El sector de la seguridad privada confía en que la nueva ley le permita mejorar su facturación
La idea de que las crisis, dado el aumento de los riesgos y las amenazas, tendrían que ser una época de “vino y rosas” para la seguridad privada está muy extendida. Pero no parece que sea cierta. Al menos es lo que dicen los datos. Porque lo cierto es que, desde su punto más alto en 2008, el sector no ha parado de caer en España. Facturaba 3.736 millones de euros entonces y solo 2.994 millones en 2012, un 19,8% menos. El descenso ha sido aún más fuerte en el área de vigilancia, el core business, por decirlo así, del sector de seguridad, que supone en torno al 65% del negocio. “Pasamos de facturar 2.340 millones a los 1.800 millones de 2013 en cinco años” explica Ángel Córdoba, presidente de Aproser, la principal asociación del sector.
El impacto sobre las grandes empresas ha sido aún más drástico. Securitas redujo su facturación en España en un 17% en 2012. Prosegur ha resistido algo mejor en el mercado nacional; sus ventas bajaron un 8% en 2013. Por extraño que parezca, este desplome de los ingresos no se ha visto acompañado de una caída paralela en el empleo, que ha bajado en torno al 7%, atribuye esa “escasa” caída a que “había muchas horas extras que se han suprimido”. Eso sí, prosigue, “debido a las pérdidas en facturación, por la rebaja de los contratos, nos hemos tenido que bajar los salarios”.
El sector no solo ha visto reducida su actividad, además se ha visto obligado a bajar sus márgenes. Tras 2008, la guerra de precios ha sido salvaje y ha afectado sobre todo a las empresas más grandes, las agrupadas en Aproser y que concentran el 70% del negocio, que han visto cómo las pequeñas se hacían con algunos de sus contratos al ofrecer un precio más bajo. “Algo que les resulta fácil”, explica Córdoba, “por la subrogación (quedarse con los empleados de la anterior empresa de seguridad). Ya que licitas, y si ganas, te subrogas”. Esta situación ha afectado especialmente a los contratos del sector público.
Las grandes acusan a las pequeñas de haberse beneficiado de la reforma laboral, descolgándose de los convenios, para ofrecer esas condiciones imposibles. “Nosotros sí seguimos los convenios colectivos, y eso nos da menos posibilidades de ganar cuando la única pauta que se valora es la del precio”, abunda sobre ello y culpa a las Administraciones públicas del deterioro de las condiciones laborales y la guerra de precios. “La Administración es la que está generando precariedad en el sector con su actitud de ir solo a precio. Mientras las empresas grandes pagan a fin de mes y lo que estipula el convenio, otras se retrasan en pagar, no pagan horas extras, etcétera”, asegura.
Según el representante sindical, si las grandes, que representan el 70% del sector, no se han hundido “es porque tienen sus especializaciones o trabajan fuera de España”. Centeno es escéptico ante la posibilidad de que las Administraciones cambien su forma de actuar. “No creo que ninguna de las grandes empresas acepte tirar los precios”, dice.
La internacionalización ha sido la principal salida. Por ejemplo, pese a que las ventas han caído en España, la facturación total de Prosegur ha crecido un 80%, de los 2.000 a los 3.700 millones entre 2008 y 2013. Se han multiplicado casi por tres. Prosegur continuará por esa vía. “Pretendemos consolidar nuestra presencia en Latinoamérica y continuar con el periodo de aprendizaje iniciado en Asia-Pacífico, a la que se ha sumado Australia el pasado diciembre”, dicen en la compañía.
Igual que las otras grandes, Prosegur busca dar más valor añadido y tecnología a sus clientes. Ha desarrollado nuevos productos y servicios, como la automatización del efectivo. “La especialización nos ha permitido incorporar una oferta de servicios específicos para sectores como aeroportuario, distribución o financiero”. Pese a esto, la situación del sector estaba alcanzando dificultades tan extremas que alguna compañía programaba despidos severos. De ahí que la gran pregunta es si la nueva Ley de Seguridad Privada, que se aprobó en marzo, supondrá una palanca para que el sector vuelva a crecer y a recuperar el dinamismo de antaño. La impresión dominante es que sí lo será. Juan Muñoz, presidente del capítulo español de Asis International, una asociación mundial que agrupa a los profesionales de seguridad de las empresas usuarias, cree que “se ha cambiado una ley, la muy restrictiva de 1992, por otra en la que los vigilantes van a poder desempeñar más funciones” para ello. Para Centeno, “permitirá ayudar a paliar, al menos en parte, la fuerte crisis de los últimos años y a crear más empleo”.
Aun cuando les hubiera gustado que la ley fuera un poco más lejos, Aproser le ha dado la bienvenida. “Las empresas podrán desempeñar nuevas funciones, y esto siempre podrá traducirse en un aumento de la actividad”. Pero advierte: “Mientras no salgamos de la crisis y crezca la demanda, no veremos grandes resultados”. Prosegur destaca que “se permita a las empresas de seguridad desempeñar servicios de vigilancia en complejos o parques comerciales y de ocio y en recintos y espacios abiertos delimitados, así como participar en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial”.
De momento, lo que sí está haciendo la norma es aumentar la afluencia a las academias de formación. “Observamos un incremento bastante alto de aspirantes a trabajar en el sector”, reconoce Rafael Lozano, consejero delegado de Segurman, una de las principales empresas de formación en el campo de la seguridad privada. Lozano prevé “un aumento de la especialización por servicios, en centros penitenciarios, seguridad aérea, operadores de radioscopio, control de accesos o control de imagen por la nueva ley”.
La nueva legislación se adecúa a las nuevas situaciones que viven las sociedades europeas, cada vez más dependientes de los servicios de seguridad privada, dicen en el sector. De hecho, España es uno de los países de Europa con menor peso de estos servicios. “Mientras en España hay un vigilante de seguridad por cada 572 ciudadanos, en la UE hay uno por cada 290, y en Reino Unido, uno por 170”, explica Ángel Córdoba.
“España es uno de los cinco países de la UE con la legislación más restringida”, dice el presidente de Aproser. “En Europa, el sector tiene más atribuciones. En Reino Unido llevan los presos de la cárcel al juzgado, por poner un ejemplo”, agrega. “Esta es la tendencia en Europa, y si podemos seguirla e ir acometiendo más funciones y llegar a sus ratios, también podríamos llegar a esos niveles de empleo y doblar las plantillas actuales”, zanja.
