De los 3.000 escoltas privados que combatieron la violencia de ETA quedan 30 en activo
Una asociación pide al Gobierno su reinserción profesional
El 20 de octubre de 2011, el día que ETA anunció que olvidaba las armas y frenaba en 829 víctimas mortales, 60 secuestros y miles de heridos su macabro registro, una profesión entera empezó a agonizar. Quienes cubrieron durante décadas las espaldas de cargos públicos, empresarios y personalidades amenazadas en Euskadi y el resto de España fueron los daños colaterales de una de las grandes noticias de la democracia. De los 3.800 guardaespaldas de empresas privadas que operaron en el País Vasco y Navarra durante los años de plomo, quedan 30, según la Asociación Española de Escoltas. Y su labor tiene los días contados.
Manuel Jiménez, cordobés de 41 años, vivió ocho años con dos pistolas encima, el tiempo que pasó protegiendo a jueces, empresarios y políticos. En 2011, lo echaron en un ERE con una indemnización de 15 días por año trabajado, no 20, como le prometieron. Se fue a su Córdoba natal y lleva sin trabajo desde entonces.
Hace cuatro meses, Jiménez vio en televisión que algunos escoltas del País Vasco habían sido recolocados como vigilantes en prisiones. Se trataba de un plan piloto puesto en marcha por el Ministerio del Interior en 21 cárceles que precisó de la contratación de 234 empleados. Pese a que el concurso fue restringido y solo se invitó a empresas que tuvieron escoltas en nómina, la mayoría de los contratados procede de otros colectivos, personal más barato.
"Llama a tus compañeros y pregúntales si ellos están trabajando", le dijo su suegra a Jiménez, al ver el reportaje en la tele. Solo tres de sus conocidos fueron reubicados en cárceles. Uno de ellos, que prefiere no dar su nombre para evitar represalias de la compañía de seguridad para la que trabaja, asegura que los nuevos contratos en las prisiones no se están reservando a ex escoltas. "Las empresas tuvieron prioridad en los concursos para esas plazas porque el Gobierno se comprometió a darnos trabajo. Pero colocan a cualquiera", se queja el ahora vigilante de prisiones.
Rafael Toro aún mira bajo su coche antes de arrancarlo. Es otro escolta en dique seco. La última vez que fue a pedir trabajo a la firma LipSeguridad lo rechazaron con buenas palabras: "Tiene más formación que el jefe de servicio. ¿Cómo lo vamos a contratar?". Su adiestramiento en desactivación de explosivos, defensa personal, conducción evasiva, todos esos cursos pagados durante años por el Ministerio del Interior, juegan ahora en su contra. Son personal sobrecualificado para estar en una garita de seguridad viendo pasar las horas. Los hay con 20 años de experiencia. Han trabajado en turnos de siete días semanales, 39 horas sin perder la concentración porque un despiste de segundos podía implicar la muerte de su defendido. O la de ambos.
José Luis Martín, bilbaíno de 39 años, trabajó entre 2004 y 2008 en Bizkaia como guardaespaldas para la firma Vinsa: "Nos echaron y nos sentimos desamparados por el comité de empresa. Ellos acabaron como escoltas en casos de violencia de género o vigilantes, el resto nos fuimos al paro". Cuando le despidieron en 2008, Martín cayó en una depresión y llegó a engordar 65 kilos. "He perdido a mi mujer y ahora voy a perder mi casa", se lamenta.
Los fundadores de la asociación andan estos días de gira por los grupos parlamentarios. Piden comprensión a los partidos y que se les devuelva algo de lo que ellos dieron por los demás en las épocas duras, de atentados y entierros. El PSOE, a través de su diputado Antonio Trevín, amplifica sus quejas en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados. "Nosotros defendemos la seguridad pública pero si las empresas usaron como reclamo la recolocación de los escoltas, que cumplan y prioricen a los guardaespaldas en los contratos con salarios adecuados".
