El empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez y otros dos miembros de su empresa, Seguridad Integral Canarias, han sido absueltos de las acusaciones formuladas contra ellos a cuenta de la facturación del servicio prestado en el aeropuerto Tenerife Sur, ya que la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife no considera probados los hechos por lo que la Fiscalía solicitaba penas de prisión a los tres inculpados.
Así, la Sección Quinta del alto tribunal tinerfeño dicta sentencia absolutoria sobre un caso instruido por el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Granadilla, a resultas del cual la Fiscalía solicitó una pena de dos años de cárcel para Ramírez y Santiago Domingo Jorge como supuestos cooperadores necesarios de un delito de malversación de caudales públicos ahora descartado.
También queda en libertad el principal acusado por esta causa, José Luis Romeu, para el que el Ministerio Público pedía un total de ocho años de prisión por los delitos de falsedad en documento público e infidelidad en la custodia de documentos.
Ni se acreditó la trama para alterar el servicio ni el falseamiento de los cuadrantes
Básicamente, la acusación pasaba por la ahora rechazada conducta de Romeu, por entonces responsable de seguridad de Aeropuertos Españoles (AENA) en el Tenerife Sur, de la que en resumen se deduce que Ramírez tendría que estar al corriente de que el jefe de seguridad habría inflado las facturas de cobro a AENA en más de 168.000 euros., en hechos que comprenden entre los meses de enero de 2007 a febrero de 2009.
Sin embargo, y tal y como recoge la sentencia ahora hecha pública por la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife, no consta que en los meses de junio, julio, noviembre y diciembre de 2008, así como en el mes de enero de 2009 se utilizaran vigilantes de seguridad fuera de la previsión inicial de servicios y, en su caso, de los estadillos diarios de servicio de puestos fijos.
El empresario ya fue desimputado a finales de enero en un caso que incluso ayudó a investigar
Tampoco ha quedado debidamente acreditado que en momento alguno, y en concreto durante el antes referido periodo comprendido entre enero de 2007 y febrero de 2009, los acusados en la presente causa elaborasen una trama para alterar, siempre en el control del equipaje por rayos X, el número de vigilantes de seguridad respecto de los que efectivamente prestaban servicio, ni modificado así fraudulentamente tanto los cuadrantes de previsión y las certificaciones finales mensuales como los cuadrantes de y las facturas mensuales, ni aumentado así, de manera ficticia y al alza, el número de vigilantes de seguridad programados para los puestos fijos ni, por ende, engrosado fraudulentamente a su favor la facturación final, en tanto que no se ha acreditado que el número de vigilantes de seguridad y horas de servicio finalmente facturados durante ese periodo conforme a la documentación antes referida, incluidos los que prestaron servicio fuera de la programación inicial de cada mes y de los estadillos diarios de puestos fijos, no se correspondiera con la realidad. Por último, tampoco se acreditó que Romeu destruyese algunos de los cuadrantes originales, cuya custodia le estaba encomendada por razón de su cargo, ni ocultado otros.
Se trata del segundo éxito judicial de Ramírez en apenas unas semanas, ya que a finales del mes pasado fue desimputado de un caso de presunta corrupción en el Ejécito de Tierra en el que, además, colaboró decisivamente con las autoridades.
