24 de julio de 2013
Securitas participa en campaña sobre uso responsable de las redes sociales
Días atrás, en el marco de la participación en la Campaña de bien público 2013 de DERES, "Redposabilidad", Securitas realizó el primer taller para el manejo responsable de las redes sociales.
Securitas participa en campaña sobre uso responsable de las redes sociales
La charla originalmente estaba pactada para 45 minutos de duración, pero los funcionarios participaron activamente por más de una hora donde además de recibir material práctico, despejaron dudas y compartieron experiencias personales sobre las redes sociales en internet. Allí, una de las consultas más recurrentes, además de la administración de las redes a nivel laboral, fue cómo dominar el uso de las redes sociales con los más chicos del hogar.
La campaña no termina aquí y en breve comenzarán más talleres para impulsar la seguridad en las redes sociales.
22 de julio de 2013
La crisis le está pasando factura a un sector cíclico como la seguridad privada.
Eduardo Cobas, secretario general de la patronal del sector, Aproser, recuerda que, con el boom económico, en España hubo un incremento muy importante de los niveles de facturación. “Pero en 2007 esto se trunca. Ahora estamos entre un 15% y 20% menos de facturación, a niveles de 2006. A esto añadimos una dilación de los pagos, sobre todo de las Administraciones públicas, que representan el 28% de nuestro sector, y la lógica constricción de los márgenes comerciales”.
Para este año Cobas prevé una disminución del 5% y recuerda que el aumento en el nivel de facturación del sector está muy vinculado al crecimiento económico del país. En esta coyuntura, aplaude la reforma laboral aprobada por el Gobierno, “porque introduce dosis de flexibilidad”, pero se muestra disconforme sobre los cambios introducidos en los convenios.
“Defendemos la negociación colectiva como un elemento clave de la profesionalización del sector y, sobre todo, por los servicios que asumimos”. Para el directivo hubiera sido aconsejable un tratamiento más específico de los servicios empresariales. “Nos preocupa la actitud de determinadas empresas que utilizan los mecanismos de inaplicación del convenio colectivo, los descuelgues salariales, no por una necesidad vinculada a sus cuentas económicas, sino por tratar de encontrar una ventaja competitiva en costes”, aclara.
En este punto, indica que en un sector industrial reducir la estructura de costes puede ser la única solución para la supervivencia de una actividad y su competitividad o para competir en un mundo global. “Pero nosotros, no. El 80% es el coste salarial y una empresa que inaplica el convenio lo que hace es captar clientes de otra empresa que sí lo aplica”.
A su juicio, esto supone que ganen cuota de mercado quienes tienen una peor situación económica, que pagan menos impuestos de sociedades, cuyos trabajadores contribuyen menos por IRPF y cuyos servicios cotizan menos por IVA. “La realidad demostrará que es una reforma global muy positiva para la economía española, pero que para nosotros puede acarrear problemas importantes”. En esta tesitura, Cobas se muestra convencido de que al final será preciso introducir un tratamiento distinto en estos aspectos para los servicios empresariales, “como dispone la normativa en Alemania y en Francia”.
La reforma que ha anunciado el Gobierno en las Administraciones públicas puede traer oportunidades de negocio para el sector. Aunque quiere mostrar prudencia, “ya que perdería la legitimidad pidiendo al Gobierno dónde quisiéramos estar”, sí que pone ejemplos de lo que ocurre en otros países, como es el caso de la racionalización de recursos administrativos, controles de tráfico, de alcoholemia, vueltas ciclistas de aficionados o vigilancia en zonas rurales.
Acerca de cómo ha afectado al sector de la seguridad privada el hecho de que ETA haya anunciado el cese de su actividad, Cobas muestra su cautela al respecto y apunta que “la detección de las necesidades de seguridad compete a la autoridad pública. No somos quiénes para determinar cuáles son las necesidades complementarias de protección de la seguridad privada ante una amenaza terrorista”. Y es tajante al afirmar que “nada nos gustaría más que dejar de prestar estos servicios, pese al importante daño que supone para nuestra facturación y pérdida de puestos de trabajo”.
Cobas pide cambios en la Ley de Seguridad Privada, que ya ha cumplido 20 años. “Esta legislación tiene aspectos que limitan las posibilidades que la seguridad privada tendría para prestar un mejor servicio a la colectividad”. Una de las modificaciones que exige tiene que ver con que la ley impide de manera absoluta la presencia en la vida pública de la seguridad privada, salvo para dos excepciones, como son polígonos industriales y urbanizaciones muy delimitadas.
