Congreso 16 de abril de 2012. Serie D. Núm. 75
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2012.
P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Interior
161/000526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la presente Proposición no de Ley sobre seguridad privada, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivosLa norma fundamental que regula en España la actividad de las personas y empresas de seguridad privada es la Ley 23/1992, de 30 de julio. Dicha ley ha sido modificada posteriormente por el Real Decreto-ley 8/2007, por el Real Decreto-ley 2/1999 y por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Además, ha sido modificada y completada por diversas órdenes ministeriales y resoluciones. El creciente desarrollo que en los últimos años ha tenido este sector y los cambios operados por nuestra sociedad han provocado que dicha ley, en muchos aspectos, haya quedado obsoleta, pese a los esfuerzos del sector por adaptarse tanto a las nuevas tecnologías, como a las nuevas amenazas y a las necesidades de un personal con una formación determinada.
La nueva regulación debería contemplar, entre otros objetivos, la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal; la eliminación de la picaresca existente en relación al intrusismo por parte de personal sin capacitación para el ejercicio de las funciones de seguridad; la integración del personal de seguridad privada en los correspondientes colectivos europeos; dotar al personal de seguridad del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones; y acentuar al máximo los elementos de coordinación de la seguridad privada con la seguridad pública.
Esa coordinación no sólo debe vertebrarse en el terreno operativo, sino que ha de ser consecuencia de un previo marco normativo que contemple debidamente esta interrelación, contribuyendo así a la seguridad de la sociedad.
Es evidente que el desempeño de las funciones profesionales propias de este sector ha de perfeccionarse a tenor de la importancia del mismo. En estos momentos sigue pendiente la aprobación de una regulación aplicable a los servicios que por ley tiene encomendados la seguridad privada.
Es primordial que la sociedad perciba que seguridad pública y seguridad privada cooperan activamente en sus respectivos ámbitos de responsabilidad en la consecución de un único objetivo: la seguridad y protección de los ciudadanos
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y remitir a la Cámara un nuevo Proyecto de Ley de Seguridad Privada.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.
Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
6 de junio de 2012
4 de junio de 2012
Denuncian que no funciona el sistema antiincendios en el centro Valle Tabares
Fuentes de los trabajadores explican que los vigilantes del recinto para menores con medidas judiciales deben permanecer por las noches en medio de los módulos, sentados en una silla de plástico y enfocados por las cámaras. Además, las mismas fuentes dicen que no hay protocolo de actuación ante emergencias.
P.FUMERO, S/C de Tenerife
Trabajadores de la empresa de seguridad del centro para menores con medidas judiciales de Valle Tabares critican, una vez más, sus condiciones laborales. Desde hace varias semanas, los vigilantes del turno de noche deben permanecer en el interior de cada módulo, controlados por una cámara y sentados durante 10 horas en una silla de plástico, de la que solo se levantan cada media hora para realizar la ronda por las puertas de las habitaciones.
Algunos trabajadores opinan que dicha medida se debe a que, desde hace meses, no funciona el sistema de detección de incendios en las habitaciones. Y el papel de los trabajadores de seguridad es detectar si se produce alguna situación de emergencia en las habitaciones.
El Gobierno de Canarias adjudicó el servicio de vigilancia de dicho recurso de la Dirección General del Menor a la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), que subrogó a los vigilantes que ya trabajaban en el centro. Dicha sociedad comenzó a operar en Valle Tabares el pasado mes de septiembre.
Según explican algunos empleados consultados por EL DÍA, en el pliego de condiciones que rigió el concurso de adjudicación consta claramente que "en el plazo de dos meses desde el inicio del servicio deberá elaborar y aplicar un protocolo de actuación de vigilancia y protección en cada uno de los centros (...)". Sin embargo, según fuentes del personal, nueve meses después, aún no existe ese plan de intervención.
Y, aunque parezca un mero trámite, ese documento resulta esencial para que cada trabajador sepa en cada momento qué debe hacer si surge algún problema, desde un incendio hasta una pelea entre menores. Cabe recordar que, ante una reyerta entre dos internos, un mínimo de dos trabajadores de seguridad deben intervenir por cada adolescente implicado.
Fuentes de los trabajadores comentan que sus funciones son la vigilancia del perímetro del centro; el control de los accesos, así como los trabajos en la sala de cámaras, por lo que la intervención en una reyerta puede dejar desguarnecidos otros módulos.
Una de las quejas realizadas por los empleados es que les realizan ingresos económicos en sus cuentas bancarias que no figuran en sus nóminas, lo que presuntamente es ilegal.
Algunos trabajadores solicitaron por escrito que les explicaran el motivo de ese ingreso, pero no obtuvieron respuesta.
La denuncia se planteó ante la Inspección de Trabajo y, en una de las inspecciones, la respuesta dada por Seguridad Integral Canaria es que ya estaba siendo objeto de otra investigación similar a nivel nacional, según las fuentes consultadas.
Algunos de esos asuntos se han denunciado ante la Consejería de Bienestar Social y Juventud del Gobierno canario para que las autoridades tuvieran conocimiento, pero aún no han obtenido resultados positivos ante esas demandas.
Un directivo de Seguridad Integral Canaria declinó pronunciarse sobre estas quejas laborales.
