22 de agosto de 2014
20 de agosto de 2014
USO gana las elecciones sindicales en la empresa murciana Salcillo Seguridad
El sindicato logró 6 representantes, por los 4 de UGT, 2 de CSIF y 1 de Comisiones Obreras
En las elecciones sindicales celebradas en el día de ayer en la Empresa Salcillo Seguridad, S.A. del municipio de Murcia, la Unión Sindical Obrera (USO) de la Región Murciana obtuvo una amplia mayoría.
En la empresa, cuya principal actividad es la Seguridad Privada, con un censo de 307 trabajadores, se presentaban cuatro candidaturas sindicales: USO, UGT, CCOO y CSIF para elegir a los 13 representantes de su comité de empresa para los próximos cuatro años. Y el resultado de las votaciones dio a USO 6 miembros, siendo el ganador de las mismas, UGT 4, CSIF 2 y CCOO 1.
Con este resultado, más los logrados en los 2 últimos años, la Federación de Regional de Trabajadores de la Seguridad Privada, se consolida fuertemente como la primera fuerza sindical de este sector en la Región.
Cinco encapuchados asaltan una nave de carga de Barajas
Los ladrones hirieron con un hacha a un vigilante de seguridad
Extraño y peligroso suceso el que se vivió la madrugada del pasado lunes en una nave de la terminal de carga del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Cinco encapuchados irrumpieron en el edificio armados con pistolas y hachas y agredieron a los responsables de vigilancia. Su intención era hacerse con el contenido de las cajas fuertes pero al final tuvieron que huir sin ningún botín, según fuentes policiales.
El intento de robo ocurrió alrededor de las seis de la mañana del pasado lunes 18, en la nave de una compañía internacional dedicada al transporte de mercancias, entre otros negocios. La terminal de carga se encuentra justo a la entrada del aeropuerto, junto a la autovía de Barcelona (A-2), y allí se reciben envíos de todo tipo y procedencia para su posterior reparto tras pasar por la aduana.
A esa hora, las seis de la mañana, es cuando se abre la puerta para que accedan los empleados. Fue el momento utilizado por los ladrones para irrumpir en el edificio. Según declararon al menos tres testigos a los agentes de la comisaría del aeropuerto, todos ellos iban armados con pistolas y al menos un hacha. Los asaltantes entraron dando tiros al aire y pegando gritos para intimidar a los empleados.
Se dirigieron directamente a un empleado de seguridad, de 32 años de edad, al que golpearon al menos en dos ocasiones. Le pegaron en la nariz y en la cabeza. Otro de los trabajadores, de 55 años, también sufrió lesiones en una pierna, según informaron ayer fuentes policiales.
Los encapuchados subieron a la fuerza a la primera planta a los empleados (los dos heridos y un tercer vigilante) y les obligaron a que abrieran las cajas fuertes de las oficinas. Las víctimas les dijeron que no lo sabían, por lo que fueron golpeadas.
Al ver que no se podían hacer con su botín, se llevaron dos juegos de llaves. Bajaron a la carrera y se montaron en dos BMW que les estaban esperando en la puerta. Después huyeron a toda velocidad en dirección a la autovía de Barcelona.
El vigilante que resultó herido fue trasladado a un centro hospitalario para ser curado de las heridas. Agentes de Policía Científica hicieron la inspección ocular de la nave en busca de vestigios y pruebas que permitan identificar a los autores.
La seguridad, asignatura pendiente en los autobuses
Conductores de las líneas interurbanas insisten en la necesidad de tener un vigilante en los recorridos de la Bahía y de la Janda para evitar conflictos
«Cualquier día va a saltar la chispa y va a ocurrir un accidente grave», afirma Francisco Ríos del Sindicato Andaluz de Conductores. Llevan años advirtiendo de la necesidad de incrementar la vigilancia en las líneas interurbanas en el primer turno de los sábados y los domingos, sobre todo las que circulan por la Bahía y por la Janda. Es una reivindicación por la que llevan varios años luchando. «Después de mucho insistir conseguimos que pusieran un vigilante de seguridad en la primera parada del autobús que controlara a las personas que accedían al mismo, luego que se subieran aunque de momento sólo lo hacen hasta la última parada de Cádiz, después el conductor se encuentra sólo ante el peligro». Por eso siguen exigiendo al Consorcio de Transportes que accedan a su petición y el vigilante se mantenga durante todo el recorrido. «Pedimos que acompañe al conductor desde las 6.00 horas que sale el primer autobús hasta las 8.30 horas, que es cuando ya se tranquiliza la situación, son poco más de dos horas que pueden ayudar a resolver algún episodio violento, porque la pelea puede saltar en cualquier punto de la carretera».
De momento, el verano ha transcurrido sin grandes incidentes, «existe una especie de calma chicha que puede cambiar en cualquier viaje», explica Pedro Vázquez, presidente del comité de empresa de Comes. «A principios de julio tuvimos un altercado que pudo acabar en algo serio. Cuando el autobús se encontraba por la carretera camino de San Fernando, dos jóvenes comenzaron a pelearse y uno de ellos cayó sobre la máquina expendedora de tickets. Si lo hubiera hecho sobre el conductor no sabemos que podría haber ocurrido». Y no son sólo los altercados. «El fin de semana pasado, con la celebración de las Barbacoas hubo varios asientos rotos y hasta nos encontramos con que habían defecado en uno de los autobuses, de haber tenido a un vigilante dentro no hubiera ocurrido», añade Vázquez.
Dos son las zonas especialmente conflictivas. Por un lado, en la Bahía de Cádiz la línea que se mira con más recelo es la que va de Cádiz a San Fernando «tanto a San Fernando Sur como Norte», señala Francisco Ríos, pero también el camino a Chiclana o a Puerto Real. «A mi me ha pasado que, cruzando el puente Carranza, rompieron una de las lunas del autobús y un hombre intentó tirar a otro por la ventana. También en una feria de Puerto Real hubo una madrugada que varios jóvenes se subieron al techo del autocar porque no cabían dentro. El conductor no se percató y arrancó. Viajó así durante unos metros hasta que le avisaron. Hemos visto verdaderas barbaridades».
