Acta Nº1 ESC SERVICIOS GENERALES
28 de marzo de 2017
Constituida la mesa negociadora del convenio colectivo de la empresa ESC Servicios Generales
Acta Nº1 ESC SERVICIOS GENERALES
Los 10 errores más frecuentes al instalar cámaras de vigilancia
Tras la puesta en marcha de la vulgarmente llamada Ley Omnibus, cualquier empresa o particular puede instalar un sistema de cámaras de seguridad sin necesidad de cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio del Interior. Así, son muchas las comunidades de vecinos que optan por instalar ellos mismos las cámaras de vídeovigilancia. Pero los resultados no siempre son los esperados. La falta de conocimiento y experiencia acaban siendo un problema por una instalación poco eficiente. Por eso, desde Prevent Security Systems nos dicen diez errores que NUNCA se deben cometer al instalar un sistema de cámaras de vigilancia.
1. No contar con una Empresa de Seguridad Homologada
Si queremos garantizar el buen funcionamiento del sistema, su adaptación a la normativa, respaldar la custodia de las grabaciones en caso de que se cometa un delito, se hace imprescindible que tanto la instalación como el mantenimiento del sistema esté en manos de una Empresa de Seguridad Homologada por la Dirección General de Policía.
2. No dar de alta el fichero de videovigilancia en la AEPD
Muchos usuarios piensan que con dar de alta el fichero de datos general de la Comunidad en la Agencia Española de Protección de Datos es suficiente… ¡craso error! Toda Comunidad de Propietarios, tras su creación, debe contar al menos con un fichero de datos personales registrado en la Agencia: el de todos los miembros de la comunidad. Este fichero incluye datos como el DNI y nombre de los propietarios, cuentas bancarias etc. Pero además de este fichero, si la finca dispone de un sistema de cámaras de seguridad, deberá inscribir en la Agencia el fichero de videovigilancia indicando su finalidad.
3. Utilizar material doméstico en la instalación
La instalación de material doméstico (grabadores domésticos, discos duros, monitores informáticos…) pone en grave riesgo el buen funcionamiento del sistema de videovigilancia. La finalidad de estos sistemas es estar operativos las 24 horas del día los 365 días del año. El material doméstico no está diseñado para funcionar de forma ininterrumpida. Las Comunidades de Propietarios deben equiparse con elementos profesionales: cámaras de vigilancia antivandálicas, discos duros y monitores de seguridad que garanticen el buen funcionamiento del sistema y un rendimiento óptimo.
4. No proteger el grabador
Si las grabaciones del sistema de videovigilancia sufren robos o sabotajes, el sistema dejará de ser funcional. Por esto, el grabador que recoge las imágenes de las cámaras no puede ser vulnerable, debe estar protegido por un armario de seguridad que garantice la integridad y privacidad de las grabaciones y sólo los usuarios autorizados podrán acceder al grabador.
5. No informar de la presencia de las cámaras de vigilancia
Se debe informar a los usuarios de la presencia de cámaras de seguridad en la Comunidad de Propietarios mediante carteles colocados en espacios bien visibles.
6. Cámaras de seguridad enfocando la vía pública o espacios privativos
Tal y como indica la Ley Orgánica de Protección de Datos, las cámaras de vigilancia en las Comunidades de Propietarios no podrán enfocar la vía pública (salvo lo estrictamente necesario y respetando siempre el principio de proporcionalidad) ni los espacios privativos (interior de la viviendas).
7. No contratar un servicio de mantenimiento
Si la Comunidad de Propietarios no contrata un servicio de mantenimiento, corre el riesgo de que las grabaciones del sistema no estén disponibles cuando se necesiten (en caso de que recojan alguna incidencia o delito) por fallo en el sistema. Contar con una Empresa de Seguridad Homologada para el mantenimiento de la instalación de cámaras de vigilancia, garantiza su buen funcionamiento.
8. Auxiliares visionando las imágenes en tiempo real
Visionar los monitores del sistema de videovigilancia con fines de seguridad, es función exclusiva de los vigilantes de seguridad válidamente acreditados. Tal y como indica la Ley de Seguridad Privada, los conserjes y auxiliares, no pondrán desempeñar, en ningún caso, funciones de seguridad.
9. No cambiar las claves de acceso al grabador
Las claves de acceso al grabador deberán cambiarse cada año y con cada cambio de presidente (responsable del fichero).
10. No disponer de Documento de Seguridad
En cada instalación de videovigilancia, deberá crearse un Documento de Seguridad que incluya, entre otras cosas, las medidas necesarias para garantizar la integridad de los datos. También deberá mantenerse actualizado recogiendo todas las incidencias que se produzcan en el sistema y afecten al fichero de datos como cambio de claves, extracciones de imágenes, alta de nuevos usuarios etc.
Forética y APROSER destacan el papel de la RSC en la contratación pública en el sector de la seguridad privada
La asociación de empresas y profesionales para el fomento de la responsabilidad social empresarial (RSE) en España y Latinoamérica (Forética), y la patronal de compañías privadas de servicios de seguridad (APROSER) han organizado la jornada 'Excelencia en la contratación pública en Madrid' en la sede del CEOE. En el acto han destacado el importante papel de la responsabilidad social corporativa (RSC) en los procesos de contratación pública y, especialmente, en el sector de la seguridad privada, según informan los impulsores de esta iniciativa.
Durante la jornada, se han analizado muchos elementos determinantes para la integración de la RSC en los procesos de contratación pública, teniendo como marco el informe elaborado por Forética, con la colaboración de APROSER, 'La responsabilidad social corporativa en la contratación pública de servicios de seguridad privada'.
