Está previsto que el nuevo modelo de vigilancia privada se aplique a partir del mes que viene
Los sindicatos lo veían venir. Llevaban algún tiempo con la mosca detrás de la oreja aunque desde mayo el revoloteo y el zumbido eran más machacones. Ya saben, si el río suena... Hace apenas dos semanas, El Norte de Castilla anticipaba que la llegada de la vigilancia privada al centro penitenciario de Segovia era algo «inminente», como coincidían en vaticinar la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Hacían sus cuentas, seguían las pistas y los movimientos del Gobierno central y concluían sin mucho más detalle que más pronto que tarde se vería a vigilantes jurados controlar el perímetro de la prisión de Perogordo. Parece que ese plazo ya está aquí. En septiembre está previsto que se implante el nuevo modelo de seguridad. En el fondo, será la ratificación de unas sospechas que no estaban infundadas y la extensión lógica de los planes que la Administración General del Estado ya emprendió el año pasado.
Algunos de los cabos sueltos que había se van atando. El de la concesión, por ejemplo. Todo apunta a que serán antiguos vigilantes de Caja Segovia quienes apoyen en el control perimetral de la prisión, siguiendo el sistema y la reglas propuestos por el Ministerio del Interior. Tras el cierre de oficinas comerciales y financieras, la empresa encargada de la seguridad privada de la extinta entidad de ahorros se vio abocada a aplicar un expediente de regulación de empleo. Esa medida obligaba luego a abonar un importe en concepto de indemnizaciones que se ahorrará al recolocar a ocho de esos efectivos en las nuevas funciones asignadas dentro de lo que los sindicatos consideran «un paso más hacia la privatización» de la vigilancia de las cárceles españolas.
Esa mosca que revoloteaba detrás de la oreja de las organizaciones sindicales profesionales y de funcionarios comenzó a zumbar con más fuerza en la última semana de junio. Desde ese momento, el Gobierno central tiene luz verde para la contratación de seguridad privada en 46 centros penitenciarios del país, entre ellos el de Segovia. Son los que quedan por asumir el nuevo modelo después de que el año pasado ya se pusiera en marcha la experiencia a modo de proyecto piloto en 21 prisiones españolas.
Los resultados convencieron a los responsables del Ministerio del Interior, que poco a poco han dado pasos para extender el sistema al resto de cárceles del país. Era, pues, una medida que se venía barruntando desde hace tiempo, aunque no terminaba de fraguar. El Gobierno de la nación ha tratado de amoldar ese proyecto incipiente a las necesidades reales de personal. Y en ese intento se ha encontrado con un panorama marcado por la reducción de plazas en la oferta pública de empleo y, por consiguiente, con un déficit cada vez mayor de plantillas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Reparto de cometidos
Para compensar esa carencia, el Ministerio reenfocó la contratación privada con la mirada puesta en «optimizar» los recursos humanos disponibles en las cárceles y garantizar un «uso eficiente de los fondos públicos», tal y como argumentaron sus representantes. Ese renovado objetivo concretó algo más las atribuciones de los vigilantes privados en el ámbito de actuación penitenciario y el reparto de cometidos de unos y otros. Para empezar, el propio ministro del Interior apuntaló el mensaje de que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil supervisarán y dirigirán las tareas asignadas a la seguridad privada.
Los sindicatos ven un intento de «privatizar» el trabajo de la Policía Nacional y Guardia Civil
Esas labores se circunscribirán al perímetro de las prisiones, lo que supone el control de los vallados y muros exteriores, la comprobación de los accesos reservados a familiares o de las cámaras de seguridad. Así lo dijo en una respuesta parlamentaria. Por lo tanto, esos jurados desempeñarán tareas «auxiliares o de apoyo», ya que la Policía y la Guardia Civil siguen siendo los garantes y responsables de la protección de los centros penitenciarios del país.
«Falta de transparencia»
Con esta redistribución de tareas –aseguraron fuentes ministeriales–, los agentes de los Cuerpos públicos se concentrarán en otras responsabilidades que les son exclusivas dentro de su deber de salvaguarda de la seguridad ciudadana, como pueden ser los traslados de internos o su custodia fuera de las cárceles.
La delegación de Acaip se ha quejado de «la falta de transparencia» con la que se ha ido tramitando el proceso. La estructuración del contrato se reparte en cuatro lotes, divididos por áreas geográficas en función del proyecto piloto. Una de ellas la conforman Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja y Galicia. Además, se ha hecho mediante un «procedimiento negociado sin publicidad», lo que para la agrupación es «una forma de facilitar la distribución del negocio fácil entre las grandes empresas del sector».
