24 de septiembre de 2014

¡Cualquier sitio es bueno y la pregunta también!

radio-s-borondon
Cualquier sitio es bueno para preguntarle al Gobierno y al Rey de la Seguridad Privada en Canarias.
“Señora Delegada del Gobierno en Canarias, ¿como valora la última adjudicación de Defensa a Seguridad Integral Canaria empresa de Miguel Ángel Ramirez, ya que ha sido ‘indultado’ por su gobierno?”.
Esta pregunta la hace un periodista de Radio San Borondón, en una rueda de prensa celebrada hace unos días, siendo el único medio presente que se atreve a hacer preguntas incomodas sobre el Rey de la Seguridad Privada, a un miembro del Gobierno.
Esta rueda de prensa que se celebró el pasado día 16 de septiembre, tras la reunión mantenida entre la Delegada del Gobierno en Canarias, la Policía y el Presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, para trabajar sobre las medidas a adoptar en la nueva temporada de fútbol de segunda y la problemática generada con una de las peñas del club amarillo, a fin de evitar se reproduzcan hechos como los que le costaron el ascenso a La UD Las Palmas en la temporada pasada.
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Acta de la 3ª reunión de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad Privada.


Arrestado por robo tras saltar la valla del astillero para ´comprar pescado´

La Policía detuvo ayer de madrugada en Palma a un hombre de 39 años por un presunto delito de robo con fuerza después de que este saltara la valla del astillero y deambulara por el interior en bicicleta. Según su explicación, se adentró para "comprar pescado a dos euros el kilo".
Los hechos ocurrieron a las cuatro de la madrugada.El vigilante de seguridad se percató de que un individuo había saltado la valla de tres metros. Tras activar la alarma, el guarda fue en su busca y lo retuvo hasta la llegada de la Policía. Cuando los agentes llegaron al astillero, el sujeto dijo buscar a unos supuestos vendedores de pescado. No obstante, fue detenido por robo.

Vigilantes de seguridad hallan una granada junto a desalinizadora de Ceuta.

La Policía Nacional de Ceuta ha abierto una investigación para esclarecer la procedencia de una granada, procedente del Ejército de Tierra, que ha sido localizada junto a la planta desalanizadora de Ceuta, situada junto al borde costero de la bahía sur del Estrecho de Gibraltar.
Según ha informado hoy a Efe un portavoz de la Delegación del Gobierno, el artefacto explosivo fue localizado en la tarde de ayer por los vigilantes de seguridad de la planta desalinizadora durante un recorrido por las inmediaciones del edificio.
El vigilante advirtió de la presencia del explosivo situado en la parte de atrás de la planta, junto a las escolleras, dando inmediatamente aviso a los TEDAX de la Policía Nacional.
Los especialistas en desactivación de explosivos recogieron el artefacto y comprobaron que se trataba de una granada que no revestía peligro y que no estaba preparada para ser detonada.
La granada es la que suelen utilizar los militares durante los ejercicios de entrenamiento, aunque se desconoce cómo fue a parar a ese lugar, según las mismas fuentes gubernativas.
Las primeras hipótesis apuntan a que alguien llevaba la granada en un vehículo y se deshizo de la misma en esa zona al ser frecuente por ese lugar los controles de tráfico por parte de la Guardia Civil.
La planta desalinizadora es una instalación construida hace unos años que produce cada día unos 20.000 metros cúbicos de agua para el suministro a la población.

