La gran mayoría de los escoltas que protegieron a los amenazados por ETA se ha convertido en parados de larga duración que rondan los servicios de beneficencia.
Ante las escasas posibilidades de reciclarse, reclaman al Ejecutivo que cumpla su promesa y les emplee como vigilantes de seguridad privada del perímetro exterior de los centros penitenciarios.
El Gobierno de Rajoy dice ahora que ese "compromiso específico" del que hablan los escoltas no fue tal, sino que era "una declaración de intenciones".
Las empresas de seguridad engendraron en tiempos de máxima amenaza de ETA un ejército de escoltas que desembarcó, principalmente, en Euskadi y Navarra. Su misión, proteger día y noche a los amenazados, era prioritaria e imprescindible. Ahora, tras más de tres años del cese definitivo de la violencia de la organización terrorista, los servicios de estos guardaespaldas ya no son necesarios. Y, como consecuencia del fin de la violencia, el sector está sobredimensionado con 37.215 personas en España con licencia para desempeñar tareas de vigilancia. La recolocación de estos trabajadores en paro en los perímetros de vigilancia de las prisiones anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy es lenta y según los afectados, y en esto coinciden diversos movimientos y asociaciones consultadas, prácticamente inexistente.
La gran mayoría de los escoltas que protegieron la vida de cargos públicos, periodistas, jueces, empresarios, etc., engrosa la lista de parados de larga duración. Muchos están a punto de perder sus prestaciones y son usuarios habituales de los servicios de Cáritas. Ahora son ellos los que se sienten desprotegidos. Lo peor, no saben con qué armas combatir esta situación. Sus credenciales habituales, un intenso adiestramiento en desactivación de explosivos, en defensa personal o conducción evasiva, ahora ya no sirven.
En los años más duros de la violencia llegaron a ser 3.800 los que operaban en Euskadi y Navarra. Desde que ETA anunció el fin de la violencia, se ha ido retirando la protección de forma progresiva a los amenazados. Todos han emprendido una nueva vida. Los protegidos continúan sus carreras políticas y profesionales, esas que no se vieron forzadas a dejar gracias al apoyo, entre otros, de escoltas y estos por su parte, deben emprender una nueva etapa profesional ahora que ya no custodian Euskadi y Navarra. En ese camino son ellos los que ahora se encuentran desamparados y desorientados.
"He tirado muchos años por la borda"
Rondan una edad difícil, entre los 40 y 50 años, y sus trayectorias suscitan rechazo, según sus relatos, una reacción que se torna incluso, en ocasiones, en desprecio. “No voy a esconder que he trabajado de escolta, he dedicado mi vida a ello, aunque ocultarlo sería lo conveniente para darme alguna oportunidad en puestos ajenos a esta profesión. De carretillero, de camionero de materias peligrosas, de chófer… Me he ofrecido para cualquier actividad, pero ha sido inútil. Todos torcían el morro cuando conocían mi historial. Por eso volví a mi tierra. Y ahora, aquí, lo que doy, es pena”.
Este escolta de 49 años y que prefiere no desvelar su identidad, rehace su vida en Cádiz después de proteger a parlamentarios socialistas y populares durante casi una década y sin contar con las bendiciones de su familia. “No compartían mi decisión, pero yo en aquel momento sentí que era la adecuada. Sentí que aquí se me necesitaba. Ahora me arrepiento. Me siento utilizado y engañado. He tirado por la borda muchos años. Otros compañeros que rechazaron venir a Euskadi de escolta y apostaron por hacer carrera como instructores, ahora conservan su puesto y tienen el futuro garantizado. Yo no sé qué voy a hacer cuando se me acabe la prestación”, confiesa este hombre que cobra 420 euros para hacer frente a una hipoteca de 500 y con cuatro hijos. Él, como el resto del colectivo, reclama que el Gobierno, como prometió, les recoloque en las cárceles, pero esta promesa no acaba de cumplirse.
"Nosotros sí hemos cumplido. Los políticos, no"
Bajo esa reivindicación común se constituyó un colectivo que se hace llamar Las sombras olvidadas de Euskadi. Son 160 afiliados a este asociación. Su vicepresidente, Mario Zas, asegura que no pararán hasta que el Gobierno cumpla lo pactado. No descartan iniciar movilizaciones para dejarse oír. “Los que sí hemos cumplido somos los escoltas. Nuestro pacto de confidencialidad sigue intacto. Todos conocemos mucho sobre la vida de nuestros protegidos pero nuestros labios están y estarán sellados para siempre porque somos hombres de palabra. No se puede decir lo mismo de los políticos. No han hecho nada por nosotros. Sí han movido ficha por las empresas de seguridad en compensación por los contratos perdidos con la protección de los amenazados. Pero no por nosotros. Nos han abandonado a nuestra suerte”, lamenta Zas. El Gobierno ha adjudicado a varias empresas contratos para extender la vigilancia privada al perímetro exterior de las cárceles, pero las empresas no han reclutado a los escoltas para cubrir esos puestos. “No les han obligado a hacerlo y tiene fórmulas a su alcance. Podían haber incluido cláusulas en los pliegos de condiciones”, sugiere el vicepresidente del colectivo.
Demasiada formación
Otro escolta que responde al nombre de Juan Luis manifiesta abiertamente que malviven. “En mi entorno conozco casos de compañeros que están a meses de que le expropien por no poder hacer frente a los gastos de la vivienda y de la manutención de los hijos”. Juan Luis alterna un trabajo de 12 horas al mes en un estadio de fútbol, junto a otro de otras tantas como vigilante en una discoteca. “De vez en cuando, como tengo el título de instructor, me sale alguna clase. Pero poco más”, reconoce resignado. Este profesional no entiende como estando España en un nivel de alerta por amenazas yihadistas se reduce la plantilla destinada a la seguridad en ciertos servicios públicos o en los transportes. “El Gobierno debería reactivar esta actividad. Los escoltas estamos sobradamente preparados para abordar este cometido porque la gran mayoría tenemos una formación específica”.
Es precisamente esa cualificación la que a veces les perjudica. “Los mandos intermedios de las empresas de seguridad están menos preparados que nosotros y son reacios a contratar personal que les supera en formación. Por otra parte nos rechazan porque estamos demasiado preparados para estar 24 horas quietos en una garita de seguridad de las cárceles”, dicen desde Sombras Olvidadas de Euskadi. Denuncian que las condiciones de esos servicios son en muchos casos “lamentables e incluso infrahumanas”. Hablan de turnos de guardia sin relevo para poder ir al baño y otras irregularidades. No obstante, nadie les ha dado opción a negociarlas porque insisten que nadie les ha ofrecido esos puestos.
Según los datos ofrecidos por el propio Ministerio de Interior el pasado mes de enero en respuesta a una pregunta del PSOE, 81 escoltas han sido compensados con esta salida, una cifra insignificante cuando han llegado a ser 3.800. El Gobierno utiliza ese escrito para matizar que ese “compromiso específico” del que hablan los escoltas no fue tal, sino que era “una declaración de intenciones”.
