5 de marzo de 2015
4 de marzo de 2015
Montes Neiro, exculpado del robo de joyas en El Corte Inglés de Puerto Banús
Los atracadores que se hicieron con el botín aceptan su implicación y se conforman con penas de entre cuatro y 8,5 años de cárcel
«Soy inocente», gritaba hace ya dos años cuando bajaba esposado del furgón policial que le trasladó a los juzgados de Marbella después de haber sido detenido en relación al robo millonario de joyas que se había producido unos meses antes en El Corte Inglés de Puerto Banús. Miguel Montes Neiro, conocido como el preso más antiguo de España por haber pasado 36 años de su vida tras las rejas, defendía entonces que no había participado de ninguna manera en los hechos, algo que fue finalmente corroborado ayer con la retirada de las acusaciones que le señalaban como presunto autor de un delito de receptación.
Fue durante el juicio que se celebró por el robo en el centro comercial, que pasará a la historia por ser uno de los que cuentan con uno de los botines más altos: 4,7 millones de euros en joyas y relojes. Montes Neiro llegaba «tranquilo» a la Ciudad de la Justicia, acompañado por su abogados y sus hermanas, que siempre han estado a su lado desde que fue arrestado.
Tras el robo en el centro comercial, los asaltantes debían colocar las más de 500 piezas sustraídas, y ahí es dónde se acusó a Montes Neiro de haber entrado en escena. La investigación policial apuntó que habrían contado con él para establecer una red de contactos de receptadores.
Pero esta acusación no duró mucho. Al menos por parte de la Fiscalía, que archivó la causa contra Montes Neiro. En cambio, los abogados de una de las joyerías afectadas por el robo y dos aseguradoras decidieron llevarle a juicio por un supuesto delito de receptación, ya que mantenían que había participado tras el golpe para darle salida al millonario botín.
Esta acusación se retiró ayer. Tanto los letrados de la joyería como los de las aseguradoras, que pedían para él penas de entre 12 y 16 meses de prisión, admitieron que Montes Neiro no participó en el robo y le exculparon de los cargos que le imputaban.
Tras pedirle que se pusiera en pie, el presidente de la sala le dijo que se marchase, ya que no estaba acusado. Tras él salieron sus familiares, con los que bromeaba diciendo que se iba a ir a El Corte Inglés de Puerto Banús.
A las puertas de la Ciudad de la Justicia, en la que aseguró no creer; Montes Neiro anunció que pedirá una indemnización por los perjuicios que ha sufrido estos dos últimos años al verse inmerso en este procedimiento. «Mi hija ha tenido que abandonar los estudios y nos hemos tenido que mudar a Granada», apuntó.
Montes Neiro no fue el único en acudir a juicio ayer por el robo de joyas de El Corte Inglés. Junto a él se encontraban los otros ocho procesados en este caso, entre los que estaban los cuatro principales acusados por el asalto al centro comercial.
Son los tres atracadores que entraron en el establecimiento haciéndose pasar por obreros y el vigilante de seguridad que estaba compinchado con ellos. Todos aceptaron su participación en los hechos, después de que sus abogados llegasen a un acuerdo con las otras partes.
Se les retiraron los cargos de detención ilegal, por lo que finalmente se acordaron para ellos penas de entre cuatro y ocho años y medio de prisión. Son unas condenas mucho más bajas de las que pedía en un primer momento la Fiscalía, que oscilaban entre 41 y 34 años de cárcel.
El resto de procesados estaban acusados de supuestos delitos de receptación. En el acuerdo alcanzado, se ha exculpado, al igual que a Montes Neiro, a uno de ellos, y se han establecido penas de entre seis y doce meses de prisión para los otros.
Es el final de un robo de película, en el que los atracadores se hicieron pasar por trabajadores para entrar. Ya en el interior del establecimiento, encañonaron al responsable y a otros dos miembros de seguridad, a los que exigieron las llaves de los mostradores de joyas y los discos duros donde se graban las imágenes de las cámaras de vigilancia.
Cubiertos con pasamontañas, maniataron y taparon la cabeza a los vigilantes y a otros tres trabajadores que estaban realizando obras en El Corte Inglés. Tras ello, forzaron los mostradores y se apoderaron de más de 4,7 millones de euros en joyas y relojes.
