El primer contrato, distribuido entre 2014 y 2015, incluye 9 empresas
El Gobierno defiende que no va a significar un recorte del número de efectivos policiales que actualmente prestan servicio
El coste de incorporar empresas privadas a las prisiones supera los 33 millones de euros sólo para el primer año. Eso es lo que destina el Ministerio del Interior en el primer contrato de este plan, que cubre 67 centros penitenciarios dependientes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz y emplea a más de 800 vigilantes privados.
Así lo explica el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press en la que se detalla que "el coste del contrato asciende a 33.387.743,03 euros distribuidos en las anualidades 2014 y 2015".
Esta iniciativa tiene su punto de partida en el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de mayo, que autorizaba a Interior a contratar el "servicio de apoyo a la seguridad" en los centros penitenciarios dependientes de la Administración central.
ABARCA A 67 CENTROS PENITENCIARIOS
En consecuencia se preparó un expediente de contratación que cubriese los 67 centros penitenciarios, "estando previsto que el contrato tenga una duración de un año, comenzando el 22 de junio de 2014 o a partir de la fecha de la formalización, si esta fuera posterior".
El Ejecutivo detalla que el contrato se estructurará en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, "con lo que se pretende garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato". Por su parte, precisa que el volumen del contrato implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 vigilantes de seguridad que se emplearían.
Interior insiste en que la presencia de estos agentes de seguridad privada no va a significar un recorte del número de efectivos policiales que actualmente prestan servicio y los agentes privados desempeñan "cometidos como auxiliares de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de los centros afectados".
ARGUMENTOS DEL GOBIERNO
El argumento que defiende el Gobierno es que lo que se pretendía era liberar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que realizasen funciones para las que "resulta más apropiada su mayor cualificación y especialización".
Desde el mismo mayo se puso en marcha un programa piloto sólo en algunos centros. El proyecto de dicho plan tenía como fin, que si los resultados fueran positivos, se ampliaría al resto de los Centros. "La implantación y funcionamiento del plan fueron satisfactorios, cumpliendo con los objetivos previstos, por lo que la valoración en su conjunto ha sido positiva, haciendo viable su extensión al resto de centros penitenciarios", afirma el Gobierno.
Las empresas que actualmente están participando en el apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios son nueve, que han constituido una UTE (Unión Temporal de Empresas).
