Renovación y canje de la Tarjeta de Identidad Profesional del personal de seguridad privada

Renovar la Tarjeta de Identidad Profesional por motivo de caducidad, extravío, robo o deterioro y canjear la de los antiguos Vigilantes Jurados.

¿Qué es?

A través de este procedimiento se obtiene nuevamente la TIP manteniendo el mismo número de habilitación, salvo en caso de canje, en el que se le asigna un nuevo número.

Clases y tipologías

Solicitud de renovación de la TIP de Vigilante de Seguridad y especialidades, Jefe de Seguridad y Director de Seguridad.

Solicitud de expedición de la TIP nueva en caso de robo, pérdida o deterioro de la misma del personal de seguridad privada.

Solicitud de canje de la habilitación.

¿Quiénes son los interesados?

Quienes siendo personal de seguridad privada tengan caducada la Tarjeta de Identidad Profesional, o bien la hayan perdido, se la hayan robado o la tengan deteriorada, así como aquellos que habiendo sido Vigilantes Jurados deseen canjear su título por el de Vigilante de Seguridad.

Requisitos

Los especificados en las instrucciones adjuntas

Periodo de validez

Diez años desde la fecha de su expedición.

¿Como se gestiona?

Mediante expediente instruido a instancia del propio interesado.

Modelo de solicitud

Declaración jurada

Solicitud de expedición de TIP

¿Dónde se presenta la documentación?

En las correspondientes Unidades de Seguridad Privada ubicadas en las Jefaturas Superiores de Policía, Comisarías Provinciales y Comisarías Locales del Cuerpo Nacional de Policía.

Documentos

Pasaporte/D.N.I./N.I.F/Tarjeta Residencia

Dos fotografías

Certificado Medico de poseer actitud física y capacidad psíquica que se ajuste al Real Decreto 2487/1998 de 20 de noviembre y a la Orden de 14 de enero de 1999.

Declaración jurada

Datos básicos del procedimiento

Forma de iniciación: A solicitud del interesado.

Tipo de procedimiento: Autorizaciones, Licencias y Concesiones.

Materia del procedimiento: ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

Resolución del procedimiento:

Órganos competentes para resolver este procedimiento:

• Por competencia propia
  
  
  • Dirección General de la Policía
• Por delegación
  
  
  • Comisario General de Seguridad Ciudadana (Orden de 30 de noviembre de 1998).

Plazo máximo para resolver y notificar: 7 Días Hábiles.

La resolución del procedimiento sí pone fin a la vía administrativa.

Efecto de la falta de resolución en este plazo: Desestimatorio (inicio a solicitud del interesado).

Normativas que regulan el silencio administrativo:

• LEY 14/2000. de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, punto 2 de la disposición adicional vigésimo novena, (BOE Nº 313, de 30 de diciembre).

Recursos que se pueden interponer:

• Contencioso - Administrativo
  
• Órgano que resuelve el recurso:
  
  
  1. Juzgados de lo Contencioso
  2. Juzgados Centrales de lo Contencioso Adtvo.; Salas de lo Contencioso Adtvo. del Tribunal Superior de Justicia
  3. Sala de lo Contencioso-Adtvo. de la Audiencia Nacional; Sala de lo Contencioso-Adtvo. del Tribunal Supremo
     
• Plazo de interposición del recurso: 2 meses acto expreso, 6 meses acto presunto.

Normativa:

• LEY 5/2014, de 4 abril, de Seguridad Privada.
  
• REAL DECRETO 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.
  
• ORDEN INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.

Código del procedimiento: 994894

Madrid, la provincia con más avisos de alarma de Securitas Direct este verano

Madrid fue la provincia española con mayor número de avisos de alarma registradas por Securitas Direct durante los tres meses del verano . Junto a la de Barcelona, acumulan un tercio de los avisos de toda España.

 provincia de Madrid acumuló durante los meses de junio, julio y agosto 828 avisos de alarma de los 4.902 avisos reales que recibió la compañía de alarmas Securitas Direct. La provincia madrileña y la de Barcelona acumulan en conjunto un tercio de los avisos producidos en toda España, un 31,70% del total, informó la compañía.

Si Madrid y Barcelona lideran el recuento de avisos reales de alarmas durante este verano, Palencia y Teruel fueron las provincias en las que menos incidencias se registraron, tan solo dos en los dispositivos de esta compañía de seguridad.

El 60% de las alarmas, en negocios

Los negocios fueron los principales focos de alerta durante los tres meses del verano, ya que el mayor número de avisos fueron en estos establecimientos (el 61,3%) frente al 38,7% correspondiente a domicilios. Tiendas abiertas al público, bares y restaurantes, naves industriales y oficinas fueron los principales objetivos de intentos de robo.

Respecto a las alarmas recibidas desde domicilios por Securitas Direct, los chalets independientes supusieron el 58,65% del total de alarmas a viviendas particulares, con 1.112 casos. También hubo 460 avisos desde pisos y 324 desde chalets adosados.