La prisión de Soria contará con seguridad privada exterior en octubre

La cárcel de Soria contará a partir del próximo mes de octubre con seguridad privada en el exterior, sustituyéndose los agentes de la Guardia Civil por guardias de seguridad, al amparo de una orden del Ministerio del Interior. Esta es una de las razones esgrimidas por el sindicato de prisiones UGT-FSP para ausentarse hoy de las celebraciones del Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, según una nota remitida por el propio sindicato. El Ministerio del Interior decidió extender a todos los centros penitenciarios de España la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones. Hasta ahora, el departamento de Jorge Fernández Díaz sólo había implantado este modelo en 21 de los 68 centros administrados por Instituciones Penitenciarias en el marco de un programa piloto iniciado en mayo de 2013. La segunda fase del plan se ejecutará el próximo mes por la que guardias privados comenzarán a asumir de forma generalizada la labor de vigilancia exterior de las cárceles, un trabajo que hasta ahora sólo podían desarrollar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
UGT se opone a esta privatización porque «no es necesaria ni rentable» y «supone un ataque frontal al modelo público de Instituciones Penitenciarias. El sindicato considera que con esta medida la administración «solamente beneficia a determinadas empresas, más pendientes de obtener beneficios que de la seguridad de los centros penitenciarios». UGT también añade que esto sólo será «el principio», ya que «se irá extendiendo al interior de los centros penitenciarios».
Además de por esta causa, y por segundo año consecutivo, UGT tampoco acudirá a las celebraciones del Día de la Merced por otras circunstancias como la demanda de un incremento de personal mediante una «adecuada» convocatoria de oferta de empleo público y la «defensa y dignificación de los profesionales penitenciarios». A todo esto se suma «la incertidumbre» con respecto a la apertura de la nueva prisión en Las Casas, «que según la información que poseemos está terminada a falta de equipamientos».

En una respuesta parlamentaria reciente, el Gobierno de España señalaba que antes de finalizar el año se produciría la finalización de las obras, llevándose a cabo el equipamiento del centro en 2015 y a la espera de la oferta de empleo público. En el caso de Soria, para que se pudiera abrir en su integridad la prisión, se necesitarían en torno a 300 nuevos funcionarios, en la actualidad algo completamente inviable. Es por ello que de momento no existe un horizonte fijo para la apertura de la cárcel.
UGT denuncia «el secretismo existente» a la par que exige a las autoridades competentes «que se pronuncien e informen adecuadamente a la sociedad soriana dadas las repercusiones económicas y laborales que suponen para la provincia». El sindicato también utiliza el término «inviable» para referirse a la apertura del centro de Las Casas, «máxime cuando no se cubren las vacantes» en la actual cárcel «y la oferta de empleo público se limita a 70 plazas a nivel nacional».

UGT critica que la casi inexistencia de ofertas de empleo público, la tasa de reposición cero en el centro y la no convocatoria de las vacantes existentes ha conducido a la prisión soriana a contar con catorce funcionarios menos que los existentes hace tan solo tres años, noticia de la que ya se hizo eco DIARIO DE SORIA / EL MUNDO el pasado mes de abril. 
El sindicato va más allá al afirmar que sin trabajadores, «sin una adecuada política de personal, no se pueden desarrollar los preceptos constitucionales de reinserción social ni garantizar la seguridad y custodia de los internos. «Esto afecta gravemente en las condiciones laborales de los trabajadores penitenciarios y a su propia seguridad».
Del mismo modo, también se critican «los continuos recortes, sin estudiar sus repercusiones, que han conducido igualmente a unas tasas de envejecimiento entre los trabajadores de la prisión de Soria sin parangón, y una edad media de las mayores de España, con el consiguiente aumento de las tasas de absentismo ligadas a dicho envejecimiento».
Siempre según datos de los ‘ugetistas’, actualmente el 65 por ciento de los trabajadores del centro supera los 50 años, y el 33 por ciento es mayor de 55. El 30 por ciento de los trabajadores de servicio interior, los que están en contacto con los internos, es mayor de 55 años y estarán los dos próximos años en situación de pasar a segunda actividad «lo que conducirá, de no aplicar ninguna medida en este periodo, a una situación que imposibilitaría el normal funcionamiento del centro, con las mínimas garantías para internos y trabajadores».
La Subdelegación aclaró ayer que, a diferencia de años anteriores, no se producirá una convocatoria de prensa, debido a que Segundo Pascual, director de la cárcel soriana, será uno de los galardonados hoy en Madrid en el acto central de Instituciones Penitenciarias para celebrar el día de la patrona, por sus años de servici. También será reconocida la empresa soriana Fico por sus talleres de empleo para los internos. Los actos se reducirán a un vino español en un restaurante

