El Ministerio del Interior ha decidido extender a todos los centros penitenciarios de España la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones. Hasta ahora, el departamento de Jorge Fernández Díaz sólo había implantado este modelo en 21 de los 68 centros administrados por Instituciones Penitenciarias en el marco de un programa piloto iniciado en mayo de 2013. Pero el Ejecutivo acaba de adelantar que en breve ejecutará una segunda fase de ese plan para que guardias privados comiencen a asumir de forma generalizada la labor de vigilancia exterior de las cárceles, un trabajo que hasta ahora sólo podían desarrollar los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad.
El propio Gobierno ha anunciado esta medida en una respuesta parlamentaria. “En una primera fase, el Plan se ha desarrollado como modelo en 21 centros penitenciarios. En la segunda fase se incorporarán los restantes centros penitenciarios, no siendo posible en estos momentos cuantificar el coste que supondrán los servicios de seguridad privada”, explica el Ejecutivo en su contestación, recogida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado 24 de abril.
Esa afirmación implica un cambio relevante en el modelo de gestión de los centros penitenciarios. Hasta ahora, Interior había mantenido que la contratación de personal privado estaba únicamente en fase de pruebas y que su aplicación se limitaba a un limitado porcentaje de cárceles. Pero el Gobierno reconoce ahora por primera vez que la medida se extenderá a las 68 prisiones que dependen de la Administración del Estado –los centros catalanes son competencia de la Generalitat– y que, además, ese modelo tiene vocación de permanencia.
Vallados, cámaras y accesos
Según especifica Moncloa, el objetivo de la contratación de personal privado es “optimizar los recursos humanos de los centros penitenciarios”. “Se pretende que determinadas funciones auxiliares sean asumidas por vigilantes de seguridad privada, siempre bajo la dirección y supervisión de la Unidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tenga encomendada la responsabilidad de la seguridad del centro penitenciario afectado, contribuyendo con todo ello a la recuperación de efectivos policiales para asumir funciones de seguridad ciudadana”, afirma el Gobierno.
Un agente de la Policía a las puertas de la cárcel de Segovia. (EFE)
En concreto, la vigilancia del perímetro de las cárceles implica el control de los vallados y muros exteriores, la supervisión de las cámaras de seguridad y la comprobación de los accesos reservados a familiares, entre otras funciones. Hasta mayo de 2013, esa vigilancia era desempeñada en exclusiva por la Guardia Civil o la Policía Nacional (dependiendo de sus competencias en la zona de la prisión), y por las policías autonómicas en los territorios con las competencias de seguridad transferidas.
El aval de la Ley de Seguridad Privada
El Ministerio del Interior extenderá este modelo con la cobertura de la nueva Ley de Seguridad Privada, aprobada definitivamente por el Congreso el pasado mes de marzo y publicada en el BOE el 4 de abril. En su artículo 41.3, la norma habilita expresamente a los vigilantes de seguridad privada para prestar ese servicio, y en el artículo 40.1 les concede la posibilidad ejercer esa labor portando armas de fuego “cuando lo requieran las circunstancias”. No obstante, la Ley de Seguridad Privada obliga a que ese trabajo se realice bajo la “dirección” de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una condición que subraya Interior para recordar que el Estado seguirá siendo el máximo responsable de ese control.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. (EFE)
Interior no ofrece datos sobre el coste que tendrá la entrega de ese servicio al sector privado. La primera fase de este programa fue adjudicada a una unión temporal de empresas compuesta por ocho compañías del sector de la seguridad. En total, ha supuesto la contratación de 254 vigilantes de seguridad. Lo que sí asegura en otra respuesta parlamentaria es que los informes internos que ha realizado Instituciones Penitenciarias para evaluar el resultado del programa piloto han concluido que “los servicios prestados” por las empresas de seguridad privada “han cumplido en su totalidad con las condiciones establecidas en el contrato y Pliego de Prescripciones Técnicas”.
Reorganización de las plantillas
Desde la cartera de Fernández Díaz aseguran que el único objetivo de este plan es liberar para otras funciones a las plantillas de las Fuerzas de Seguridad que hasta ahora realizaban en exclusiva la vigilancia perimetral de las cárceles. Para esta labor, cada centro penitenciario cuenta con una dotación media de entre 40 y 50 agentes públicos. Interior quiere que esa cifra se reduzca drásticamente con la llegada de personal privado.
La medida cuenta con la oposición frontal de los principales sindicatos de prisiones, que consideran que en realidad se trata de una estrategia premeditada para que el personal privado desplace progresivamente a los funcionarios en todos sus cometidos. A su juicio, la contratación de guardias privados para la vigilancia perimetral sólo es la primera parte de ese plan. Los representantes de los funcionarios de prisiones aseguran que la nueva Ley de Seguridad Privada que ha sacado adelante el Gobierno permite incluso al sector privado ofrecer sus servicios dentro de las cárceles, no sólo en la vigilancia exterior. En su opinión, sólo es cuestión de tiempo que el personal contratado empiece a trabajar también en el interior, una posibilidad que desmienten desde el Ministerio.