También es complicada la zona de la Janda, sobre todo los autobuses desde Conil o Barbate. «Son zonas de mayor aglomeración de jóvenes durante el verano y es muy frecuente que cuando se suban al autobús lo hagan ebrios o incluso bajo los efectos de estupefacientes».
Denuncia archivada
Situaciones como éstas ya la pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Salud Laboral. Fue el sindicato quien informó de todos los hechos para que tomara cartas en el asunto «pero al no haber ocurrido una agresión contra el conductor la archivaron», explica Pedro Vázquez. «Parece que tenemos que esperar a que pase algo grave para que la Fiscalía actúe». Desde el Sindicato Andaluz de Conductores también se está estudiando la posibilidad de volver a poner en conocimiento de este tipo de situaciones a la Fiscalía con el objetivo de que tome medidas «antes de que pase algo realmente serio».
Mientras tanto seguirán exigiendo al Consorcio de Transporte que amplíen las medidas de seguridad. «Ya no sólo con el vigilante durante todo el recorrido, también con la colocación de mamparas que protejan al conductor como ya se hacen en otras ciudades». Así lo volverán a exponer en una reunión que mantendrán en septiembre con la empresa y con el Consorcio.
19 de agosto de 2014
Vigilantes Noticias 19 de Agosto de 2014.
Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.
Dos detenidos al ser sorprendidos cuando intentaban robar en la biblioteca de la Facultad de Derecho
Prosegur: a la vanguardia de la nueva seguridad portuaria
Prosegur es una de las principales compañías del sector de seguridad privada a nivel mundial. Desde su constitución en 1976, la Compañía se ha mantenido firme en sus líneas de actuación. Así, la estrategia de Prosegur combina el crecimiento orgánico e inorgánico, un liderazgo diversificado –por geografías y productos-, una apuesta firme por la innovación, un equipo humano de primer nivel y una organización orientada al cliente.
La Compañía cotiza en la Bolsa de Madrid desde el año 1987 y, hoy en día, es una empresa global, que cuenta con un equipo de más de 150.000 empleados en el mundo repartidos entre Europa -Alemania, España, Francia, Luxemburgo y Portugal-, Latinoamérica -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay- y Asia- China, India y Singapur. En Oceanía, Prosegur está presente en Australia.
Este crecimiento confirma el éxito del modelo integrado de seguridad que Prosegur desarrolla y que le permite seguir posicionada como referente en los mercados en los que está presente, con una estrategia de negocio claramente diferenciada: cercanía con el cliente, excelencia y calidad en el servicio, unidos a una sólida posición financiera.
Actualmente, la Compañía ofrece servicios que abarcan distintos ámbitos de la seguridad: Vigilancia, Logística de Valores y Gestión de Efectivo, Tecnología y Alarmas.
Para Prosegur, las principales exigencias que se marca a la hora de atender a sus clientes, son; la calidad en el servicio, unida a la especialización en la oferta de soluciones que ofrece a las empresas, unida a una continua formación de sus profesionales y la inversión continua en innovación para incorporar los avances tecnológicos.
En cuanto a la importancia de la seguridad en el sector náutico, siempre ha sido de vital importancia en este sector, como se refleja en el tratamiento legislativo que se ha dado a este asunto, tanto en el ámbito nacional como europeo.
La modernización y el desarrollo tecnológico que ha experimentado el sistema portuario español, ha contribuido a disminuir el catálogo de riesgos asociados a la actividad portuaria. De cualquier forma, al hablar de seguridad, no podemos olvidar la aprobación en los últimos años de diferentes normativas por la que se establecen las medidas de protección de las infraestructuras críticas, donde los puertos se encuentran dentro de uno de los doce sectores estratégicos.
Prosegur empezó a interesarse en las cuestiones de la seguridad portuaria, por un lado, por la amplitud del concepto de infraestructuras críticas, el gran abanico de sectores afectados y distintos riesgos a los que están sometidos, exige la necesidad de afrontar su protección desde un punto de vista multidisciplinar, implicando a numerosos organismos públicos y privados.
Por otro, no se puede obviar que en la actualidad se está asistiendo dentro del mercado de la demanda turística a una serie de importantes cambios dentro del modelo que introducen elementos enriquecedores de la denominada oferta turística. Dentro de esta tendencia, el turismo náutico, en el cual Baleares es líder, requiere de medidas urgentes en su política de seguridad para evitar la vulnerabilidad de sus infraestructuras. Por este motivo, ya existen puertos deportivos que están trabajando en ello y a los que se les está proponiendo un modelo de protección basado en la prevención, para dotar de un sistema integral de seguridad combinando la tecnología con el mejor equipo humano.
Un puerto deportivo necesita alcanzar un muy alto nivel de calidad y excelencia dentro de los diferentes servicios, logrando incluso la distinción entre los clientes y usuarios de las instalaciones. Todo puerto deportivo debe lograr que sus clientes se sientan personalmente seguros, y que la integridad de sus embarcaciones y o de sus bienes están garantizados.
En este sentido, un plan de seguridad debe contener una meditada evaluación, con una correcta proporcionalidad de uso de los Medios y Medidas de Protección, así como contar con la máxima fiabilidad y despliegue de los sistemas tecnológicos sin olvidarnos de lo más importante; la formación y el detalle de los procedimientos.
Por lo que respecta a los puertos comerciales, la seguridad en los puertos comerciales, al ser de dominio público en su gran extensión, compete a la Autoridad Portuaria y concretamente recae en el director del Puerto, que a su vez, se apoya en la Policía Portuaria cuya misión es la de realizar el control y vigilancia de la zona de servicio del Puerto y de las operaciones marítimas y terrestres relacionadas con el tráfico portuario.
Prosegur aporta tecnología que le permite realizar la detección de intrusión perimetrales, la detección de paso y movimiento en los viales del puerto, la detección de intrusión áreas críticas o de interés, la instalación de arcos y scanner RX en zonas de control de acceso y la instalación de barreras de detección de aproximación a embarcaciones amarradas en el exterior centro de control de seguridad remoto y físico, entre otros.