El Supremo declara legal despedir en un ERE a trabajadores de baja por enfermedad o en excedencia

El Tribunal considera no discriminatorio favorecer a los trabajadores en activo

La reforma laboral aprobada por el PP dio a las empresas un arma para reducir preventivamente empleo, nunca un gobierno se había atrevido a tanto y el de Rajoy lo hizo: las empresas pueden acometer Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) simplemente argumentado  que tendrán pérdidas económicas futuras. En definitiva ahora las empresas pueden acometer un ERE aunque no estén en pérdidas. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral del PP ha habido sentencias judiciales para todos los gustos: se han tumbado ERES en empresas con pérdidas y se ha autorizado otros en los que no se consultó con los sindicatos, no se negoció con los trabajadores o no se hizo comisión negociadora.

Recorte de derechos sin precedentes

Lo denunciaron los sindicatos y la oposición política, la reforma laboral del PP ha supuesto un recorte de derechos sociales sin precedentes en nuestra democracia, el empresario puede cambiar jornada laboral, categoría y salario a su criterio, pero además ahora el Tribunal Supremo ha roto un ‘tabú’ laboral: las empresas que apliquen un ERE tendrán vía libre para despedir a trabajadores de baja por enfermedad o con excedencia. El precedente ha quedado asentado en una sentencia del alto tribunal sobre los ERES de Ferrovial, Cintra y Autopista del SOL, empresas que alegaron pérdidas pero cuyos ERES fueron demandados por discriminatorios al dar preferencia a continuar en la empresa a los trabajadores en activo por encima de los que estuvieran en excedencia o de baja por enfermedad.

La sentencia

El fallo del Supremo determina que el  recurso presentado “parte de una premisa errónea cual es confundir la discapacidad con la incapacidad temporal, y además de una premisa que no ha acreditado cual es que los trabajadores excedentes son mujeres y que pidieron la excedencia para el cuidado de sus hijos, por lo que el motivo sin más debe ser desestimado sin necesidad de tener que argumentar que ni la excedencia ni la incapacidad temporal están incluidas en las situaciones de discriminación directa o indirecta que contempla el artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores“.

Los salarios de un euro por hora y las jornadas de 12 horas se extienden en la Unión Europea

El estudio denuncia la extensión y la impunidad de la explotación laboral

La Agencia de Derechos Humanos insta a la UE a tomar medidas urgentes

La explotación es "amplia" en el campo, la construcción o la hostelería

Salarios de un euro por hora o menos y jornadas de 12 o más horas durante seis o incluso siete días a la semana, son algunas de las condiciones de explotación laboral que denuncia la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su nuevo informe. La investigación, centrada en los trabajadores que emigran a la UE o se desplazan dentro de ella, hace hincapié en la extensión y la impunidad de estas prácticas.

El documento, publicado este martes, no da una cifra exacta de trabajadores explotados en la región ya que las definiciones de "explotación laboral" son diferentes según el país y la escasez de notificación o denuncia impide conocer con precisión cuántas víctimas hay. 

Sin embargo, se señala que la explotación laboral severa está generalizada en la Unión Europea en sectores económicos como la agricultura, la construcción, la hostelería, la restauración, el trabajo doméstico y algunos tipos de manufacturas.

En España, por ejemplo, la agricultura, la silvicultura y la pesca es donde la explotación es más amplia, según el texto, que aunque no recoge el testimonio de víctimas, ha recabado información de más de 600 expertos.

Las víctimas de explotación laboral severa

Además de trabajar todos los días de la semana, la Agencia de Derechos Humanos de la UE señala más ejemplos de explotación laboral severa, como recibir el salario de manera irregular (o no recibirlo), vivir en condiciones de hacinamiento o trabajar sin contrato y sometido a amenazas de deportación.

Las víctimas suelen realizar los trabajos de forma aislada, en el campo, en domicilio o en la construcción y además suelen aceptar estas condiciones obligados por sus circunstancias económicas y sociales. Cuestiones como desconocer la lengua del país o haber sufrido pobreza extrema también son factores que hacen especialmente vulnerables a los empleados.

También se recalca que los autores de estos delitos actúan con impunidad porque las trabajadores no suelen denunciar los hechos, dado que se les impide o que lo evitan por miedo a perder el empleo.

"Tolerancia cero"

El informe insta a los Estados Miembros de la Unión a fomentar la "tolerancia cero" con respecto a las formas graves de explotación laboral y pide que se implementen planes urgentes para acabar con ellas.

Además, propone, entre otras medidas, realizar inspecciones más exhaustivas, reforzar el acceso de las víctimas a la justicia, propiciar que los trabajadores sean más conscientes de sus derechos o crear un sistema de certificación que acredite aquellos productos o marcas que respetan las condiciones laborales de sus empleados.

‘Infraestructuras críticas’: ¿Qué pasa si un día falla todo?

El Centro Nacional de Infraestructuras Críticas (CNPIC) trabaja con la hipótesis de un cataclismo. La amenaza terrorista incorpora 54 nuevos elementos al "mapa de riesgos"

¿Qué podría ocurrir si un día no funcionase nada, no hubiese luz, la comida se echase a perder, no se pudiera sacar dinero del cajero, ni pagar con tarjeta, ni cargar el móvil...? El Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) se ocupa de proteger los puntos determinantes del sistema, los que podrían instaurar el caos si fallasen. Ante la amenaza terrorista, el Ministerio del Interior ha señalado 54 nuevos “operadores críticos”, empresas que dan servicios esenciales. El mapa de alto riesgo de España está formado hoy por 93.