Condenado a 4 años de cárcel por agredir a dos policías y dos vigilantes en un partido en Riazor

El procesado, ayer, en el banquillo de los acusados de la sección segunda de la Audiencia Provincial. 13fotos
El procesado, ayer, en el banquillo de los acusados de la sección segunda de la Audiencia Provincial. 13fotos

El procesado, que aceptó la sentencia, admitió que le rompió dos dientes al guardia de seguridad que intentó echarlo del estadio por increpar a los aficionados del Barça

La Fiscalía solicitaba siete años de prisión pero llegó a un acuerdo con la defensa del acusado
Un aficionado del Deportivo aceptó ayer ser condenado a cuatro años de cárcel por golpear a dos vigilantes de seguridad y a dos policías en Riazor. La Fiscalía reclamaba que fuese sentenciado a siete años de prisión, pero ayer llegó a un acuerdo sobre la pena con la defensa del sospechoso, que se declaró culpable y mostró su conformidad con la condena. El juicio no se celebró y el tribunal dictó sentencia oral en la sala. Contra el fallo no cabe recurso porque fue impuesto con el visto bueno de todas las partes implicadas.
El procesado reconoció que sobre las 23.15 horas del 20 de octubre de 2012, durante un encuentro contra el Barcelona, comenzó a increpar "de forma reiterada" a los hinchas catalanes. Un vigilante de seguridad se acercó a él y le instó a que cesara en su comportamiento y ocupara su butaca. El sospechoso, sin embargo, le respondió que no le daba la gana y siguió con sus provocaciones, ante lo que el guarda le ordenó que abandonase el estadio.
En un primer momento, el aficionado, que ya había sido condenado en 11 ocasiones, acompañó al vigilante hasta la puerta de Riazor, pero cuando se disponía a cerrarla para dejarlo fuera, se abalanzó sobre él, lo agarró por la chaqueta y le propinó puñetazos en la boca y en la cabeza, además de una patada en el costado derecho. La víctima, como consecuencia de la agresión, perdió dos dientes y necesitó asistencia médica. En curar de las heridas tardó 47 días, siete de los cuales estuvo incapacitada para realizar sus tareas habituales.
Otro guardia de seguridad del estadio acudió en defensa de su compañero cuando observó que el procesado lo golpeaba, pero el acusado le dio un codazo en el pecho cuando se disponía a agarrarlo por la espalda. Dos agentes de la Policía Nacional también se trasladaron al lugar de los hechos. El imputado le propinó una patada en el gemelo derecho a uno de ellos; y al otro funcionario le retorció la muñeca cuando trató de inmovilizarlo, lo que le provocó un esguince.
Los policías se vieron obligados a arrojar al suelo al condenado para inmovilizarlo, por lo que sufrió hematomas en la zona del pómulo y la nariz y varias erosiones. El aficionado del Deportivo, además de a cuatro años de cárcel, fue sentenciado a pagar una indemnización de 3.123 euros al vigilante de seguridad al que hirió; de 156 euros a uno de los policías; y de 501 al otro agente del 091 que lesionó.

El representante del Ministerio público aceptó la rebaja de los siete años que solicitaba inicialmente porque consideró que en el delito de atentado contra agentes de la autoridad no debía tener en cuenta la agravante de reincidencia, ya que la condena anterior que tiene el imputado por cometer el mismo delito es cancelable. De los cuatro años, tres fueron por incurrir en un delito de lesiones con deformidad; y el otro año, por el delito de atentado en concurso con otro de lesiones.

