Denuncian la situación límite que viven, sin dinero para poner gasolina, pagar la luz o adquirir alimentos
Trabajando cada día, sin cobrar cada final de mes, y pidiendo un préstamo que genera a su vez intereses, para hacer frente a los pagos y gastos ordinarios... Así están algunos de los vigilantes de seguridad que custodian las sedes de la Conselleria de Justicia en la Comunitat Valenciana, algunos de ellos en situaciones aún más graves, hasta el punto de que les cuesta encontrar dinero para poner gasolina para ir a trabajar, que han tenido que hacerse con un ciclomotor porque el coche se averió y no hay dinero para pagar una reparación, e incluso recoger comida del banco de alimentos. La falta absoluta de ingresos es ya un drama a causa del paro, pero unos 80 vigilantes se encuentran en esa misma situación teniendo trabajo y sin poder faltar a él para no enfrentarse a un despido.
Es la situación que denuncia el comité de empresa de CECA Seguridad, la firma que presta el servicio a la Generalitat según el contrato prorrogado hasta 2017. Los impagos para los vigilantes, personal de administración y mandos (un centenar de personas en total) comenzaron a acumularse en 2013 y volvieron a ponerse al día, pero en junio se comenzó a repetir la situación. Y hasta ahora, cuando llevan acumulados unos tres meses sin cobrar, se les deben unos 4.000 euros de media a los cien trabajadores que tiene CECA vinculados a este contrato público y la vigilancia del Archivo del Reino de Valencia. Fernando Muñoz Sanchís, presidente del comité de empresa, asegura que los trabajadores están en una situación límite que se agrava porque la Administración no les da esperanzas de que se solucione.