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Retiran la acusación contra Montes Neiro en el juicio por el robo en un centro comercial de Marbella
Interior apela a la confidencialidad para ocultar los contratos de vigilancia privada de las cárceles
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha apelado a la confidencialidad de los contratos para negar al Congreso de los Diputados la información sobre las condiciones que han de cumplir las empresas privadas de seguridad a las que ha adjudicado la vigilancia de las cárceles. La misma “confidencialidad” que la derecha política reprocha al profesor y dirigente de PodemosJuan Carlos Monedero en sus contratos privados para realizar estudios e informes técnicos para clientes extranjeros le sirve ahora al Ejecutivo del PP para esquivar el control parlamentario sobre la privatización de la seguridad de las prisiones. La cuestión de fondo es que al menos una de las empresas se beneficia de las contratas carcelarias mientras despide a los trabajadores.
Los portavoces socialistas de Interior, Antonio Trevín, y de Justicia, Rosa Aguilar, se han visto burlados en su pretensión de obtener las cláusulas de los contratos de Interior con las empresas privadas de seguridad a las que se ha adjudicado la vigilancia del perímetro y las entradas de los centros penitenciarios, que hasta ahora realizaba la Guardia Civil. Interior ha extendido la confidencialidad a las llamadas “cláusulas administrativas particulares” en las que se recogen “los derechos y obligaciones de las partes”. No argumenta motivos de seguridad, sino “razones técnicas”, para fundamentar esa decisión en la que ahora se apoya para negar la información al Parlamento. También considera confidencial el pliego de condiciones técnicas que deben regir la realización de los servicios y los medios empleados en su ejecución.
De este modo, el ministro Fernández Díaz escamotea la petición de responsabilidades políticas ante los incumplimientos de las empresas. ¿Tenía la empresa Ombuds el compromiso de mantener el empleo con el nuevo cometido en las prisiones? El ministro no lo aclara. La entidad que preside Rodrigo Cortina López, hijo del exdirector de la Agrupación Operativa de los servicios secretos, juzgado y absuelto de su participación en el golpe de Estado del 23-F, es una de las más favorecidas por las adjudicaciones de Interior desde la primera fase del plan de privatización de la vigilancia de las cárceles. En concreto, Ombuds ha obtenido un tercio de los 33 millones de euros en juego, dedicados en 2014, a las contratas carcelarias.
De los cuatro lotes en los que se dividió el plan, la empresa de los Cortina obtuvo uno presupuestado en 7.671.805 euros y parte de otro, al que concurrió en unión temporal con Eulén y otras, por valor de 9.853.429,59 euros. Interior no aclara qué centros penitenciarios le adjudicó ni si la empresa ha cumplido sus compromisos. Los diputados sólo han podido saber a través de los representantes sindicales que en 2014 los jefes de Ombuds plantearon un Ere y echaron a 151 trabajadores a la calle.
Se da la circunstancia de que entre los argumentos que utilizó en su día el ministro Fernández Díaz para justificar su plan de privatización de la “seguridad exterior” de las prisiones figuraba la necesidad de mantener el empleo en las empresas de seguridad que daban servicio de escolta a los cargos públicos y dirigentes del PP amenazados por ETA. Ombuds figuraba entre las más solicitadas y beneficiadas, acaso por los antiguos vínculos de José Luis Cortina Prieto con el presidente fundador del PP, Manuel Fraga. En 2007 recibió de Interior, con el Gobierno del PSOE, más de 30 millones de los 90 destinados a aquel servicio específico de protección.
En el caso de esa empresa, que también presta el servicio de protección y vigilancia en el Metro de Madrid, el argumento del titular de Interior ha quedado en entredicho por el ERE y los despidos. Otras empresas beneficiadas para “salvar” el empleo, también han ajustado sus plantillas, aunque de forma menos traumática. No era sensibilidad social precisamente, sino afán de beneficio a costa de lo público lo que, como va quedando de relieve, latía tras el plan privatizador del ministro. Pero para evitar que le exijan responsabilidades políticas, he ahí su portazo a la transparencia.
