tarde, en la que pudo haber, presuntamente, un “concierto fraudulento entre los responsables de la Administración y los de la empresa Eulen para conseguir la adjudicación del servicio de la vigilancia de las dependencias municipales de 2012”. Se dio, siempre según la UCO, una “desnaturalización intencionada de la valoración del componente económico de la oferta y el uso de criterios de adjudicación”.

Ochenta vigilantes de sedes judiciales de la Comunitat llevan meses sin cobrar

Denuncian la situación límite que viven, sin dinero para poner gasolina, pagar la luz o adquirir alimentos
Trabajando cada día, sin cobrar cada final de mes, y pidiendo un préstamo que genera a su vez intereses, para hacer frente a los pagos y gastos ordinarios... Así están algunos de los vigilantes de seguridad que custodian las sedes de la Conselleria de Justicia en la Comunitat Valenciana, algunos de ellos en situaciones aún más graves, hasta el punto de que les cuesta encontrar dinero para poner gasolina para ir a trabajar, que han tenido que hacerse con un ciclomotor porque el coche se averió y no hay dinero para pagar una reparación, e incluso recoger comida del banco de alimentos. La falta absoluta de ingresos es ya un drama a causa del paro, pero unos 80 vigilantes se encuentran en esa misma situación teniendo trabajo y sin poder faltar a él para no enfrentarse a un despido.
Es la situación que denuncia el comité de empresa de CECA Seguridad, la firma que presta el servicio a la Generalitat según el contrato prorrogado hasta 2017. Los impagos para los vigilantes, personal de administración y mandos (un centenar de personas en total) comenzaron a acumularse en 2013 y volvieron a ponerse al día, pero en junio se comenzó a repetir la situación. Y hasta ahora, cuando llevan acumulados unos tres meses sin cobrar, se les deben unos 4.000 euros de media a los cien trabajadores que tiene CECA vinculados a este contrato público y la vigilancia del Archivo del Reino de Valencia. Fernando Muñoz Sanchís, presidente del comité de empresa, asegura que los trabajadores están en una situación límite que se agrava porque la Administración no les da esperanzas de que se solucione.

Carmena hereda 26 millones en contratos de seguridad que quiere sustituir por policías

El Ayuntamiento de Madrid tiene suscritos contratos de seguridad con 17 empresas privadas que suponen un coste de 26 millones de euros. Algunos vencen este año, otros en 2017 y los hay que estarán vigentes toda la legislatura. El objetivo de la Concejalía de Salud, Seguridad y Emergencia que dirige Javier Barbero es ahorrar e intentar no renovar el mayor número de contratos posible y sustituir la vigilancia privada por los policías municipales más veteranos, aquellos que tienen 55 años o más y no realizan funciones operativas. El proyecto no tiene de momento buena acogida ni entre los sindicatos policiales ni entre los trabajadores de las empresas privadas, que ven peligrar sus puestos de trabajo.
La concejalía está realizando un detallado estudio de todos los contratos de seguridad, heredados por el “afán privatizador de anteriores equipos municipales del PP”, el coste que suponen, cuándo vencen y si se puede prescindir de ellos sin mermar la protección de los edificios públicos. El ayuntamiento que dirige Manuela Carmena cree que en algunos casos estos inmuebles pueden ser vigilados solo a través de medios materiales (alarmas o sistemas de videovigilancia) y en otros se puede sustituir a los vigilantes privados por agentes municipales. “Hay que buscar la eficiencia y aprovechar también la experiencia profesional de los policías más veteranos, que no solo serán destinados a la protección de inmuebles, sino también al apoyo de unidades especiales”, señala un portavoz de la concejalía, que destaca que no quieren “reducir los niveles de protección de los edificios públicos”.