La infancia perdida
Hace ya unos cuantos años cuando trabajé como educadora en varios centros de protección de menores, recorrí todas las fases por las que ellos pasan, desde centros de protección y pisos tutelados, hasta centros de medidas judiciales.
Desgraciadamente ese es el recorrido que hacían muchos de ellos. Los centros penitenciarios eran el último escalafón a donde llegaban muchos de los niños que habían estado primero en hogares de protección durantes largos años y cuyo final trágico era acabar en una institución penitenciaria.
Aquella experiencia que duró sólo unos pocos años me marcó para siempre. En los ojos de aquellos niños abandonados, marcados ya de por vida, comprendí la tremenda injusticia de una sociedad narcotizada y aberrante, que abandona a la infancia para después acabar encerrándolos en cárceles.
En aquellas instituciones, donde el estado confinaba a los menores vi de todo: niñas embarazadas, menores prostituidas, muchachos enganchados a las drogas, niños y niñas a fin de cuentas que habían perdido la infancia por las terribles circunstancias sociales que les rodeaban.
Sin embargo, lo peor de todo aquello fue la comprobación de que las educadoras apenas podíamos hacer nada por aquellas criaturas, la mayoría provenientes de barrios pobres y marginales de la ciudad. Nada, porque quienes imponían sus propias reglas eran empleados de la seguridad, muchos de ellos sin una cultura básica o una preparación para el cargo. Seguridad Integral Canaria, propiedad de Miguel Ángel Ramírez, (actual presidente de la U.D las Palmas) era la empresa encargada de la seguridad de uno de los mayores centros de menores de las Palmas y de la contratación de su personal.
En una ocasión presencié cómo uno de aquellos seguritas, escogidos especialmente por su fuerza bruta, golpeaba a un menor ante mi presencia. Aunque le ordené que se detuviera, continuó golpeando al muchacho, aislado y sólo en su celda. Ese mismo día denuncié los hechos ante la directiva del centro. No tardé dos días en ser despedida, mientras el empleado de Miguel Ángel Ramírez seguía en su puesto.
Años más tarde, en ese mismo centro murió asfixiado un menor al prenderle fuego a un colchón. Probablemente para llamar la atención sobre el abandono institucional que padecía, al igual que las niñas del Centro de Menores de Guatemala. Las menores sólo querían denunciar la situación de malos tratos, vejaciones y abusos sexuales que sufrían por parte de los propios monitores. Murieron 22 niñas en el incendio.
De nuevo en Canarias ha vuelto a aparecer un nuevo caso de abuso de menores en una de estas instituciones encargada de protegerlos. No es la primera vez, hace apenas unas semanas se conoció que las niñas de la red de prostitución del sur de Gran Canaria estaban tuteladas por el Gobierno de Canarias.
Si todo esto no revuelve nuestra conciencia, es que ya estamos muertos en vida. Si no somos capaces de defender a los más desprotegidos, a los que ya han sido castigados, abandonados, excluidos y estigmatizados desde su más tierna infancia y, lo que es peor aún, si las propias instituciones encargadas de hacerlo no lo hacen como debieran, es que hemos perdido realmente el norte y no conocemos cuáles son las prioridades y hacia dónde estamos dirigiendo nuestro futuro.
A estos chicos y chicas la vida les falló desde el principio, que lo haga también el estado encargado de su custodia es una tragedia añadida. Pienso que tal vez, a costa de ver atrocidades televisadas, nos creamos que todo lo que ocurre es ficción. Pero, les aseguro que estos niños y niñas, la existencia miserable a que se ven abocados a vivir, son reales. No es una película, existen, yo les miré a los ojos y jamás pude olvidarlos.
Nieves Rodríguez Rivera es profesora de Lengua y Literatura.
24 de marzo de 2017
¿Otra empresa Pirata? USO denuncia el incumplimiento antes de empezar de la empresa Asturiana CLN.
La nueva concesionaria despedirá a diez conserjes de los centros cívicos en Coruña.
Una decena de conserjes de centros cívicos denuncia que la nueva concesionaria de este servicio les ha enviado cartas anunciando que no seguirán desempeñando sus funciones a partir del próximo 1 de abril, fecha en la que entra en vigor el nuevo contrato, a pesar de que la subrogación de los empleados era una de las condiciones incluidas en los pliegos.
Una decena de conserjes de centros cívicos denuncia que la nueva concesionaria de este servicio les ha enviado cartas anunciando que no seguirán desempeñando sus funciones a partir del próximo 1 de abril, fecha en la que entra en vigor el nuevo contrato, a pesar de que la subrogación de los empleados era una de las condiciones incluidas en los pliegos.
Los afectados trabajan en los centros cívicos de Labañou, Os Mallos, Sagrada Familia, Eirís y Mesoiro y se encuentra en una “situación de zozobra e indefensión”, según Javier Souto, del sindicato USO.
Estos empleados no saben en qué situación van a quedar cuando entre en vigor el nuevo contrato, para lo que apenas quedan diez días. Algunos de ellos son trabajadores que llevan desempeñando esta labor durante varios años.
Desde el sindicato indican que si los contratos de esta decena de trabajadores no fuesen finalmente subrogados, la nueva concesionaria del servicio, la empresa asturiana CLN, se encontraría incumpliendo los pliegos de contratación presentados por el Ayuntamiento.
Las dudas en torno al futuro laboral de estos empleados se ven incrementadas por la falta de apoyo que están recibiendo del Gobierno municipal, del que critican su “inoperancia” y quien creen que debe actuar con la mayor urgencia posible ya que es el responsable de la contratación de la empresa que se hará cargo del servicio, CLN, con sede en Asturias.