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Largas colas por los nuevos controles de los aeropuertos
Desde este uno de marzo, los controles de equipaje de mano en los aeropuertos se han complicado tras la aplicación de la normativa europea y eso está provocando importantes atascos. Si no era suficiente con el chequeo de líquidos, portátiles y otros artículos, ahora en los aeropuertos españoles revisarán también elementos como secadores de pelo, cámaras fotográficas o juguetes a pilas. Muchos de los que acudían al aeropuerto tras la puesta en marcha de las nueva normativa no estaban informados o se enfrentaban por primera vez a ello «no las conozco pero me voy a enterar ahora» aseguraba un hombre a punto de pasar el control. «Creo que va a ser un poco complicado» aseguraba una mujer ya que «revisan uno por uno». Esto está provocando importantes atascos dada la exhaustividad con la que se están aplicando las medidas «la seguridad me parece bien pero dentro de un límite, fíjate la cola que hay» se lamentaba una mujer que no estaba segura de si alcanzaría su vuelo.
Hay quien acepta, no obstante, la medida en favor de la seguridad «me parece muy bien» se mostraba rotunda una joven «porque así tenemos más seguridad». «Si es seguridad y está demostrado que hay que controlar esos objetos me parece bien» afirmaba un hombre a la cámara de ABC «independientemente de las colas». En otros aeropuertos del mundo, además, las medidas de seguridad pueden ser mucho mayores «yo he tenido que viajar mucho a Tel Aviv» contaba un hombre «allí tienen hasta tres controles de seguridad». Nuestro consejo, visto lo visto, es que vayan al aeropuerto con mucho tiempo, con mucho más tiempo todavía.
2 de marzo de 2015
Normalidad en los aeropuertos pese al mayor control de los equipajes de mano
Madrid, 1 mar (EFE).- La normalidad es total en los aeropuertos españoles en la primera jornada de refuerzo de la revisión de los equipajes de mano, en la que no se han producido incidentes ni retrasos, según han confirmado a EFE fuentes de Aena.
El gestor aeroportuario ha reforzado los equipos de seguridad que se ocupan de la revisión de equipajes, que son de obligado cumplimiento pues han sido fijados en Bruselas y que le supondrán a Aena un coste anual de 17 millones de euros.
Desde hoy, los pasajeros aéreos se han encontrado con una nueva inspección en su equipaje de mano que conlleva la extracción de todos los dispositivos electrónicos y eléctricos, para ser revisados por separado.
En principio, cualquier pasajero puede ser susceptible de ser sometido a esta inspección, que incluye aparatos electrónicos como cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, ordenadores o móviles, así como dispositivos eléctricos de gran tamaño como planchas, secadores, juguetes a pilas o maquinas de coser portátiles.
El gestor aeroportuario ha previsto un refuerzo de vigilantes de seguridad en los puntos de inspección del equipaje de mano.
El nuevo reglamento europeo señala que "datos recientes han demostrado que nuevos modelos de ocultación de artefactos explosivos improvisados están siendo desarrollados por terroristas, con el fin de contrarrestar las medidas de seguridad aérea existentes en relación con la inspección del equipaje de mano".
Solo el 19% de los escoltas ha sido recolocado tras perder su puesto
El Gobierno central dice que "no se estableció un compromiso específico" para recolocarles, "sino una declaración de intenciones"
Sólo un 19 por ciento de los escoltas privados que perdieron su puesto de trabajo en el País Vasco y Navarra a raíz del Plan del Ministerio del Interior para la reducción de protección han sido recolocados en la vigilancia de los perímetros exteriores de los centros penitenciarios una función que el Gobierno ha otorgado a las empresas privadas de seguridad en sustitución de la Guardia Civil.
"En la actualidad, 81 vigilantes que prestan servicios en apoyo a la seguridad en centros penitenciarios habían sido escoltas en el País Vasco o Navarra", dice el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press. Esa cifra supone el 19 por ciento de los 424 escoltas privados que dejaron de prestar su servicio tras las puesta en marcha del plan de reducción iniciado en 2012.
Este plan tuvo varias fases y la primera de ellas fue precisamente la que afectó a las empresas de seguridad privada. En ese momento había 789 escoltas privados prestando seguridad en el País Vasco y Navarra a un total de 558. De esas cifras se pasó a 365 escoltas privados para proteger a 306 personas, es decir una reducción del 53,74 por ciento de efectivos.