Una treintena de personas, ingenieros, informáticos, químicos,hackers, con una media de edad de 40 años, y con un teniente coronel de la Guardia Civil al frente, controlan y protegen —desde las anodinas instalaciones de unas antiguas oficinas de la Dirección General de Tráfico— la seguridad de los puntos más determinantes del sistema, todas aquellas infraestructuras que hacen que nuestra vida sea como es. Es decir, que cuando se apriete un interruptor se encienda la luz, o que al abrir el grifo salga agua, pero también que se pueda sacar dinero de un cajero o pagar con una tarjeta en un comercio. Operaciones aparentemente sin importancia. Pero qué pasaría si un día no funcionase nada. Qué pasaría si, por ejemplo, se fuese la luz de manera masiva. El Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), creado en 2007 y que depende directamente del Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, trabaja constantemente con esa clase de hipótesis catastróficas para cubrir los huecos de seguridad de un sistema cada vez más interconectado —más allá de las fronteras españolas— en el que cualquier disfunción podría provocar un efecto dominó y hacerlo colapsar.

Respuesta ante emergencias informáticas

P.O.D.

Se denomina CERT (Computer Emergency Response Team, Equipo de respuesta ante emergencias informáticas) a un conjunto de medios y personas responsables del desarrollo de medidas preventivas y reactivas ante incidencias de seguridad en los sistemas de información. Pretende mejorar la coordinación de las acciones de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este ámbito. Cuenta con una Oficina de Coordinación Cibernética (OCC) en el CNPIC, punto de contacto del Ministerio de Interior para lo relativo a la ciberseguridad.

El establecimiento del nivel cuatro de amenaza terrorista ha llevado al Ministerio del Interior a reforzar esos planes estratégicos de protección. Actualmente en España hay 93 “operadores críticos”, o sea empresas que ofrecen servicios esenciales a la sociedad. De los que recientemente, y tras la llamada “Ley PIC” de 2011 que reguló su protección, se han designado 54 nuevos en los sectores del agua y el transporte. Previamente, en 2014, se señalaron en el sector eléctrico, nuclear, el del gas, el petróleo y en el sistema financiero. Y próximamente le tocará al sector alimenticio y al sanitario.

El documental American Blackout, realizado por National Geographic, ficciona —basándose en estudios y testimonios científicos— el caos y la devastación que puede seguir a un apagón de las dimensiones de todo Estados Unidos. Lo que inicialmente la gente se toma como una broma y graba con sus móviles en la oscuridad, se convierte en un desastre progresivo que desencadena accidentes, agresividad, saqueos y, en definitiva, un estado de terror generalizado en diez días. El impacto —se simula lo que sucedería si se tratase de un ciberataque que cortase la electricidad—, se propaga en progresión geométrica, y acaba siendo similar al que podría producir un desastre natural como un gran terremoto o un huracán o un atentado brutal.

Uno de los principales refuerzos que ha realizado el Ministerio del Interior es precisamente en materia de prevención de los ciberataques en las infraestructuras críticas. “El hecho de que todo funcione de manera computerizada es una ventaja por comodidad y rapidez pero incrementa ostensiblemente los riesgos del sistema”, reconoce Fernando Sánchez, director de CNPIC. “Nuestra sociedad es ahora, por ese motivo y por la dependencia de las tecnologías, mucho más interdependiente y menos autónoma que hace décadas”, reconoce.

Punto de inflexión

El punto de inflexión, de toma de conciencia de los grandes riesgos, fue el 11-S y después el 11-M. Hasta entonces, la protección de las llamadas infraestructuras críticas —en su mayoría (un 80%) empresas privadas, que prestan servicios esenciales— dependía exclusivamente de sus propietarios. Pero el hecho de que fuesen las responsables de nutrir al sistema y de mantener el correcto funcionamiento de la sociedad por el tipo de servicio que prestaban, las convertía también en un asunto de Estado. Por esa razón se creó el CNPIC y por eso se empezaron a incluir esos “operadores críticos” en una lista en los planes de protección, dando lugar a una especie de mapa de riesgos, que permanece “a buen recaudo”.

Se trata de una colaboración público-privada: “Por una parte las empresas incluidas en ese listado tienen que cumplimentar una serie de requisitos de seguridad porque son auditadas por Interior, y por otro lado entran en una plataforma en la que se establece su protección prioritaria y donde comparten y tienen acceso a información sensible”, explica Sánchez.

La idea es que ese mapa de alto riesgo se vaya completando progresivamente y sean cada vez más las empresas incorporadas y mayor la protección de esos servicios esenciales. Cuantos más elementos incluya ese plano crítico, más seguro será el país al que corresponda.

