La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), en escrito dirigido al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, solicita la NULIDAD DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE EJECUTA LA EMPRESA SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA Y QUE PROCEDA A LA RESCISIÓN DEL MISMO.
Contrato que afecta a todos los servicios de seguridad de los juzgados de las islas.
Hace dos años, esta organización sindical mantuvo un reunión con el Sr. Pedro Joaquín Herrera Puentes, Viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, donde se le trasladó la gravedad del problema existente en aquel momento y que persiste a día de hoy, obteniendo hasta la fecha como única respuesta el silencio por parte de esta Consejería, permitiendo que se sigan cometiendo fraudes a la Hacienda Pública y a la Tesorería de la Seguridad Social, así como impagos a los trabajadores canarios, todo ello con dinero público de los canarios.
Por todo ello hacemos un llamamiento al Gobierno Canario y en especial al Sr. Pedro J. Herrera, para que de una vez por todas la ley y la justicia hagan honor a su nombre. Antonio Duarte Álvarez, Secretario General de la FTSP-USO, explica que las infracciones en las que incurre la empresa SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA perteneciente al GRUPO RALONS, del cual es el mayor accionista el Sr Miguel Ángel Ramírez Alonso, y por las que se debe declarar la nulidad de este contrato son, entre otras: La reiteración en faltas graves tipificadas por el ordenamiento legal vigente en materia de retraso continuado en el abono de salarios y la disminución reiterada en la cuantía de los mismos, ser sancionada por infracciones graves en el orden social, no cumplir con las disposiciones en materia tributaria y de seguridad social, incumplimientos reiterados a la ley de seguridad privada, etc.
El máximo responsable de la FTSP-USO, comenta que esta empresa es infractora habitual de las normas cuyo cumplimiento expresamente se prevé en las leyes vigentes del orden laboral y fiscal. Ello se debe a la habilidad empresarial para proceder al pago o aplazamiento de las sanciones en cada materia una vez que es descubierta, y a la circunstancia de que ninguna de las administraciones actuantes ha dado traslado, como así deberían haberlo hecho, al organismo competente en materia de contratación. Comenta Antonio Duarte, que si bien la empresa puede acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias, esto no supone que lo cumpla. Lo cierto es que es sobradamente conocido que SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA paga parte de sus salarios en dinero “B” o mediante otros conceptos, evitando el pago de esta cotización y también de los correspondientes impuestos.
Por estos hechos, el Sr. Miguel Ángel Ramírez está imputado por un “presunto delito fiscal” en el Procedimiento Penal que se sigue en el Juzgado Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria. También en el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Granadilla en Santa Cruz de Tenerife, por falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación de caudales públicos.