Además ofrece servicios de consultoría que ofrecen una evaluación de la seguridad conforme a reglamentos y recomendaciones OMI y OIT, determinando el nivel de vulnerabilidad e incluyendo acciones para cumplimiento y mejor.
Asimismo, la Compañía lleva a cabo planes de emergencia, manuales de autoprotección, análisis de riesgos, proyectos de Seguridad integral, auditorías, adecuación a los procedimientos del puerto y formación en seguridad a Guarda muelles, Técnicos y Dirección.
Prosegur apuesta por la innovación para desarrollar una gama de servicios adaptados a las particularidades concretas de cada cliente y sector de actividad. En este sentido, la principal ventaja competitiva reside en una oferta de soluciones integrales, que cubren todos los ámbitos de la seguridad, desde el servicio de recogida y transporte del efectivo, hasta vigilancia, combinadas con la más avanzada tecnología. Esto permite al cliente resolver todas sus necesidades de seguridad a través de un único proveedor y, de este modo, le ayuda a ser más eficiente en sus procesos.
El cliente de Prosegur demanda soluciones de seguridad que les permita maximizar sus resultados de negocio, por tanto nuestro objetivo es aprovechar las nuevas tecnologías para ofrecer un modelo de seguridad eficiente y sostenible. Con este fin, la Compañía ha lanzado Prosegur Integra, que combina e integra todos los servicios que abarcan el ciclo de seguridad, según las necesidades de cada cliente, con el fin de optimizar su solución.
Este enfoque es la base del éxito de Prosegur y permite a la Compañía ser un referente en los mercados donde está presente, con una implantación geográfica sólida. Al mismo tiempo, Prosegur cuenta con un modelo de negocio sólido que le ha permitido seguir ampliando nuestra actividad hacia nuevos mercados. Actualmente, con un equipo de más de 150.000 profesionales prest servicios en 17 países de Asia, Europa, Latinoamérica y Oceanía. Para más información visite www.prosegur.com
En septiembre serán suprimidos los últimos servicios de escolta a amenazados por ETA
El Departamento de Seguridad limitará la protección a los principales cargos institucionales de la política y la judicatura.
BILBAO - Los servicios de escolta que la Ertzaintza ha venido realizando como parte fundamental de su actividad a personas amenazadas por ETA serán historia a partir del próximo mes. De este modo culminará la progresiva reducción de esta labor llevada a cabo por el Departamento de Seguridad desde 2013, y que de hecho empezó a producirse en la anterior legislatura, con el PSE en el Gobierno vasco. Según ha podido saber DEIA, en la primera quincena del mes pasado los jefes de la Unidad de Protección y Seguridad comunicaron personalmente a una decena de políticos y excargos públicos que iban a dejar de tener escolta, un proceso que se está acometiendo de forma paulatina y que concluirá en septiembre.
Fuentes conocedoras de la situación afirmaron que entre los afectados hay presidentes territoriales o autonómicos de partidos, parlamentarios y exconsejeros, todos ellos del PSE, PP y el PNV. Como consecuencia, a partir de ahora el Gobierno vasco se limitará a garantizar la seguridad de los principales cargos institucionales de la política y la judicatura, equiparándose así al resto de comunidades autónomas del Estado español. Ello incluye al lehendakari y sus consejeros, la presidenta del Parlamento Vasco, los portavoces de los distintos grupos políticos, el presidente del TSJPV y el fiscal superior de la CAV. También mantienen la protección el exlehendakari Patxi López, el exconsejero de Interior Rodolfo Ares y testigos protegidos en procesos judiciales.
El viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, adelantó en declaraciones a la Ser que en cuestión de pocas semanas se procederá a una nueva reorganización del servicio de escolta de la Ertzaintza que “podría ser la última”. Dejó claro que en ningún caso se reducirán los miembros de la Unidad de Protección y Seguridad, formada por 143 berrozis, sino que se adecuarán los servicios y el personal escoltado, hasta mantenerlos tan solo en los casos de representación institucional. Fuentes del Departamento de Seguridad afirmaron a este medio que este proceso persigue “ajustarse a la nueva realidad sin ETA, llegar a una situación de normalidad” después de que la violencia “motivara que tantas personas tuvieran que llevar escolta”.
Estas fuentes agregaron que la propia “readaptación a la vida normal” es complicada, por lo que la retirada de estas últimas escoltas está siendo progresiva desde finales de julio. Se trata, por tanto, de un escenario muy diferente al que, en los años de mayor actividad de la banda, llegó a traducirse en miles de guardaespaldas privados y cientos de ertzainas dedicados a la protección de vips, según el argot policial. Por ejemplo, en 2009, con 1.492 personas amenazadas en Euskadi, había 2.500 escoltas de empresas privadas en la CAV y 1.500 en Nafarroa, así como 400 ertzainas dedicados a labores de protección. La demanda de escoltas era tal que, en 1998, además de la Unidad de Protección, la entonces Consejería de Interior creó la Unidad de Acompañamientos, que llegó a estar formada por 200 agentes.
El año pasado ya fue prolijo en medidas derivadas del abandono definitivo de las armas anunciado por ETA en octubre de 2011. Así, el Departamento de Seguridad hizo desaparecer la Unidad de Acompañamientos para reforzar la Brigada Móvil y las comisarías, ciñó la presencia de guardaespaldas privados a la protección de mujeres víctimas de violencia de género y redujo la Unidad de Protección y Seguridad sacando de la misma a 93 agentes sin plaza en propiedad, quedando formada por 143 berrozis. Entonces había 36 amenazados.
