Acaip recuerda que el Gobierno ha dado ya un salto cualitativo al generalizar el plan piloto de custodia exterior de 2013 a todas las cárceles
El reciente anuncio del Gobierno de extender a todas las cárceles de España el sistema de vigilancia privada, puesto en marcha el pasado año de forma experimental como proyecto piloto en una veintena de centros penitenciarios (entre ellos Topas), ha desatado todo tipo de suspicacias entre las fuerzas sindicales.
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de las Instituciones Penitenciarias (Acaip) considera que esta controvertida iniciativa debe interpretarse como «una privatización encubierta» que choca directamente con la ley general orgánica penitenciaria, que atribuye el cuidado del perímetro exterior de las prisiones a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, según puntualiza el delegado sindical de Acaip en Topas, Valentín Ortiz.
Actualmente Topas cuenta con siete vigilantes jurados, que acompañan y prestan apoyo a la Guardia Civil en la custodia exterior del centro penitenciario. Prestan sus servicios en dos turnos, uno diurno (de ocho de la mañana a ocho de la tarde) y otro nocturno (desde las 20:00 horas a las 08:00 horas). Sin embargo, las informaciones que maneja el sindicato le llevan a sospechar que la adjudicación por el Gobierno a una unión temporal de empresas dedicadas a la vigilancia privada de estos cometidos en las diferentes comunidades autónomas, puede acabar desembocando en la progresiva desaparición de la Guardia Civil en la prestación de los servicios. De hecho, el sindicato no es ajeno a las especulaciones que circulan sobre la posible sustitución de todos los efectivos de la Benemérita que supervisan la seguridad exterior, en prisiones como la de Cáceres, por vigilancia exclusivamente privada.
Para Valentín Ortiz, no resulta descartable que el Gobierno se atreviera, dentro de su política generaliza de «privatización de servicios públicos», por extender a largo plazo el sistema de vigilancia privada incluso al interior de las prisiones para servicios que no sean muy comprometidos, aunque oficialmente el Ministerio del Interior no se ha pronunciado.
Para colmo y según aclara Ortiz, la vigilancia privada no supone un ahorro para las arcas públicas, sino más bien todo lo contrario, dado que un reciente estudio pone de manifiesto que el coste medio de un vigilante privado (unos 3.000 euros mensuales) «casi duplica» a lo que viene costando, por ejemplo, el servicio de un agente del Cuerpo Nacional de Policía (unos 1.500 euros por mensualidad).
Acaip, al igual que el resto de las fuerzas sindicales con representación entre el colectivo de los funcionarios de prisiones, ha expresado reiteradamente su oposición a estas veleidades privatizadoras. Sin embargo, hasta el momento ningún sindicato ha decidido presentar un recurso en los tribunales ni judicializar este espinoso asunto.
No obstante, durante el año pasado se desarrollaron a las puertas de diferentes establecimientos penitenciarios, como sucedió en Topas, concentraciones sindicales para protestar por la implantación de la seguridad privada en el exterior.
Valentín Ortiz recuerda que el Gobierno puso en marcha esta nueva modalidad el año pasado, con el argumento de dar oportunidades laborales «a los escoltas que habían estado trabajando en el País Vasco». Para el delegado sindical de Acaip, fue una«excusa» y ahora el Ejecutivo de Mariano Rajoy, según el sindicato, contradice el plan piloto de 2013 al decidir aplicar, de forma generalizada, la presencia de estos efectivos privados en el exterior de todas las cárceles.