Prosegur abre una nueva delegación en Portugal

Prosegur ha reforzado su presencia en Portugal con la inauguración de una nueva delegación en el Algarve desde la que trabajarán 70 empleados que prestarán servicios de vigilancia, logística, tecnología y alarmas y que se suman a los más de 7.000 trabajadores que la compañía tiene en el país.
La delegación, que se ubica en la localidad de Loulé (región de Faro), se une a las seis con las que ya contaba Prosegur en Portugal, un mercado en el que facturó cerca de 150 millones de euros en 2013.
Según ha señalado la presidenta de Prosegur, Helena Revoredo, esta nueva delegación confirma la apuesta de la compañía por Portugal, país que fue la primera parada internacional hace cerca de 35 años y del que esperan obtener importantes retornos en el futuro.
Actualmente, Prosegur desarrolla su actividad en 17 países de Europa, Latinoamérica, Asia y Oceanía, donde cuenta con más de 400 sedes propias en las que trabajan 150.000 profesionales.

Serramar y Damaterra ‘Concurso de Acreedores’.

Tanto SERRAMAR como DAMATERRA van a presentarse a ‘concurso de acreedores’.
Tras el diluvio de denuncias presentadas por nuestro sindicato, que ha desencadenado un aluvión de sanciones, ha salido a flote la verdadera piel de estas empresas pirata. Nuestros afiliados deben ir a inspección de trabajo a denunciar sin falta y con carácter urgente, todas y cada una de las agresiones que estas empresas del mismo grupo y familia (Pastrana), ponen en práctica en contra de los intereses y los derechos de los trabajadores, no cobran en las fechas previstas por ley, no cobran a convenio, y un largo etc de irregularidades que ¡oh casualidad! siempre inciden de manera negativa en la economía de los trabajadores y sus familias.
Nuestros afiliados tienen que denunciar de manera urgente, todos y cada uno de los abusos que están sufriendo por parte de estas dos empresas del mismo grupo y familia.
En los juicios será vital que hayan denunciado ante la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social (ITSS) porque se ha presentado en la Fiscalía documentación muy importante, y que será determinante para el proceso que se nos presenta en el horizonte.
Cuidado con estas otras empresas
.- SANCUS SEGURIDAD .- AURASER 24  .- IDS 24 .- YUNQUERA 2013
Todas estas son también de esta misma familia (Pastrana).
Lo que deja claro lo que están montando.

22 de septiembre de 2014

El Metro de Madrid cuenta con 9.000 cámaras de vigilancia que el último año han proporcionado mil videos a la Policía

La principal amenaza en materia de seguridad son carteristas y grafiteros, aunque las incidencias más comunes son sanitarias
 
 El Metro de Madrid cuenta con un total de 9.000 cámaras de videovigilancia repartidas por toda la red. Son los 'ojos' del suburbano madrileño de cuyas grabaciones el último año se han puesto a disposición de la Policía cerca de mil videos útiles para diversas investigaciones. Entre los dos millones de personas que transitan a diario estas instalaciones, carteristas y grafiteros representan la amenaza más habitual mientras que la mayoría de intervenciones las generan las asistencias sanitarias.
   Fuentes de seguridad del Metro explican a Europa Press que las 9.000 cámaras tienen una función doble: vigilar incidencias que afectan a los viajeros o aquellas que afectan al propio servicio. Por ello están repartidas a través de distintos puntos de la red, tanto en vagones como en puntos fijos. A este despliegue hay que sumarle los 1.500 agentes de vigilancia privada (contando con los destinados en Patrimonio, situados en los depósitos), una Brigada Móvil de la Policía Nacional, una Comisaría en Sol y otra en Nuevos Ministerios.

   A la hora de facilitar grabaciones a la Policía se cumple la Ley de Protección de Datos en virtud de la cual, las grabaciones no se conservan más de seis días salvo cuando hay una petición judicial. De los centenares de videos que se ponen a disposición de la Policía, hay muchos que no tienen relación directa con incidentes cometidos dentro de la red de Metro sino con investigaciones de toda índole, algunas de ellas de gran interés mediático.

