Eulen cobró más de 380.000 euros por servicios no prestados a la Administración. El sumario de la ‘operación Tosca’ revela que en el año 2013 la empresa de seguridad y vigilancia cobró del Gobierno de Melilla más de 22.000 horas de servicios no prestados. Una vez más, los emails entre directivos de Eulen certificarían la existencia de estos cobros por trabajos no ejecutados.
El sumario de la instrucción judicial de la ‘operación Tosca’ revela nuevas irregularidades en la contratación entre Eulen y la Ciudad Autónoma de Melilla. En esta ocasión, el pago con dinero público de servicios que la empresa no habría prestado en realidad. Más de 22.000 horas de trabajos no ejecutados que suponen más de 380.000 euros pagados en el año 2013.
Emails que certifican los trabajos no ejecutados
La Guardia Civil detalla que los emails entre directivos de Eulen certificarían la existencia de estos cobros por trabajos no ejecutados. La instrucción ha permitido conocer la existencia de un posible concierto entre la Administración local y directivos de Eulen para “distraer fondos públicos facturando servicios ficticios”.
El desvío de fondos públicos se habría realizado gracias al consentimiento de Francisco Javier Calderón, consejero de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo, director general, y un inspector jefe de la Policía Local. Ellos firmaron las certificaciones de los trabajos que habrían servido para abonar los fondos por trabajos no realizados. La Guardia Civil no descarta que los implicados en los hechos obtuvieran beneficios económicos.
Un archivo de Excel
Por su parte, los directivos de Eulen en Madrid y Melilla intercambiaron por correo electrónico un archivo Excel que reflejaba las horas de servicios realmente prestados y la teórica facturación inflada. Junto a esos emails, los investigadores encontraron en el registro de la sede de Eulen un documento manuscrito que decía: “Poner mayor número de horas que las que vamos a realizar”.
El desvío de fondos públicos se une a la utilización fraudulenta del contrato menor, el retraso injustificado en la celebración de concursos públicos y su posterior amaño, según la investigación judicial.