La plantilla de Policía Municipal tiene poco más de 1.000 agentes que superan los 55 años
Por ejemplo, la empresa Ilunion Servicios de Seguridad recibe 2,12 millones de euros por proteger los “edificios y solares que se encuentran bajo la custodia de la Dirección General de Patrimonio”. Su contrato vence en junio de 2017. Prosegur tiene el contrato de vigilancia del Palacio de Cibeles (sede principal del ayuntamiento) por 3,8 millones de euros, que vence en diciembre de este año. Esta es la empresa que más factura al consistorio, en concreto 8,2 millones de euros. Protección de Patrimonios custodia por 452.000 euros “el edificio sede del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda”. Este contrato vence ahora en marzo. Como el de Sasegur, que percibe 325.301 euros por proteger “los edificios dependientes del distrito de Latina”.
La empresa Servise se encarga de la protección de la sede de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil por un coste de 223.000 euros. Su contrato termina en abril de 2017. Sureste Seguridad se ocupa por 461.000 euros de los inmuebles que dependen de la Agencia Tributaria municipal. La UTE formada por Sasegur y FBS Seguridad recibe 465.509 euros por vigilar los edificios de la Junta de Distrito de Moratalaz (el contrato vence en noviembre de 2016). Visegur protege “los edificios dependientes del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública” por 521.317 (hasta agosto de 2016).

Nuevas cláusulas sociales
En el listado de empresas adjudicatarias, también está Marsegur, que percibe cinco millones de euros por seis contratos. Es la segunda en volumen de facturación. Protege los edificios del área de Artes, Deportes y Turismo por un importe de 1,8 millones de euros; los inmuebles del distrito de Moncloa-Aravaca, por un millón de euros; los centros de Madrid Salud, por 954.048; los edificios del distrito de Vicálvaro, por 473.394; los edificios de Coordinación General de la Alcaldía, por 393.366 euros, y la sede de la subdirección general del Samur-Protección Civil, por 277.697.
En el caso de Marsegur, ganó los concursos porque ofreció siempre la oferta más económica, en algunos casos un 50% más barata que el precio de licitación. Esto se ha traducido en que muchos de sus vigilantes ganan muy poco, unos 700 euros brutos al mes. El consistorio gobernado por Ahora Madrid también es consciente de que muchos de estos contratos chocan con la nueva política de contratación que quiere instaurar. Antes, el precio suponía el 65% de la puntuación a la hora de otorgar un contrato. Ya no. El consistorio ha aprobado un decreto que regula nuevas cláusulas sociales a la hora de valorar una adjudicación, como la calidad de las condiciones del empleo de las empresas licitantes, la inserción sociolaboral, políticas de igualdad, medioambientales y la transparencia en la información que ofrezca la empresa.
El sindicato CPPM no está de acuerdo en este nuevo proyecto del ayuntamiento. “Hace falta una plan que establezca qué número de edificios deben ser protegidos y la gente necesaria. Es verdad que esta protección está entre nuestras funciones, pero hay hasta 23 actividades policiales que se pueden desempeñar a partir de los 55 años: comunicación de notificaciones, inspección de comercios, enlace de unidades, mantenimiento de vehículos, trabajo en oficinas, charlas formativas en colegios, puestos de emisora…”, señala su portavoz, Julián Leal. CPPM lo tiene claro: “Es imposible quitar la vigilancia privada, sobre todo teniendo en cuenta que la Policía Municipal de Madrid no tiene cubiertas todas sus necesidades. La plantilla es de 6.200 agentes y tenemos un déficit de 900”.