BANDAS VIOLENTAS LATINAS
   Las cámaras de seguridad han servido en el pasado como pruebas de agresiones o peleas. Fue el caso del asesinato del joven antisistema Carlos Palomino, apuñalado por otro joven de ideología neonazi en un vagón de Metro. Las fuentes consultadas indican que este tipo de incidentes no son habituales, aunque recientemente ha habido casos protagonizados por integrantes de bandas violentas latinas. También se dan casos de agresiones a supervisores del Metro por parte de personas que quieren colarse o a los propios vigilantes por la misma razón.
   La mayor parte de las incidencias son sanitarias (desmayos, lipotimias, caídas, lesiones o incluso infartos). Cuando una cámara lo capta, se activa un protocolo de seguridad a través del 112. Lo mismo sucede en caso de incendio, que se da aviso a los bomberos, o con otras situaciones de emergencia como un ascensor que se atasque con personas dentro.
   Las fuentes consultadas definen como "un día tranquilo" el pasado miércoles donde se registraron 14 asistencias sanitarias, una de bomberos, la identificación de un carterista y un total de 24 personas puestas a disposición judicial.
El Metro cuenta con un centro de control donde se centralizan todos los servicios del suburbano, desde lo relativo a la seguridad hasta la megafonía. Este centro de operaciones siempre cuenta con la presencia de un efectivo de la Brigada Móvil de la Policía Nacional. Con diez años de antigüedad, está prevista su renovación para adaptarlo a las novedades tecnológicas del momento.

CARTERISTAS YA CONOCIDOS POR LOS VIGILANTES
   Desde el punto de vista de la seguridad, los carteristas y los grafiteros son el principal quebradero de cabeza de la seguridad del Metro. Hasta el punto de que son muchos a los que los vigilantes que circulan por la red ya conocen e identifican a simple vista por lo que directamente se avisa a la Policía. En muchos casos estas personas tienen órdenes de alejamiento del suburbano por su reincidencia.
   Las fuentes consultadas explican los carteristas pueden actuar en solitario o en grupo como era el caso del conocido como 'clan de las bosnias', que tras ser descubiertas en numerosas ocasiones finalmente se logró que un juez decretase para ellas una orden de alejamiento del Metro. Ahora se las sitúa fuera de Madrid. Afirman estas fuentes que los carteristas procuran no robar nunca más de 400 euros pues a partir de esa cantidad de dinero la acción ya se considera delito en lugar de falta.
   Por su parte, los grafiteros casi siempre actúan en grupo. A diferencia de otros lugares, en cuanto un vagón aparece pintado con sprays se le retira de la circulación para retirar los desperfectos. El Metro de Madrid se persona en multitud de causas judiciales (en su mayoría juicios de faltas) con el objetivo de reclamar la responsabilidad civil por los daños ocasionados. Generalmente no se logra recuperar la compensación económica, pero a cambio sí se han logrado órdenes de alejamiento.

PALIAR EL FRAUDE
   Aunque aún se encuentra en fase embrionaria, los responsables del suburbano madrileño exploran fórmulas para evitar que la gente se cuele sin pagar. Los primeros estudios se inclinan por aprovechar la tecnología para dotar a los interventores de una mayor capacidad de reacción, aunque las fuentes consultadas admiten que es difícil.
   Indican estas fuentes que pese a los años de crisis no han detectado un incremento de fraudes de este tipo en comparación con los años previos. Añaden que movimientos como el colectivo 'Yo no pago' apenas han tenido continuidad. Aseguran que la mejor manera de combatir esta tendencia de no pagar es fomentar y ahondar en la concienciación de que esta instalación se conserva con el dinero de todos los ciudadanos.

21 de septiembre de 2014

Vigilantes Noticias 21 de Septiembre de 2014.















































Interior gasta 33 millones en un año para incorporar seguridad privada en las prisiones y da trabajo a 800 agentes

El primer contrato, distribuido entre 2014 y 2015, incluye 9 empresas
El Gobierno defiende que no va a significar un recorte del número de efectivos policiales que actualmente prestan servicio
El coste de incorporar empresas privadas a las prisiones supera los 33 millones de euros sólo para el primer año. Eso es lo que destina el Ministerio del Interior en el primer contrato de este plan, que cubre 67 centros penitenciarios dependientes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz y emplea a más de 800 vigilantes privados.
Así lo explica el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press en la que se detalla que "el coste del contrato asciende a 33.387.743,03 euros distribuidos en las anualidades 2014 y 2015".
Esta iniciativa tiene su punto de partida en el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de mayo, que autorizaba a Interior a contratar el "servicio de apoyo a la seguridad" en los centros penitenciarios dependientes de la Administración central.

