Pese a que la plantilla de funcionarios de Prisiones no ha aumentado en los últimos años y son cada vez menos los vigilantes que tienen que controlar los más de 100 presos con los que cuenta cada módulo, el Ministerio del Interior ya ha reservado 33,3 millones para este año y el próximo para incorporar vigilantes de seguridad privada al perímetro exterior de las cárceles. Una tarea que hasta ahora realizaban los agentes de la Guardia Civil.
El proyecto piloto para implantar la seguridad privada en el exterior de las prisiones se implantó ya el año pasado en un total de 21 centros penitenciarios, entre ellos los de Teixeiro (A Coruña) y A Lama (Pontevedra).
Mientras Interior ha destinado más de 33 millones a la contratación de 800 vigilantes, que serán destinados a 67 cárceles en todo el país, los sindicatos de prisiones critican que no se están cubriendo los puestos de funcionario y que con ese dinero podrían haber lanzado una oferta de empleo público que superaría las 1.000 plazas. Para los trabajadores de prisiones, este proyecto es "una privatización encubierta", un intento de recolocar a los escoltas que se encargaban de la vigilancia de políticos y personalidades y que se han quedado sin trabajo.