EXPLICACIÓN DEL EJECUTIVO
El Gobierno explica que desde sus competencias "se promovieron iniciativas encaminadas a la recolocación de los escoltas que habían prestado servicio en el País Vasco y Navarra, como por ejemplo el plan de apoyo al servicio de vigilancia que prestan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los Centros Penitenciarios".
Pero admite que "no se estableció un compromiso específico" para recolocarles, "sino una declaración de intenciones de promover actuaciones encaminadas a facilitar su recolocación". Añaden como "prueba de ello" que en la fase inicial "de los 234 vigilantes contratados durante el plan piloto, más de un tercio habían sido escoltas en el País Vasco o Navarra".
Además añaden que "en este sentido, conviene destacar la necesidad por parte de los escoltas de querer incorporarse a las empresas de seguridad como vigilantes, al ser éste un trabajo diferente al que venían desempeñando y, en muchos casos, en ámbitos geográficos distintos a donde residían".
Suso: "Miembros de la seguridad nos gritaron que somos de Segunda B"
El capitán del CD Tenerife Suso Santana atendió a El Larguero de la Cadena Ser este domingo para aclarar lo sucedido en el túnel de vestuarios del Estadio de Gran Canaria una vez concluido el derbi.
El jugador tinerfeño dejó claro desde el primer momento que "el partido terminó bien. Cuando fuimos al vestuario miembros de la seguridad privada nos gritaron que somos de Segunda B varias veces. Ya estaba la tángana formada, entro de los últimos y al entrar sufrí los empujones típicos y demás. No creo que tengamos que darle más vueltas”, dijo.
Preguntado por si fue el causante de las dos roturas dentales del fisio de la UD Las Palmas (algo no reflejado en el acta arbitral) en el túnel de vestuarios, comentó que "entré a separar, pasó algo que no tiene que empañar el derbi". Además, aseguró que fue mordido en un dedo por el mencionado empleado de Las Palmas en el momento de intentar separar a los implicados en la trifulca, incluidos empleados del CD Tenerife, de la UD Las Palmas y miembros de Seguridad Integral Canaria.Rehusando a dar detalles sobre lo sucedido incidió en quedarse "con lo deportivo del derbi, fue fenomenal”, negando además que fuera el causante de dichas lesiones.
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1 de marzo de 2015
La otra amenaza de los escoltas
La gran mayoría de los escoltas que protegieron a los amenazados por ETA se ha convertido en parados de larga duración que rondan los servicios de beneficencia.
Ante las escasas posibilidades de reciclarse, reclaman al Ejecutivo que cumpla su promesa y les emplee como vigilantes de seguridad privada del perímetro exterior de los centros penitenciarios.
El Gobierno de Rajoy dice ahora que ese "compromiso específico" del que hablan los escoltas no fue tal, sino que era "una declaración de intenciones".
Las empresas de seguridad engendraron en tiempos de máxima amenaza de ETA un ejército de escoltas que desembarcó, principalmente, en Euskadi y Navarra. Su misión, proteger día y noche a los amenazados, era prioritaria e imprescindible. Ahora, tras más de tres años del cese definitivo de la violencia de la organización terrorista, los servicios de estos guardaespaldas ya no son necesarios. Y, como consecuencia del fin de la violencia, el sector está sobredimensionado con 37.215 personas en España con licencia para desempeñar tareas de vigilancia. La recolocación de estos trabajadores en paro en los perímetros de vigilancia de las prisiones anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy es lenta y según los afectados, y en esto coinciden diversos movimientos y asociaciones consultadas, prácticamente inexistente.
La gran mayoría de los escoltas que protegieron la vida de cargos públicos, periodistas, jueces, empresarios, etc., engrosa la lista de parados de larga duración. Muchos están a punto de perder sus prestaciones y son usuarios habituales de los servicios de Cáritas. Ahora son ellos los que se sienten desprotegidos. Lo peor, no saben con qué armas combatir esta situación. Sus credenciales habituales, un intenso adiestramiento en desactivación de explosivos, en defensa personal o conducción evasiva, ahora ya no sirven.
En los años más duros de la violencia llegaron a ser 3.800 los que operaban en Euskadi y Navarra. Desde que ETA anunció el fin de la violencia, se ha ido retirando la protección de forma progresiva a los amenazados. Todos han emprendido una nueva vida. Los protegidos continúan sus carreras políticas y profesionales, esas que no se vieron forzadas a dejar gracias al apoyo, entre otros, de escoltas y estos por su parte, deben emprender una nueva etapa profesional ahora que ya no custodian Euskadi y Navarra. En ese camino son ellos los que ahora se encuentran desamparados y desorientados.
