6 de octubre de 2015

Prosegur, reduciendo el peso de España y Brasil

La crisis económica que ha eclosionado en Brasil y la fuerte depreciación del real, la moneda del gigante económico de América del Sur, afectan muy directamente a Prosegur, debido a que la compañía ostenta una firme posición de liderazgo en ese país, igual que también tiene una presencia muy relevante en otros 16 países. Las vulnerabilidades derivadas de la alta exposición de Prosegur en España y Brasil se ven mitigadas por el desarrollo de una estrategia de amplia presencia internacional, en la que destaca la reciente entrada en nuevos mercados, como India, Singapur o Australia. Así, tanto en términos de negocio como financieros, la empresa logra consolidar una mejora constante de sus cifras. En consecuencia de estas buenas perspectivas, los expertos de Axesor otorgan a Prosegur un rating no solicitado de BBB-, aunque se encuentra en observación por un proceso de revisión.
El desarrollo de negocio ha permitido una mejora notable de las ventas, que entre 2010 y 2014 experimentaron un crecimiento del 34,7%. Esta tendencia tuvo su continuidad en el primer semestre de 2015, en el que las ventas crecieron un 7,9% hasta llegar a 1.953 millones de euros. Prosegur, empresa fundada en 1976, se caracteriza por un mix de negocio sin concentración, con un posicionamiento y diversificación adecuados en sus distintas líneas de negocio, que le permiten un importante control del riesgo. Su fuerte consolidación en América Latina, donde es líder en la mayoría de los mercados donde opera, está padeciendo ahora las consecuencias de la debilidad económica que afecta a la región, que se traducen en una merma en el beneficio bruto operativo como consecuencia del efecto divisa. De ahí la importancia de la progresiva entrada de Prosegur en nuevas zonas del mundo. A nivel doméstico destaca la puesta en marcha de la nueva ley de seguridad privada en España, que podría favorecer a la compañía gracias a una mayor asignación de competencias al sector. Recientemente, Prosegur se ha convertido en la primera firma de seguridad con licencia para volar drones en España.
La deuda financiera neta concluyó el primer semestre del año en 626 millones de euros (con un ratio sobre Ebitda de 1,3 veces). La compañía ha negociado un nuevo crédito sindicado que le ha permitido amortizar de manera anticipada la parte más costosa de su deuda y sustituir su anterior préstamo sindicado por uno nuevo con vencimiento en 2019 y que proporciona un calendario de pagos más holgado. Es cierto que los actuales niveles de apalancamiento son muy superiores a los que había entre 2005 y 2010, cuando la deuda financiera neta oscilaba entre los 140 y los 250 millones de euros, pero este incremento del endeudamiento ha ido acompasado con el crecimiento del volumen de negocio del grupo. De igual modo, la fuerte corriente inversora lleva a una reducción de los niveles de tesorería, que en el primer semestre del año cerró en 250 millones de euros, frente a los 293 millones al término del mismo periodo en 2014. Pero Prosegur ya ha demostrado con anterioridad la capacidad para integrar de una manera exitosa sus operaciones de fusiones y adquisiciones. Esta experiencia, añadida a la prudencia que marca la estrategia de compras de la empresa, adquiriendo sociedades ya consolidadas en los mercados donde busca introducirse, hace esperar que las inversores puedan empezar a ser productivas a corto plazo.
De hecho, no se observan dificultades en la generación de caja, ni signos de tensión futura, operando con un fondo de maniobra positivo y un capital circular con una dinámica favorable para el grupo. La generación de liquidez y la solvencia inmediata garantizan una adecuada capacidad de pago y poder afrontar el pasivo contraído sin que se anticipen complicaciones en este sentido.

El plan de Carmena de sustituir vigilantes por policías triplicaría el gasto en seguridad

