7 de julio de 2016

Madrid: Carmena creará un nuevo modelo de seguridad con jurados vecinales

El plan también incluye un gestor de barrio (nombrado por el Ayuntamiento), del que dependerán los agentes municipales y una mesa de convivencia y seguridad.
El Ayuntamiento que dirige la alcaldesa Manuela Carmena (Ahora Madrid) quiere poner en marcha una nueva figura político-policial en los 121 barrios de la ciudad. A través de la implantación de la llamada Policía Comunitaria, se pretende crear una estructura policial, judicial y social paralela a la existente. Esta incluye un gestor de barrio (nombrado por el Ayuntamiento), del que dependerán los agentes municipales y una mesa de convivencia y seguridad. El Consistorio pretende crear también “jurados vecinales”, donde se encontrarán víctimas y delincuentes. La experiencia piloto se iniciará en Lavapiés.
Según el programa de Gobernanza Comunitaria de la Seguridad y la Convivencia para el barrio de Embajadores al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Ayuntamiento crea una estructura paralela a las existentes en seguridad, servicios sociales y judicatura. Actualmente, la seguridad en Madrid depende de las Policías Municipal y Nacional. Los servicios sociales son competencia de las respectivas áreas locales y de la Comunidad de Madrid. La delegada de Gobierno es la máxima autoridad política en seguridad y depende del Ejecutivo central. Las infracciones penales entran exclusivamente dentro del ámbito de los jueces y magistrados.
El modelo que pretende instaurar Ahora Madrid choca frontalmente con este sistema. El nuevo proyecto instaura la hasta ahora desconocida figura del “jurado vecinal”. En él, infractores, delincuentes y víctimas “tienen la oportunidad de encontrarse con el entorno social donde se cometió la infracción, reconocer su culpa y acordar conjuntamente vías para restaurar el daño hecho a la comunidad”. “La comunidad, por su parte, aceptará el reconocimiento de culpa y colaborará para definir una medida adecuada de reparación del daño hecho”. Se busca la “reintegración social” del delincuente. Estos acuerdos deberán ser ratificados por un “juez ordinario”. El Ayuntamiento sostiene que este sistema se aplica ya en Estados Unidos, Inglaterra y Australia “con gran éxito”.