"He tirado muchos años por la borda"
Rondan una edad difícil, entre los 40 y 50 años, y sus trayectorias suscitan rechazo, según sus relatos, una reacción que se torna incluso, en ocasiones, en desprecio. “No voy a esconder que he trabajado de escolta, he dedicado mi vida a ello, aunque ocultarlo sería lo conveniente para darme alguna oportunidad en puestos ajenos a esta profesión. De carretillero, de camionero de materias peligrosas, de chófer… Me he ofrecido para cualquier actividad, pero ha sido inútil. Todos torcían el morro cuando conocían mi historial. Por eso volví a mi tierra. Y ahora, aquí, lo que doy, es pena”.
Este escolta de 49 años y que prefiere no desvelar su identidad, rehace su vida en Cádiz después de proteger a parlamentarios socialistas y populares durante casi una década y sin contar con las bendiciones de su familia. “No compartían mi decisión, pero yo en aquel momento sentí que era la adecuada. Sentí que aquí se me necesitaba. Ahora me arrepiento. Me siento utilizado y engañado. He tirado por la borda muchos años. Otros compañeros que rechazaron venir a Euskadi de escolta y apostaron por hacer carrera como instructores, ahora conservan su puesto y tienen el futuro garantizado. Yo no sé qué voy a hacer cuando se me acabe la prestación”, confiesa este hombre que cobra 420 euros para hacer frente a una hipoteca de 500 y con cuatro hijos. Él, como el resto del colectivo, reclama que el Gobierno, como prometió, les recoloque en las cárceles, pero esta promesa no acaba de cumplirse.
"Nosotros sí hemos cumplido. Los políticos, no"
Bajo esa reivindicación común se constituyó un colectivo que se hace llamar Las sombras olvidadas de Euskadi. Son 160 afiliados a este asociación. Su vicepresidente, Mario Zas, asegura que no pararán hasta que el Gobierno cumpla lo pactado. No descartan iniciar movilizaciones para dejarse oír. “Los que sí hemos cumplido somos los escoltas. Nuestro pacto de confidencialidad sigue intacto. Todos conocemos mucho sobre la vida de nuestros protegidos pero nuestros labios están y estarán sellados para siempre porque somos hombres de palabra. No se puede decir lo mismo de los políticos. No han hecho nada por nosotros. Sí han movido ficha por las empresas de seguridad en compensación por los contratos perdidos con la protección de los amenazados. Pero no por nosotros. Nos han abandonado a nuestra suerte”, lamenta Zas. El Gobierno ha adjudicado a varias empresas contratos para extender la vigilancia privada al perímetro exterior de las cárceles, pero las empresas no han reclutado a los escoltas para cubrir esos puestos. “No les han obligado a hacerlo y tiene fórmulas a su alcance. Podían haber incluido cláusulas en los pliegos de condiciones”, sugiere el vicepresidente del colectivo.
Demasiada formación
Otro escolta que responde al nombre de Juan Luis manifiesta abiertamente que malviven. “En mi entorno conozco casos de compañeros que están a meses de que le expropien por no poder hacer frente a los gastos de la vivienda y de la manutención de los hijos”. Juan Luis alterna un trabajo de 12 horas al mes en un estadio de fútbol, junto a otro de otras tantas como vigilante en una discoteca. “De vez en cuando, como tengo el título de instructor, me sale alguna clase. Pero poco más”, reconoce resignado. Este profesional no entiende como estando España en un nivel de alerta por amenazas yihadistas se reduce la plantilla destinada a la seguridad en ciertos servicios públicos o en los transportes. “El Gobierno debería reactivar esta actividad. Los escoltas estamos sobradamente preparados para abordar este cometido porque la gran mayoría tenemos una formación específica”.