Sin nuevos recambios policiales
Las últimas promociones para incorporar agentes al cuerpo han sido muy reducidas debido a la situación financiera del consistorio. En 2014, se convocaron 213 plazas, y en 2015 se redujeron a solo 26. “Para este año, se habla de 117 cuando prometieron 250”, explican desde el sindicato UPM. El adelanto de la jubilación de los policías locales a los 58 años o a los 60 años, un real decreto que ya está ultimando el Gobierno en funciones.
“Si bajan la jubilación a los 60 años, perdemos unos 800 agentes. Ahora nos podemos jubilar a los 65, pero muchos compañeros lo hacen a los 63. Esto reduciría gran parte de los efectivos y podría causar graves problemas hasta que se reestructurase el servicio. Ahora hay entre 1.000 y 1.200 agentes mayores de 55 años“, explican desde CPPM. UPM también es de la misma opinión: “Tal y como está la plantilla y el número de edificios a proteger, el proyecto de la concejalía es imposible. Con las carencias operativas del cuerpo, la seguridad privada es ahora más barata. Además, muchos de los agentes mayores de 55 años no pueden abandonar las funciones que hacen ahora”, concluye Juan Higueras, de UPM.
La Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera ya realizó un estudio sobre el coste que conllevaría la sustitución de los 485 vigilantes de seguridad que controlan los edificios municipales. Su conclusión fue que Carmena tendría que rascarse el bolsillo hasta conseguir casi el triple del dinero que destina ahora para cubrir este servicio. Según el cálculo de la USO, basado en los convenios colectivos de las plantillas, el servicio que actualmente prestan los vigilantes ronda los 12 millones de euros al año, cifra que resulta de multiplicar las 800.000 horas que hay contratadas por los 15 euros a la hora que cobra un profesional privado. La sustitución de los 485 vigilantes que hacen este servicio requeriría el uso de 670 agentes para cubrir el mismo cometido.
Este número de policías habría que multiplicarlo, según las cuentas del sindicato, por 32.774 euros brutos anuales que cobra de media cada agente, lo que daría como resultado 22 millones de euros. A esta cifra, además, habría que sumar 5,5 millones, que es lo que cuesta la seguridad social de todos estos empleados. En total, 27,5 millones de euros anuales, una cifra en la que no están contabilizados, subrayan desde USO, conceptos como la uniformidad, los armeros, los ejercicios de tiro, las prejubilaciones o los seguros. Al ayuntamiento las cuentas le salen de otra manera, ya que los agentes que se encargarían de los edificios ya están en plantilla y su salario ya está presupuestado. Además, se podría usar parte de los 26 millones que se pagan en seguridad privada en reforzar una plantilla municipal muy crítica ya con el concejal Barbero después de que este eliminara una de las unidades centrales (los antidisturbios).

Difusión Campaña de la USO ¿Y tu puedes conciliar?.

Porque la conciliación es un derecho y deber de todos y todas

La conciliación supone compatibilizar la vida personal y profesional. Estimula el empleo  (especialmente entre las mujeres y los trabajadores y trabajadoras de más edad), aumenta la natalidad y fomenta la igualdad de género.

La corresponsabilidad es la responsabilidad compartida en el cuidado y acompañamiento de menores y personas dependientes, y requiere de una profunda transformación social y cultural en la que deben participar el Estado, la sociedad, las empresas y la familia.

Porque la conciliación es un derecho y deber de todos y todas

España es el cuarto peor país de Europa en conciliación. Compatibilizar la familia y el trabajo aún es tarea de mujeres

Las mujeres dedican 4,29 horas diarias al hogar y la familia y los hombres 2,32 horas

Las mujeres dedican 4,29 horas diarias al hogar y la familia y los hombres 2,32 horas. Por cada 26 mujeres que compatibilizan su jornada a tiempo parcial con la atención a los miembros de su familia, tan sólo 1 hombre lo hace.

Las mujeres las que mayoritariamente reducen sus jornadas o, directamente, abandonan el mercado laboral para poder atender las obligaciones familiares.

Y tú, ¿puedes conciliar?

Las personas con discapacidad y sus familias siguen siendo las grandes olvidadas en materia de conciliación.

6.000€/año en Escuela Infantil y 17.000 en residencias, son algunos costes que obligan a reducir jornada o abandonar el empleo

Las personas que tienen a su cargo menores o dependientes se encuentran en la disyuntiva de recurrir a servicios de guardería, residencias o cuidadores a domicilio, o solicitar una reducción de jornada, ligada a una reducción de salario, que le permita reducir el coste que esa atención supone.

