La empresa de seguridad Alcor ha podido duplicar su plantilla, ahora en 800 personas, desde la firma del convenio de empresa en julio del 2013, gracias a la reducción de los salarios del personal, que está contemplado en este documento, según reconoció ayer el gerente de la firma, Carlos Somoza quiso dejar claro que dejaron de prestar servicios para la Diputación porque venció el contrato. «Non nos votaron» dijo.
Según el empresario, la Diputación contrató otra empresa «por un importe pouco maior, mentras non sacan a concurso o servizo, e, a metade da partida, sacan outras reglas». Según dijo, tiene claro que el organismo provincial quiere adjudicar el servicio a la empresa que está ahora y para ello ha modificado las cláusulas para introducir una que le permita seguir. «Por certo -dijo- ten convenio de empresa e fixo un pequeno descolgue». «Non teño bola -señaló- pero visto o cambio das regras, presuntamente estaría por asegurar que a mesma empresa que está é a que continuará».
El empresario acusó a la Diputación de ocultar un dictamen sobre la resolución del contrato administrativo de vigilancia del Pazo dos Deportes, desfavorable a las pretensiones del organismo provincial y acusó a un funcionario, cuyo nombre no desveló, de llamar al jefe de seguridad de Castilla-La Mancha para desprestigiar a su empresa.
El gerente de Alcor valoró positivamente la sentencia de la Audiencia Nacional. En su opinión, la propuesta de los sindicales era la anulación del convenio y no fue aceptada.
La sentencia de la Audiencia Nacional anula las tablas salariales del convenio de Alcor y dice que son de aplicación las del convenio nacional del sector, hasta que finalice su vigencia. Declara de inaplicación los artículos referentes a la jornada laboral, a las vacaciones, licencias del convenio y paga de beneficios, que el empresario reconoce que tendrá que pagar.
Somoza aseguró que con el nuevo convenio, los vigilantes cobraban una media de 150 euros menos al mes «non 800 como chegaron a dicir os sindicatos», concluyó.