Es precisamente esa cualificación la que a veces les perjudica. “Los mandos intermedios de las empresas de seguridad están menos preparados que nosotros y son reacios a contratar personal que les supera en formación. Por otra parte nos rechazan porque estamos demasiado preparados para estar 24 horas quietos en una garita de seguridad de las cárceles”, dicen desde Sombras Olvidadas de Euskadi. Denuncian que las condiciones de esos servicios son en muchos casos “lamentables e incluso infrahumanas”. Hablan de turnos de guardia sin relevo para poder ir al baño y otras irregularidades. No obstante, nadie les ha dado opción a negociarlas porque insisten que nadie les ha ofrecido esos puestos.
Según los datos ofrecidos por el propio Ministerio de Interior el pasado mes de enero en respuesta a una pregunta del PSOE, 81 escoltas han sido compensados con esta salida, una cifra insignificante cuando han llegado a ser 3.800. El Gobierno utiliza ese escrito para matizar que ese “compromiso específico” del que hablan los escoltas no fue tal, sino que era “una declaración de intenciones”.
Aena destina 17 millones a reforzar medidas de seguridad en los equipajes de mano, en vigor desde el domingo
Los pasajeros aéreos se tendrán que someter a una nueva inspección en su equipaje de mano a partir del domingo, en adopción de la norma europea 2015/187, que obliga a Aena a imponer controles de trazas de explosivos en toda su red a partir del 1 de marzo, lo que le supondrá unos costes extras de 17 millones de euros.
Planchas, secadores, cámaras fotográficas y hasta juguetes a pilas serán objeto de una inspección específica a partir del próximo domingo cuando entre en vigor la nueva normativa europea para todos los aeropuertos españoles que supone una reforzamiento de medidas de seguridad en relación con el equipaje de mano.
El reglamento europeo asegura que datos recientes han demostrado terroristas internacionales están desarrollando nuevos modos de ocultación de artefactos explosivos en los equipajes de mano y por ello la Comisión Europea ha decidido reforzar los controles.
El director de la red de aeropuertos de Aena, Fernando Echegaray, presentó este viernes en Madrid las nuevas medidas que deben ser aplicadas "a fin de mejorar la mitigación de la amenaza de artefactos improvisados ocultos en el equipaje de mano".
El reglamento señala que se debe inspeccionar el equipaje de mano que contenga ordenadores portátiles y otros artículos eléctricos de gran tamaño en determinadas condicionales.
JUGUETES, PLANCHAS Y SECADORES DE PELO.
Así entre los nuevos aparatos que se incluirán en la inspección y que deben de ser analizados por separado en el control se encuentran cámaras fotográficas, cámaras de video, ordenadores, móviles, walkman, CD, calculadoras de bolsillo, así como dispositivos eléctricos de gran tamaño tales como planchas de mano, planchas de pelo, secadores, juguetes a pilas o maquinas de coser portátiles, entre otros.
Desde Aena se insiste en que el procedimiento se realizará con "garantías y comodidad" para el pasajero y para ello se reforzarán los puestos de control con personal adicional, que no ha sido cuantificado, para que los servicios de seguridad logren dar respuesta a las nuevas necesidades.
Con ello se prevé que el tiempo de espera en esos controles no aumente sino que la calidad al pasajero sea la máxima posible. Para preservar la privacidad del pasajero se dispondrán de mesas con laterales elevados que eviten que sus pertenencias quedan a la vista del resto de los pasajeros.
"En la ejecución del procedimiento se aportará la máxima información que permita la norma a través de unos carteles informativos que informarán de que el pasajero podrá ser seleccionado para la inspección de su equipaje de mano", explicó el director de la red.
De momento sigue vigente la normativa sobre transporte de líquidos en el equipaje de mano en los aeropuertos de la Unión Europea. Esta prohíbe transportar aerosoles o envases con líquidos, cremas, geles o sustancias similares que superen los 100 mililitros de capacidad. Los envases con líquidos o similares deberán ir en una bolsa de plástico transparente que se pueda abrir y cerrar y de capacidad no superior a un litro.
El negocio de la seguridad privada: descuelgues radicales de convenio y pagos en negro
DEMOLEDOR INFORME DE USO SOBRE CONDICIONES LABORALES
Un informe de USO al que 'Vozpópuli' ha tenido acceso demuestra las precarias condiciones que pequeñas y medianas empresas de seguridad imponen para 'tirar los precios' y conseguir contratos.