Desde el sindicato lamentan que hasta ayer por la tarde no pudieron contactar con el Gobierno local, en concreto con la Concejalía de Servicios Sociales, a pesar de llevar desde el lunes a primera hora de la mañana intentando obtener alguna explicación.
“El Ayuntamiento debe dejar bien claro a la empresa lo que tiene que hacer”, explica Javier Souto, quien espera que desde María Pita les aporten explicaciones más detalladas a lo largo del día de hoy después del primer contacto que tuvieron ayer por la tarde.
La intención que se persigue por parte de los trabajadores afectados, y con el apoyo que les brinda el sindicato, es que el Gobierno municipal exija a la nueva adjudicataria “el cumplimiento de las condiciones contractuales” que figuran en el contrato.
En caso de que la situación no se consiga resolver de manera urgente, los trabajadores y el sindicato tienen previsto llevar a cabo las medidas de presión necesarias para que se respeten los pliegos del contrato.
El gobierno abandona a su suerte a los últimos cien escoltas del País Vasco
El viernes 31 finaliza el servicio de seguridad que aún conservaban 109 políticos y empresarios. A pesar de los intentos de negociación, la mayoría de los vigilantes se quedará sin trabajo. “Nos han dejado tirados”, afirma uno de ellos.
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“Entregaremos las armas antes que ETA”. Así resumía su situación laboral –y también personal- uno de los últimos escoltas del País Vasco. Cuando acabe este mes, será un número más en la lista del INEM: el próximo viernes 31 concluirá para siempre el servicio de protección a políticos y empresarios amenazados por ETA.
De esta manera, los 109 empleados de la empresa de seguridad Ombuds que prestaban este servicio se quedarán sin empleo. Según fuentes sindicales, un 80% se ha visto obligado a optar por el despido. Paradójicamente, la paz se ha vuelto un infierno para ellos.
Cinco años y cinco meses después del cese de la violencia por parte de ETA (y a las puertas de que se produzca la entrega definitiva de las armas), el Ministerio de Interior ha decidido retirar el servicio de protección que aún disponía un centenar de políticos en el País Vasco, principalmente del Partido Popular. Según ha podido confirmar este periódico, entre los escoltados también se encontraban algunos empresarios “importantes”.
“Sabíamos que esto iba a ocurrir desde hace algo menos de dos meses, cuando llegó una notificación en la que anunciaban que se finiquitaba el contrato. Desde entonces las instituciones se han callado, y hoy nos vemos totalmente abandonados. Sentimos que nos han dejado tirados”, afirmó a Público uno de los trabajadores que se quedará en la calle. Al igual que sus restantes compañeros, prestaba funciones para la empresa Ombuds Seguridad, la principal adjudicataria del servicio de escoltas en Euskadi.
Los intentos para “relocalizar” a la mayoría de los despedidos no tuvieron los resultados esperados. Si bien estaba previsto que muchos de ellos se reciclaran como vigilantes de seguridad privada, la mayoría tendrá como destino la cola del paro. “Incluso había compañeros que podrían haber optado por la prejubilación, pero finalmente no ha sido posible”, destacaron fuentes conocedoras de este proceso.
A la espera de que llegue el último día de trabajo, los escoltas afectados ya piensan en la vida que les espera a partir del 1 de abril. Atrás quedan los años de plomo, en los que la violencia supuso una oportunidad laboral para miles de personas. En 2011, cuando ETA puso fin a su actividad, Ombuds Seguridad contaba con una plantilla de tres mil empleados en la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra. El número fue descendiendo progresivamente, al ritmo que marcaba el Ministerio de Interior. Para finales del año pasado solo quedaban 109. Los últimos 109.
En efecto, el Gobierno de Mariano Rajoy ya había informado a los empresarios del sector que este año sería el último de servicio. Los trabajadores lo sabían, pero confiaban en que podrían negociar una solución “digna”. Hoy saben que no será posible. “Esto es una salida por la puerta de atrás”, lamenta uno de los afectados. El día 31 deberá entregar su revólver.
La fiscal responsabiliza del hecho al excoordinador del centro
La Fiscalía no alberga duda alguna y en sus conclusiones definitivas pide que cada uno de los tres acusados por el supuesto delito de torturas a un menor en 2004 en el centro de Mesa Ponte, en La Laguna, debe ser condenado a un año y medio de cárcel y al pago de 10.000 euros. Para el fiscal quedó acreditado que el adolescente fue sometido a un trato "humillante, inhumano y vejatorio", al ser reducido con correas de uso psiquiátrico que no estaban autorizadas. La acusación particular se adhirió a las conclusiones de la fiscal, aunque solicita dos años de cárcel y que se abonen al denunciante 30.000 euros. Los responsables subsidiarios serían la empresa Seguridad Integral Canaria, Ideo o el propio Gobierno regional.
El Ministerio Público considera demostrado que el excoordinador del centro, J.F.D.S., es la persona responsable del trato recibido por el joven. Como prueba cita los partes con su firma en los que se recoge el uso de las sujeciones mecánicas. Mencionó que un auto del juzgado de menores emitido poco después de los hechos dejó claro que no se podían usar y se pedía su retirada inmediata. Los peritos que intervinieron ayer en la sesión declararon que en tres de ellos se hallaron restos de orina. Y es que el afectado denunció que mientras estuvo inmovilizado ni se le dio de comer, ni de beber ni se le permitió ir al baño, por lo que se hizo sus necesidades encima.