La Unión Sindical Obrera realiza un cálculo con base en los convenios colectivos mientras los agentes temen que el Ayuntamiento al final quite funcionarios de la calle para cubrir esas plazas
El plan anunciado por el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid,Javier Barbero, para sustituir vigilantes de seguridad por policías en los edificios municipales no ha tenido buena acogida en unos ni en otros. Los primeros, como es lógico, porque ven amenazados sus puestos de trabajo. Los segundos, por su parte, porque se temen que para llevarlo a cabo el Gobierno de Manuela Carmena tire de agentes que están en la calle.
Es “positivo” que el Ayuntamiento de Madrid “tenga la intención de crear nuevos puestos de trabajo, pero no a costa de destruir otros ya existentes y, por lo tanto, dejar en la más absoluta miseria a cientos de familias madrileñas”, señala Antonio Duarte, responsable de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, organización que además ha realizado un estudio sobre el coste que conllevaría la sustitución de los 485 vigilantes de seguridad que controlan los edificios municipales por policías. En concreto, Carmena tendría que rascarse el bolsillo hasta conseguir casi el triple del dinero que destina ahora para cubrir este servicio.
Según el cálculo de la USO, que se ha basado en los convenios colectivos de ambas plantillas, el servicio que actualmente prestan los vigilantes ronda los12 millones de euros al año, cifra que resulta de multiplicar las 800.000 horas que hay contratadas con los 15 euros por hora que cobra un profesional privado. La sustitución de los 485 vigilantes que hacen este servicio por policías requeriría, en primer lugar, de un mayor número de funcionarios, ya que estos últimos gozan de más derechos laborales. USO calcula que, en concreto, sería necesario utilizar 670 agentes para cubrir el mismo cometido.
Este número de funcionarios habría que multiplicarlo, según las cuentas del sindicato, por 32.774 euros brutos anuales que cobra un policía de media, lo que daría como resultado 22 millones de euros. A este número, además, habría que sumarle 5,5 millones que es lo que cuesta la seguridad social de todos estos empleados, un concepto que en el caso de los vigilantes privados asume la empresa subcontratada.
Los propios policías admiten que es sustancialmente más caro un policía que un vigilante
En total, 27,5 millones de euros anuales, una cifra en la que no están contabilizados, subrayan desde USO, conceptos como la uniformidad, los armeros, los ejercicios de tiro, las prejubilaciones o los seguros, conceptos todos ellos que siempre asumen las empresas, pero que en el caso de que éstas fueran sustituidas por empleados públicos pasarían a pertenecer al gasto del consistorio. Sin contar, añaden desde USO, el mayor nivel de absentismo laboral que existe en el cuerpo, que es notablemente superior al de la seguridad privada.
Los propios policías admiten que es sustancialmente más caro un policía que un vigilante. Así lo reconocen a El Confidencial fuentes de la corporación, que añaden que actualmente no hay policías ‘de oficina’ –destinados en despachos porque ya no tienen edad para trabajar en la calle– suficientes para cubrir las 800.000 horas anuales que echan los 485 vigilantes de seguridad contratados.
Así lo ven también desde la Asociación de Policía Municipal Unificada, que no se muestra contraria a la medida de Barbero siempre que haya personal, cosa que entiende que no ocurre actualmente. Advierte, además, de que “en el momento actual” no sería adecuado “cubrir esos puestos con policías operativos, ya que conllevaría quitarlos del servicio que prestan a los ciudadanos” en la calle. Las primeras fuentes policiales mencionadas añaden que no habría más remedio que ampliar la oferta pública de empleo, y mucho, ya que tampoco sería bueno que los policías no operativos -de oficina- dejaran desocupadas sus plazas actuales, puesto que hoy por hoy estos agentes tienen funciones muy relevantes en tareas de violencia de género, departamentos especializados u oficinas de atestados de tráfico que no pueden desatender.

Detenido en Melilla refugiado sirio acusado de intento de homicidio al atacar a dos vigilantes del CETI con un cuchillo

La Guardia Civil ha detenido en Melilla a un refugiado sirio como supuesto autor de un delito de homicidio, en grado de tentativa, tras protagonizar un altercado e intentar agredir a un trabajador del servicio de limpieza, momento en el que se abalanzó contra dos vigilantes de seguridad, con un cuchillo de cocina, a los que intentó agredir.

MELILLA, 2 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil ha detenido en Melilla a un refugiado sirio como supuesto autor de un delito de homicidio, en grado de tentativa, tras protagonizar un altercado e intentar agredir a un trabajador del servicio de limpieza, momento en el que se abalanzó contra dos vigilantes de seguridad, con un cuchillo de cocina, a los que intentó agredir.
Según ha informado este viernes a Europa Press un portavoz de la Comandancia, los hechos se han producido en las instalaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad, cuando un residente del centro protagonizó un altercado e intentó agredir a un trabajador del servicio de limpieza "con un recogedor".
La citada fuente ha explicado que, en principio, la situación se solventó por parte el Servicio de Seguridad, que consiguió que depusiese su actitud, tranquilizarlo y trasladarlo a la sala de control para su identificación.
Sin embargo, una vez en la sala, el interno, provisto "de un cuchillo de cocina", intentó en un momento dado autolesionarse y acto seguido, al intentar evitarlo los vigilantes de seguridad que lo custodiaban, se abalanzó sobre ellos con violencia "con la clara intención de agredirles con el arma blanca, no llegando a consumar la acción al lograr reducirlo y desarmarlo, empleando para ello la fuerza mínima imprescindible", ha indicado el portavoz de la Guardia Civil.

