La Guardia Civil que investiga la ‘operación Tosca’ asegura que Eulen, junto a la gerente de Promesa y con el conocimiento del presidente de la sociedad pública, actuaron de forma coordinada para supuestamente malversar dinero público de las subvenciones del programa Melilla Forma. Lo hicieron, según el Instituto Armado, mediante transferencias ficticias a una empresa pantalla, encubriendo gastos no subvencionables y engordando facturas. La instrucción judicial considera que estos hechos encajan en los presuntos delitos de falsificación de documentos, fraude y malversación.
Los registros de la Guardia Civil a dependencias públicas de Melilla y a empresas privadas, en el marco de la ‘operación Tosca’, siguen dando sus frutos. La Unidad Central Operativa del Instituto Armado, que investiga las relaciones entre Promesa y Eulen, ha descubierto que Carolina Gorgé, gerente de la sociedad pública, se puso de acuerdo con Victor Manuel Ramírez, jefe de producto de la mercantil privada para “falsear facturas y presentarlas como justificación para la obtención del mayor importe posible procedente de subvenciones” para el programa Melilla Forma. En este caso concreto, para la subvención de un curso de preparación de acceso a la Formación Profesional.
Una empresa pantalla
Para “distraer” el dinero de las subvenciones, Eulen utilizaba varios métodos. El primero, según la Guardia Civil, se fraguó mediante una empresa pantalla, Formación Total en Seguridad, controlada por la propia Eulen a través de Victor Manuel Ramírez.
Tras el análisis de las cuentas de las sociedades, la Guardia Civil concluye en uno de sus informes que Eulen justificaba ante Promesa gastos para impartir los cursos de formación que, en realidad, no eran subvencionables.
Para ello entregó en una ocasión a su empresa pantalla más de 82.000 euros en diversos ingresos. Dinero que justificó ante Promesa como gastos subvencionables. Sin embargo, menos de dos meses después, más de la mitad de la cantidad volvió a las cuentas de Eulen mediante transferencias que el propio Ramírez realizó. La misma operativa efectuaron en otra ocasión, recuperando Eulen más del 81% de los pagos justificados que hizo a su empresa pantalla por un curso de atención a personas dependientes.
Facturas 'ad hoc'
El segundo método para llevarse el dinero de las subvenciones, de forma supuestamente ilegal, consistía en crear facturas ‘ad hoc’, con la connivencia de la gerente de Promesa y el conocimiento de su presidente, entonces José María López Bueno. La Guardia Civil afirma que, en el caso del alquiler de unas aulas para dar los cursos, esta práctica permitió que Eulen se llevara casi 32.000 euros que no le correspondían.
Falsear el sueldo de los coordinadores
El tercer método para distraer el dinero de las subvenciones de Promesa consistía, según la Guardia Civil, en falsear el sueldo que cobraban los coordinadores de los cursos contratados por Eulen. Pese a que una coordinadora general aseguró que cobró 2.000 euros por su trabajo, la gerente de Promesa autorizó una justificación con cargo a la subvención de más de 6.500 euros a favor de Eulen.
Para la Guardia Civil estos hechos evidencian que Eulen, en concierto con su empresa pantalla y junto a personal de Promesa “actuaron para distraer parte del dinero de las subvenciones”. Los investigadores consideran que los hechos son constitutivos de presuntos delitos de falsificación de documentos, fraude y malversación.
Promesa ha pagado casi 600.000 euros a Eulen por impartir cursos de formación en el periodo 2012-2013, según consta en el sumario judicial. Tanto la gerente de Promesa como el jefe de producto de EULEN, junto a su superior Juan Antonio Morales, fueron detenidos en febrero de 2015 por la Guardia Civil y puestos a disposición judicial.