ABARCA A 67 CENTROS PENITENCIARIOS
En consecuencia se preparó un expediente de contratación que cubriese los 67 centros penitenciarios, "estando previsto que el contrato tenga una duración de un año, comenzando el 22 de junio de 2014 o a partir de la fecha de la formalización, si esta fuera posterior".
El Ejecutivo detalla que el contrato se estructurará en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, "con lo que se pretende garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato". Por su parte, precisa que el volumen del contrato implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 vigilantes de seguridad que se emplearían.
Interior insiste en que la presencia de estos agentes de seguridad privada no va a significar un recorte del número de efectivos policiales que actualmente prestan servicio y los agentes privados desempeñan "cometidos como auxiliares de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de los centros afectados".

ARGUMENTOS DEL GOBIERNO
El argumento que defiende el Gobierno es que lo que se pretendía era liberar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que realizasen funciones para las que "resulta más apropiada su mayor cualificación y especialización".
Desde el mismo mayo se puso en marcha un programa piloto sólo en algunos centros. El proyecto de dicho plan tenía como fin, que si los resultados fueran positivos, se ampliaría al resto de los Centros. "La implantación y funcionamiento del plan fueron satisfactorios, cumpliendo con los objetivos previstos, por lo que la valoración en su conjunto ha sido positiva, haciendo viable su extensión al resto de centros penitenciarios", afirma el Gobierno.
Las empresas que actualmente están participando en el apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios son nueve, que han constituido una UTE (Unión Temporal de Empresas).

La nueva normativa regional de caza indigna a los vigilantes de seguridad

Los cazadores exigen al Principado que saque adelante el nuevo reglamento
El proyecto de un nuevo reglamento para la gestión de la caza regional, actualmente a la espera de la decisión final de la Consejería de Agroganadería, solivianta y preocupa a los vigilantes de seguridad privada de Asturias, que a través de la asociación que los agrupa, Avispa, rechazan la creación de la nueva figura de los guías, a los que se otorga la facultad de realizar la labor de acompañamiento en las partidas de caza mayor y la de comprobar la documentación relativa a los permisos, entre otras funciones.
Hasta la fecha, estas tareas las realizan los vigilantes, que temen una sangría de puestos de trabajo si finalmente sale adelante la norma, en principio rechazada por el Consejo Regional de Caza.
El texto también prevé que el papel de guía puede ejercerse a través del jefe de cuadrilla, extremo que los vigilantes rechazan con los presupuestos de la reciente ley de Seguridad Privada, que establece que únicamente puede ejercer funciones de seguridad privada el personal integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los detectives privados. Además, constituyen facultades de los guardas de caza la vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas, así como en las instalaciones agrícolas, industriales o comerciales que se encuentren en ellas, y, además, las de vigilancia y protección en las fincas de caza en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético y espacios de pesca fluvial.
Por su parte, la Federación para la Protección de la Fauna Salvaje (Fadovisa) reclama a la Consejería de Agroganadería que siga adelante con la tramitación del reglamento, que, según señala Ismael González Rozada, vicepresidente de la entidad, "es fruto de numerosas reuniones y arduas negociaciones entre todos los implicados".
González Rozada critica la actitud de la Federación de Caza, contraria al texto, tal como está redactado en la actualidad, y también lamenta que algunas personas se arroguen la representatividad de los cazadores asturianos. "Cuando no se representan más que a sí mismos", recalca.