De los 223.936 vigilantes habilitados en España en diciembre de 2013 –últimas cifras oficiales disponibles-, sólo 82.150 (el 36,68%) permanecían en activo. Pero de ese total, 15.645 vigilantes (el 19,04%) sufrían los efectos del ‘descuelgue’ del convenio estatal y trabajaban en unas condiciones laborales y salariales muy precarias. Así se establece en un amplio dossier elaborado por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) al que Vozpópuli ha tenido acceso. Muchas de esas empresas, sin embargo, reciben múltiples contratos por la Administración General del Estado, o bien por las autonómicas o por las locales.
La FTSP-USO es el tercer sindicato más representativo en el sector de la seguridad privada, con cerca de 800 delegados y más de 9.000 afiliados en toda España. Gracias a los datos facilitados por sus delegados se elaboró este dossier, en el que se pone de manifiesto cómo las políticas de rebaja de precios auspiciadas desde las administraciones públicas han propiciado que las empresas de seguridad rebajen aún más las condiciones laborales y oferten a la baja, lo que afecta a los servicios prestados, pero sobre todo a las condiciones laborales internas.
En concreto, el dossier al que ha tenido acceso Vozpópuli divide a este tipo de empresas que contratan con las administraciones públicas tirando los precios en dos grandes grupos: las que se han descolgado sin más del Convenio Colectivo Estatal de las empresas de Seguridad, y las que, habiéndose descolgado del mismo han firmado, sin embargo, un nuevo convenio con sus trabajadores. En ambos casos las condiciones resultantes son muy inferiores a la estatal, pero en todo caso esas condiciones están permitidas por la reforma laboral que realizó el Gobierno del PP en 2012. Algo de lo que, por cierto, se quejan todos los sindicatos consultados por este periódico.
Descuelgue del convenio: muchas horas y precios muy bajos
Las empresas en las citadas condiciones que se han descolgado del convenio estatal y han sido analizadas en este dossier son 20 en total y afectan a 5.245 trabajadores (el 6,38% del personal en activo). En la mayor parte de las mismas se observa un mínimo común denominador: muchas horas anuales de servicio y precios por debajo del convenio.
Algunas de esas empresas sólo tienen contratos parciales, pero hacen trabajar a sus vigilantes a jornada completa. Además, “pagan las horas extraordinarias en negro”, según se afirma taxativamente en el citado documento. En algunos casos se ha acordado recientemente una reducción de jornada y salario del 2,69% para todos sus trabajadores, excepto los mayores de 61 años y el personal con jornada reducida.
El número de horas anuales oscila entre las 1.782 que imponen algunas empresas hasta las 1.826 que mantienen la mayoría de las 20 sociedades descolgadas del convenio y analizadas por USO. Otra cosa distinta son los salarios: cada una es un mundo aparte, pero el común denominador es que se paga mucho menos que en convenio, con variaciones de hasta más del -15,34%.
Algunas empresas llegaron a aplicar en 2012 una disminución del 8% del salario bruto anual con respecto a las tablas de 2011
Los salarios anuales van desde 13.360,60 euros (-2.420,90, es decir, un 15,34% menos que en convenio) en una empresa con 300 empleados, hasta los 15.018,90 euros (762,60 menos, un 4,83%), pasando por valores como 14.641,20 (una diferencia de -1.140,30, un 7,22% menos). Algunas empresas llegaron a aplicar en 2012 una disminución del 8% del salario bruto anual con respecto a las tablas de 2011, reducción que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2012. Y todas ellas, sin embargo, han conseguido grandes contratos públicos porque, según el dossier, sus precios eran los más baratos. A eso es a lo que los sindicatos llaman ‘tirar los precios’.
En este capítulo, algunas empresas cuentan con acuerdos individuales con sus trabajadores en cuanto al pago de las horas extras, pero se denuncia que “les descuentan las retenciones y les pagan la diferencia en negro”.
Convenio propio: precios a la baja para ‘tirar el mercado’
El segundo gran grupo es el de las empresas de seguridad que se han descolgado del convenio estatal pero que han firmado un convenio propio con los representantes de sus trabajadores. Son 14 las empresas analizadas por FTSP-USO, en la mayoría de los casos de pequeño o mediano tamaño.