Guerra de oficios entre la fiscal Ríos y la juez Rosell

Canarias 7

NOTA INFORMATIVA DE LA FTSP USO-CANARIAS

La empresa TENSERVICE SEGURIDAD SL, que presta servicio con Vigilantes de Seguridad y Auxiliares en el rodaje de la quinta entrega de la saga Bourne, incumple con los derechos laborales de estos/as trabajadores/as, tras llegar a nuestro conocimiento de los continuos incumplimiento en materia salarial y en las condiciones de trabajo que esta empresa impone a sus trabajadores/as, nuestra Federación presenta denuncia ante la Inspección de Trabajo.

Dicha denuncia se fundamenta en el pago de una nómina cerrada vulnerando el actual Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Seguridad, sin el Plus de fines de semana y festivo (art. 69.h. del Convenio Seguridad), plus de nocturnidad (art. 69.g. del Convenio Seguridad), ni horas extras (art. 47 y 70 del Convenio Seguridad). Trabajadores/as sin cuadrantes mensual, no se respeta el descanso obligatorio entre jornadas, mínimo 15 minutos (art. 41 del Convenio Seguridad) Se incumple el descanso obligatorio de la jornada de trabajo (art 34.3 del E.T.), Incumplimiento del descanso de un fin de semana (art 41 del Convenio de Seguridad). Así mismo como las condiciones ambientales de los lugares de trabajo.

 

Nuestra federación no cejará en su empeño de denunciar a todas estas empresas en defensa de los intereses de los/as trabajadores/as.

Esperando se tenga en cuenta esta solicitud, se despide atentamente.

FTSP USO-Canarias

La fiscal y la juez se cruzan quejas de sus actuaciones en la causa a Ramirez

La Provincia

‘Los permisos Individuales de Formación’.

A través de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, la empresa puede realizar cursos para sus trabajadores, así como financiar la formación individual de un trabajador. Claro está, siempre y cuando el trabajador lo solicite.

Se bonificarán los costes salariales (sueldo base, antigüedad, complementos fijos y pagas extraordinarias) correspondientes a las horas laborales que el trabajador invierta en su formación, limitándose a 200 horas por permiso y curso académico o año natural.

Preguntas mas frecuentes:

Convenio Colectivo Estatal para las Empresas de Seguridad Privada para el periodo julio 2015-2016.

Indexado y paginado

Grupo Sureste Seguridad logra el sello de ‘Comunicación Responsable’

La certificación la otorga el Colegio regional de Periodistas

Raúl Colucho y Juan Antonio de Heras

Grupo Sureste, empresa del sector de la seguridad privada que cuenta con más de 1.500 trabajadores, ha sido distinguida con el Sello de Comunicación Responsable, un emblema de calidad que otorga el Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia a aquéllas empresas que aplican valores éticos en su información.

El diploma que acredita la autorización a la empresa para la utilización del Sello, ha sido entregado por el decano del Colegio de Periodistas, Juan Antonio De Heras, al consejero delegado de Grupo Sureste, Raul Colucho.

Grupo Sureste se suma ya a un nutrido grupo de empresas e instituciones que cuentan con periodistas colegiados en sus departamentos de comunicación. Estos periodistas tienen la obligación de cumplir y hacer valer el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que es el que asume el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia.

De este modo, cualquier reclamación que pudiera surgir en cuanto al ejercicio de estos profesionales, puede ser elevada a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología, órgano  nacional, de carácter independiente, encargado de dictaminar si se han vulnerado  o no las normas deontológicas del periodismo.

La ética en la comunicación se convierte así en un elemento esencial de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa y en un valor añadido para la actividad de cualquier empresa.

Reglamento de la Generalitat Valenciana, sobre Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

docv.gva.es

Guarda de campo Una profesión de riesgo

Los ladrones de fincas y cazadores furtivos son las principales amenazas de estos vigilantes que son medio centenar en la provincia

Conocen el campo como la palma de su mano y son desde finales del siglo XIX los únicos históricamente avalados para proteger de robos, cazadores furtivos y daños en las cosechas al medio rural. Durante más de un siglo han sido el apoyo indispensable de la Guardia Civil, creada en 1874 sólo tres años antes que los guardas particulares de campo, en esta labor de vigilancia en la que se enfrentan cada día a situaciones que ponen en riesgo su vida, pero que asumen con valentía y profesionalidad. En la provincia de Málaga hay alrededor de medio centenar de vigilantes rurales que son requeridos para controlar vías férreas, parques eólicos, fincas, cotos de caza, romerías o cualquier evento que tenga lugar en el medio rural.

Es una figura poco conocida para los que no están demasiado familiarizados con el medio rural. Pero quizás les suene más si supieran que es el equivalente al vigilante de seguridad que merodea el interior de un centro comercial o una estación de tren en un núcleo urbano. Ambos están regulados por el Ministerio del Interior y tienen autorización para portar armas de fuego y realizar incluso, en caso de que fuese necesario, una detención.

Sin embargo, en la práctica las condiciones en las que estos guardas tienen que desempeñar su trabajo a diario no son tan idílicas. Hacer frente a los cazadores furtivos que se adentran en los cotos sin ningún pudor y a los grupos de ladrones que de forma tan organizada actúan en las fincas rurales para apropiarse de todo lo que se encuentran a su paso les ha dado un susto a más de uno.