DOS LESIONADOS
En el transcurso de la intervención y reducción de esta persona, ha detallado que los dos vigilantes de seguridad han resultado con lesiones leves, de las que han precisado atención médica.
Al lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de la Comandancia que "contribuyeron a controlar y apaciguar la situación en el centro y solicitaron la presencia de los servicios médicos para la atención del agresor, que presentaba un alto grado de exaltación y agresividad".
El hombre, tras ser atendido por el personal sanitario, fue trasladado en calidad de detenido a las dependencias oficiales para la instrucción de las oportunas diligencias.
El autor del hecho, un varón de 32 años de edad, residente en el CETI, ha pasado a disposición judicial como supuesto autor de un delito de homicidio, en grado de tentativa.

Bunker Digital Nº 76 septiembre 2015


Revista Red Seguridad 70


Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad para el periodo julio 2015-2016.


2 de octubre de 2015

Unión Digital FTSP USO Canarias nº 47


La utilización por un trabajador, para su defensa en un juicio laboral, de datos e informaciones de la empresa no constituye delito de revelación de secretos

La AP de Madrid absuelve al acusado del delito de revelación de secretos imputado, al no concurrir los elementos del tipo contemplado en el art. 197 del CP. Son hechos declarados probados que el acusado, molesto por su despido y considerando que las causas en las que la empresa basó su cese laboral, esto es, las dificultades económicas de la empresa, no se ajustaban a la realidad, presentó una documental -que fue admitida por el Juez de lo Social-, a fin de defender sus intereses.

