Antonio Duarte Álvarez, en su calidad de Secretario General Estatal de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO, al respecto de las informaciones aparecidas en prensa, como consecuencia de la operación instruida acerca del presunto fraude urdido en materia de formación, 
manifiesta que la relación que la USO, o él mismo -en representación del sindicato- pudieran tener con la trama, se residenciaba, únicamente, en la materialización, a medio de contrato mercantil, de la subcontratación de las acciones formativas de las que pudiera resultar acreedora la formación sindical.
Para el caso de que hubiera habido irregularidades en la impartición de los cursos encargados, es el propio sindicato el primer interesado en su conocimiento, esclarecimiento y ulterior depuración de responsabilidades.
Las relaciones con el grupo empresarial presuntamente responsable del fraude se han mantenido siempre sujetas a los preceptos normativos reglados en las órdenes de convocatoria de cada una de las acciones formativas EFECTIVAMENTE REALIZADAS de las que ha sido acreedora su formación.
Las cuales han sido supervisadas y certificadas positivamente por el órgano competente de la Consejería de Trabajo y Bienestar Social. Amén del filtro de auditoría interna realizado por el propio sindicato.
Ni la Unión Sindical Obrera ni él mismo, han tenido participación o beneficio alguno en relación con la actuación presuntamente fraudulenta urdida.
Antonio Duarte, como responsable sindical, a lo largo de su extensa militancia, jamás ha tenido tacha de tipo alguno en su actuación, siendo considerado por el trabajo desempeñado y estricto sacrificio en beneficio de la confederación USO, en la que siempre ha militado y servido.
Desmarcándose de la procedencia de las medidas adoptadas por la CEC, que considera, además de inmotivadas, absolutamente desacertadas.
Por ello, su presencia en la operación instruida se limita a la representación del sindicato en Galicia, en la única búsqueda del esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades, para el supuesto de que, víctimas del engaño, hayan podido resultar perjudicados tanto la propia USO como sus afilados.