NUEVO SISTEMA El sindicato Euspel, mayoritario en la Unidad de Protección y Seguridad, criticó el actual sistema de escolta de a uno por los riesgos que conlleva, y pidió que los vips vuelvan a estar acompañados por dos agentes. “Ellos mismos nos trasladan que se duermen al volante y que más de una vez han dando bandazos, ¡y con un consejero sentado detrás!”, afirmaba a DEIA el presidente de la central, Txutxi Castelo. “Los transportistas tienen un número determinado de horas que deben dormir, y aquí eso se incumple totalmente”, señaló. Agregó que “el día que alguien sufra un accidente, el Gobierno vasco va a tener una querella gorda”.
Puso como ejemplo que, si se realiza un viaje a Madrid para volver al día siguiente, el ertzaina puede tener tan solo cuatro horas para dormir. También el hecho de que un protegido viva fuera de Euskadi y haya que ir a buscarle todos los días, o el elevado número de kilómetros que realizan algunos consejeros. Castelo citó además otros problemas de esta unidad como la pretensión de que sean los propios ertzainas los que paguen las multas -de hasta 600 euros, aseveró- y el nuevo calendario de trabajo: “Los agentes están trabajando a piñón, la mayoría ha superado ya las horas de trabajo estipuladas y esta es la única unidad en la que se está cobrando por horas de exceso”.
Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, que desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.
18 de agosto de 2014
Interior destina 33 millones de euros en seguridad privada para vigilar las cárceles
Los sindicatos de funcionarios de prisiones critican esta privatización de la vigilancia de los centros penitenciarios
Los ánimos entre los funcionarios de prisiones valencianos están muy caldeados después de comprobar cómo avanza el proyecto piloto de privatización de los servicios de vigilancia exterior en los centros penitenciarios, función que durante años ha desempeñado la Guardia Civil. Así, mientras el Ministerio del Interior ha destinado más de 33 millones de euros a la contratación de 800 vigilantes, que serán destinados a 67 cárceles en todo el país, los sindicatos de prisiones critican que no se están cubriendo los puestos de funcionario y que con ese dinero podrían haber lanzado una oferta de empleo público que superaría las 1.000 plazas de funcionarios de prisiones.
Fuentes de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) aseguran que este proyecto, al que califican de «una privatización encubierta», es un intento de recolocar a todos los escoltas que se encargaban de la vigilancia de políticos y personalidades y que ahora se han quedado sin trabajo.
Estas mismas fuentes sostienen que todo comenzó a gestarse con la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada y que poco a poco el Gobierno va a ir introduciendo en las prisiones «empresas de seguridad privada afines a sus intereses».
«Desde APFP rechazamos esta privatización encubierta de un servicio público esencial como es la seguridad exterior en los centros penitenciarios, que supone una pérdida de calidad, efectividad, y rigor profesional, con los que prestan sus servicios los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad en la vigilancia exterior», explicó el portavoz de dicho sindicato.
La argumentación dada por el Gobierno es que con esta medida se pretende optimizar los recursos disponibles y dar un uso eficiente de los fondos públicos, para compensar la falta de personas de las fuerzas de seguridad del Estado debido a una disminución en la oferta de empleo público. No obstante, los sindicatos de prisiones y las asociaciones de Guardias Civiles consideran que la calidad del servicio se va a ver afectada y temen que con el tiempo las empresas públicas solicitarán asumir más puestos en los centros penitenciarios.
Mientras tanto los sindicatos de prisiones se sienten preocupados por la alarmante falta de funcionarios que acarrean desde hace tiempo, consecuencia de no cubrir las bajas por jubilación. De hecho, en los próximos quince años se jubilarán 6.000 trabajadores de instituciones penitenciarias, cuyos puestos podrían acabar siendo cubiertos con seguridad privada.
III Congreso Nacional de Seguridad Privada
Tras la aprobación de las Cortes Generales, el pasado mes de marzo, de la nueva Ley de Seguridad Privada, que sustituye a la norma vigente desde el año 1992, el sector se halla más cerca de contar con un marco regulador definitivo cuyo acento lo pondrá el Reglamento que cuya aprobación está prevista para principios de 2015.
La nueva ley establece un marco actualizado para las actividades relacionadas con la Seguridad Privada en España. Como señala su preámbulo, esta nueva ley “representa un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su conjunto, que pretende abarcar toda la realidad del sector existente en España, al tiempo que lo prepara para el futuro”. En este sentido, las asociaciones participantes en el III Congreso Nacional de Seguridad Privada y la revista Seguritecnia se han agrupado en varias comisiones de trabajo, de las que ha salido un dosier conjunto que recoge sus demandas en torno al desarrollo de los capítulos de la ley. La organización del Congreso trasladará ese documento a la Administración este mes para que tenga las propuestas de todo el sector a una sola voz.
Se trata de un dosier de propuestas, profundamente meditadas y consensuadas, que tienen como objetivo verse reflejadas en el texto del nuevo Reglamento y que ayudarán a agilizar el proceso de elaboración.
El III Congreso Nacional de Seguridad Privada, que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre, permitirá descubrir el nivel de aceptación de esos planteamientos y precisar muchos de los aspectos que conformarán el nuevo Reglamento de Seguridad Privada. Una cita fundamental para todo el sector en donde el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, inaugurará este trascendental evento, que permitirá analizar el contenido de la norma y plantear los deseos del sector en torno al nuevo Reglamento.
En los próximos meses haremos público el dossier de propuestas presentado al Ministerio del Interior.
En los próximos meses haremos público el dossier de propuestas presentado al Ministerio del Interior.
Acreditación del profesorado en centros de formación, actualización y adiestramiento del personal de Seguridad Privada
Acreditar la capacidad pedagógica y el grado de conocimientos de las personas que vayan a impartir clases al personal de Seguridad Privada.
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¿Qué es?
Acreditar la capacidad pedagógica y el grado de conocimientos de las personas que vayan a impartir clases al personal de Seguridad Privada.
Clases y tipologías
Acreditación área jurídica.
Acreditación área socio-profesional.
Acreditación área técnico-profesional.
Acreditación módulo sistemas de comunicaciones.
Acreditación módulo protección contra incendios.
Acreditación módulo medios de detección (Rayos X).
Acreditación módulo primeros auxilios.
Acreditación módulo preparación física.