Fuentes de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario explicaron que las quejas de los trabajadores se limitan a un "conflicto laboral".
En cuanto al problema en el sistema de detección de incendios, dichas fuentes señalan que ya está reparado. Además, indican que la Fundación Ideo, que gestiona el centro de Valle Tabares, tiene protocolos de vigilancia.
Desde la Consejería explican que, si se detectara algún incumplimiento continuado de algunas condiciones de la adjudicación, el contrato se puede rescindir total o parcialmente, o bien penalizar a la empresa. Pero, a la vez, confirman que hasta ahora no se ha adoptado medida correctora alguna contra la actual adjudicataria.
2 de junio de 2012
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SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA
La empresa SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA siguiendo la línea que últimamente se ha marcado de acoso y derribo de su comité de empresa por no aceptar las abusivas modificaciones de trabajo que pretende imponer a cerca de sus 500 trabajadores en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, ha despedido en la tarde de hoy a la Presidenta del Comité de Empresa, así como a dos miembros más de dicho Comité, siendo 5 los miembros de este Comité despedidos en el último mes. Esta empresa pretende con estas acciones evitar la labor sindical de este Comité, encaminada principalmente a defender los intereses de todos los trabajadores de esta empresa, cosa que por lo visto el Sr. Miguel Ángel Ramírez no entiende, acostumbrado desde luego a comités de empresa con menos sentido de la responsabilidad y decencia. Seguridad Integral Canaria, ha adoptado estas medidas en cuanto le hemos “tocado” a su principal cliente privado, el C.C. Alcampo, donde factura una importante cantidad de miles de euros y donde al parecer no controla a sus responsable, cosa que parece no importarle en sus clientes del ámbito de la Administración, sus razones tendrá evidentemente. Desde la Federación de Trabajadores de Seguridad de la USO y desde el comité de empresa, seguiremos ahora con más fuerza si cabe, denunciando las malas prácticas laborales y sindicales de esta empresa, intentando hacer llegar a todos los estamentos públicos y privados su forma de proceder y donde los responsables de las Administraciones Públicas van a tener mucho que decir.
Vigilancia en aeropuertos, fuera del perímetro delimitado, por parte de los vigilantes de seguridad
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Fuente: Boletín SEGURPRI nº 34
Fecha: Diciembre 2011
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1 de junio de 2012
El Congreso apoya que las empresas de seguridad privada asuman la vigilancia exterior de las cárceles
EUROPA PRESS 29/05/2012
El PP y CiU han aprobado este martes en el Congreso de los Diputados una iniciativa que pide al Gobierno que estudie la posibilidad de que personal de empresas de seguridad privada se encargue de la vigilancia exterior de las cárceles españolas y su acceso, siempre bajo la dirección de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La proposición no de ley ha sido debatida en la Comisión de Interior del Congreso a iniciativa de CiU, que finalmente ha acordado con el PP instar al Gobierno a incluir esta idea en la reforma de la Ley de Seguridad Privada que tiene previsto desarrollar.
En concreto, la iniciativa pide que miembros de seguridad privada sustituyan a los responsables públicos de seguridad en las funciones de control de accesos y control de cámara de circuito cerrado de televisión, "que podrían ser ampliadas a la seguridad perimetral inmediatamente circundante a los centros penitenciarios llegado el caso, bajo la dirección de los responsables de la seguridad pública" de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas.
Todo esto deberá realizarse además "una vez que se valoren las posibilidades de carácter operativo, técnico y normativo", según dispone el acuerdo alcanzado entre el diputado del PP Conrado Escobar y el de CiU Feliu Guillaume.
Guillaume ha sostenido que la actual situación de austeridad en el gasto obliga a "hacer un esfuerzo de racionalización" en los servicios públicos, algo que cree posible con la colaboración entre la seguridad pública y privada.
Rechazo del PSOE
Por su parte, el PSOE ha votado en contra de esta proposición ya que considera "evidente" que se plantea un "beneficio" para las empresas privadas de seguridad que "va en perjuicio" del servicio público, según ha argumentado el diputado José Zaragoza. Pero además, ha avisado de que los miembros de la seguridad privada "no están preparados" y requieren formación, algo que "cuesta dinero".
Por su parte, el PSOE ha votado en contra de esta proposición ya que considera "evidente" que se plantea un "beneficio" para las empresas privadas de seguridad que "va en perjuicio" del servicio público, según ha argumentado el diputado José Zaragoza. Pero además, ha avisado de que los miembros de la seguridad privada "no están preparados" y requieren formación, algo que "cuesta dinero".
En la misma Comisión de Interior, el PP y el PSOE han acordado reformar la Ley de Seguridad Privada, que data del año 1992, para mejorar su eficacia e impulsar la coordinación entre la seguridad pública y privada, siempre bajo la tutela de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; además de mejorar la coordinación con las comunidades autónomas.
La iniciativa también aborda la confidencialidad y reserva de los datos privados y contempla la adecuada formación y capacitación del personal de las empresas de seguridad privada, evitando el intrusismo.
29 de mayo de 2012
28 de mayo de 2012
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27 de mayo de 2012
26 de mayo de 2012
24 de mayo de 2012
23 de mayo de 2012
22 de mayo de 2012
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21 de mayo de 2012
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