Gaceta de Securitas nº 75



Cuadernos de Seguridad nº 292


Informe Anual Prosegur año 2013


Informe Anual de Seguridad Nacional Año 2013


Muere un vigilante del "Sefardí" de un disparo de su arma reglamentaria

Policía y sanitarios se desplazaron hasta el lugar de los hechos. David Pérez

e. m. | TOLEDO - sábado, 20 de septiembre de 2014
Un varón de 35 años perdió ayer la vida tras un disparo realizado al parecer con su arma reglamentaria dentro de las instalaciones del Museo Sefardí de la capital regional. Y es que, el joven trabajaba como vigilante de seguridad de este centro cultural muy visitado en Toledo, que depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El suceso tuvo lugar a primera hora de la tarde de ayer viernes, lo que causó una gran consternación entre los propios compañeros de este hombre y que también desempeñan su trabajo en estas dependencias de la ciudad.
Fuentes cercanas a la investigación de los hechos aseguraron ayer a este diario que ha quedado, en principio, descartado desde un primer momento que pudiera haber participado alguna persona más en este suceso en el que el trabajador del museo acabó falleciendo.
Así las cosas, hasta la Sinagoga del Tránsito, en el barrio de Santo Tomé, se desplazaron en la tarde de ayer viernes una patrulla de efectivos de la Policía Nacional y también de la Policía Local de Toledo.
De igual modo, acudieron hasta la zona, que habitualmente es muy transitada por un gran número de turistas que visitan el Museo Sefardí y también el cercano Museo del Greco, sanitarios del servicio de emergencias 112 de la comunidad de Castilla-La Mancha tras recibir el aviso pasadas las tres de la tarde. No obstante, no pudieron hacer nada por salvar la vida de este joven vigilante de seguridad.

20 de septiembre de 2014

Sanidad descarta el ébola en un viajero enfermo que llegó ayer a la Estación Sur de Madrid

  • El viajero sufría malestar, vómitos y mareo y ha estado en varios países africanos

Los equipos del Samur con los trajes NBQ en la estación.
Los equipos del Samur con los trajes NBQ en la estación. E. M.
El viajero brasileño que llegó anoche a la estación de autobuses madrileña de Méndez Álvaro y fue hospitalizado ante el temor a que pudiera tener ébola no padece la enfermedad, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.
Todas las alarmas saltaron hacia las 00.30 horas de la madrugada, cuando el potencial enfermo, un ciudadano brasileño que presentaba una dolencia desconocida y se encontraba bastante mal, llegó a la Estación Sur de Autobuses de la capital. En su pasaporte figuraban datos de que había estado recientemente en varios países africanos y su repentino malestar, vómitos y mareo, provocó que se activaran los protocolos sanitarios.
Fueron dos vigilantes de seguridad los que trasladaron al paciente hasta las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en la Estación Sur de Méndez Álvaro.
Acto seguido, varias dotaciones del Samur con trajes NBQ atendieron al pasajero y lo trasladaron urgentemente a la Fundación Jiménez Díaz para hacerle pruebas y descubrir qué enfermedad padecía.
La Policía Nacional acordonó una zona de la estación y cinco de sus agentes, junto a los dos vigilantes de seguridad fueron atendidos porque habían tenido contacto con el enfermo. Fueron trasladados finalmente hasta las dependencias del Samur en la Casa de Campo para ser desinfectados.
El paciente, de unos 30 años, pese a que había viajado recientemente por África, no ha estado en ninguno de los países más afectados por la epidemia:Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry.
El Procedimiento de Actuación frente a casos sospechosos de enfermedad por virus de Ébola (EVE) fija el aislamiento estricto del paciente durante el transporte y hospitalización, y su traslado a una unidad de enfermedades infecciosas de alta seguridad. Establece además su ingreso en una habitación individual con acceso restringido al personal esencial para su atención y cuidado, la utilización de instrumental médico de uso exclusivo (o la esterilización si es reutilizable) y la inmediata desinfección de cualquier instrumental utilizado por el paciente. Dicho procedimiento incluye también otras medidas de protección para las personas que hayan estado en contacto con el paciente.