Acreditación módulo defensa personal.
Acreditación módulo armamento y tiro.
Acreditación módulo protección y seguridad.
Acreditación módulo explosivos.
Acreditación módulo guías caninos.
Acreditación módulo seguridad aeroportuaria.
Acreditación módulo seguridad portuaria.
Acreditación módulo vigilancia en buques.
¿Quiénes son los interesados?
Unión europea
Requisitos
Nacionalidad: Unión europea
Otros Requisitos:
Destinatarios: -Además de los nacionales de paises de la U.E., tambien se admite a los nacionales de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o bien le sea aplicable lo dispuesto en la legislación sobre régimen comunitario conforme al RD 240/2007 de 16 de Febrero.
Requisitos Académicos:
Estar en posesión de titulacion universitaria superior, cuando la asignatura de que se trate esté integrada como enseñanza de tal caracter dentro del sistema educativo general.
En el supuesto de materias no recogidas en el sistema educativo general público, dicha acreditación será expedida por el Director General de la Policía, salvo que la enseñanza estuviese específicamente relacionada con la formación de alumnos aspirantes a guardas particulares del campo y sus especialidades en cuyo caso será expedida por la Dirección General de la Guardia Civil. Para expedir esta acreditación habrá de tenerse en cuenta la capacidad pedagógica y la calidad y grado de conocimientos característicos de los aspirantes, manifestados con preferencia, a través de sus publicaciones, actividad docente previa y en el ejercicio de su profesión.
En todo caso se tendrá en cuenta a efectos de acreditación, la experiencia práctica adquirida por los aspirantes en el ejercicio de sus funciones relacionadas directamente con seguridad. (Orden INT/318/2011 de 1 de febrero)
Periodo de validez
PERMANENTE, siempre que persista la "Cualificación Académica" del solicitante.
¿Cuál es el importe o cuantía?
Modelo 790, tarifa 11, importe: 51,81 Euros
Modelo 790, tarifa 14: Por cada documento a compulsar 3,72 € y 1,85 € por cada página adicional del documento
¿Como se gestiona?
Instancia-solicitud. Documentación exigida (original y fotocopia) para su entrega directa y compulsa en dependencias de la Dirección General de la Policía.
¿Dónde se presenta la documentación?
Sección de Seguridad Privada de la División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía y Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía.
Documentos
Documento Acreditativo de Pago de Impuestos
Pasaporte/D.N.I./N.I.F/Tarjeta Residencia
Titulación Homologada
Otra documentación: APORTARÁN MEMORIA PEDAGÓGICA DE CAPACIDAD, específica para cada materia, Y CURRICULUM, compresivo de los conocimientos relacionados con la materia solicitada, los solicitantes de los Módulos o Áreas no recogidas específicamente en el Sistema Educativo General Público (punto 2 del Anexo 2 de la Orden INT/318/2011 de 1 de febrero).
Datos básicos del procedimiento
Forma de iniciación: A solicitud del interesado.
Tipo de procedimiento: Autorizaciones, Licencias y Concesiones.
Materia del procedimiento: EDUCACIÓN y SEGURIDAD CIUDADANA
Resolución del procedimiento:
Órganos competentes para resolver este procedimiento:
Por competencia propia
Dirección General de la Policía
Director General de la Policía (por delegación, el Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía)
Plazo máximo para resolver y notificar: 3 meses
La resolución del procedimiento no pone fin a la vía administrativa
Efecto de la falta de resolución en este plazo: Estimatorio (inicio a solicitud del interesado).
Normativas que regulan el silencio administrativo:
LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, articulo 43, modificada por la LEY 4/1999, de 13 de enero, (BOE Nº 285, DE 27 de noviembre de 1992 y BOE Nº 12, de 14 de enero de 1999).
Recursos que se pueden interponer:
Contencioso - Administrativo
Órgano que resuelve el recurso:
Juzgado Contencioso - Administrativo.
Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo; Salas de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Plazo de interposición del recurso: 2 meses
Potestativo de Reposición
Órgano que resuelve el recurso: Órgano que dictó el acto.
Plazo de interposición del recurso: 1 mes
Alzada
Órgano que resuelve el recurso: Superior Jerárquico
Plazo de interposición del recurso: 30 Días
Normativa:
Orden INT/318/2011 de 1 de febrero sobre el personal de seguridad privada.
Resolución de 12 de noviembre de 2012 de la Secretaria de Estado de Seguridad por la que se determinan los programas de formación del personal de seguridad privada.
Resolución de 6 de junio de 2012 por la que se constituye la Comisión de Valoración.
LEY 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada (BOE Nº 186, de 4 de agosto)
LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, articulo 43, modificada por la LEY 4/1999, de 13 de enero, (BOE Nº 285, DE 27 de noviembre de 1992 y BOE Nº 12, de 14 de enero de 1999).
REAL DECRETO 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a la LEY 30/1992, determinadas normas procedimentales, apartado A. (BOE Nº 199, de 20 de agosto).
REAL DECRETO 2364/1994, DE 9 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA (BOE Nº 8, DE 10 DE ENERO DE 1995).RESOLUCION DE 13 DE ENERO DE 1997.
RESOLUCION DE 13 DE ENERO DE 1997.
DIRECTIVA Directivas 89/48 y 92/51 de la C.E.
LEY 14/2000 DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ORDEN SOCIAL.
REAL DECRETO 1123/2001 Seguridad privada.- se modifica parcialmente el Reglamento de Seguridad Privada aprobado por Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre.
REAL DECRETO 1398/1993 Se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
REAL DECRETO 240/2007 sobre entrada libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
REAL DECRETO 4/2008 por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Seguridad Privada.
REAL DECRETO 938/1997 se completa la regulación de los requisitos de autorización de empresas de seguridad y los de habilitación del personal de Seguridad Privada.
REAL DECRETO LEY 2/1999 de modifica la Ley 23/1992, de 30 de julio de Seguridad Privada.
RESOLUCIÓN de 13 de Enero de 1997, de la Dirección General de la Policía, en materia de formación, en el ámbito de la Seguridad Privada.
RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1998, de la Dirección General de la Policía, relativa a materia de formación en el ámbito de la Seguridad Privada.
SENTENCIA Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de Enero de 2006.
TRATADO Y ACUERDO INTERNACIONAL Tratado de la Unión Europea.
Código del procedimiento: 111340
15 de agosto de 2014
Fogasa: garantía convertida en desesperanza
Colapsa el Fondo que debía evitar el desamparo de los desempleados a los que sus empresas les adeudan salarios e indemnizaciones
El atasco de expedientes por resolver asciende a 8.000 y afecta a unos 12.000 trabajadores de empresas en quiebra
En agosto de 2011, la provincia de Las Palmas se encontraba entre las seis con más atraso de España en la resolución de los expedientes presentados por los desempleados en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). En el conjunto de Canarias, existían 3.550 denuncias sin resolver. Tres años después esa cifra ha superado el doble, rozando los 8.000 expedientes atascados.
Unos 12.000 canarios, aproximadamente, que vieron cómo sus empresas se declaraban insolventes desde el año 2012 tras acumular meses sin abonarles los salarios, y ni mucho menos una indemnización cuando quebraron, aún no han cobrado en las Islas lo que por derecho les pertenece.
Muchos de ellos, además, ya no perciben ninguna prestación por desempleo, han cronificado su situación de parado y han transitado por los peores años de sus dos crisis (la propia y personal y la del conjunto de la economía) sin tener el colchón de los miles de euros que sus empresas les adeudan.
Una deuda que, de media, ronda los 5.000 euros por trabajador (aunque en ocasiones duplica y triplica esta cantidad) y que podría haber servido de ayuda a los asalariados para afrontar la necesidad de dar un giro a su vida profesional tras la quiebra de las empresas en las que trabajaban.
Jugar con la esperanza
Ese es el objetivo del Fogasa, que sin embargo se ha convertido en un circo burocrático donde se juega con la esperanza de quienes menos culpa tuvieron de la entrada en quiebra e insolvencia de sus patronos.
Y esa realidad provoca un doble desamparo en una Comunidad Autónoma donde la tasa de desempleo, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), es del 32,7%, y más de 600.000 canarios se encuentran bajo el umbral de la pobreza, el 28,4% de la población de las Islas.
Muchas de esas 12.000 personas que aún no han cobrado su 'garantía salarial' dependían de ella para cubrir sus necesidades básicas y han quedado desamparadas.
El propio Ministerio reconocía en mayo en el Congreso de los Diputados que aunque la antigüedad media de los expedientes no resueltos era de 216 días, existían muchos datados en 2012 e, incluso de años anteriores.
Lo cierto es que los retrasos se han ido acumulando y aumentando año a año y, así, en diciembre de 2013 afectaba a 6.126 expedientes de Las Palmas, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el atraso impidió el cobro de las prestaciones a 2.615 trabajadores.
El Fogasa pagó el año pasado en Canarias 47,13 millones de euros, siendo la prestación media de 5.853 euros, 149 euros menos que en 2012. En el caso de los salarios se situó en los 3.663,4 euros (347 euros menos) y en el de las indemnizaciones, en los 5.417,4 euros (5,4 euros más).
Imprevisión
La imprevisión del Ministerio de Empleo sobre los efectos de la reforma laboral, a los que se unía el cierre acumulado de empresas anteriores a 2011, ha sido manifiesta. No consideró conveniente incrementar la plantilla del organismo y, cuando lo hizo, fue tarde y precaria.
Después sacó del Fogasa por decreto a las pequeñas empresas con menos de 20 trabajadores, esperando que la menor carga de trabajo permitiera agilizar la tramitación de los salarios pendientes, pero los datos siguen demostrando que los trabajadores despedidos siguen sufriendo los retrasos de un organismo que se financia con sus propias cotizaciones.
Ni siquiera la decisión que más le gusta al PP, que es privatizar la gestión, ha servido para nada, sino que ha empeorado la situación.
En septiembre de 2013 el Fogasa decidió privatizar la gestión de un total de 180.000 expedientes de toda España que entonces estaban a la espera de resolver. En marzo de este año, con un coste de más de 3,5 millones de euros, no se habían resuelto ni 3.000 expedientes.
Además de la ineficacia, las centrales sindicales denunciaron que la privatización genera numerosos problemas jurídicos relacionados con la protección de datos, la propia competencia para resolverlos y la imposibilidad material de hacer un seguimiento de la situación de cada uno de los expedientes.
De nuevo, la maquinaria burocrática y la ideología del PP ha sido nefasta para los derechos salariales de trabajadores que han sido despedidos por quiebra o concurso de acreedores de las empresas, sin ingresos para subsistir porque tenían sueldos pendientes y liquidaciones.
El Fondo de Garantía Salarial era su tabla de salvación, pero se ha convertido en el peso que los ha hundido aún más en el océano de la exclusión social.
Un tercio de los convenios colectivos vigentes en julio mantenía congelados los salarios
- Según los datos del Ministerio de Empleo, había 1.046 convenios activos en julio
- La congelación figuraba 353 convenios y afectaba a 732.505 trabajadores
- La subida salarial media pactada en el total de convenios era del 0,55%
Un tercio del total de 1.046 convenios colectivos que estaban vigentes en julio pasado contemplaba la congelación de los salarios de los trabajadores afectados, según los datos provisionales del Ministerio de Empleo publicados este martes.
Según esas estadísticas, casi el 80% de los convenios registrados hasta julio recogían una subida salarial inferior al 1% que tenía efecto en 2,4 millones de trabajadores.
Solo 11 convenios (que afectan a 6.660 trabajadores) contemplaban un recorte de sueldos -con una rebaja media del 2,47%-, mientras que 353 congelaban los salarios (302 convenios de empresa y 51 de ámbito superior al empresarial), una cifra que supone el 33,75% del total y afecta a 732.505 trabajadores.