Revista News ADSI Flash nº 402


Revista FSL Latam Nº 0


Periódico Armas.es Edición Impresa. Número 63. Octubre - Noviembre 2015


La ULPGC desautoriza a su jefe de seguridad y renueva a la empresa de vigilancia

LA 'TRASTIENDA' DEL PRESUNTO ATAQUE INFORMÁTICO
Los servicios jurídicos desacreditaron su informe negativo para la renovación a SIC - Este asegura que su auditoría "no es vinculante".
La historia tiene tintes novelescos, pero es real. El pasado 14 de abril vencía el acuerdo de dos años suscrito por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la empresa Seguridad Integral Canaria para la vigilancia de todas sus instalaciones, por un importe de 3.300.000 euros. Se decidió la prórroga del contrato por dos años más, tal y como establecía el pliego de condiciones. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque en el camino han surgido informes internos contradictorios, reuniones inéditas en la cúpula universitaria, un presunto ataque informático, filtraciones, informaciones confusas, una supuesta visita de una empresa rival, un conflicto laboral y un jefe de Seguridad que no cuenta con el pleno respaldo de la institución, relata este miércoles Canarias Investiga.
Todo empieza a finales de 2009. La ULPGC abre una convocatoria pública para adjudicar el servicio de vigilancia de sus centros. Seguridad Integral Canaria queda en segundo lugar, tras Segur Ibérica, pero gana el concurso porque la primera no tiene en ese momento los 250 trabajadores fijos en Gran Canaria que le exige el pliego de condiciones.
Durante el primer año y medio de servicio no se detectan anomalías, pero es a partir de septiembre de 2010 cuando un conflicto laboral se va incubando en el seno de Seguridad Integral, que acabará salpicando a la institución educativa. La empresa asegura que se ve forzada a reducir parte de su plantilla ante el impago de las administraciones públicas a las que presta servicios. En una carta de despido de mediados de diciembre, la empresa estima en "más de un 70%" el volumen anual de facturación correspondiente a contratos con ayuntamientos, cabildos, consejerías y otros organismos públicos.
Después de algunos movimientos de las tres partes -universidad, empresa y vigilantes-, el 16 de febrero, el gerente Conrado Domínguez auspicia un encuentro de conciliación entre el comité de empresa y Seguridad Integral Canaria, con Miguel Ángel Ramírez -presidente de la UD Las Palmas y propietario de la empresa- en persona, para poner fin a esta situación. "No entraba en las funciones de la Universidad, pero queríamos evitar problemas", apunta Domínguez.
La reunión termina con un acuerdo de 13 puntos por escrito y firmado, satisfactorio para ambas partes. Entre otros asuntos, se readmite a 5 trabajadores que habían sido cesados por la empresa. Pero la asamblea de trabajadores no acepta el acuerdo y decide ir a la huelga. En apenas dos meses se desencadenan una serie de hechos que amenazan con dañar la imagen de la institución universitaria y de su Rector, José Regidor, que a partir de ese momento ya sufre la ira de los sindicatos.
En ese momento empieza a circular en la capital grancanaria una copia de la auditoría interna del director de Seguridad de la ULPGC, Francisco Pérez Rosales. En ella, tras considerar algunos puntos que no habrían sido cumplidos de manera satisfactoria por la empresa, el responsable técnico concluye que "no es conveniente la suscripción de la prórroga del contrato que tiene la universidad con la empresa de seguridad, solicitando que se realice un nuevo concurso público para proceder a la nueva contratación". Adjunta un anexo con numerosa documentación: sanciones de la Inspección de Trabajo a Seguridad Integral Canaria, incumplimientos del convenio de Seguridad Privada, correos electrónicos entre la Universidad y la citada empresa y hasta un informe de obstrucción a la labor de control del auditor por parte de una vigilante que ejercía funciones de jefe de equipo.
Visto lo visto, el Gerente de la ULPGC encarga un informe a los Servicios Jurídicos, que desacredita el anterior, donde se expone que el director de Seguridad había valorado negativamente un conflicto laboral entre Seguridad Integral y sus trabajadores. Asunto que, según se apunta, en absoluto es competencia de la Universidad, y concluye que la prórroga de dos años más al contrato con Seguridad Integral sí es preceptiva.
Con los dos informes anteriores, más un tercero a cargo de la propia Seguridad Integral, el 11 de marzo se produce el cónclave entre el Gerente, la Secretaria General y el director de los Servicios Jurídicos -no así el director de Seguridad-. Con todos los informes sobre la mesa, concluyen que si bien hay que exigir algunas mejoras, el servicio ha sido cumplido razonablemente y no hay motivo para convocar un nuevo concurso. El contrato queda prorrogado dos años más.
El autor de la auditoría de Seguridad, Francisco Pérez Rosales, asegura hoy no sentirse desautorizado ya que "el informe no es vinculante" y recuerda que sigue en su puesto de trabajo. Pero a partir de entonces, y a su pesar, el responsable de Seguridad de la ULPGC ya es considerado un hombre enmascado por parte de la cúpula universitaria.
Aunque el Rector no reconoce explícitamente su desconfianza hacia Pérez Rosales, sí admite que tiene pendiente una reunión con él. "Cuando acabe el conflicto [laboral], me sentaré con el auditor, y me tendrá que demostrar que puedo seguir confiando en él. Está en una situación difícil, ya que es la persona más próxima a los vigilantes, y puede haber desarrollado lazos de amistad", comenta Regidor.
El 14 de abril, el mismo día que la prórroga del contrato con Seguridad Integral entra en vigor, CANARIAS AHORA publica un Top Secret donde se hace eco de un "bulo" lanzado "desde no se sabe dónde", según el cual los servidores de la ULPGC habrían sufrido un ataque informático. La supuesta fuga de datos habría incluido nombre y apellidos de alumnos y profesores, claves, DNI, direcciones y cuentas corrientes. También se habla de "una guerra entre dos empresas de seguridad, la que prestaba el servicio para la Universidad hasta hace dos años [Segur Ibérica] y la que, tras el correspondiente concurso público, la sustituyó en esos menesteres".
"Hemos actuado como lo haríamos con cualquier empresa", asegura el Rector, preguntado por si tiene alguna influencia el que Seguridad Integral sea una empresa canaria, o que su propietario y presidente, Miguel Ángel Ramírez, sea mecenas de la Universidad.
"Servicios Jurídicos dice que el informe de Seguridad pone de manifiesto deficiencias por parte del auditor", comenta, "pero no es el momento para actuar. En una situación de conflicto sería visto como una represalia", asegura.
"Estoy disgustado como Rector. Se han dicho cosas que son radicalmente mentira, como que se ha puesto en riesgo la seguridad de la Universidad. La seguridad no está en riesgo. Qué hay detrás, es lo que no entiendo".