El director, que en realidad se identificó como coordinador, apeló a que durante el tiempo en el que ocurrieron los hechos estaba de baja, pero la Fiscalía cree que no quedó suficientemente acreditado. El acusado lo único que presentó fue un parte de su médico de cabecera emitido hace dos años. En cuanto a los dos vigilantes acusados, H.A.S.R. y A.M.R.L., la Fiscalía indica que, en el primer caso, al ser el jefe del equipo, fue el responsable de impartir la orden del castigo. Recordó que algunos testigos declararon que, a veces, los seguritas actuaban por decisión propia y luego daban parte a los educadores. Rechazó los argumentos de que esta medida se tomaba un máximo de 15 minutos y que se hacía siempre bajo supervisión. "Lo cierto es que ha quedado demostrado que se excedieron en el tiempo y se causó un dolor físico y síquico degradante y humillante para un chico de dieciséis años", dijo. De A.M.R.L. dijo que era el ejecutor material, tal y como reconoció aunque indicó que si en la instrucción se hubiese hilvanado más habría más acusados. "Ha quedado acreditado que las cintas estaban prohibidas y sin embargo fueron utilizadas de forma indiscriminada". Las defensas apelan a las contradicciones del denunciante e intentaron demostrar que los responsables de aplicar estas medidas eran los educadores, si representaban a los vigilantes, y al revés si defendían a los técnicos. Pidieron la libre absolución de sus clientes.
La policía estrecha el cerco a uno de los atracadores del 'golpe de los Rolex'
Marek Povelow, un turista eslovaco de 41 años, es uno de los autores
El Cuerpo Nacional de Policía intensifica el trabajo de búsqueda y captura de los atracadores que el pasado martes, 14 de marzo, robaron a mano armada una joyería en el Centro Comercial Oasis de Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana. Los policías estrechan el cerco especialmente de uno de ellos ya identificado.
Los autores del golpe de los Rolex se llevaron un botín de joyas y relojes de alta gama valorado en torno a medio millón de euros. Los investigadores buscan a cuatro delincuentes, dos que perpetraron el robo directo y dos que prestaron apoyo con un automóvil, según Antena 3. El asalto ha generado gran preocupación en el sector de la joyería en general y entre comerciantes del Sur turístico.
Los agentes cuentan ya con una ficha policial y sospechan que se puede tratar de uno de los dos presuntos autores, que se había alojado en el sur de Gran Canaria bajo la falsa identidad de Marek Povelow, turista de nacionalidad eslovaca y de 41 años. Al parecer, era el que perpetró el atraco a cara descubierta y, por su buena presencia, se le permitió entrar en la joyería Saphir. De tez blanca, media melena de pelo castaño claro, con cara delgada y una estatura de entre 1,80 y 1,85, es uno de los dos supuestos autores del asalto del establecimiento ocurrido en torno a las 20.20 horas del 14 de marzo.
El asalto duró apenas cuatro minutos. El otro atracador era el que llevaba un casco de moto y era el encargado de coger los relojes Rolex de las vitrina. Fue un atraco sin heridos. Los atracadores entraron por la puerta vestidos con chaquetas oscuras, vaqueros, zapatillas de deporte y huyeron en una motocicleta que tenían aparcada cerca. Uno de los supuestos asaltantes, el eslovaco Marek Povelow, encañonó a un guardia de Seguridad Integral Canaria, mientras el otro rompía los cristales del escaparate y los expositores para ir desvalijándolos y llenando la bolsa. Se da la circunstancia de que la motocicleta que emplearon para escapar del lugar antes de subir a un turismo fue abandonada en la avenida del Turoperador Spies, en la zona del Campo de Golf de Maspalomas. Los investigadores, entre otras operaciones, realizaron un visionado de las cámaras de seguridad de diferentes chalés que se encuentran donde fue abandonada la motocicleta. Al cierre de esta edición aún no se había detenido a ninguno de los delincuentes del "golpe de los Rolex".
LA DIFÍCIL TAREA DE LOS VIGILANTES EN EL HOSPITAL
Estos días en los que, por desgracia, ha habido personas agredidas en el Hospital San Pedro, los vigilantes de seguridad, además de desearles una pronta recuperación, queremos dirigirnos a quienes ningunean nuestro trabajo. Nosotros, realizando nuestras funciones, hemos sido objeto de numerosas agresiones que en no pocas ocasiones han terminado en lesiones. En lo que llevamos de año ya hemos tenido varias con el resultado de un labio partido, una fisura de costilla, la contusión en mandíbula... También hemos tenido que pasar horas de incertidumbre mientras llegan los resultados de las analíticas y dan negativo a una enfermedad contagiosa, todo por estar protegiendo al personal y usuarios del hospital, cosa que hacemos con orgullo ya que es nuestro cometido.
No nos quejamos por ello, pero sí por los que quieren menospreciar nuestro trabajo. En la agresión sufrida por la compañera y por el acompañante, la vigilante de seguridad intervino en cuanto se enteró. ¿Cuantas veces se llamó a seguridad porque este paciente estuviera agresivo? Cero veces ¿Cuánto tardó en aparecer en la incidencia?: ocho segundos, y no porque la llamasen, fue porque estaba dando vueltas por la zona en prevención de que pasara algo. Nadie le dijo que lo hiciera pero hubo un cúmulo de circunstancias que no la dejaron tranquila. Desde que apareció la vigilante hasta que el paciente fue de nuevo llevado a Urgencias para ser tratado, ¿saben cuánta gente más fue agredida? Nadie más gracias a su pronta intervención junto a la de sus compañeros y de un compañero celador que tuvo la valentía de acompañarnos y apoyarnos en todo momento. Por desgracia no se pudo evitar lo anterior por nuestra parte ya que fue muy repentino.
