Queja formal en el Congreso por la contratación de agentes sin cursos necesarios, exámenes psicológicos y personal extranjero
El PSOE pide al Ministerio del Interior en el Congreso que ponga en marcha una serie de inspecciones generalizadas, tras detectarse irregularidades en la prestación de servicio de los vigilantes de seguridad que protegen a los atuneros en el Océano Índico.
Un curso de doce horas bastó para que el ex militar Juan José Vera obtuviese la capacitación para trabajar como vigilante de seguridad a bordo de uno de los atuneros que faenan en el Índico.
Ni entrenamientos con armas largas ni siquiera un test psicológico. Durante su estancia a bordo del atunero Txori Gorri, Vera disparó su arma contra el jefe de seguridad y posteriormente se suicidó.
Aquel hecho puso de relieve la precaria situación en la que se encuentran los vigilantes de seguridad embarcados en los buques pesqueros en esa complicada zona del mundo, donde la piratería ha ido paulatinamente disminuyendo hasta desaparecer.
El Partido Socialista acaba de presentar en el Congreso una proposición no de ley de Medidas Urgentes en relación con la prestación del servicio de seguridad privada en los barcos atuneros que faenan en el Índico. Su objetivo es que sea debatida en la Comisión de Interior.
El portavoz socialista en esta materia, Antonio Trevín, firma esta petición en la que se insta al Ministerio del Interior a aplicar unas normas de control e inspecciones profundas entre las empresas que actualmente mantienen a vigilantes privados embarcados en el Índico.
Según asegura el PSOE, no se están cumpliendo los requisitos técnicos a la hora de habilitar las embarcaciones con armeros adecuados, y no se está dando la formación obligatoria al personal cualificado que debe realizar dichas tareas de vigilancia.
Apunta en su propuesta que “los estándares de exigencia profesional” se han rebajado sustancialmente, por lo que ha permitido “recabar profesionales que prestan estos servicios con una reducción sustancial de sus retribuciones”.
Además, aseguran, según denuncian colectivos relacionados con la seguridad privada “se están contratando a personas de terceros países que no tiene reconocida la habilitación para prestar dichos servicios, ni cotizan a la Seguridad Social ni al fisco español por IRPF”.