El PSOE acusa al Gobierno de hacer "jugosos contratos" con un empresario acusado de evadir 20 millones de euros

El diputado socialista Antonio Trevín denuncia que "este mismo año la Vicepresidencia le prorrogó el contrato de Patrimonio del Estado, 12 millones de euros, y Adif le adjudicó parte de la zona sur de España, otros 6 millones más al año". Reprocha al Ejecutivo que lo indultase en el 2013 "para que no entrase en la cárcel por construir en espacio protegido". 
MADRID.- El diputado socialista Antonio Trevín ha acusado este miércoles al Gobierno de conceder contratos millonarios al propietario de la empresa de Seguridad Integral Canaria (SIC) y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que, según ha dicho, "está acusado de evasión al fisco, defraudación a la Seguridad Social y apropiación indebida en cuantías que superan los 20 millones de euros".
"Su propietario está logrando jugosos contratos con la Vicepresidencia del Gobierno, con el Ministerio de Defensa, con la Tesorería de la Seguridad Social y con el Ministerio de Fomento", ha denunciado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Trevín ha reprochado al Ejecutivo que indultase a esta persona en el año 2013 "para que no entrase en la cárcel por construir en espacio protegido". "Encima el ministro Soria le llenó de elogios diciendo que es el concepto de emprendedor más puro", ha remachado.

Vicepresidencia y ADIF
Según el diputado socialista, "este mismo año Vicepresidencia le prorrogó el contrato de Patrimonio del Estado, 12 millones de euros, y Adif le adjudicó parte de la zona sur de España, otros 6 millones más al año". "¿Van a volver a indultarlo después de que el Tribunal Supremo rechazase el indulto anterior? ¿les queda algo de vergüenza?", se ha preguntado.
Trevín ha hecho estas acusaciones en el marco a una pregunta dirigida al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la que le ha criticado por la aprobación de la Ley de Seguridad Privada, en vigor desde hace dos años.
"El Ministerio ha acordado 250.000 contratos con 50 empresa y muchas incumplen convenios colectivos, en algunos de esos consejos de administración se sientan ex ministros o familiares de miembros del PP, otras aparecen en la Gürtel o son donantes del PP", ha insistido Trevín para quien el caso de la empresa de Seguridad Integral Canaria es "el más paradigmático".
En su réplica, el ministro se ha limitado a defender la citada Ley asegurando que el Gobierno no ha hecho "nada que le aleje de lo que es normal en la Unión Europea". "Han pasado dos años y se han cumplido los objetivos para los que aprobó que era facilitar y actualizar una ley que era buena, pero desfasada", ha dicho Fernández Díaz.

Una aproximación al nuevo Reglamento de Seguridad Privada

Panel “Seguridad integral: incidencia de la nueva normativa”
Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Privada, que incluye a la seguridad informática como “actividad compatible”, el sector está pendiente de conocer de qué forma se va a concretar esta especialidad en el nuevo reglamento de desarrollo. El panel “Seguridad integral: incidencia de la nueva normativa” sirvió para arrojar algo de luz sobre esta cuestión, que no se aclarará del todo hasta la aprobación de la norma.
La normativa española de seguridad promulgada en los últimos años ha supuesto un fuerte impulso para la convergencia de la seguridad física y la lógica. Primero fue la Ley para la Protección de las Infraestructuras Críticas y su reglamento de desarrollo, aprobados en 2011, y posteriormente la nueva Ley de Seguridad Privada, que vió la luz el año pasado. La conocida como “Ley PIC” representó una fuerte apuesta por el modelo de seguridad integral en las estructuras y servicios críticos en España. Por su parte, la ley que regula las actividades de seguridad privada incluye a la seguridad informática durante su articulado, lo que supone ya de por sí un hito respecto a la norma predecesora. Pero la pregunta en este momento es: ¿de qué manera se concretará el carácter integral de la seguridad en el nuevo Reglamento de Seguridad Privada?

Corresponde al trabajador concretar y determinar el periodo de disfrute del permiso de lactancia

La AN acuerda estimar las demandas deducidas y declara el derecho de los trabajadores de la empresa demandada a que la concreción horaria de la reducción de jornada por guarda legal se disfrute sin más requisitos o limitaciones que las que aparecen contempladas en el Convenio Colectivo de Contact Center, sin que la empresa les pueda exigir que dicha concreción horaria se realice obligatoriamente dentro de su jornada ordinaria “diaria”.