Insultos, amenazas de muerte e incluso agresiones son demasiado habituales últimamente entre los que se dedican a esta profesión. Con el aumento de los robos que se están produciendo en el campo en los últimos años, dicen estar vendidos. A Francisco Delgado, un guarda particular de campo que a sus 58 años lleva 40 en la profesión, su trabajo estuvo a punto de costarle la vida. Fue hace unos años cuando un grupo de rumanos que entró a robar aceitunas en la finca que vigilaba fueron sorprendidos in fraganti por este guarda que sin dudarlo decidió perseguirlos con su coche cuando trataban de huir en un vehículo sin darse cuenta de que otros compinches lo seguían a él. “De repente me embistieron por detrás y me estrellé contra un árbol. Me dejaron inconsciente con una fractura de cráneo hasta que alguien me encontró y sobreviví de milagro”, contó con la resignación de ser consciente del peligro que corre pero con la seguridad de saber que no dejará un trabajo del que vive desde que tenía apenas 18 años.

También a Alberto González, que heredó su pasión por el medio rural de su padre que fue guarda particular de campo hasta no hace mucho, la vida le dio una segunda oportunidad después de un grave encontronazo que tuvo con un cazador al que pilló cazando en el coto que vigilaba conejos con hurones, una práctica muy habitual para capturarlos vivos y venderlos a otros cotos de caza que utilizan para repoblar. “Cuando fui a identificarlo me tiró una piedra en la cabeza que me llevó a estar en el hospital ingresado varios días por la lesión que me provocó”, explicó. Lo más frustrante para estos vigilantes del campo es saber que por más que pillen in fraganti a uno de ellos cometiendo alguna infracción “nunca les pasa nada porque al día siguiente están en la calle otra vez”, criticó Rafael Tejero, delegado de la Federación Española de Entidades de Guarderío (Fedguar) en Málaga, que demandó mayor apoyó de la Guardia Civil cuando se enfrentan a uno de estos casos en el campo y que a los que por falta de personal en los pueblos en raras ocasiones suelen acudir para socorrerles.

Si les da tiempo a anotar la matrícula del vehículo en el que huyen los ladrones o cazadores furtivos la mayoría de las veces están falseadas y es imposible identificar a los autores después, si les plantan cara corren peligro de ser agredidos y si logran denunciarlos en pocas ocasiones esas multas terminan traduciéndose en una sanción económica. Muchos de los que son denunciados no reaccionan de forma violenta en el momento, pero actúan posteriormente en venganza contra el guarda de campo en cuestión para tratar de que sea despedido del coto o la finca en la que trabajan. Por ejemplo, Manuel Zambrano, otro vigilante del medio rural que lleva más de dos décadas en la profesión, ha sufrido en varias ocasiones un acto vengativo de estas características. Al parecer, cortar los olivos de la finca y poner cebos envenenados en el coto para matar a las especies cinegéticas que hay en él son algunas de las prácticas más comunes.

Además de las trabas a las que se exponen en el desempeño de su función día tras día, se enfrentan a otro problema más de tipo de administrativo que desvirtuando la función que históricamente llevan desempeñando. La competencia que la figura de los guardas de coto, creada por la Junta de Andalucía en 1996 cuando asumió las competencias en materia de caza, en opinión del colectivo, no ha hecho más que degradar su profesión hasta el punto de que dejaron de ser agentes de la autoridad como lo habían sido hasta ese momento y pasar a ser meros auxiliares desprovistos del principio de veracidad. Es decir, desde ese momento su palabra no tiene el mismo peso como el de un agente de la autoridad a la hora de demostrar lo ocurrido como prueba judicial. Andalucía y Castilla-La Mancha son las únicas comunidades donde existe esta figura que, según Ángel Tejedor, delegado de Sevilla y miembro de la directiva de Fedguar en España, lo “único que produce es confusión e intrusismo”. Lo más grave es que denunció que los guardas de coto están ejerciendo labores de vigilancia cuando sus funciones se ciñen a una mera gestión ambiental. Pese a todo, son capaces de valorar lo afortunados que son al poder trabajar en algo que les apasiona y en un medio privilegiado.

Cuadernos de Seguridad - Núm. 303

puntoseguridad.com

Publicado en el BOE el Convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad para el periodo julio 2015-2016.

Las peleas entre vigilantes ponen en duda el plan de privatización en las prisiones

En la cárcel de Huelva los vigilantes se han pegado, amenazado e incluso uno echó de la carretera a otro. LaGuardia Civil ha judicializado los incidentes y el sindicato ACAIP pide una evaluación del plan

“La situación es esperpéntica, grotesca, disparatada”. Así define un miembro de la Guardia Civil destinado en la prisión de Huelva los últimos meses vividos en este centro penitenciario. Los vigilantes que tienen que controlar el perímetro exterior de la cárcel tienen que ser a su vez vigilados porque se llevan mal. Y eso que solo son siete en la plantilla. Peleas, agresiones e incluso persecuciones en la carretera que terminan con coches fuera de la calzada son algunos de los incidentes que han tenido lugar.

Los agentes de la Benemérita destacados en la prisión, hartos de aguantar a sus 'compañeros', han elevado al juzgado una denuncia en la que piden que dos de ellos no vuelvan a prestar servicio en el centro penitenciario.

