La Jefatura Superior interrumpe la instalación de las cámaras que estaban siendo ubicadas en las calles del recinto.
La Delegación del Gobierno confirmó ayer que la Policía Nacional ha abierto un procedimiento contra la instalación de cámaras de videovigilancia en los polígonos del Tarajal. A pesar de la prudencia que rodea este caso, la Jefatura Superior ha adoptado como medida cautelar la suspensión del establecimiento de este sistema en el recinto que alberga los almacenes, tal y como informó la representación de la Administración General del Estado en la ciudad autónoma.
El Cuerpo Nacional inició este procedimiento porque el comerciante que contrató a la empresa encargada del montaje lo hizo, presuntamente, sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente. Este periódico intentó contactar con la Comunidad de Propietarios de los Polígonos del Tarajal sin éxito.
La captación de imágenes con fines de vigilancia es una práctica extendida, según recoge el Ministerio de Justicia en un informe sobre la videovigilancia y sus implicaciones jurídicas. Estos mecanismos generalmente persiguen garantizar la seguridad de los bienes y las personas o se utiliza en entornos empresariales con la finalidad de verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales. Ambas finalidades constituyen bienes valiosos dignos de protección jurídica, pero sometidos al cumplimiento de ciertas condiciones. La utilización de medios técnicos para la vigilancia repercute sobre los derechos de las personas lo cual obliga a fijar garantías.
La aplicación de la legislación a estos sistemas plantea cierto grado de dificultad en todos los ámbitos, como reconoce la cartera que ocupa en funciones Rafael Catalá. Por una parte, el responsable debe ser capaz de identificar si el uso que hace de las videocámaras se encuentra sujeto a la ley. Por otra, resulta complejo informar al titular de los datos y hacerlo con criterios homogéneos, comprensibles y fácilmente identificables.
En los polígonos del Tarajal, los intereses empresariales rivalizan con el mantenimiento de la seguridad nacional ya que el paso de mercancías está enclavado en el perímetro fronterizo.
Delegación remite a las leyes de Seguridad Privada, Seguridad Ciudadana y Protección de Datos
La Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, consultada por la infracción en la que, al menos, un comerciante supuestamente habría incurrido con la instalación del sistema de videovigilancia, remitió ayer a la Ley de Seguridad Privada, la de Seguridad Ciudadana y la de Protección de Datos para conocer en qué caso puede constituir un incumplimiento. No obstante, requirió cautela puesto que el procedimiento iniciado continúa abierto, tal y como le trasladaron desde la Policía Nacional.