Más de 3.100 establecimientos cuentan con seguridad privada en la provincia de Sevilla.

La subdelegada del Gobierno, Felisa Panadero, preside la Comisión Mixta Provincial de la Seguridad Privada
La subdelegada del Gobierno en Sevilla, Felisa Panadero, ha presidido la reunión de la Comisión Mixta Provincial de la Seguridad Privada, en la que se ha analizado, entre otros asuntos, el Plan anual de inspecciones a empresas de seguridad, usuarios, personal y establecimientos obligados, que en la provincia de Sevilla ya se ha puesto en marcha y afronta una serie de inspecciones de oficio a empresas, establecimientos, usuarios y centros de formación, medidas de seguridad, actividades y servicios.
Asimismo, se ha dado cuenta del balance del Plan de actuación contra el intrusismo y la colaboración con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, además de la contratación de servicios de vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado de prensa.
Por último, se ha valorado la importancia de la actualización de la base de datos de la Unidad Territorial de la Seguridad Privada, que vincula a empresas y personal del sector y a establecimientos obligados a tener medidas de seguridad.
Así, se considera "muy positiva" la colaboración de las distintas asociaciones del sector representadas en la Comisión, para ampliar los registros existentes en la Unidad, que superan los 3.100 establecimientos en la geografía de la provincia.
A la reunión de la Comisión han asistido, entre otros, representantes de las asociaciones de la Seguridad Privada, presidente de estaciones de servicio, colegios profesionales, asociaciones de joyeros, detectives, sindicatos y responsables de seguridad de grandes superficies.



Sin respuesta. El PSOE pregunta al Ministro del Interior

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Diputado Trevin pregunta
PREGUNTAS del Diputado D. ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Ministro del Interior:
¿Qué ha aportado la nueva Ley de Seguridad Privada a la seguridad de los españoles?.
También pregunta sobre los contratos que le llueven desde las diferentes administraciones  a una empresa cuyo propietario es alabado y presentado por el Ministro Soria como “el concepto mas puro de emprendedor que conozco“. Efectivamente, un gran emprendedor al que le llueven contratos del Gobierno.
El Diputado Sr Trevin denuncia en su disertación, que esta ley lo único que ha logrado “es que las empresas obtengan más ganancias a costa de precarizar el empleo de los Vigilantes, ademas de otorgar 250.000 contratos públicos para 50 empresas, de las que muchas incumplen el convenio colectivo”.
También denunció que en muchas de estas empresas “ocupan sillas en los consejos de administración exministros y trabajan familiares de dirigentes del PPotras aparecen en la trama Gurtel o son donantes del PP (Seguridad Integral Canaria). Estas empresas facturan millones con los contratos y el PP hace la vista gorda a todo estoSiendo Seguridad Integral Canaria el caso mas paradigmático que obtiene jugosos contratos con las diferentes administraciones estando su propietario de Evasión al fisco, fraude a la Seguridad Social,  Apropiación indebida, en cuantías superiores a los veinte millones de euros”.
Pero lejos de que el señor Ministro cogiera el toro por los cuernos, ha dado la callada por respuesta y ha comenzado a divagar sobre los porcentajes de presencia de policias y vigilantes en la Union Europea y de la necesidad de que la Ley de Seguridad Privada, se adaptarla a los nuevos tiempos.
Desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) no salimos de nuestro asombro al ver que una persona del talante del Ministro Fernandez Díaz, evita dar explicaciones sobre lo que esta ocurriendo en el sector de la seguridad privada, (que si es su área) y que afectan a mas de 70.ooo vigilantes.
Su actitud, a nuestro modesto entender, es ademas de un error, una torpeza política de enorme calado, el Diputado Trevin merecia al menos una respuesta coherente a sus preguntas y no empezar a relatar lo que la nueva Ley de Seguridad Privada articula en su texto, como que “la seguridad privada esta subordinada a la publica”, etc, (eso el sector ya lo sabe).
Que no se olvide el señor Ministro y el Gobierno del PP que tienen la mirada de un colectivo de 70.000 trabajadores pendientes de sus respuestas, pero mas pendientes si cabe de las medidas que piensan adoptar para acabar  de una vez por todas, con la lacra de las empresas pirata en el sector de la seguridad privada, por lo que les preguntamos, ¿hasta cuando van a continuar mirando hacia otro lado?.