Si en el hospital no ocurren más desgracias como éstas, en parte es gracias a que los vigilantes de seguridad estamos ahí haciendo nuestro trabajo.
La USO protesta en el juzgado en una nueva ronda de declaraciones por Alcor
El sindicato se moviliza contra la precariedad laboral en las empresas de seguridad privada
La Federación de Trabajadores de la Seguridad de la Unión Sindical Obrera (USO) organizará hoy una concentración frente el edificio de los juzgados de Monforte. La protesta coincide con una nueva ronda de declaraciones de testigos motivada por una de las causas abiertas contra el gerente de la empresa Alcor, Carlos Somoza. Según el sindicato, en este caso se trata de una supuesta falsedad documental relacionada con el libro de registro de medidas de seguridad de esa compañía.La concentración de esta mañana está enmarcada en una campaña que lleva a cabo la USO a nivel estatal para protestar por la precarización de las condiciones laborales en el sector de la seguridad privada. Apoyo de la plantilla
A finales del pasado mes de febrero, coincidiendo con una declaración del propio Carlos Somoza, fueron los trabajadores de Alcor los que se concentraron frente a los juzgados para censurar la actitud de los sindicatos y defender al gerente de la empresa.
Silbatos y corridos mexicanos en Monforte contra Alcor y las demás empresas de seguridad "piratas"
Trabajadores del sector convocados por USO protestaron durante horas a las puertas del juzgado de Monforte. Dentro declaraba personal de Alcor en el marco de la operación Muro
Trabajadores de Alcor Seguridad declararon esta mañana en el juzgado local en el marco de la investigación abierta para determinar si los responsables de esta empresa monfortina cometieron ilegalidades en su gestión. Decenas de trabajadores del sector de la seguridad privada se concentraron durante toda la mañana en la calle frente al juzgado convocados por USO para protestar contra las que los sindicatos del sector denominan "empresas piratas".
Al parecer, las declaraciones de esta mañana tienen que ver en concreto con una de las cinco causas abiertas por el juzgado de Monforte que dirige la denominada operación Muro, que está abierta desde el 2014, pero que no trascendió públicamente hasta que en noviembre del 2015 la policía registró las oficinas de la empresa y detuvo a varios directivos, enrte ellos el gerente, Carlos Somoza. Poco después, el juzgado decidió abrir cuatro causas separadas de la principal. Las declaraciones de hoy tienen que ver la que investiga un posible delito de falsedad documental. Las otras tienen que ver con fraude contra Hacienda y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores y tráfico de influencias,
En estas cinco causas actúua como acusación particular el sindicato USO, que mantiene desde hace tiempo una campaña pública contra Alcor y otras empresas a las que considera responsables de degradar hasta el extremo las condiciones de trabajo en el sector para abaratar costes y ganar así concursos públicos. Algo más de medio centenar de trabajadores convocados por esta central sindical protestaron contra los responsables de Alcor de forma ruidosa esta mañana frente al juzgado. Concentrados en la acera frente a la entrada del edificio judicial, los trabajadores mostraron carteles, hicieron ruido con bocinas y silbatos, cantaron corridos mexicanos con intención satírica y corearon consignas como "Alcor Seguridad, empresa pirata".
23 de marzo de 2017
Colombia: Asesinan a otro vigilante de Prosegur por robarle su arma de dotación en Malambo
La víctima es Benjamín Valiente Pineda, de 43 años. En lo que va del año, 3 han sido asesinados en situaciones similares.
Se escucharon varios disparos, pero solo uno le quitó la vida. Otro vigilante fue asesinado en el área metropolitana de Barranquilla, a plena luz del día. La bala le atravesó el ojo derecho, los sicarios se llevaron su arma de dotación.
En lo que va corrido del año tres vigilantes han sido asesinados y por lo menos tres han resultado heridos a bala para robarles su armamento, reportan las estadísticas de las autoridades.
Ayer, a las 9:30 de la mañana, fue asesinado en su puesto de servicio Benjamín Valiente Pineda, de 43 años. En una garita de la entrada principal de la empresa Somex, en Malambo. Acababa de asumir el turno matinal.
De acuerdo con investigadores judiciales, dos hombres en motocicleta se acercaron al puesto de mando del vigilante, llamaron su atención y le dispararon.
Los asesinos lo despojaron del arma que tenía para su labor de seguridad, y huyeron por una trocha hacia un sector enmontado.
Un compañero de vigilancia de Valiente Pineda, que prestaba servicio en otro punto de la empresa, al escuchar las detonaciones se acercó a averiguar qué pasaba. Al encontrarlo tendido en la arena, sangrante y agonizante, lo recogió y lo trasladó en un motocarro al Hospital de Malambo. Allí los médicos confirmaron su muerte. El vigilante era oriundo de Barranquilla, padre de dos hijos y se desempeñaba como guarda de seguridad de la empresa Prosegur.
Víctimas
La ola criminal contra guardas de empresas privadas de seguridad comenzó el pasado 10 de enero.
En el barrio Los Robles de l municipio de Soledad fueron asesinados en horas de la noche Eduardo Gallego López y Carlos Junior Blanco, de 40 y 23 años de edad respectivamente.
Hombres en motocicleta los atacaron a tiros y luego les arrebataron sus armas de servicio. Pertenecían a la nómina de vigilancia de la empresa Atenas.
Continuó el 25 de febrero. Un vigilante de la misma empresa Atenas fue atacado a balazos para desarmarlo. Se trató de Marlon Gómez Dakín, baleado en el barrio La Ceiba, por hombres motorizados.
