Existe la idea extendida de que los únicos que pueden detener a una persona son los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando tienen una orden judicial contra alguien o cuando son testigos de que se está cometiendo un delito flagrante.
Pero ellos no son los únicos. Cualquier ciudadano español posee la facultad -la facultad, que no obligación-, de poder detener a una persona en el mismo supuesto anteriormente mencionado, es decir, cuando sea testigo directo de la comisión de un delito flagrante.
Y también cuando se halle ante un preso fugado o un imputado en rebeldía.
Como regla general, nuestro Estado de Derecho prohíbe la violencia privada para estos fines.
Sin embargo, en determinadas ocasiones en las que no se puede contar con el apoyo de los agentes de la autoridad, se permite la legítima defensa, y la atribución de funciones públicas, en cuyo caso el particular tiene el derecho de detener provisionalmente al sujeto, cuando exista riesgo de huida, tras la comisión del delito flagrante.
La clave para entender este concepto quizá consista en entender lo que se entiende por flagrancia.
La jurisprudencia constitucional considera la flagrancia como “la situación fáctica en la que el delincuente es sorprendido en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del delito”.
La ley 38/2002, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, define el concepto de delito fragrante de la siguiente forma: “Se considerará delito fragrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el acto sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido el delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él”.
Es muy importante definir pormenorizadamente el contenido de las leyes para que puedan ser aplicadas por los jueces con toda la precisión del mundo. Por ello era necesario también definir lo que se entiende por “particular”.
Particular es el ciudadano no investido de autoridad o un funcionario público cuando no practica la detención en ejercicio de su cargo. A los guardas jurados se les considera, a todos los efectos, como particulares porque la ley no les reconoce carácter de agente de la autoridad.
Sólo se exigen dos obligaciones para que cualquier particular pueda practicar las detenciones: Por una parte, debe justificar que ha obrado movido por motivos racionalmente suficientes para creer que el detenido encajaba en los supuestos relatados.
Y por otra, debe poner al detenido inmediatamente después a disposición de la autoridad policial o judicial.