El titular del Juzgado número 4 de instrucción de Huelva ya ha abierto diligencias. Además, de los siete trabajadores implicados (todos de la empresa Ombuds) tres están de baja, según fuentes penitenciarias.

Los incidentes también han provocado las quejas de los sindicatos, que vuelven a poner en duda el proyecto de privatización de la seguridad exterior de las prisiones, la solución que buscó el Ministerio del Interior para ayudar a cuadrar las cuentas de las empresas de seguridad que se quedaron sin parte de su negocio tras el fin de la violencia de ETA, la protección de amenazados.

El sindicato de funcionarios de prisiones Acaip acaba de enviar un escrito a la Subdelegación del Gobierno de Huelva para interesarse sobre si estos incidentes "se han puesto en conocimiento del órgano encargado de evaluar la idoneidad de este programa de apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios" y, sobre todo, para conocer si "se ha dado traslado a las autoridades judiciales". Interior, de momento, nunca ha informado públicamente de cómo se está desarrollando este programa, que lleva ya dos años funcionando.

En enero de 2015 dos vigilantes armados se pegaron en el control de acceso: los dos acabaron el en hospital, uno de ellos con heridas en la cabeza

El primer incidente se produjo el pasado 29 de enero, cuando dos de los vigilantes se pelearon en la garita de entrada al centro penitenciario. Francisco Javier C. R. agredió a Marco Antonio P. L. y le causó heridas sangrantes en la mejilla y en la cabeza. Ambos tuvieron que ser trasladados al hospital. La disputa, según la denuncia de la Guardia Civil, se había iniciado porque los dos vigilantes no se ponían de acuerdo sobre el puesto de cada uno al iniciar su turno: el control de entrada o el control de cámaras de seguridad. Manuel Antonio declaró ante el juzgado que Francisco Javier le quiso quitar el arma, que le insultó y que le amenazó. “Me cogió del cuello, me zarandeó y me golpeó en la cara con su puño derecho; caí al suelo y siguió pegándome puñetazos y rodillazos hasta que vino otro compañero y nos separó”, aseguró. Francisco Javier, por su parte, también denunció agresiones por parte de Marco Antonio. “Me pegó un guantazo en la cara; tras

eso, intentó propinarme dos puñetazos, uno lo esquivé y otro me dió en la cara; en el transcurso de los

hechos, intentó quitarme el arma y ésta cayó al suelo cargada; me amenazó con pegarme un tiro porque me dijo que me tenía ganas”, dijo Francisco Javier. Tras escuchar sus declaraciones, el juez ha pedido los informes médicos de las lesiones, señalan fuentes jurídicas.

"Bochornoso espectáculo"

El segundo incidente se produjo el 4 de julio, cuando Antonio D. G., precisamente el vigilante que medió en la pelea de enero, intentó echar de la carretera a otro compañero, Ángel Javier S. M. Este también puso una denuncia y solicitó el testimonio de un taxista que al parecer vio lo sucedido. El guardia civil que elabora su denuncia relata que “Ángel, en estado de nerviosismo, reiteró textualmente 'aquí va a pasar algo con Antonio, estoy harto de decirlo, no me deja trabajar ni vivir en paz', rompiendo a llorar y diciendo que está teniendo problemas laborales de todo tipo con Antonio”.

El tercer incidente se produjo el 9 de agosto de 2015, con Antonio D.G. de nuevo implicado. El

vigilante amenazó en la sala de monitores a otro compañero, de nombre Ángel, porque el primero se había pasado del tiempo de descanso estipulado y el segundo se lo había recriminado. El mando de la Guardia Civil en la prisión de Huelva ha pedido a la empresa Ombuds que los dos vigilantes implicados en la pelea de enero “no vuelvan a prestar servicio en este centro debido al bochornoso espectáculo ofrecido”. La Guardia Civil lesha incoado además un expediente para la revocación de sus licencias de armas.

Guardias armados

No acaban aquí las anomalías. La Guardia Civil también ha recriminado a Ombuds que haya enviado a la prisión como sustitutos de los agentes privados que están de baja a otros dos vigilantes sin licencia de armas, “cuando el servicio que se presta en la barrera del centro obligatoriamente ha de ser con arma”. El instituto armado pide a Ombuds que solucione este problema "para no tener que informar del incumplimiento del pliego de condiciones suscrito entre Ombuds y el Ministerio del Interior".

Esta empresa de seguridad es una de las diez firmas de seguridad que se han llevado el contrato para vigilar el exterior de los 67 centros penitenciarios que hay en España (sin contar los de Cataluña). El Ministerio del Interior paga 33 millones de euros anuales a estas empresas. El objetivo era recolocar a 800 escoltas que debido al fin de la amenaza de ETA habían perdido su trabajo, aunque a día de hoy solo el 10% de los vigilantes contratados trabajaron de escoltas en el País Vasco y Navarra. En octubre está previsto que se ponga en marcha la tercera fase de este plan de privatización, aunque Interior aún no ha confirmado si se pondrá en marcha o finalmente se retrasará.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también se ha mostrado crítico con el plan: "Llevamos casi tres años con los puestos duplicados y los gastos duplicados, porque no se ha cumplido lo que dijo Interior, que los guardias civiles dejaríamos las prisiones para hacer labores de seguridad ciudadana porque nos iban a sustituir los vigilantes. No es verdad. Fue un pretexto para colocar a los vigilantes", señala unportavoz de AUGC.