Gómez no murió y aún se recupera de las heridas que le causaron.
Ayer se conoció, tras el homicidio del que fue víctima Benjamín Valiente Pineda, que el martes en circunstancias similares delincuentes balearon a dos vigilantes para robarles el arma.
Los dos heridos fueron atendidos en el Hospital de Malambo y remitidos más tarde al Hospital de la Universidad del Norte. Las identidades y detalles de los hechos no fueron reveladas.
La Policía no se ha pronunciado sobre esta racha de crímenes que mantiene en zozobra al gremio de vigilantes de Barranquilla y su área metropolitana.
El Gobierno desconocía el uso de correas psiquiátricas con menores
La exdirectora general del Menor, María del Mar Arévalo Araya, declaró ayer en la Audiencia Provincial que nunca tuvo conocimiento de que en los centros del Archipiélago se usaran contenciones como las denunciadas por un menor quien asegura haber sido torturado con correas psiquiátricas. Los hechos se remontan a finales de 2004 y supuestamente tuvieron lugar en Mesa Ponte en La Laguna, cuando este interno dijo que permaneció una vez once horas, y en otra cuatro, totalmente inmovilizado, sin poder comer ni beber.
Arévalo Araya, que llegó a estar imputada en esta causa, recuerda que la Fiscalía pidió a la gestora de los centros, la fundación Ideo, que no usara las contenciones. La exdirectora general dijo que se enteró entonces de que aplicaban esa práctica y la jefa de servicio la prohibió. La Fundación Ideo exculpó al Gobierno canario y ratificó que en la administración nunca estuvieron al tanto del uso de estas contenciones, ni las autorizaron. Arévalo recuerda que por aquellos tiempos hubo un cambio de gestión en los centros, lo que dio lugar a una gran conflictividad laboral. De lo ocurrido en Mesa Ponte asegura que se enteró por lo que manifestó la Fiscalía de Menores, desde donde se comunicó que no se consideraba oportuno usar dichas contenciones. Señaló que desde Ideo y la empresa de vigilancia, Seguridad Integral Canaria SA, se defendió que este sistema era más adecuado que los grilletes metálicos. Para convencerla, le enviaron estos elementos manchados de sangre de menores, que se lesionaban al usarlos. Ayer tuvo lugar la tercera jornada de esta vista, que previsiblemente acaba hoy. Intervinieron como testigos personas relacionadas con el funcionamiento del centro, tanto de la gestión como de la seguridad. José Luis Adeva, entonces responsable de Seguridad Integral en Santa Cruz de Tenerife, dijo que presentó a la Fiscalía la posibilidad de utilizar estas contenciones y que el Ministerio Público dio el visto bueno, o al menos no se opuso. Admitió que estos elementos fueron comprados por su empresa y los entregó a personal de Ideo.
Apuntó que los responsables últimos del uso de este recurso eran los gestores, no los vigilantes. "Nuestra intención era evitar que los menores se lesionaran a ellos mismos o a terceras personas como estaba ocurriendo con los grilletes", indicó. Sobre la posibilidad de que estas medidas se utilizaran 11 horas seguidas, no negó que le parecía un tiempo excesivo "e, incluso, si me dice que bastante menos, también me lo parecería". Y es que el objetivo era aplicarlas solo hasta que el menor se tranquilizara. Otros testigos fueron vigilantes o educadores. Una educadora llegó a negar que el día de los hechos hubiese ocurrido nada de lo señalado, o al menos, dejó claro que ella no se acordaba.
Un sindicato denuncia la adjudicación de la vigilancia en eventos de la Semana Verde
USO anuncia protestas en el recinto por el contrato de una firma inmersa en juicios
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO anuncia movilizaciones en todos los certámenes que se celebren en el recinto ferial de la Semana Verde, como medida de presión contra la adjudicación del servicio de vigilancia durante los eventos que acoja a la empresa Alcor Seguridad. El sindicato indica en un comunicado que esta firma está siendo investigada "por fraude a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, por falsedad documental, tráfico de influencias y diversos delitos contra los trabajadores". De hecho, representantes de esta empresa declararon durante la mañana de ayer en el Juzgado Número 2 de Monforte de Lemos.
Desde USO se señala que la adjudicación de la seguridad del recinto ferial se hizo a un precio de 12 euros por hora, una cuantía "que roza la temeridad y que no da ni para cubrirle los salarios a los trabajadores", explica Iván Blanco, puesto que la media de este servicio se sitúa en los 16,75 euros/hora, sin contar la antigüedad del trabajador. Añade que la firma no cumple el convenio colectivo y que carece de un registro para el alta y baja de armas.
La organización sindical, que se enteró de la adjudicación una vez que ésta se había formalizado, señala que los actos de protesta van encaminados a conseguir que la Fundación Semana Verde o bien rescinda el contrato o bien no lo prorrogue. La adjudicación será, en principio, hasta el mes de diciembre, con la posibilidad de ampliarla durante dos años más. "Sabemos al 100% que Alcor Seguridad no va a cumplir el contrato en cuestiones como la cobertura del servicio", añade Blanco, "porque al fijar ese precio seguro que no envía los efectivos que están contratados".
Desde la Fundación, se señala que la empresa seleccionada "cumple con todos los requisitos y las bases del concurso de contratación, resultando ser la ganadora del mismo". Sobre la posibilidad de anular el contrato, la entidad indica que eso sería ilegal, así que recalca que estará alerta para que se cumplan todos los requisitos que se exigen.
