En respuesta parlamentaria al diputado de IU y portavoz en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, el Ejecutivo central afirma que esta es la segunda fase de un plan iniciado en 2013 “que contemplaba la incorporación de vigilantes de seguridad privada en determinados puestos de trabajo relacionados con la prestación del servicio de seguridad en algunos Centros Penitenciarios”.
El Gobierno de Mariano Rajoy gastará más de 33 millones de euros durante los años 2014 y 2015 para impulsar la privatización de los servicios de seguridad exterior en los centros penitenciarios. En respuesta parlamentaria al diputado de IU y portavoz en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, el Ejecutivo central afirma que esta es la segunda fase de un plan iniciado en 2013 “que contemplaba la incorporación de vigilantes de seguridad privada en determinados puestos de trabajo relacionados con la prestación del servicio de seguridad en algunos Centros Penitenciarios, desempeñando cometidos como auxiliares de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de los centros afectados”.
Así se desprende de la contestación dada por el Ejecutivo a varias preguntas por escrito realizadas por el diputado y portavoz en Interior de IU, Ricardo Sixto, acerca del “plan de implantación de la seguridad privada en la seguridad exterior de los centros penitenciarios”. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de mayo el acuerdo por el que “se autoriza al Ministerio del Interior la contratación del servicio de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios dependientes” del departamento del ministro Fernández Díaz.
El citado acuerdo incluye un expediente de contratación para cubrir 67 centros. Según las explicaciones del Gobierno, “las empresas que actualmente están participando en el apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios son nueve, que han constituido una UTE (Unión Temporal de Empresas)”. Según los datos aportados en la contestación, el coste del contrato asciende a 33,3 millones de euros, distribuidos en las anualidades 2014 y 2015.
Según expone el diputado de IU por Valencia en la motivación de su iniciativa, el proyecto piloto para implantar la seguridad privada en el perímetro exterior de 21 prisiones habría costado ya 7,3 millones de euros. En una respuesta parlamentaria anterior, el Gobierno anunciaba que ampliaría, en una segunda fase, la vigilancia privada a los restantes centros penitenciarios del Estado. Por todo ello, Ricardo Sixto trasladó al Ejecutivo diferentes preguntas acerca de los “motivos por los que mantiene el Gobierno el proyecto de privatización de la seguridad exterior de las prisiones”, cuando ni en 2012 ni en 2013 fueron convocadas plazas de empleo público para el cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
El diputado de IU por Valencia también se interesaba por la “valoración” de la primera fase puesta en marcha en 2013 y que, según el Ejecutivo, ha sido “positiva”, ya que tanto la “implantación” como el “funcionamiento del plan fueron satisfactorios, cumpliendo con los objetivos previstos”. En este sentido, Sixto preguntaba además “si considera el Gobierno necesario destinar 7,3 millones de euros para que la seguridad privada se haga cargo de la seguridad exterior de los Centros Penitenciarios”, y “cómo justifica” ese gasto “destinado a financiar la primera fase del proyecto de implantación de la seguridad privada, en el marco de las políticas de austeridad que está aplicando en las administraciones públicas”.
El Gobierno de Mariano Rajoy argumenta que el plan obedecía “tanto al principio de optimización de los recursos humanos y materiales asignados a la seguridad de las instalaciones públicas como a la conveniencia estratégica de concentrar el servicio prestado directamente por funcionarios policiales en aquellas funciones relacionadas con la seguridad de los centros penitenciarios para las que resulta más apropiada su mayor cualificación y especialización”. La respuesta del Gobierno deja sin explicar otra de las cuestiones planteadas por el parlamentario valenciano de IU, acerca de “qué ahorro le ha supuesto la contratación de seguridad privada para el perímetro exterior de los centros penitenciarios”.
