La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada y la Asociación de Guardas de Caza han advertido hoy de que interpondrán acciones legales por vía penal como administrativa si el Gobierno regional adopta las medidas de corrección oportunas en el nuevo borrador del Reglamento de Caza.
Según han señalado ambos colectivos en un comunicado, de aprobarse el texto ocasionaría graves perjuicios que podría ocasionar a los profesionales de la seguridad privada habilitados y que desempeñan sus funciones en los diferentes cotos de caza.
En concreto, los vigilantes de seguridad cuestionan la creación de la figura del denominado guía de caza a la que se otorga la facultad de acompañamiento en las cacerías de caza mayor, un labor que se podrá desarrollar a través del jefe de la cuadrilla o por personal ajeno contratado para esta función.
Asimismo, contempla la posibilidad de que el guía pide la documentación a los participantes en la cacería, una medida que, aseguran, vulnera la normativa que especifica que esta función sólo puede ser prestadas por personal de seguridad privada con la correspondiente habilitación expedida por el Ministerio del Interior".
Según ambos colectivos, sólo puede ejercer estas funciones el personal de seguridad privada, integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los detectives privados.