El pliego de condiciones para contratar este servicio fija un presupuesto de 50.646 euros, con un umbral máximo de 24 euros/hora de guardia. Al concurso se presentaron dos empresas: la citada Alcor y Eulen Seguridad. En una primera valoración de medios personales y técnicos, así como de la memoria de operatividad y las mejoras técnicas, Eulen Seguridad obtuvo unos resultados de 40 puntos, mientras que Alcor Seguridad se quedó en 14. Pero, a la hora de examinar cuestiones como los agentes diurno y nocturno con o sin arma, Alcor logra 28,80 puntos, frente a los 12,80 de Eulen, de modo que sus puntuaciones globales son de, respectivamente, 74 y 66,.85 puntos. Con estos resultados, días atrás se decidió formalizar el contrato con Alcor al resultar la oferta más ventajosa.
Analizan el papel de la seguridad privada ante la amenaza del terrorismo yihadista
Francisco Fuentes inaugura las 'I Jornadas Técnico-Operativas para directores y jefes de seguridad'
Alrededor de 200 especialistas actualizan conocimientos sobre el papel de la seguridad privada ante la amenaza del terrorismo yihadista, entre otras materias, en unas jornadas para directores y jefes de seguridad de la Policía Nacional y la Asociación Nacional de Directores de Seguridad Siglo XXI.
El subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, ha inaugurado este jueves las denominadas "Jornadas Técnico-Operativas para directores y jefes de seguridad", que también analizan el papel del director de seguridad ante los nuevos retos de la sociedad o las líneas estratégicas de la Unidad Central de Seguridad Privada.
Fuentes ha destacado que España cuenta con un sector de seguridad privada "moderno, competitivo y eficaz que, incluso, ha servido de modelo para otros países".
En este marco, corresponde al Cuerpo Nacional de Policía el control de las empresas y personal de seguridad privada, por lo que la colaboración entre ambos es fundamental para hacer frente de forma conjunta a las amenazas que sufre la sociedad y que ayer desgraciadamente se vivió en la ciudad de Londres, ha recordado.
El representante del Gobierno también ha señalado que el Ministerio del Interior ha establecido como objetivo prioritario durante esta legislatura el impulso al nuevo Reglamento de Seguridad Privada.
Este desarrollará la Ley de Seguridad Privada 5/2014, que, como declaró el ministro, Juan Ignacio Zoido, tuvo una gran aceptación en este sector.
21 de marzo de 2017
Noticias de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 21 de Marzo de 2017
Declaración de la Renta 2016.
La FTSP-USO ya advirtió lo que iba a pasar: trabajadores de la empresa Tenservices, se reunieron con el Director General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias
El sindicato USO convoca una gran concentración en Monforte contra Alcor Seguridad
Las peores previsiones se han cumplido para algunos Vigilantes de Seguridad en la Comunidad Valenciana.
Si se puede – FTSP USO versus Seguridad Integral Canaria.
Uso se concentrará ante el juzgado de Monforte contra la adjudicación de contratos a Alcor
Podemos pide que las mujeres en riesgo extremo por violencia de género cuenten con escolta 24 horas
Falta de TRANSPARENCIA DE CORREOS en la licitación pública de su concurso de seguridad privada, mas de 77 M de euros en juego y las condiciones laborales de miles de trabajadores, también.
USO denuncia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que la mejora de la competitividad no puede ser a costa de los salarios ni de las condiciones laborales.
Prosegur Cash empezará a cotizar a 2 euros por acción el viernes
Prosegur Cash debuta en Bolsa con una subida del 7,5%
La familia Revoredo amasará 210 millones con Prosegur Cash
La Fiscalía pide 18 meses de cárcel para tres celadores de Valle Tabares por torturar a un menor
Cuidado con el dinero en efectivo: Prosegur se blinda con la OPV de Cash ante el auge del pago digital
INFORME UCSP Nº: 2014/001: Aspectos formativos de la normativa de Seguridad Privada.
INFORME UCSP Nº: 2014/011: Simuladores de Tiro en Centro de Formacion.
INFORME UCSP Nº: 2014/080: Consulta sobre los ejercicios de tiro obligatorios establecidos para los vigilantes de seguridad y la renovación de sus licencias de armas
INFORME UCSP Nº: 2014/084: Cuestiones sobre cursos de especialización
INFORME UCSP Nº: 2015/012 Impartición de formación específica por parte de los centros de formación del personal de seguridad privada.
INFORME UCSP Nº: 2015/020 Certificados de profesionalidad articulación módulos de prácticas
Informe UCSP 2015/041 Portar uniformidad y medios de defensa en trayectos y ejercicios de tiro
Informe UCSP 2015/045 Formación específica requerida para la prestación de servicios en polígonos industriales
Informe UCSP 2015/048 Sanción por no realización de cursos de actualización
Informe UCSP 2015/066 Validez cursos formación especifica.
Informe UCSP 2015/072 Sobre cursos de formación específica a realizar por vigilantes que presten servicio en buques, puertos y transportes.
Informe UCSP 2016/007: Funciones de responsable de seguridad privada.
Informe UCSP 2016/015: Obligatoriedad de la formación ante la presencia de dos empresas de seguridad.
Informe UCSP 2016/030: Dudas planteadas con la realización de la formación obligatoria.
Informe UCSP 2016/037: Impartición de formación para la realización de prácticas de protección contra incendios.
Informe UCSP 2016/038: Traslado de defensa reglamentaria y grilletes.
Informe UCSP 2016/042: Sobre varias cuestiones planteadas, con motivo de la realización de los ejercicios de tiro en centros de formación del personal de seguridad privada, respecto del traslado de armas y el transporte de la cartuchería.