Las guarderías privadas en España tienen un coste medio de 310 €/mes, siendo la provincia más cara Barcelona con 400 €/mes, y la más barata Córdoba con 250 €/mes.

Las guarderías públicas cuestan de media 250 €/mes, siendo Vitoria la provincia más cara, con 377 €/mes y Murcia la más barata, con un coste de 136 €/mes.

El coste de las residencias, en una población cada vez más envejecida, es simplemente inasumible por las familias. Las residencias privadas cuestan una media de 1.830 €/mes y las públicas no se quedan atrás, con un coste medio de 1.400 €/mes.

Y tú, ¿puedes conciliar?

Los horarios comerciales de lunes a domingo imposibilitan la conciliación personal y familiar.

Los horarios comerciales de lunes a domingo, en muchos casos hacen que la conciliación personal y familiar sea imposible. Muchos de esos centros y comercios que obligan a sus trabajadores y trabajadoras a trabajar un domingo, no son rentables para la empresa, y mucho menos para las personas, que difícilmente pueden encontrarse satisfechas con esta situación, lo que repercute negativamente en su productividad y en el ambiente de trabajo.

Por eso son necesarios horarios racionales.

Y tú, ¿puedes conciliar?

Los horarios laborales deben ser acordes los horarios de colegios y escuelas infantiles. Y tú, ¿puedes conciliar?

Un 85% de los procesos de prestación por maternidad son percibidos por la madre

Las políticas de empleo e igualdad en España parten del aparente mejor comportamiento del empleo femenino frente a la crisis. Análisis que oculta que se ha producido una “igualdad a la baja”, derivada de un deterioro sin precedentes del mercado de trabajo.

MARSEGUR la sucesora de Seguridad Integral Canaria al SIMA

CITACIÓN en el SIMA para la  COMPARECENCIA DE LAS PARTES a la sucesora de Seguridad Integral Canaria, la empresa MARSEGUR.
En relación con el procedimiento de mediación promovido por USO frente a MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA, S.A. por motivo de negociación del Plan de
Igualdad estatal en la empresa.
La reunión de mediación tendrá lugar en sede de este Servicio, sita en Madrid (28015), calle San Bernardo, nº 20, 5ª planta. el día 7 de marzo de 2016

26 de febrero de 2016

La seguridad privada defiende su rol contra la amenaza terrorista en Sicur

La Semana Internacional de la Seguridad (Sicur) ha celebrado hoy una jornada técnica donde se abordado la problemática de la amenaza del terrorismo yihadista y cómo la seguridad privada juega un "papel fundamental" en la lucha contra el terrorismo global.
Durante la conferencia, según un comunicado, se ha señalado que se trata de un escenario "complejo" ya que la amenaza se extiende "por todo el mundo, menos en América Latina" y los principales objetivos de las amenazas terroristas se enmarcan en "grandes ciudades y espacios con una importante afluencia de personas".
Carola García-Calvo, investigadora del Real Instituto Elcano y profesora de Estudios de Terrorismo y Políticas de Seguridad en la Universidad Pontificia de Comillas, ha destacado que las sociedades se encuentran ante "una amenaza diversa y más extendida que nunca", la "tercera fase del terrorismo global".
En relación con España, García-Calvo ha asegurado que el país cuenta con "un porcentaje de movilización menor que otros países de nuestro entorno".
El perfil del yihadista actual en España, según esta experta, es "inminentemente autóctono": el 40,5% ha nacido en nuestro país y de este porcentaje, el 75,8% en Ceuta y Melilla, con una media de edad de 28 años.
García-Calvo ha insistido en el "importante" papel que juega la seguridad privada en la lucha contra el terrorismo, ya que se maneja un "gran flujo de información" por parte de las organizaciones terroristas.
"Entre el 50 y el 60% de los servicios que prestan la empresas de seguridad privada son estratégicos, por lo que la calidad tiene que ser un factor decisivo", ha asegurado Eduardo Cobas, secretario general de Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser). 