Subida salarial media del 0,55%
Así, la subida salarial media pactada en los convenios colectivos registrados hasta julio de este año se mantuvo en el 0,55%, solo una centésima superior al dato de junio. Esta variación salarial supera en más de ocho décimas la tasa del IPC interanual que el mes pasado se situó en el -0,3%.
A 31 de julio de este año se habían registrado 1.046 convenios colectivos, un 15,7% más que en el mismo período de 2013, con efectos sobre 3.768.100 trabajadores, un 54,7% más.
Más de la mitad de los convenios registrados (629) iniciaron sus efectos económicos antes de 2014, mientras que 417 convenios han sido firmados este año. Estos convenios de 2014 recogen una subida salarial media del 0,59% (0,13% en los convenios nuevos de empresa y 0,65% en convenios sectoriales), mientras que los convenios con efectos económicos anteriores a 2014 contemplan un alza salarial del 0,54%.
De los 707 convenios de empresa registrados hasta julio, 636 pertenecían a empresas privadas, con una subida salarial media del 0,57%, mientras que 45 pertenecían a empresas públicas, uno a la Administración del Estado, y 25 en las administraciones autonómicas y locales. En las empresas públicas se contemplaba una subida salarial media del 0,14%, mientras que en los convenios de la administración estatal y autonómica las retribuciones permanecieron congeladas.
Por sectores, la mayor alza salarial pactada la registró la construcción (1,29%), seguida de la agricultura (0,70%), la industria (0,59%) y los servicios (0,51%).
La subida salarial pactada hasta julio se encuentra en línea con las recomendaciones del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (ANC) pactado por sindicatos y empresarios para el período 2012-2014. En dicho acuerdo se recomendaba a los negociadores de ambas partes que los aumentos salariales pactados en 2014 deberían ajustarse al ritmo de actividad de la economía española, de tal forma que no deben exceder el 0,6% siempre que el incremento del PIB a precios constantes de 2013 sea inferior al 1%.
Del total de convenios registrados hasta julio, 707 eran convenios de empresa -con efectos sobre 232.207 trabajadores-, mientras que 339 eran convenios de ámbito superior al empresarial y daban amparo a 3.535.924 trabajadores.
Casi 170 descuelgues de convenios en julio
La estadística de Empleo revela además que en julio se registraron 169 inaplicaciones de convenios o descuelgues, un 14,6% menos que en igual mes de 2013, que afectaron a 3.216 trabajadores, un 85,5% menos. En los siete primeros meses de 2014 se contabilizaron 1.532 descuelgues -un 3,5% menos que en igual período de 2013-, con efectos sobre 50.232 trabajadores, un 54,6% menos.
El descuelgue de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas. La reforma laboral, que cumple ahora dos años de vigencia, introducía mayor facilidad para que empresarios y trabajadores pudieran pactar estas inaplicaciones. El objetivo, según el Gobierno, era el de evitar despidos.
El 78% de los trabajadores afectados por inaplicaciones hasta julio se concentró en el sector servicios, donde se produjeron 1.191 descuelgues, mientras que 6.831 afectados pertenecían a la industria (219 descuelgues), 1.309 al sector de la construcción (99 inaplicaciones), y 1.030 a la agricultura (23 descuelgues).
Asimismo, el 47,7% de los trabajadores afectados hasta julio por inaplicaciones de convenio está empleado en empresas de 250 trabajadores o más, aunque la mayoría de las empresas que aplican un descuelgue del convenio pactado (el 84,4%) tiene plantillas de entre 1 y 49 trabajadores.
La gran mayoría de las inaplicaciones presentadas hasta julio, el 90,9%, indican el descuelgue en la cuantía salarial pactada en convenio. En concreto, el 62% señala que solo dejan de aplicar el convenio en lo referente a la cuantía salarial, mientras que el 15,2% ha inaplicado el sistema de remuneración además de la cuantía salarial.
El 98% de los descuelgues se resolvieron con acuerdo entre las partes en el período de consultas y el 96,8% han inaplicado un convenio o varios de ámbito superior a la empresa, de acuerdo con los datos del Ministerio.
Dos detenidos al ser sorprendidos cuando intentaban robar en la biblioteca de la Facultad de Derecho
La Policía Nacional ha detenido en la madrugada de este miércoles a dos hombres de 42 y 57 años, con más de un centenar de detenciones entre ambos, acusados de fracturar la cristalera de la biblioteca de la Facultad de Derecho de Granada con el lanzamiento de piedras de grandes dimensiones con la presunta intención de acceder al interior para robar, causando daños valorados en más de 200 euros.
Sobre las cinco de la mañana el vigilante del edificio escuchó fuertes golpes, y sorprendió a estos dos individuos intentando entrar al interior de la biblioteca, por lo que alertó inmediatamente a la Policía Nacional a través de llamada al 091.
Los dos hombres, al percatarse de la presencia del vigilante, huyeron del lugar sin conseguir su objetivo, aunque un ciudadano que se encontraba por la zona fue testigo de lo acaecido en el lugar, informa la Policía en una nota.
La dotación de Policía Nacional que se personó en la Facultad, gracias a la colaboración del vigilante de seguridad y a la del testigo, localizó a los dos presuntos autores del asalto violento a la biblioteca en las inmediaciones, por lo que fueron detenidos y una vez finalizadas las diligencias policiales fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes de Granada.
Las detenciones han sido realizadas por agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional de Granada que contaron con la colaboración ciudadana del vigilante de seguridad y del viandante que fue testigo de los hechos.
La CNMC pide al Gobierno que no incluya en el contrato de seguridad privada la subrogación del personal
RESTRINGE LA POSIBILIDAD DE COMPETENCIA EN LA LICITACIÓN
Rechaza la cláusula indemnizatoria por reducción del servicio porque restringe el "principio de riesgo y ventura" inherente al contrato
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pide al Gobierno que no incluya en el contrato centralizado de servicios de seguridad integral para varios edificios públicos la obligación de subrogar al actual personal que presta este servicio o que, al menos, se "interprete restrictivamente" esta obligación por cuanto limita la posibilidad de competencia.