En este sentido, el directivo se pregunta: “¿Por qué no podemos estar fuera de los estadios de fútbol que ahora cubre la seguridad pública, con el gasto que conlleva?”. También habla de ofrecer servicios en las prisiones. “Este es un tema que hay que abordar con todas las cautelas debidas, delimitando bien los cometidos específicos de la seguridad privada en conjunción con la pública”.
En su opinión, “no parece razonable considerar que la seguridad privada está capacitada para prestar servicios con armas de guerra en atuneros en aguas internacionales y que no pueda, en cooperación con la Guardia Civil, realizar funciones de acceso de prisiones o patrullas”.
Intrusismo
La lucha contra el intrusismo ha sido siempre uno de los caballos de batalla del sector. Cobas dice que “ha mejorado algo”, pero critica el hecho de que haya compañías que, “después de actas levantadas o incumplimientos reiterados”, se encuentren entre los principales adjudicatarios de las Administraciones públicas, porque “los contratos se basan únicamente en precio”.
19 de julio de 2013
29 DE JULIO MANIFESTACIÓN CONTRA SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA.
El próximo día 29 de Julio, a partir de las 10.00 h. la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO, convoca manifestación ante las sede de la empresa Seguridad Integral Canaria en Las Palmas de Gran Canaria C/ Alfred Nobel 27, para protestar por los continuos abusos laborales y salariales a que somete esta empresa a sus trabajadores y trabajadoras.
Metro encarga parte de su seguridad a un empresario condenado a prisión
Seguridad Integral Canaria vigilará tres zonas de la red del subterráneo.
Su propietario es Miguel Ángel Ramírez, que ha pedido al Gobierno un indulto por una pena de tres años de cárcel por delito urbanístico.
La condena no le impide contratar con la administración pública.
En una empresa privada, tener como socio a un señalado por la Justicia puede perjudicar gravemente la imagen corporativa. Si la empresa no es privada sino pública y se administra con el dinero de los contribuyentes, el daño puede ser aún mayor, aunque todo el proceso de contratación sea perfectamente legal. Esto es lo que denuncia la sección de CC OO en el Metro de Madrid después de que la compañía haya dejado en manos de Seguridad Integral Canaria la vigilancia de las zonas norte, noroeste y centro de la red del subterráneo. Ombuds, Segurisa y Segur Ibérica son las adjudicatarias del resto de las zonas. Seguridad Integral Canaria es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, un conocido empresario de las islas que fue condenado en 2011 a tres años de cárcel por construirse ilegalmente un chalé en una zona protegida de la isla de Gran Canaria. Ramírez también es el presidente de la UD Las PalmasRamírez cumple todos los clichés de empresario hecho a sí mismo. De repartir fruta en los barrios de Las Palmas pasó a dirigir un conglomerado de empresas de servicios —el Grupo Ralons— con 4.000 trabajadores y que factura 120 millones de euros al año. También preside la Unión Deportiva Las Palmas, que milita en la Segunda División del fútbol español y en cuyo palco se dejan ver de forma habitual autoridades de todos los niveles. Más del 70% de los beneficios de Ralons proceden de las administraciones públicas, para quien gestiona guarderías, comedores escolares, lavanderías hospitalarias, limpieza de edificios, residencias de mayores, zonas verdes y un largo etcétera. Ello incluye ministerios, servicios del Banco de España e incluso el Ejército. En 2010, sin ir más lejos, Martínez fue reconocido con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco por la prestación de servicios meritorios a la Defensa Nacional. En la ceremonia estuvo presente el líder del PP canario y hoy ministro de Industria José Manuel Soria. Conflictividad laboral A pesar de su condena, Ramírez nunca ha entrado en prisión ni ha demolido su chalé. Aprovechando la ley, solicitó un indulto al Gobierno, lo que conllevó la suspensión de la ejecución de la pena mientras el Consejo de Ministros estudia la petición. Esta situación no le impide seguir contratando con la Administración Pública. "La ley no contempla excluir a empresas de las licitaciones públicas por ese motivo", subraya un portavoz de Metro. Tampoco tiene deudas con la Seguridad Social, lo que habría supuesto su expulsión automática. Seguridad Integral, sin embargo, cosecha críticas entre sindicatos, trabajadores y competidores. "Llegaron a la Península compitiendo a la baja y tirando los precios", asegura a 20minutos el responsable de una empresa del sector. "Tenemos problemas para cobrar las horas extras y, cuando las pagan, lo hacen como dietas o kilometraje, por lo que no cotizan a la Seguridad Social", añade un empleado. Metro debería cuidar a quién adjudica la seguridadAdemás, están los pleitos laborales. Las autoridades han impedido a Seguridad Integral descolgarse del convenio colectivo de la Seguridad Privada, como intentó en dos ocasiones en 2012. Durante esos procesos despidió a seis miembros del comité de empresa.