Un vigilante denuncia a la cofradía de Cambados por una sanción de dos días sin sueldo

El pósito alega que el operario perdió una jornada de trabajo sin justificar la ausencia
El Juzgado de lo Social número 4 de Pontevedra acogió ayer la vista oral por la denuncia de un vigilante de la cofradía de Cambados contra la dirección del ente, a la que acusa de imponerle una sanción mal fundamentada.
Según el pósito, el vigilante no acudió un día a trabajar, y no dio una explicación coherente de su falta, hasta el extremo de que le habría dicho a su encargado que se había quedado dormido, mientras que a la presidenta de las mariscadoras (y vicepatrona mayor) le habría manifestado que ese día hizo tareas de vigilancia a pie. El pósito no dio verosimilitud a estos argumentos, y sancionó al trabajador con dos días sin empleo ni sueldo.
El operario ha acudido a los juzgados, al considerar que su sanción no está fundamentada, y que además no se respetaron las formalidades ni el convenio colectivo de su sector laboral.
Se da la circunstancia de que el vigilante declaró en su día en el juicio que enfrentó a la cofradía contra los tres trabajadores de la lonja que fueron despedidos por la supuesta venta ilegal de marisco, de ahí que desde su entorno se haya aludido a una supuesta revancha. Este aspecto lo niegan de plano fuentes próximas al gobierno del pósito, que aluden a la existencia de un hecho presuntamente objetivo, como es el de no acudir un día al puesto de trabajo sin justificación. En la vista de ayer declararon además de la presidenta de las mariscadoras, una trabajadora de la cofradía y el propio patrón mayor, Ruperto Costa.
También estaba en sala el denunciante, aunque en su caso no declaró, remitiéndose al escrito de su abogado. El caso ha quedado visto para sentencia.

Condenado el vigilante de una tienda que aprovechó su puesto para robar ropa

La Audiencia rebaja la pena de cárcel a multa al empleado de unos grandes almacenes de Cartagena porque no queda probado que se apropiara de algunas de las prendas cuya sustracción le fue imputada
La Audiencia Provincial de Murcia sustituyó la pena de doce meses de prisión impuesta al vigilante de unos grandes almacenes de Cartagena (Murcia) por una multa de 180 euros porque, por 1,35 euros, los hechos son constitutivos de una falta de hurto, y no de un delito.
La sentencia condena también al acusado a pagar al establecimiento los 399,65 euros en que fueron valoradas las prendas sustraídas.
El Juzgado de lo Penal de Cartagena (Murcia) que dictó la sentencia que ahora se ve rectificada en parte declaró probado que los hechos ocurrieron en la noche del 25 al 26 de marzo de 2015, cuando este vigilante del servicio de seguridad del local sustrajo varias prendas, que el juez valoró en 499,55 euros.
Ahora, la Audiencia Provincial, corrige ese relato de hechos probados para señalar que el importe de lo sustraído fue de 399,65 euros, por lo que estamos ante una falta de hurto, y no un delito.
Dice el tribunal al cambiar la pena de prisión por la multa que lo hace porque no se ha demostrado en el juicio que el acusado se apropiara de algunas de las prendas cuya sustracción le fue imputada.

I Congreso Constituyente de la FTSP-USO CLM

En el día de ayer, se ha celebrado el Congreso Constituyente de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada  de la comunidad de Castilla la Mancha (FTSP-USO CLM), en el que se elegía a la Ejecutiva que durante los próximos cuatro años va a continuar, la excelente labor que han venido desarrollando durante estos años el recién nombrado Secretario General Francisco García Baños y el equipo de personas que le han ayudado a sacar adelante el trabajo de la Federación en esta comunidad.
Este importante acto de constitución se celebró en un marco incomparable como ha sido el Centro Socio Cultural del Ayuntamiento de Layos en Toledo, donde las diferentes delegaciones e invitados fueron recibidos con los brazos abiertos por parte de su Alcalde el señor Rafael García-Patos Benito y por la concejala de cultura y Festejos Dña Mª Isabel López García-Patos.
Al mismo han asistido unos 30 congresistas, asi como invitados y autoridades, como el Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada Don Esteban Gándara Trueba y el Teniente Coronel Interventor de armas y explosivos de la Guardia Civil en Castilla la Mancha Don Miguel Ángel Muñoz Martinez.
Tras la lectura por parte de la mesa presidencial de la organización, lineas de actuación y demás puntos previstos en el orden del día y para los próximos cuatro años, asi como de los estatutos y las tareas a las que se enfrentaran las diferentes secretarias, se procedió a las votaciones, aprobando cada una de ellas por unanimidad.
Acto seguido se procedió a nombrar a los candidatos para conformar la ejecutiva y proceder a su votación por parte de los compromisarios. Siendo elegidos por unanimidad los siguientes compañeros y compañera.