LA USO SE REUNE CON LA ALCALDESA DE LUGO, LA SEÑORA LARA MÉNDEZ

alcaldesa Lugo
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), y en su nombre los delegados, José Río Doval y Dionisio López Armesto, se reunieron el pasado viernes 25 de septiembre con la Alcaldesa de Lugo, la señora Lara Méndez, para hablar sobre un tema que preocupa mucho a la USO como es, la contratación por parte de estamentos públicos, de empresas de seguridad privada que no cumplen con el Convenio Colectivo Estatal, ni con los derechos de los trabajadores.
Esta reunión se produce a propósito de la contratación por parte del Ayuntamiento de Lugo ‘área de los servicios de Hogar del Transeúnte y CEI-NODUS’, de la empresa Alcor Seguridad S.L,  a pesar de que en los anteriores pliegos  del concurso, “Alcor Seguridad, SL. Habría ‘inflado’ los salarios correspondientes a los trabajadores que prestan sus servicios en el hogar del transeúnte, con el único fin de evitar el acceso y presentación de otras empresas a dicha licitación”.
Esta empresa fue denunciada por el propio Ayuntamiento ante el Consejo Gallego de la Competencia de la Xunta, por presuntamente inflar las nóminas de sus trabajadores y por posibles prácticas restrictivas de la competencia.
El Consejo Gallego de la Competencia de la Xunta dispone de 18 meses para la resolución.
Por lo que no salimos de nuestro asombro cuando Alcor Seguridad, SL. Obtiene la adjudicación del servicio anteriormente comentado.
Al ser preguntada la Alcaldesa por los representantes de la FTSP-USO, sobre cual podía ser el motivo de esta sorprendente contratación, responde que desconoce los hechos.
Desde la FTSP-USO estamos muy agradecidos por el recibimiento con el que nos obsequió la señora Lara y su equipo y no dudamos de  las buenas intenciones expresadas en esta reunión, la señora Lara se comprometió a realizar un seguimiento y actuar, ante cualquier incumplimiento por parte de la empresa de seguridad contratada y que no dudaría en tomar las medidas oportunas en el caso de que se produjeran.
Insistiendo en que no dudamos de las buenas intenciones de la señora Lara, lamentablemente los hechos son los que son y tras lo acontecido con esta empresa, sin olvidarnos de otras de idéntico pelaje, nos deja una sensación de impunidad, que creemos los trabajadores del sector no se merecen.

Pospuesta reunión con Seguriber

logo SeguriberInformamos a los trabajadores asi como a los afiliados y delegados de la USO en la empresa SEGURIBER SLU, que la reunión prevista para mañana, para intentar alcanzar un acuerdo sobre la convergencia del convenio de empresa de Seguriber con el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, queda pospuesto hasta el señalamiento de nueva fecha.
De la que os mantendremos informados

Prosegur se convierte en la primera compañía de seguridad privada con licencia para volar drones

Prosegur se ha convertido en la primera compañía privada de seguridad con licencia Aesa para volar drones, tras el reconocimiento del Ministerio de Fomento a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

De esta manera, según ha informado la compañía en un comunicado, tendrá licencia para utilizar este tipo de dispositivos en sus tareas de vigilancia.
PROSEGUR (PSG.MC) que se encuentra en una fase de desarrollo de su línea de negocio, trabaja en programas de I+D con drones de interior para automatizar las rondas de vigilancia.
Además, la compañía destaca las posibilidades que estos aparatos suponen para la vigilancia de instalaciones sensibles en zonas de difícil acceso, líneas de alta tensión eléctrica, de alta velocidad ferroviaria y protección medioambiental contra incendios forestales, entre otros.
Así, Proseguir considera que el uso de drones en las labores de vigilancia permitirá ofrecer unos estándares de seguridad más elevados.
En este contexto, el avance en el desarrollo de los drones se une con el análisis de video, la detección térmica y la gestión con el Centro de Control Avanzado, como los servicios más destacados que ofrece la empresa a sus clientes.
El director de Tecnología de la compañía de seguridad, Manuel Rodríguez, destaca que este desarrollo muestra la apuesta de Prosegur por situarse a la vanguardia dentro del sector de la seguridad privada.