Las nuevas mancomunidades de municipios no podrán tener Policía Local, pero sí vigilantes

Las mancomunidades de municipios de Castilla y León no podrán disponer de Policía Local y tendrán que asignar sus funciones a «vigilantes» o «guardas», según hizo público ayer el Boletín Oficial del Estado, en el apartado referente a las disposiciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La Comisión de Cooperación entre Castilla y León y el Estado se reunió el pasado día 15 de julio. La cita se fijó de conformidad con la reunión previa celebrada por el grupo de trabajo constituido por acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado, para resolver las discrepancias competenciales manifestadas sobre la legislación en materia de ordenación, servicios y gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Las discrepancias se referían a la conveniencia o no de otorgar estas atribuciones a las nuevas mancomunidades que se puedan crear en función de la Ley de Ordenación del Territorio. «Con carácter general, las partes convienen en interpretar la ley en el sentido de que su aplicación no supone la posibilidad de constituir mancomunidades de policías locales».
«En particular, ambas partes coinciden en considerar que el posible ejercicio supramunicipal de funciones en materia de seguridad ciudadana en el ámbito territorial de Castilla y León se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en la normativa por la que se determinan las condiciones para la qsociación de municipios con la finalidad de prestar servicios de Policía Local», explicaba el BOE en su edición de ayer.
La legislación a la que se hace referencia en el apartado primero del anexo es la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: «Los municipios podrán crear cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto en la presente ley, en la Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica».
No obstante, se sustenta también en la orden que determina las condiciones para la asociación de municipios que quieran prestar servicios de Policía Local. Se exige «ser municipios limítrofes y pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma, no disponer separadamente de recursos suficientes para la prestación de servicios de policía local y que la suma de las poblaciones de los dos municipios no supere la cifra de 40.000 habitantes».
Se especifica también que en los casos en los que pudieran concurrir las circunstancias necesarias para crear el cuerpo de Policía Local, deberá ser el propio municipio el que asuma su coste. Como quiera que existían dudas en torno a la constitucionalidad de esta disposición, y en cumplimiento de la ley, se acuerda «comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional».

Un vigilante del Hospital de Ceuta, detenido por sustraer recetas que vendía

 La Policía Nacional ha detenido a un vigilante de seguridad del Hospital Universitario de Ceuta como presunto responsable de haberse apoderado de hasta 2.000 recetas médicas en diversas consultas de traumatólogos y cirujanos que posteriormente vendía a diez euros la unidad. El individuo que las adquiría, que a su vez encargaba a otro sujeto que comprase psicotrópicos con ellas en las farmacias de la ciudad, también ha sido arrestado.
   Según ha informado la Jefatura Superior este viernes en un comunicado de prensa, al vigilante, de 45 años de edad y cuya identidad responde a las iniciales J.M.C.V., se le imputan los supuestos delitos de robo con fuerza de recetas médicas, contra la salud pública y falsificación. A J.J.B.M., el sujeto que le compraba las recetas, de 24 años y con antecedentes por robo con violencia e intimidación, se le acusa de tráfico de drogas.
   "Al parecer", ha explicado la Policía, "durante el desempeño de su trabajo de vigilancia en el centro sanitario accedía a las distintas consultas de los facultativos médicos y cogía las recetas, cosa que ha llevado a cabo en los últimos dos años".
   El vigilante ha confesado que se hacía con las recetas en diferentes consultas y que posteriormente se las vendía a un individuo que localizaba en una barriada de la periferia "al precio de diez euros la unidad". El comprador también ha declarado que "se las pasaba a un tal Miguel", detenido el pasado 10 de septiembre, que era el que adquiría los psicotrópicos ('Trankimazin' y 'Rivotril') en las farmacias.
   La investigación se inició después de que varios médicos presentasen denuncias una vez advertidos por la Inspección Farmacéutica. La Policía aún no ha podido concretar el número total de recetas sustraídas pero los investigadores estiman que su número podría alcanzar las 2.000 unidades, habiendo ocasionado "un perjuicio económico importante a la espera de los informes de la Dirección Territorial del Ingesa".