Secretaria de Igualdad: Ana B. Cortés Caraballo.

Secretario de Formacion: Eduardo Valverde Valencia.

Secretario de Accion Sindical: Carlos Sierra Asenjo.

Secretario de Organización: Francisco Recio Redondo.

Secretario General: Francisco García Baños

Más de medio millar de personas en León para examinarse de vigilante de seguridad

Es la primera ocasión en la que la capital leonesa será una de las sedes nacionales para la obtención de estas titulaciones.
La Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de la Policía han designado a la ciudad de León sede para obtener la titulación de vigilante de seguridad, así como las especialidades de escolta de seguridad y vigilante de explosivos, unas pruebas en las que participarán un total de 541 personas, mayoritariamente llegadas de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria.
De esta manera, la capital leonesa se convertirá, junto con Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza, una de las sedes nacionales para la superación de estas pruebas que habilitan a los aspirantes al ejercicio de estas profesiones. La designación de León por primera vez para la realización de estas pruebas apuntala al sector de la seguridad privada como uno de los más dinámicos en la economía leonesa, donde casi 2.000 personas viven de manera directa o indirecta de este sector.
Las pruebas se componen de pruebas físicas, que se llevarán a cabo en el estadio Hispánico de la capital leonesa, y pruebas teóricas, que tendrán lugar en la Universidad de León (ULE), centradas especialmente en materia legislativa, correspondientes al área de seguridad privada, Derecho penal, constitucional o administrativo.

Un delincuente roba un maletín en el Palacio de Justicia de Santa Cruz y se fuga

El edificio fue cerrado pero a pesar de ello consiguió burlar el cerco y huir
Al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife se le supone uno de los edificios más seguros de la capital tinerfeña. Sin embargo, en la mañana de ayer un delincuente consiguió llegar hasta la segunda planta, donde se ubica el despacho del presidente de la Audiencia Provincial y apoderarse del bolso de una funcionaria. Al percatarse esta de los hechos dio la voz de alarma, pero el caco consiguió burlar los distintos niveles de seguridad y probablemente, confundido entre el numeroso público que acude cada mañana, salir a la calle y huir.
Los hechos ocurrieron a media mañana cuando los gritos de una funcionaria activaban al servicio de seguridad privada. Un hombre, de mediana edad había conseguido llegar hasta uno de los despachos de la segunda planta y hacerse con un maletín. En su interior, entre otros efectos había un monedero. Inmediatamente, los vigilantes trataron de bloquear las salidas y filtrar a todo el personal que abandonaba las dependencias. Sin embargo, este sujeto, que vestía pantalones amarillos, fue más rápido que los buenos y consiguió abandonar el Palacio de Justicia.