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, reconoció en el Congreso la existencia de un "pacto de caballeros" para subcontratar a los escoltas en los perímetros de seguridad de las prisiones. Y defiende que un tercio del personal empleado por las adjudicatarias del ministerio para seguridad privada en las prisiones tiene esa procedencia, pero admite que su contratación depende de la "voluntad de las empresas". "El compromiso obviamente existía pero sobre la base de que los afectados tenían que aceptarlo voluntariamente. Hay escoltas a los que no les interesa ser vigilantes porque son profesiones distintas o desplazarse a trabajar a otras provincias. [...]. No se ha dejado tirado a nadie".
El pasado 1 de octubre se inició un nuevo contrato para extender la vigilancia privada al perímetro de las 67 cárceles. Conlleva la contratación de 800 vigilantes en diferentes lotes repartidos por empresas que recibirán un montante anual de 33 millones de euros. En una circular interna, una de las adjudicatarias, Ombuds Compañía de Seguridad SA, admite su intención de recolocar a parte de su personal del Metro de Madrid en las cárceles.
Entretanto, la incipiente asociación de escoltas sigue llamando a la puerta del Gobierno. Los diputados populares Leopoldo Barreda y Conrado De las Heras les prometieron hace días una reunión con cargos de Interior pero siguen esperando cita. "Merecemos otro trato, hemos sido las espaldas de los políticos durante años. A menudo, en lugares completamente hostiles donde los vecinos nos tiraban huevos", reclama Toro.
Trágica recolocación de soldador
ALBA CASAS
Miguel Ángel Guerrero y José Vega compartieron, además de trabajo y vivienda durante 15 años en Pamplona, una huelga de hambre de más de un mes frente a la cárcel de Botafuegos. Estos dos gaditanos se conocieron en un curso de conducción evasiva y decidieron ir juntos a proteger a los amenazados por ETA en Navarra, donde estuvieron desde 1993 hasta que les echaron en 2008. En 2013, tras haber intentado, sin éxito, conseguir un puesto en la prisión de alta seguridad donde estuvo el etarra De Juana Chaos, decidieron iniciar la protesta.
Los dos primeros años tras volver de Pamplona, pudieron trabajar en empresas de seguridad de Cádiz. Después, "la cosa se fue poniendo peor" hasta que, en 2013, la situación económica de los dos ex escoltas era límite. Vega se había divorciado, y debía pasar una pensión de 200 euros a su hija y pagar una hipoteca a medias con su ex mujer. Miguel también tenía un préstamo y una familia que mantener. Por eso, cuando estos dos gaditanos se enteraron de que el Gobierno había sacado a concurso puestos de vigilante en la prisión de Botafuegos para recolocar a ex escoltas, no dudaron en llamar a Sabico, la empresa que ganó la concesión. Pero Vega y Guerrero no eran personal de Sabico, que les respondió que cubriría esos puestos con sus trabajadores.
Entonces, acudieron a las compañías para las que sí habían trabajado. "No nos importaba trasladarnos a otra comunidad ni que el salario fuese más bajo. No teníamos nada mejor. Con 41 años, había vuelto a vivir con mi madre", protesta Vega. Ante la falta de trabajo y para mostrar su disconformidad, los ex escoltas comenzaron a finales de marzo de 2013 la huelga de hambre.
"Al principio, consumíamos solo líquidos. Como no estábamos logrando nada, amenazamos con dejarlos", explica Vega. El sacrificio no les garantizó una respuesta política, pero al menos sí un empleo. El Grupo Alonso les ofreció trabajo en una de sus empresas de Algeciras gracias a la intervención del alcalde, José Ignacio Landaluce. Eso sí, las labores que desempeñaban no tenían nada que ver con la seguridad: Vega entró como mecánico y Guerrero como soldador.
Guerrero murió en un accidente laboral el 20 de octubre de 2014. Al haber una investigación abierta para estudiar si se dio una negligencia por parte de la empresa, Vega no quiere desvelar mucho más. "No puedo por ahora", asegura el ex escolta, con una mezcla de pena y rabia en la voz: "Esto no habría pasado si nos hubieran escuchado. El cese de ETA se anunció un 20 de octubre. Un año más tarde, otro 20 de octubre, el terrorismo laboral mató a Miguel Ángel".
