Puentedura señala que la empresa adjudicataria aparece como deudora a Hacienda, según los datos del ministerio, con lo que no podría optar a la renovación del contrato que finaliza este año
El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura Anllo, ha pedido que se acabe con la seguridad privada en el Ayuntamiento de Granada, lo que produciría un ahorro de 750.000 euros al año. IU indica que la empresa que tiene adjudicada el contrato de seguridad privada con el Ayuntamiento, CASESA, no podría renovar el contrato, que finaliza este año, porque aparece como una de las empresas deudoras con Hacienda, según el listado que publico en su página web el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hace unos días. Según los datos publicados por el ministerio la citada empresa tiene una deuda de más de 3 millones de euros con el erario público.
La Ley de Contratación Pública establece, según recuerda IU, que las administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Granada, “no pueden contratar con empresas deudoras a Hacienda, con lo cual, de confirmarse estos datos supone que el Ayuntamiento debe revisar las condiciones de este contrato que finaliza en diciembre de 2016”. Además esta misma empresa tiene otros contratos de seguridad privada con la empresa municipal Granada Eventos Globales (GEGSA), que también deben ser revisados.
Para ello Puentedura pide al nuevo equipo de gobierno municipal (PSOE) “que en primer lugar compruebe y certifique con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que estos datos son correctos” y si se confirman, “compruebe si la deuda con Hacienda es anterior a la adjudicación del contrato que el Ayuntamiento tiene, lo cual sería causa de resolución del mismo, y si es posterior que comunique a la Agencia Tributaria Estatal que obligaciones de pago tiene el Ayuntamiento con la citada empresa por si tiene que retener alguna cantidad para satisfacer la deuda con Hacienda”.
Además tanto el contrato público con el Ayuntamiento como el contrato público con GEGSA, se encuentran en situación de prórroga, indica el concejal de IU, prórrogas que finalizan en diciembre de este año y en septiembre de este año, respectivamente. Es por ello “que en cumplimiento de la ley esta empresa no puede volver a contratar con el Ayuntamiento mientras mantenga estas deudas, con lo cual pedimos al Ayuntamiento que no renueve las prórrogas” indica Puentedura quien asimismo señala “que es el momento de acabar con la privatización de la seguridad privada en el Ayuntamiento de Granada”.
Para Izquierda Unida el gasto en más de 750.000 euros al año en seguridad privada “supone un gasto impropio de servicios que podría prestar la Policía Local”. Es por ello que el edil de la formación de izquierdas pide “al gobierno municipal que no renueve el contrato de este servicio impropio”pues es “un gasto innecesario que supone una duplicidad y que podría destinarse a mantener otros servicios públicos, e inversiones que generen empleo y mejoren los barrios”.
Las dependencias municipales donde se contratan seguridad privada son, El Ayuntamiento, Mondragones, Palacio de los Córdova, Carmen de los Mártires, Centro de Servicios Sociales de Zona Norte, Centro de Iniciativas Empresariales municipal (en Zona Norte), Hotel de Asociaciones del Zaidín, Centro de Atención a personas sin hogar en el Zaidín, Palacete de Quinta Alegre, Centro del Gallo del Albayzín, Centro Gran Capitán y Auditorio Manuel de Falla.
A juicio del Grupo Municipal de Izquierda Unida se trata de un gasto impropio del Ayuntamiento toda vez que estos servicios se podrían cubrir con la policía local, que entre sus funciones tiene la guardia y custodia de los edificios municipales, tal y como establece la ley andaluza que regula los cuerpos de policía local. Para Puentedura “se está por tanto privatizando, de forma encubierta una de las funciones que tiene la policía local”. Además, según el portavoz de IU, “hay suficientes agentes para cubrir este tipo de servicios, hay que recordar que la plantilla de policía local ronda los 560 agentes, entre ellos más de 50 están en situación de segunda actividad (aquellos agentes que por motivos de salud, y por edad,con muchos años de servicio a sus espaldas y con más de 55 años no pueden ser destinados a servicios efectivos en la calle y si a otros secundarios, entre los cuales se contempla esta guardia y custodia”. Para Izquierda Unida esto “produciría un ahorro considerable a las arcas municipales, sin tener que privatizar ningún servicio”. Además el concejal de izquierdas señala que “en muchos casos se producen duplicidades, servicios de seguridad privada en Ayuntamiento,con policías locales presentes, lo que también ocurre en Gran Capitán, Mondragones y otras dependencias”.
Izquierda Unida denuncia este gasto innecesario “que no responde a ninguna razón objetiva de mejorar la seguridad de dependencias municipales (quien mejor puede garantizarla es un policía local como agente de la autoridad). El portavoz municipal recuerda “que la denuncia que Izquierda Unida hace, también la han hecho en varias ocasiones los sindicatos del Ayuntamiento y de la Policía porque no es entendible que se mantenga este gasto que no está justificado”. Asimismo asegura que “el argumento del anterior gobierno municipal que privatizó la seguridad” de que así se “liberan” agentes para que hagan servicios efectivos en la calle “tampoco se justifica porque estas custodias se pueden hacer con policías en segunda actividad que no pueden prestar estos servicios en la calle y porque se mantienen numerosos puestos administrativos en la Huerta del Rasillo (cuartel de la policía local) con agentes que no están en segunda actividad y podrían destinarse a servicios efectivos”.
IU también recuerda que “en nuestras reclamaciones a los presupuestos municipales desde siempre hemos pedido la eliminación de esta partida de seguridad privada y que los 750.000 euros que gasta el Ayuntamiento en seguridad privada se destinen a otros gastos que mejoren los servicios públicos que debe prestar a la ciudadanía”.
Con respecto a los gastos de Seguridad Privada de GEGSA, que suponen unos 100.000 euros al año, IU indica que este servicio de seguridad privada “sí está justificado, pues se trata de seguridad en los eventos del Palacio Municipal de Deportes, además de en varios parking que tiene encomendada esta empresa”, para ello, “siempre que el Ayuntamiento constate la veracidad de los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el Ayuntamiento debe adjudicar el contrato a otra empresa respetando la subrrogación de sus trabajadores”.