Apoyo a la Guardia Civil
Los vigilantes solicitaron apoyo a los guardias civiles y policías nacionales que se encargan de custodiar a los reos que han de comparecer ante los órganos judiciales.
Este hecho y el ver a los agentes y miembros de la seguridad registrar diversas dependencias, entre ellas la azotea, hizo pensar que un delincuente había conseguido fugarse de los agentes de la Benemérita. Nada más lejos de la realidad. En este sentido, los funcionarios se han quejado en diversas ocasiones de la deficiente vigilancia del recinto, actualmente en manos de una empresa privada.
Así, en el año 2013 se denunció la desaparición de una sala de la segunda planta de un aparato de videoconferencia sin que, hasta la fecha se tenga constancia de su localización. Otro de los incidentes tuvo lugar en 2014 cuando un vigilante de seguridad tuvo que cerrar la única puerta de acceso, en funciones de juzgado de guardia para ayudar a la magistrada en cuestión a controlar a un denunciado, que mostraba una actitud un tanto violenta. Una vez consiguió el vigilante calmar los ánimos y dado que tenía que continuar con su trabajo en la puerta de acceso, optó por prestarle una emisora a la jueza para que, si se el iracundo ciudadano continuaba con el problema, alertar de inmediato al vigilante.

Detenido por robar dos teléfonos móviles en un centro comercial de El Alisal

La policía ha detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de hurto de dos teléfonos móviles valorados en 1.600 euros en un establecimiento comercial de la zona de El Alisal.
El vigilante de seguridad del establecimiento comercial le retuvo en la tarde del martes, 23 de febrero, después de que su actitud le resultase sospechosa, ha explicado la Jefatura Superior mediante un comunicado.
El responsable de seguridad vio al sujeto coger dos teléfonos móviles e introducirlos en una cesta.
Después, se ocultó detrás de un cartel de otra sección y abandonó el centro comercial sin comprar nada.
Los policías identificaron al presunto autor de los hechos, que carecía de antecedentes policiales, y le detuvieron por un delito de hurto en grado de tentativa, tras recuperar los dos móviles.

Fernando Macario , nuevo Vocal de la FTSP-USO Canarias

Fernando Macario

Desde la Unión Sindical Obrera de Fuerteventura celebramos la reincorporación del compañero Fernando Macario como nuevo Vocal de la Ejecutiva de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO Canarias. Con esta reincorporación se hace justicia a una labor incansable como defensor de los derechos de los trabajadores de Seguridad Privada y Martillo  de "Empresas Piratas" de Seguridad. Deseamos que esta incorporación estreche todavía más los vinculos de Fuerteventura con la Ejecutiva de FTSP-USO Canarias.
Fuerteventura, 26 de Febrero de 2016

Prosegur compra el 33,33% de la sudafricana SBV Services por 18,8 millones

La compañía de seguridad privada Prosegur ha completado la suscripción de acciones representativas de un 33,33% del capital social de la compañía sudafricana de transporte de valores SBV Services por 320 millones de rands sudafricanos (18,8 millones de euros), según ha informado la compañía en un comunicado.
Gracias a esta operación, Prosegur (PSG.MC)desembarca en el continente africano, "el único en el que hasta ahora no tenía presencia", y cuenta con ABSA Bank Limited, FirstRand Bank Limited, The Standard Bank of South Africa Limited y Nedbank Limited como socios en la compañía.
Según Prosegur, sus aportaciones y la colaboración entre ambas empresas serán fundamentales a la hora de consolidar y extender la presencia de SBV Services en el continente africano.
Prosegur considera que la experiencia y el conocimiento del mercado que tiene SBV Services hacen de esta compañía el socio "ideal" para entrar en el mercado sudafricano.
Asimismo, y con la finalidad de financiar parcialmente esta adquisición, Prosegur ha formalizado un préstamo a un plazo de 4 años con amortización 'bullet', por importe de 272 millones de rands sudafricanos (15,9 millones de euros), el tipo de interés referenciado al índice Jibar, que hasta el momento es de 6,9920%, más un margen fijo.
Además, la compañía de seguridad privada ha señalado que su división logística de valores y gestión del efectivo facturó 1.308 millones de euros al cierre de los nueve primeros meses de 2015, lo que representa un 44% del total del grupo.

25 de febrero de 2016

Unidad Central de Seguridad Privada: SEGURPRI MONOGRAFICO.

SEGURPRI MONOGRAFICO Nº 1









Unidad Central de Seguridad Privada: Boletín SEGURPRI.