Comprometida la seguridad de millones de usuarios de WhatsApp y Telegram
Vigilante Seguridad San Pedro desea pronta recuperación a los heridos y lamenta que "se menosprecie nuestro trabajo"
http://ftsp-usolaspalmas.blogs
En busca de los atracadores
Detenida por robo tras agredir a un vigilante de seguridad en València
Desarticulado un grupo criminal dedicado a robar en comercio de Mérida
La policía de Valladolid detiene a tres hombres por robar prendas valoradas en más de 1.800 euros
Piratas somalíes secuestran el primer buque comercial desde 2012
La policía francesa mata a un hombre que robó el arma a un soldado en el aeropuerto de Orly
Un pasajero del AVE simula una agresión de la policía y se tira 2 minutos haciendo teatro
Trescientos euros de multa por coaccionar a un vigilante del Palacio de Justicia
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Cuadernos de Seguridad nº 320
Revista Seguritecnia Nº 440
Revista Red Seguridad nº 76 (1er cuatrimestre 2017)
Noticias de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 14 de Marzo de 2017
Trescientos euros de multa por coaccionar a un vigilante del Palacio de Justicia
Quería entrar con otra persona al edificio cuando le indicó el vigilante de seguridad que tenía que pasar por el arco de seguridad
El hombre montó un escándalo en la entrada del Palacio de Justicia de Cáceres, que está en la avenida de la Hispanidad, la mañana del 28 de abril de 2016. Quería entrar con otra persona al edificio cuando le indicó el vigilante de seguridad que tenía que pasar por el arco de seguridad.
Cuando él pasó por el arco, saltó la alarma. El vigilante le pidió que volviera a pasar, pero quitándose antes el cinturón, y entonces se negó; le pidió a su acompañante que le dijera al juez del Juzgado número 5, ante el que estaba citado de comparecencia, que no podía verle porque el vigilante le obligaba a quitarse el cinturón.
Otro vigilante que le conocía le tranquilizó y le convenció para que pasara una vez que se quitó el cinturón, pero al pasar cerca del anterior vigilante le gritó cerca de la cara, aseguró que le había empujado y le dijo que saliera a la calle para pegarle. Esta persona ha sido condenada a pagar una multa de 300 euros, por un delito leve de coacciones.
La Fiscalía pide 18 meses de cárcel para tres celadores de Valle Tabares por torturar a un menor
Los hechos acaecieron en 2004, cuando el menor estuvo inmovilizado con correas psiquiátricas durante más de once horas sin poder comer ni beber
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado un total de 18 meses de prisión e inhabilitación absoluta por un tiempo de 6 años, para tres celadores de la empresa de Seguridad Integral Canaria por la comisión de presuntas torturas a un menor. Los hechos se remontan a noviembre de 2004, cuando uno de los menores, que acaba de ingresar en el centro de Valle Tabares, en Tenerife fue aislado del resto del grupo y atado con correas de contención usadas en psiquiatría. El menor, quien se encontraba en régimen de internamiento semiabiertro, permaneció atado durante más de once horas sin dejarlo ir al baño y sin ingerir ningún alimento ni líquido alguno. En el escrito de acusación, al que la SER ha tenido acceso, se asevera que al menor no le quedó otro remedio que orinarse encima, "atentando de esta manera contra su libertad, dignidad e integridad física y moral”. Esta media fue aplicada, al menos en dos ocasiones.
Las correas de contención psiquiátrica fueron adquiridas por la citada empresa de seguridad en septiembre de 2004 aplicándose de forma casi inmediata, a pesar de que su uso "no estaba previsto en ninguna disposición legal o reglamentaria". De hecho, el uso de este tipo de correas está prohibido en los centros de menores en Canarias. Por ello, la Fiscalía solicita el pago de 30.000 euros a la empresa Seguridad Integral Canaria S.A y a la Fundación Canaria de Juventud IDEO, responsable de la gestión del centro de menores de Valles Tabares. El juicio ha comenzado esta semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
En tela de juicio
El caso del centro de menores de Valle Tabares no ha sido el único en la última década. En 2012 se celebró el juicio por torturas y muerte del menor Philipp García Zoch en el centro de Nivaria. Al igual que en Valle Tabares, los hechos se produjeron en 2004 y finalmente, se condenó a uno de los celadores a un año y seis meses de prisión por torturas. Phillip apareció muerto con una bolsa de plástico en la cabeza. El número de incidencias en este tipo de centros ha puesto en tela de juicio el grado de control que existe en los mismos.
Uso se concentrará ante el juzgado de Monforte contra la adjudicación de contratos a Alcor
La protesta, el próximo miércoles, coincide con las declaraciones de varios testigos en la causa contra Carlos Somoza
La Federación de Trabajadores de Seguridad de la Uso se concentrará este miércoles 22 de marzo a las puertas del juzgado de Monforte contra la adjudicación de contratos a la empresa Alcor Seguridad.
Esta concentración, ha relatado el sindicato en un comunicado, coincide con las declaraciones de varios testigos, que se producirán a las 11,00 horas, por una causa abierta contra el gerente de Alcor Seguridad, Carlos Somoza. En este caso, ha precisado el sindicato, es por "supuesta falsedad documental" al "alterar el libro-registro de medidas de seguridad de la compañía".
El secretario estatal de Organización, Iván Blanco, ha explicado que el reglamento de seguridad privada "determina que las empresas de seguridad deberán llevar obligatoriamente libro-registro de contratos, de personal de seguridad, de medidas de seguridad y de comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
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