Así se recoge en el 'Informe sobre los pliegos del contrato centralizado de servicios de seguridad integral y de auxiliares de control en edificios de la Administración General del Estado y sus organismos' que este jueves ha publicado el 'superregulador' y que recoge Europa Press.
El contrato al que se refiere el documento fue licitado por el Ministerio de Hacienda el pasado 18 de julio para cubrir los servicios de vigilancia y protección de bienes, el mantenimiento de equipos e instalaciones de seguridad y los servicios auxiliares de control (conserjería y portería) de una veintena de edificios de la capital, entre ellos los ministerios de Agricultura, Educación o Hacienda; la Confederación Hidrográfica del Tajo o la Delegación del Gobierno en Madrid.
La licitación está dividida en cuatro lotes valorados en 30,4 millones --van de los 14,27 millones el más grande a 965.900 euros el más pequeño-- por un periodo de 22 meses prorrogables por el mismo tiempo, lo que eleva el presupuesto a un máximo de 55 millones. Con ello se ahorrarán unos 4 millones de euros.
Los servicios se irán incorporando desde el 1 de diciembre de 2014 hasta julio de 2015 en función de la finalización de los 22 contratos en vigor actualmente. En todo caso, la finalización es fija para todo el contrato y está fijada el 30 de septiembre de 2016.
VALORACIÓN POSITIVA GENERAL
Así, la CNMC hace una valoración positiva general de la unificación del contrato en aras a conseguir una "mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos", y agradece también que se le hayan remitido los pliegos para su estudio. No obstante, recomienda que la próxima vez la consulta se haga antes de publicar el concurso.
No obstante, advierte de que existen algunos problemas desde el punto de vista de la competencia, como la obligación de subrogar al personal que actualmente presta el servicio. La Comisión subraya que "se corre el riesgo de perder gran parte de la posibilidad de competencia en la licitación" ya que la plantilla constituye un "input fundamental" en el precio que se puede ofrecer.
Es decir, que muchas pequeñas empresas no podrían asumir el coste de incorporar una "estructura organizativa alternativa" a la propia, lo que podría disuadir a algunos posibles licitantes de concurrir. Además, se trata de un criterio con "excesivo peso" en la valoración pese a ser "escasamente relevante para la ejecución de la prestación" e "imponer costes adicionales".
"Por esos motivos, se recomienda que la exigencia de subrogación debiera, si no eliminarse, cuanto menos interpretarse restrictivamente por parte de los órganos de contratación", concluye el organismo que preside José María Marín Quemada.
En otro punto del informe se reclama "una mayor justificación" a la inclusión, entre las condiciones de solvencia, de la exigencia de un número de trabajadores con formación profesional concreta, ya que "además de introducir una posible barrera de entrada a la prestación del servicio se impone una limitación a la libertad de organización de recursos del adjudicatario".
"El hecho de exigirse en todos y cada uno de los lotes estos requisitos de personal puede ser especialmente restrictivo, en la medida en que para un licitador que pudiese obtener más de un lote podrían generarse sinergias que permitiesen ganancias en eficiencia. Cabe pensar que, salvo justificación expresa en contra, pudiera compartirse personal entre lotes adjudicados a un mismo licitador dada la escasa dispersión geográfica", añade la CNMC.
LIMITAR EL RIESGO
La Comisión también recomienda eliminar la cláusula que prevé una indemnización equivalente al 3% de los servicios contratados si se produce una reducción del servicio superior al 10% del importe de la adjudicación. "No se considera adecuado restringir el principio de riesgo y ventura que debe asumir el contratista, sin que quepa aventurar además beneficio alguno para los usuarios del servicio", señala.
Con respecto a los plazos de duración del contrato, pese a comprender la necesidad de tiempos largos ante un servicio complejo como la seguridad integral, la CNMC recomienda que el derecho a prórroga se interprete "de forma restrictiva, examinando su necesidad, proporcionalidad y mínima restricción" dado que supone "el cierre absoluto del mercado durante su vigencia".
Además, cree que esta figura no debería justificarse alegando que incentiva a los posibles licitadores, ya que ese mismo objetivo "podría conseguirse por otras vías menos restrictivas para la competencia".
VALORACIÓN DE LOS CONTRATOS
La CNMC se centra por último en los criterios de aceptación de ofertas y en el procedimiento de valoración. Así, cree que deberían reducirse las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y profesional o técnica para presentarse a cualquiera de los lotes, y no sólo al de menor cuantía, de modo que se favorezca la concurrencia.
También opina que las exigencias económicas a las empresas aspirantes deberían ser acumulativas de diferentes años para no ser "excesivas o desproporcionadas" para las pymes, del mismo modo que no deberían incluirse criterios económicos --como los presupuestos o el volumen de negocio-- entre los requisitos de solvencia técnica.
La CNMC cree que los licitadores de otros estados miembros de la UE deberían tener requisitos de solvencia "equiparables" a los exigidos a las empresas españolas, y también rechaza que se limite a dos los lotes por los que se pueden presentar ofertas, sugiriéndose la eliminación de este tope.
Asimismo, cree que la exigencia de visitar los edificios puede suponer un problema para licitadores de fuera de Madrid, sugiriendo la posibilidad de mandar la información por vía telemática; y avisa de los "claros efectos anticompetitivos" de que la primera fase de la valoración sea eliminatoria, ya que "excluye a operadores sin haber podido valorar de forma completa su oferta".
La Comisión advierte por último de que hay demasiados criterios sujetos a una "valoración subjetiva", lo que supone una "excesiva discrecionalidad"; y rechaza la inclusión del factor corrector de penalización para las bajas inferiores al 10% del precio, lo que "estimula la formalización de ofertas que incluyan bajas superiores a dicho porcentaje".
"Sería recomendable que, dada la trascendencia del criterio precio, se realice una justificación de por qué, frente a otros posibles porcentajes, se ha considerado que el 10% ha de ser el umbral adecuado que justifique esta diferencia en la asignación de puntuación en las ofertas", concluye.
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