Acaip señala que "habría que reflexionar sobre el proceso de selección, la capacitación, las condiciones de trabajo y los requisitos que se exigen a los vigilantes que prestan servicio en la seguridad perimetral; algunos de los vigilantes implicados en estos sucesos tenían acceso a armas de fuego, lo que supone una fuente de preocupación añadida". El Confidencial ha intentado, sin éxito, conocer la versión de la empresa Ombuds.

Condenado a cinco años por tratar de matar al vigilante de la Escuela de Ingeniería

Intentó disparar una pistola pero al tener el seguro puesto no logró accionarla

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a cinco años de cárcel a un hombre que entró a robar una bicicleta en la Escuela de Ingeniería Superior de la capital, ubicada en la calle Doctor Ortiz Ramos, y trató de matar al vigilante disparándole hasta en tres ocasiones, pero el seguro del arma lo impidió.

A las 18.15 horas del 11 de febrero de 2014, el acusado se encontraba en la Escuela de Ingeniería Superior, cuando «fue sorprendido por el vigilante de seguridad del edificio», quien lo encontró agachado, «manipulando la cadena de su bicicleta en la zona de estacionamiento».

Al verse sorprendido en su acción, se deshizo de una herramienta que llevaba, mientras el otro le decía: «Vete y déjame, no me busques la ruina, vete y déjame tranquilo». Pero no quiso marcharse pese a la insistencia del vigilante. El procesado agarró una mochila que había junto a él «con intención de sacar el arma que escondía, momento en el que el guarda se abalanzó por la espalda para evitarlo, sin conseguirlo».

El encausado, con la intención de acabar con su vida, sacó la pistola –una Tanfoglio, modelo GT28, sin número visible–, «apuntándole del hombro a la cabeza». Así, le dijo: ´Que te mato, que te mato´, y apretó el disparador, sin lograr percutirla al encontrarse activado el seguro manual».

Al ver que no disparaba, con el mismo ánimo, «la montó de nuevo, activando la corredera, expulsando en ese momento el cartucho anterior, que cayó al suelo». «Al no haber conseguido su propósito tras estos dos intentos, volvió a disparar, si bien ya no había más munición en el cargador, quedando la pistola bloqueada», precisa el tribunal.

El asaltante se percató de que el arma no disparaba y, con el fin de zafarse del vigilante, «le golpeó con la culata en la cara, alcanzándole en la zona de la ceja, de forma que logró derribarlo». Le provocó un traumatismo junto al ojo derecho y una herida que requirió de sutura. Tardó trece días en curarse de sus secuelas, quedándole una cicatriz en forma de equis cercana a la ceja, lo que supone un ligero perjuicio estético.

El encausado, que se conformó con los hechos, tiene antecedentes penales cancelables y es consumidor de drogas que alteran sus facultades de entender y querer (intelectivas y volitivas).

CONDECORAN A DOS POLICIAS Y UN VIGILANTE POR SALVAR LA VIDA DE PERSONAS EN RIESGO

El Ayuntamiento de Jaén ha decidido condecorar a dos agentes de Policía Local y un vigilante de seguridad con la Medalla al Mérito Policial con distintivo rojo por sus actuaciones meritorias y determinantes para salvas la vida de personas en situación de riesgo. Así lo explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Ruiz, tras la comisión celebrada esta semana en la que se aprobaron estos reconocimientos.

Se trata de los agentes Sergio Sancho Martos y Miguel A. Castro Ariza, que consiguieron reanimar a un hombre que sufría una parada cardiorrespiratoria gracias a la realización de maniobras de recuperación cardiopulmonar. “Esta fue una actuación esencial para salvarle la vida”, señaló el edil, explicando que la tercera medalla es para el vigilante de seguridad de la empresa Prosegur Gustavo Aranda por la actuación a través de la cual logró salvar a un hombre que pretendía poner fin a su vida de forma voluntaria.

Asimismo, se han emitido otras condecoraciones de distintas cruces al mérito policial otorgadas en función de los años de servicio a varios miembros del Cuerpo de la Policía Local. Así se ha propuesto la condecoración con medalla al mérito policial por 15 años de servicio a cuatro agentes de la policía local; por 20 años de servicio a dos agentes y por 25 años de servicio, a un agente de la Policía Local. Por otra parte, se han otorgado distintas felicitaciones individuales de carácter plenario a 15 agentes por distintas actuaciones de servicio destacadas y meritorias.

Las menciones y felicitaciones reglamentarias que se realizarán en el acto institucional de la Patrona del Cuerpo de la Policía Local de Jaén por servicios destacados durante el periodo de octubre de 2014 a julio de 2015. Durante este acto, se llevará a cabo también el reconocimiento público del cuerpo de empleados municipales adscritos al cuerpo de la Policía Local destinados en el equipo de señalización y mantenimiento de vehículos. Igualmente, habrá un reconocimiento público al subinspector de Policía Local Manuel de la Casa de la Torre por su pase a situación de jubilación reglamentaria.

