11 de noviembre de 2017

Frenan el contrato de vigilancia hasta resolver una de las ofertas

Hay dudas sobre la posible propuesta "desproporcionada" en el apartado de "dependencia con alarma" de Seguridad SH Lanzarote.
La quinta reunión -celebrada el pasado viernes- de la Mesa de Contratación para la adjudicación del acuerdo marco del servicio de vigilancia, seguridad y medios contra intrusión y riesgos en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz dejó pendiente la resolución hasta que la empresa Seguridad SH Lanzarote justifique su oferta para el mantenimiento integral por dependencia con alarma de 19,70 euros sin IGIC que se entiende "desproporcionada o anormal".
El órgano de contratación, presidido por el Coordinador General de Hacienda, Rogelio Padrón, valoró el sobre número 3, el de las propuestas económicas de los dos licitadores que deberán sustituir a Seguridad Integral Canaria (SIC) y subrogar a una plantilla de trabajadores que en su mayoría no ha cobrado el salario de los meses de septiembre y octubre.
Sistemas de Seguridad SH Lanzarote SL obtuvo un total de 90,90 puntos, con un desglose de 64,90 por "criterios que no dependen de un juicio de valor" y 26 por "los que dependen de un juicio de valor". La otra licitadora, Biservicus Sistemas de Seguridad SA, obtuvo, por su parte, 72,62 puntos (45,12 y 27,50, respectivamente).
A la empresa "ganadora" del concurso, al menos de momento, se le da ahora audiencia para justificar esa posible oferta "desproporcionada o anormal".
El contencioso de los vigilantes de seguridad tuvo su espacio en la comisión de control de ayer. El concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Juan José Martínez, reconoció que la situación que viven los empleados de la actual concesionaria, Seguridad Integral Canaria (SIC) es "intolerable", y avanzó que durante los próximos cuatros años, con el nuevo contrato, habrá un funcionario que supervisará el cumplimiento del pliego de condiciones.
Martínez, en cualquier caso, rechazó la posibilidad de que el consistorio recupere el servicio mientras se soluciona el conflicto, porque eso implicaría mantener luego a los trabajadores.