Colapsa el Fondo que debía evitar el desamparo de los desempleados a los que sus empresas les adeudan salarios e indemnizaciones
El atasco de expedientes por resolver asciende a 8.000 y afecta a unos 12.000 trabajadores de empresas en quiebra
En agosto de 2011, la provincia de Las Palmas se encontraba entre las seis con más atraso de España en la resolución de los expedientes presentados por los desempleados en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). En el conjunto de Canarias, existían 3.550 denuncias sin resolver. Tres años después esa cifra ha superado el doble, rozando los 8.000 expedientes atascados.
Unos 12.000 canarios, aproximadamente, que vieron cómo sus empresas se declaraban insolventes desde el año 2012 tras acumular meses sin abonarles los salarios, y ni mucho menos una indemnización cuando quebraron, aún no han cobrado en las Islas lo que por derecho les pertenece.
Muchos de ellos, además, ya no perciben ninguna prestación por desempleo, han cronificado su situación de parado y han transitado por los peores años de sus dos crisis (la propia y personal y la del conjunto de la economía) sin tener el colchón de los miles de euros que sus empresas les adeudan.
Una deuda que, de media, ronda los 5.000 euros por trabajador (aunque en ocasiones duplica y triplica esta cantidad) y que podría haber servido de ayuda a los asalariados para afrontar la necesidad de dar un giro a su vida profesional tras la quiebra de las empresas en las que trabajaban.
Jugar con la esperanza
Ese es el objetivo del Fogasa, que sin embargo se ha convertido en un circo burocrático donde se juega con la esperanza de quienes menos culpa tuvieron de la entrada en quiebra e insolvencia de sus patronos.
Y esa realidad provoca un doble desamparo en una Comunidad Autónoma donde la tasa de desempleo, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), es del 32,7%, y más de 600.000 canarios se encuentran bajo el umbral de la pobreza, el 28,4% de la población de las Islas.
Muchas de esas 12.000 personas que aún no han cobrado su 'garantía salarial' dependían de ella para cubrir sus necesidades básicas y han quedado desamparadas.
El propio Ministerio reconocía en mayo en el Congreso de los Diputados que aunque la antigüedad media de los expedientes no resueltos era de 216 días, existían muchos datados en 2012 e, incluso de años anteriores.
Lo cierto es que los retrasos se han ido acumulando y aumentando año a año y, así, en diciembre de 2013 afectaba a 6.126 expedientes de Las Palmas, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el atraso impidió el cobro de las prestaciones a 2.615 trabajadores.
El Fogasa pagó el año pasado en Canarias 47,13 millones de euros, siendo la prestación media de 5.853 euros, 149 euros menos que en 2012. En el caso de los salarios se situó en los 3.663,4 euros (347 euros menos) y en el de las indemnizaciones, en los 5.417,4 euros (5,4 euros más).
Imprevisión
La imprevisión del Ministerio de Empleo sobre los efectos de la reforma laboral, a los que se unía el cierre acumulado de empresas anteriores a 2011, ha sido manifiesta. No consideró conveniente incrementar la plantilla del organismo y, cuando lo hizo, fue tarde y precaria.
Después sacó del Fogasa por decreto a las pequeñas empresas con menos de 20 trabajadores, esperando que la menor carga de trabajo permitiera agilizar la tramitación de los salarios pendientes, pero los datos siguen demostrando que los trabajadores despedidos siguen sufriendo los retrasos de un organismo que se financia con sus propias cotizaciones.
Ni siquiera la decisión que más le gusta al PP, que es privatizar la gestión, ha servido para nada, sino que ha empeorado la situación.
En septiembre de 2013 el Fogasa decidió privatizar la gestión de un total de 180.000 expedientes de toda España que entonces estaban a la espera de resolver. En marzo de este año, con un coste de más de 3,5 millones de euros, no se habían resuelto ni 3.000 expedientes.
Además de la ineficacia, las centrales sindicales denunciaron que la privatización genera numerosos problemas jurídicos relacionados con la protección de datos, la propia competencia para resolverlos y la imposibilidad material de hacer un seguimiento de la situación de cada uno de los expedientes.
De nuevo, la maquinaria burocrática y la ideología del PP ha sido nefasta para los derechos salariales de trabajadores que han sido despedidos por quiebra o concurso de acreedores de las empresas, sin ingresos para subsistir porque tenían sueldos pendientes y liquidaciones.
El Fondo de Garantía Salarial era su tabla de salvación, pero se ha convertido en el peso que los ha hundido aún más en el océano de la exclusión social.