Un grupo de novatos simulan un atraco en una tienda de Badajoz

El cabecilla de la broma fue detenido y podría ser sancionado con una multa de entre 600 y 30.000 euros.

Un grupo de universitarios novatos de Administración y Dirección de Empresas (ADE) simularon un atraco en una tienda de ropa de Badajoz de varias plantas que provocó momentos de tensión y que una de las clientas sufrieran una crisis de ansiedad.

Los responsables del establecimiento, de la firma Sfera, denunciaron los hechos ante la Policía Nacional, ha informado este miércoles la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera.

La Policía Nacional detuvo al cabecilla de esta novatada, ocurrida el pasado jueves, 10 de septiembre, que podría ser sancionado con una multa de entre 600 y 30.000 euros.

Una sanción, según Herrera, que debe servir a los jóvenes para comprobar que este tipo de novatadas "se pueden pagar muy caro".

Mientras unos jóvenes simulaban el atraco a la tienda otros novatos corrían y se tiraban al suelo como si fueran clientes atemorizados.

El vigilante de seguridad de la tienda fue el primero en percatarse de que se trataba de una novatada y puso el caso en conocimiento de los responsables del establecimiento y de la Policía Nacional, que al llegar al lugar detuvieron al cabecilla.

"Se pueden hacer diversas novatadas, pero simular un delito ya es otra cosa, y más teniendo en cuenta que pueden provocar situaciones como la crisis de ansiedad que sufrió una mujer", ha señalado la delegada del Gobierno.

En su opinión, las novatadas "deben tener un límite", pues "no vale todo".

Dos detenidos por resistencia a la autoridad durante la grabación de Bourne

La Policía arresta a dos hombres que desobedecieron a los agentes el primer y tercer día en el que el equipo estuvo en la Plaza de España. El sindicato policial denuncia además la falta de agentes para cubrir el servicio especial

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvo el pasado miércoles y viernes a dos hombres durante el rodaje de la quinta entrega de la saga Bourne en la Plaza de España. A ambas personas se les imputa un delito de atentado, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. El miércoles, los problemas se produjeron en la calle Candelaria, mientras que el viernes el altercado tuvo lugar en la Alameda del Duque de Santa Elena.

El delegado y portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios del Sector de Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Illada, explicó ayer que estas dos detenciones se produjeron porque las dos personas se negaron a acatar las indicaciones de los agentes. Y es que uno de los problemas que más se repiten estas jornadas es lograr que los vecinos hagan caso de las señalizaciones y no pasen por las zonas prohibidas.

Durante estas primeras jornadas de grabación, los agentes municipales también han tenido que acudir a muchas llamadas realizadas por los miembros de las empresas de seguridad privada contratadas por la productora del largometraje. Jesús Illada explicó que estos vigilantes no pueden requerir la documentación a los vecinos y tienen que llamar a la Policía Local para estas tareas, lo que dificulta que estos últimos puedan realizar las misiones para las que han sido requeridos en la zona de rodaje. "Todos los días de grabación recibimos bastantes llamadas de este tipo y eso nos quita mucho tiempo", reconoció el delegado sindical.

Illada también explicó que, en ocasiones, estos guardias de las empresas de seguridad privada han decidido prohibir el tráfico en algunas calles, aunque no se trate de vías muy relevantes por el tráfico que circula en ellas, sin el conocimiento de la Policía Local. "No entendemos cómo hacen esas cosas, si cuentan con la presencia de agentes como nosotros que somos los que tenemos que llevar a cabo ese tipo de acciones", comentó ayer.

Falta de personal

El delegado sindical también denunció la falta de efectivos de las diferentes unidades operativas de la Policía Local para cubrir los diferentes días de rodaje de la película. Para esta labor se están comisionando una media de seis policías para cubrir la zona de rodaje. A juicio de la Sección Sindical, "es claramente insuficiente".

Al servicio ordinario se suman estos días seis agentes, un oficial y un subcomisario y "nos vemos desbordados", explica Illada, quien recuerda que esta situación se va a tener que repetir durante el mes que la productora esté grabando esta nueva entrega de la saga Bourne. A pesar de ello, recordó que habrá algunas jornadas en las que este dispositivo espacial aumente y se llegue hasta los 17 agentes. "En algunas actividades puntuales, los dispositivos especiales de la Policía Local son mucho más grandes de lo que se está destinando al rodaje de esta película, que es muy importante y dura más en el tiempo", resaltó.

El sindicato policial denuncia, además, que los pocos agentes que cubren los días de rodaje realizan sus funciones en condiciones en las que muchas veces tienen que permanecer horas en un punto fijo, al no contar con efectivos que puedan ocupar su puesto en momentos puntuales. Además, Illada explicó que no entiende "cómo para un dispositivo de seis policías y un oficial tiene que acudir un subcomisario, los cuales solo son necesarios en eventos donde los efectivos son tales que es necesaria una escala ejecutiva de mando para poder llevar a cabo el servicio"