El sindicato USO tiene planteados varios contenciosos contra la Dirección que aún están pendientes de resolución por el cobro de pluses y problemas con la formación de los empleados. En una ocasión, Seguridad Integral llegó a impedir la entrada de los miembros del Comité de Seguridad y Salud y de la Inspección de Trabajo a sus instalaciones, por lo que fue sancionada. "Metro debería cuidar a quién adjudica la seguridad y más si hablamos de una empresa de conocida conflictividad y cuyo presidente se jacta de aplicar la reforma laboral", alerta Óscar Verduras (CC OO). Verduras recuerda que, si bien el nuevo contrato de seguridad para toda la red obliga a subrogar a toda la plantilla, también reduce en 929.500 las horas de vigilancia (equivalentes a 700 trabajadores) y elimina los vigilantes de seguridad fijos en 130 de las 300 estaciones de la red, lo cual no da garantías de permanencia a los trabajadores. 20minutos se ha puesto en contacto con Ralons para intentar obtener la versión de su presidente o de otro portavoz autorizado, sin obtener respuesta.
El sindicato USO tiene planteados varios contenciosos contra la Dirección que aún están pendientes de resolución por el cobro de pluses y problemas con la formación de los empleados. En una ocasión, Seguridad Integral llegó a impedir la entrada de los miembros del Comité de Seguridad y Salud y de la Inspección de Trabajo a sus instalaciones, por lo que fue sancionada. "Metro debería cuidar a quién adjudica la seguridad y más si hablamos de una empresa de conocida conflictividad y cuyo presidente se jacta de aplicar la reforma laboral", alerta Óscar Verduras (CC OO). Verduras recuerda que, si bien el nuevo contrato de seguridad para toda la red obliga a subrogar a toda la plantilla, también reduce en 929.500 las horas de vigilancia (equivalentes a 700 trabajadores) y elimina los vigilantes de seguridad fijos en 130 de las 300 estaciones de la red, lo cual no da garantías de permanencia a los trabajadores. 20minutos se ha puesto en contacto con Ralons para intentar obtener la versión de su presidente o de otro portavoz autorizado, sin obtener respuesta.
18 de julio de 2013
A los afiliados a la USO en PROSEGUR
Reproducimos nota informativa, sobre las consecuencias que el cambio de CIF y nombre comercial de esta empresa, puede acarrear en la próxima declaración de la renta a los trabajadores de la misma.
A TODOS LOS AFILIADOS DE PROSEGUR EN TENERIFE
A todos los afiliados a nuestro sindicato USO CANARIAS y a través de su federación FTSP-USO CANARIAS.
Queremos informaros que tras cambiar nuestra empresa de denominación comercial y CIF en este año 2013. (Antes: PROSEGUR C.I.A, S.A. Ahora: PROSEGUR ESPAÑA S.L.)
Nos podemos ver afectados en la próxima declaración de la renta del periodo 2013, ya que Hacienda ante este cambio, podría tomar los datos de nuestra declaración como de dos pagadores, por lo que, anticipándonos a estos hechos, les facilitamos una planilla que han de cumplimentar y remitir a vuestro representante en el comité: Gilberto Bethencourt que dará curso a estas reclamaciones para el próximo ejercicio fiscal.
A pesar de rellenar esta modificación y enviarla a la Agencia Tributaria, hay que prestar especial atención, al confirmar el borrador que les facilita hacienda, se debe tener un especial cuidado, no se nos apliquen dos pagadores. En caso de que así fuera, se debe presentar reclamación posterior.
Es importante adjuntar copia de la carta de la empresa donde se nos informa del hecho de pasar de una empresa a otra.
También señalar que este formato es válido para otras subrogaciones, y podrá ser descargado por todo aquel que se encuentre en similar situación. En este caso se deberá adjuntar copia de la carta de subrogación.
Podéis enviar los correos con la planilla rellena al siguiente correo electrónico:
Se les recuerda a todos los afiliados que en nuestro sindicato se les realiza de forma totalmente gratuita la declaración de la renta.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)