Como en el grupo anterior, el mínimo común denominador de estas empresas es que pagan también muy por debajo del convenio estatal y afectan a 10.400 trabajadores (el 12,65% de los vigilantes en activo). El mínimo sueldo anual registrado es de 12.632,48 euros, con una diferencia en negativo de -3.149,02 euros anuales (un 19,95%), aunque la media suele oscilar alrededor de los 930 euros menos de salario al año, con plantillas que rebasan en algún caso los 5.000 trabajadores.
Lucha abierta con las instituciones
Desde los sindicatos, pero especialmente desde USO, muy activa en este sector, se ha iniciado una serie de acciones con reuniones institucionales para dar a conocer a los poderes públicos que contratan seguridad privada la problemática laboral creada por estas empresas. Representantes sindicales han trasladado el malestar del sector por ejemplo a los diputados de las Comisiones de Interior, de Justicia y de Hacienda del Grupo Popular en el Congreso; ídem con el Grupo de UPyD; con autoridades institucionales de distintas Comunidades Autónomas, y con el director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Hacienda, con el Inspector Jefe de la Unidad Central de Inspección de Trabajo y con el director general y presidente del Consejo de Administración de AENA.
Además, el pasado 27 de octubre, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO inició una campaña contra las empresas defraudadoras denominadas "¡Empresas Pirata!", consistente en pegada de carteles y pegatinas adhesivas en las inmediaciones de la sede de las empresas así consideradas y de los clientes donde estas empresas prestan servicio.
Por estos estudios y estas campañas, el secretario general de FTSP-USO, Antonio Duarte, se ha visto obligado a interponer cinco denuncias por acoso, seguimiento con vehículos y amenazas a él y a sus familiares; ha soportado dos incidentes graves en Canarias, y le han tenido que conceder una autorización de autoprotección personal.
28 de febrero de 2015
AENA aumenta la seguridad en los aeropuertos para detectar explosivos
Los aeropuertos de Son Sant Joan, Maó y Eivissa incrementarán desde este domingo todos los sistemas de control en los filtros de seguridad, por la entrada en vigor de la nueva normativa de
Los pasajeros se encontrarán con una nueva inspección en su equipaje de mano, que conllevará la extracción de todos los dispositivos electrónicos y eléctricos para ser revisados por separado, según anunció este viernes el director de la red de aeropuertos de AENA, Fernando Echegaray.
A partir de ahora, cualquier pasajero en principio puede ser susceptible a que se le haga esta inspección, que incluirá aparatos electrónicos como cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, ordenadores o móviles, así como dispositivos eléctricos de gran tamaño como planchas, secadores, juguetes a pilas o maquinas de coser portátiles.
El nuevo reglamento europeo señala, entre otras cosas, que «datos recientes han demostrado que nuevos modelos de ocultación de artefactos explosivos improvisados están siendo desarrollados por terroristas, con el fin de contrarrestar las medidas de seguridad aérea existentes en relación con la inspección del equipaje de mano».
Por ello, deben modificarse determinadas medidas de seguridad, a fin de «mejorar la mitigación de la amenaza de artefactos explosivos improvisados ocultos en el equipaje de mano», puntualizaba Echegaray.
Para poder cumplimentar la nueva normativa comunitaria, en los tres aeropuertos de Balears se reforzará la plantilla de vigilantes de seguridad, «sin que ello merme los actuales de niveles de calidad», indican desde AENA.
Radicales revientan la huelga tras dejar un vigilante hospitalizado y daños en facultades
Miles de estudiantes paralizan el centro para pedir al Gobierno que dé marcha atrás en la reforma que permite acortar las carreras
Un grupo de radicales volvió a robar el protagonismo a los miles de alumnos de institutos y universidades que ayer salieron a la calle para pedir al Gobierno un paso atrás en su reforma universitaria. Sucedió durante la segunda jornada consecutiva de huelga, que estuvo acompañada de una multitudinaria manifestación que colapsó el centro de Valencia durante parte de la mañana gracias al destacado seguimiento de la convocatoria.
La jornada quedó marcada por el acto vandálico que sobre las diez de la mañana causó la hospitalización de un vigilante de la seguridad privada del campus de Tarongers de la Universitat, que fue trasladado al Clínico por un ataque de ansiedad, según fuentes oficiales del centro. El motivo fue la irrupción de un grupo de alborotadores en una clase del Aulario Norte, donde arrojaron un artefacto casero que causó una importante humareda
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