José Luis Heras Celemín
ADIF es un nombre de origen hebreo que significa “el preferido”. También es el acrónimo que corresponde al Administrador De Infraestructuras Ferroviarias, una empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento que tiene como objetivos la construcción de líneas de ferrocarril en España y la gestión de su explotación.
Adif, que en 2012 tenía 13.224 trabajadores y es propietaria de la mayoría de las líneas de ferrocarril españolas, administra 13.945 kilómetros de vías de ferrocarril y tiene a su cargo el control de 1.566 estaciones. Su misión fundamental es enlazar por ferrocarril las estaciones que pueblan nuestros territorios, “Y hacerlo de forma segura”, manteniendo en perfecto estado vías, catenarias, sistemas de señalización, centros de control de la circulación y, por supuesto, las estaciones.
“Y hacerlo de forma segura”. El entrecomillado, que nace de la información que facilita ADIF, es lo que preocupa a usuarios, gestores y políticos. A todos interesa la seguridad en las vías y estaciones de ferrocarril por las que transitan ingentes cantidades de mercancías y, lo que es más importante, millones de viajeros. Esta seguridad es la que se cita en la querella criminal que la Asociación para la defensa del Patrimonio Común y lucha contra la Corrupción (ASPACOM) ha puesto contra cinco responsables de la empresa de seguridad privada SEGUR IBÉRICA S.A., que se ocupa de la vigilancia y seguridad en la Estación de Sants de Barcelona.
A los querellados (Enric Cabezuelo Pey, José Luis Novales Cadierno, Eduardo Gutiérrez Bueno, Miguel Carlos Luengo Vidal y Juan Manuel González Herrero) la querellante les atribuye la comisión de presuntos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, que dice conocer a través de los contratos de Seguridad y Vigilancia de la Biblioteca de Catalunya, por haber “tenido acceso circunstancial a información referida a los servicios de seguridad de Segur Ibérica SA a ADIF en Barcelona”.
ASPACOM cifra el fraude en 451.709,20 euros. Pero más importante que la cantidad defraudada es lo que se ha podido poner en peligro: La seguridad, que ha sufrido lo que en la querella se define como servicios no hechos según contrato y con una calidad dudosa.
La querella, que por turno de reparto llegó el 19 de diciembre pasado al juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona, fue admitida a trámite por auto de la magistrada-juez doña María Pilar Rovira del Canto, de 28 de febrero de 2014, dando lugar al Procedimiento Diligencias Previas 533/2014 Sección A.
Al comienzo del procedimiento, en el mismo auto de 28 de febrero, se advierten dos hechos: En el apartado Segundo de los “Fundamentos jurídicos”, recogiendo lo aportado en el escrito de querella que sirve de base para que sea admitida, la magistrada cita “…un principio de prueba documental que pone de manifiesto la inclusión de datos ficticios (horas, vigilantes…) en los cuadrantes de servicios presentados para la facturación de ADIF”. Mas adelante, en la Parte Dispositiva, ordena “Hágase ofrecimiento de acciones a la Entidad Pública de ADIF, como perjudicada, librando a tal efecto exhorto a Madrid”.
Con ello, además de iniciar el proceso, se abre una vía para conocer la seguridad que existe en la Estación de Sants de Barcelona; y se da la oportunidad de que ADIF tome la iniciativa para recuperar posibles pérdidas, evitar fraudes y mejorar la seguridad que debe a los usuarios del ferrocarril.
En la querella existe información que determina el fraude y pone de relieve las deficiencias que ha tenido la seguridad: Se cita una facturación de horas no realizadas según detalle de facturas y condiciones de contratos (contratos 2.7/2000.0619/0-00800 E01 y 2.7/2000.0619/0-00800 E02 LOTE NE2). Se aportan resúmenes mensuales en los que se han aumentando las horas trabajadas. E incluso se explican las tres formas usadas para cometer el fraude: Facturar más horas que las que había en el resumen mensual (enero, febrero y agosto de 2009) por importe de 506,60 €. Facturar horas no realizadas (enero de 2009 a octubre de 2010) por importe de 144.720,30 €. Y facturar horas hechas por personal no habilitado (enero a septiembre de 2009 y enero a octubre de 2010) por importe de 306.482,30 €.
También se revela dónde se han prestado los servicios con los nombres usados en los partes de trabajo (SANT, FRANCIA, GRACIA), los servicios prestados en cada lugar (SANTS: V3, SCANER, SCANER LAV), e incluso existe una información que, en medio del embrollo, produce una cierta tranquilidad: Se especifica cuáles son los VS (Vigilante sin Arma) y los VA (Vigilante Armado); y se comprueba que no se han detectado irregularidades entre los vigilantes armados.
Pero para tener una visión de lo que, según la querella, ocurría en los Servicios de Seguridad y Vigilancia que SEGUR IBÉRICA S.A. prestaba en la Estación de Sants, más que los datos económicos, es reveladora la declaración de una de las personas que trabajaron allí. Ésta es la que hace que cunda la alarma y pone en cuestión, además de la capacidad y formación de los encargados de procurar la seguridad de todos, el control que sobre ellos tienen la empresa de seguridad privada a la que pertenecen, ADIF que paga el trabajo, y las autoridades.
La declaración corresponde a don David Pérez Rubio, que dice haber trabajado en la Estación de Sants como vigilante de Seguridad, que manifiesta haber sido agredido en el servicio, y que refiere que, tras la atención de los Mossos de Esquadra, se instruyeron Diligencias Previas en el Juzgado número 2 de Barcelona por la agresión.
Lo preocupante, lo que hace saltar todas las alarmas y pone en cuestión la seguridad en la Estación de Sants en Barcelona, no es que un vigilante haya sido agredido, que una empresa privada no cumpla sus contratos como debe, que los Mossos de Esquadra no se enteren de quienes violan contratos a su alrededor, o que se oculte al juzgado la realidad laboral de un agredido.
Lo realmente alarmante, y muy peligroso por lo que implica su testimonio, es que esa misma persona, a la que se ha tomado como vigilante de seguridad, declare que aunque estaba realizando misiones de seguridad, no estaba habilitado por el Ministerio del Interior para ejercer esa labor y que no había recibido formación para velar por la seguridad de viajeros y transeúntes.
El caso confeso no ha sido un hecho aislado y existen otras declaraciones (del ex apoderado de la empresa de seguridad J. Albuixech Riera y del delegado sindical del sindicato J. M. Mayo Aragundez) que confirman lo que en la querella se presenta como práctica habitual.
Eso, que es la Seguridad de ADIF y que atañe a la seguridad de todos, es lo que está en un proceso que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona.
De momento, son datos que sirven para considerar delitos objeto de querella, pero parece lógico que sirvan para algo más: Para que la seguridad en la Estación de Sants sea óptima. Para que ADIF y el Ministerio de Fomento vigilen que los Servicios de Seguridad y Vigilancia en las estaciones de ferrocarril sean conforme a lo contratado y legislado. Para que las autoridades se esmeren en el control. Y para que se logre que los caudales públicos destinados a seguridad sean respetados por los empresarios y políticos que los manejan
