Los sindicatos de funcionarios de prisiones critican esta privatización de la vigilancia de los centros penitenciarios
Los ánimos entre los funcionarios de prisiones valencianos están muy caldeados después de comprobar cómo avanza el proyecto piloto de privatización de los servicios de vigilancia exterior en los centros penitenciarios, función que durante años ha desempeñado la Guardia Civil. Así, mientras el Ministerio del Interior ha destinado más de 33 millones de euros a la contratación de 800 vigilantes, que serán destinados a 67 cárceles en todo el país, los sindicatos de prisiones critican que no se están cubriendo los puestos de funcionario y que con ese dinero podrían haber lanzado una oferta de empleo público que superaría las 1.000 plazas de funcionarios de prisiones.
Fuentes de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) aseguran que este proyecto, al que califican de «una privatización encubierta», es un intento de recolocar a todos los escoltas que se encargaban de la vigilancia de políticos y personalidades y que ahora se han quedado sin trabajo.
Estas mismas fuentes sostienen que todo comenzó a gestarse con la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada y que poco a poco el Gobierno va a ir introduciendo en las prisiones «empresas de seguridad privada afines a sus intereses».
«Desde APFP rechazamos esta privatización encubierta de un servicio público esencial como es la seguridad exterior en los centros penitenciarios, que supone una pérdida de calidad, efectividad, y rigor profesional, con los que prestan sus servicios los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad en la vigilancia exterior», explicó el portavoz de dicho sindicato.
La argumentación dada por el Gobierno es que con esta medida se pretende optimizar los recursos disponibles y dar un uso eficiente de los fondos públicos, para compensar la falta de personas de las fuerzas de seguridad del Estado debido a una disminución en la oferta de empleo público. No obstante, los sindicatos de prisiones y las asociaciones de Guardias Civiles consideran que la calidad del servicio se va a ver afectada y temen que con el tiempo las empresas públicas solicitarán asumir más puestos en los centros penitenciarios.
Mientras tanto los sindicatos de prisiones se sienten preocupados por la alarmante falta de funcionarios que acarrean desde hace tiempo, consecuencia de no cubrir las bajas por jubilación. De hecho, en los próximos quince años se jubilarán 6.000 trabajadores de instituciones penitenciarias, cuyos puestos podrían acabar siendo cubiertos con seguridad privada.
