29 de febrero de 2016

CNP trata de ordenar la videovigilancia ante la proliferación de infracciones

Las sanciones tipificadas como muy graves oscilan entre los 30.000 y 600.000 euros, según la Ley de Seguridad Privada.
La intención que tienen los polígonos del Tarajal de instalar un sistema de videocámaras en sus calles ha generado un debate en el sector de la vigilancia a propósito del cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada 05/2014 en la ciudad.
El departamento de Seguridad Privada de la Policía Nacional (CNP) intenta poner freno a la falta de autorizaciones para su montaje ya que, según fuentes del sector, ha detectado una presencia significativa de estos sistemas que contraviene la legislación no sólo de aplicación a las empresas de seguridad, sino también al usuario, es decir, a la persona física o jurídica que contrata estos servicios de seguridad privada. Este Cuerpo ha registrado en el ámbito exterior la presencia de cámaras, tanto en viviendas como negocios, que vulneran la normativa.  
Los incumplimientos de los que alerta el sector, en base al artículo 42 de esta Ley, se cometen al tomar imágenes y sonidos de espacios públicos, con la excepción de los supuestos como el de las denominadas ‘infraestructuras críticas’, aquellas cuya interrupción tendría un impacto mayor en el funcionamiento de las instituciones como puede ser el caso de cuarteles y comisarías. Sin embargo, en cualquier caso requieren del permiso expreso del órgano competente.
La Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior y, en el caso de Ceuta, la Delegación del Gobierno, es la encargada de la autorización o recepción de la declaración responsable, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada. Asimismo, también corresponde al Gobierno de la Plaza de los Reyes la determinación reglamentaria de las características técnicas de homologación que resulten exigibles a los productos, sistemas, dispositivos, equipos, medios y servicios de seguridad privada como son las cámaras de vigilancia.   
 Dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el CNP es el encargado del control de las empresas, entidades y servicios privados de seguridad así como de los medios y actuaciones. Al margen de los citados planes de inspección, cuando este Cuerpo recibe denuncias sobre irregularidades cometidas en el ámbito de la seguridad privada procedan a la comprobación de los hechos denunciados y, en su caso, a instar la incoación del correspondiente procedimiento sancionador. Sin menoscabo de aquellas medidas cautelares que la autoridad pueda considerar oportunas.
Fuentes del sector de la vigilancia valoran que los infractores “se toman a la ligera” la instalación sin permisos pero, advierten, “lleva asociada sanciones de importancia que pueden llegar a arruinar a un negocio”. Constituyen infracciones muy graves la prestación de servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización; la instalación o utilización de medios técnicos no homologados; y la contratación o utilización, a sabiendas, de los servicios de empresas de seguridad carentes de los permisos correspondientes, entre otras.
Las sanciones a las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, por la comisión de transgresiones muy graves de la normativa, oscilan entre los 30.001 y 600.000 euros además de las posibles suspensiones de actividad. Mientras que en el caso de los usuarios, dentro de la misma categoría, van de 20.001 a 100.000 euros.
Además, es de obligado cumplimiento la Ley de Protección de Datos y la señalización de las cámaras.

Un “tirón de orejas” a quienes ahorran saltándose la Ley
Fuentes del sector de la vigilancia privada apelaron a la “concienciación” de las empresas ceutíes ya que los sistemas de seguridad tienen que estar homologados así como las empresas contar con las licencias pertinentes, un “tirón de orejas” a todas las mercantiles que se dedican a su instalación sin autorización. “La seguridad conlleva un pago por el mantenimiento como marca la Ley y, todo aquel que intente ahorrar saltándosela, incurre en un fraude”, advirtieron las mismas voces autorizadas. Asimismo, recordaron la obligación de estar inscritas en el Registro Nacional de Seguridad Privada y tener el libro-registro.