- El miércoles comienza la segunda fase del proceso de privatización de la seguridad de los centros penitenciarios.
- Ombuds, la empresa más beneficiada en la adjudicación del servicio.
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Más de 800 vigilantes privados empezarán a velar por la seguridad en las 67 prisiones de España que dependen del Ministerio del Interior a partir del próximo miércoles 1 de octubre. Será el inicio de la segunda fase del plan de privatización de la seguridad de los centros penitenciarios estatales, después de que varios contratiempos hayan provocado que la fecha prevista (el 1 de julio) se retrasara tres meses.
La función que desempeñarán los vigilantes será la misma que han desarrollado estos profesiones en los 21 centros que conformaban la primera fase (o fase piloto) del programa, que comenzó en junio de 2013 y que se ha alargado hasta ahora. Según un escrito de la Dirección General de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Seguridad y Tribunales, estos profesionales serán "un complemento adicional a la seguridad exterior de los centros y actuarán siempre bajo la dirección y supervisión de las fuerzas de seguridad".
Sin embargo, el mismo texto añade una novedad hasta ahora no contemplada. Estos profesionales, refleja, podrán "realizar sus funciones en solitario una vez que haya transcurrido un periodo de tiempo prudencial y se encuentren capacitados para ello". Es la primera vez que el Gobierno pone por escrito que los vigilantes desarrollarán determinadas labores sin ser supervisados por un funcionario.
Hasta el momento, el Ministerio se había negado a que esto ocurriera y así lo recalcaban en los informes oficiales previos al comienzo del programa. Aun así, durante los últimos meses de la primera fase del plan, había al menos media docena de centros en los que Interior había permitido ya a los vigilantes controlar algunas zonas en solitario.
Las tareas que deberán llevar a cabo los vigilantes sí seguirán siendo las mismas que hasta el momento. En el mismo escrito, el Gobierno determina que se harán cargo de controlar los accesos de "personas, vehículos y mercancías", vigilar las salas de cámaras e inspeccionar determinadas zonas desde "puestos fijos o garitas".
Una decena de empresas
Por otro lado, al suponer esta segunda fase un incremento notable de centros penitenciarios que deben ser inspeccionados, el Gobierno ha vuelto a sacar a concurso la totalidad del servicio. Si en la primera fase bastaba con agrupar las 21 prisiones en una única adjudicación, que se otorgó a una Unión Temporal de Empresas (UTE), en este caso la cosa se complica un poco más y pasa a haber cuatro lotes.
En concreto, el Gobierno ha adjudicado la seguridad de las 67 cárceles (58 controladas por la Guardia Civil y nueve por la Policía) a una decena de empresas de seguridad, entre las que destacan Ombuds y Securitas como principales beneficiadas. La primera se encargará de todos los centros de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid por un importe anual de 7,7 millones de euros; la segunda será responsable de las prisiones de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja por 8,5 millones de euros.
Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla estarán vigiladas por los profesionales de siete compañías de seguridad distintas, una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que también participa Ombuds y que recibirá 9,8 millones de euros. Por último, el cuarto lote –correspondiente a Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra– ha sido adjudicado a Coviar y Seguribérica por 7,3 millones de euros.
En total, el Gobierno desembolsará 33,4 millones de euros durante el próximo año. Esta segunda fase no conllevará todavía la reducción de guardias civiles, policías y funcionarios de prisiones que actualmente trabajan en los centros penitenciarios, aunque sí implicará que algunos de ellos pasen a desempeñar otras funciones, siempre dentro de la misma instalación en la que operaban hasta ahora.
Será en la tercera fase donde previsiblemente comenzará la supresión de efectivos de las fuerzas de seguridad. Pero ésta dará comienzo dentro de poco más de un año y una vez que el Gobierno determine que el plan que ahora se inicia ha tenido resultados satisfactorios y cabe abordar el último peldaño del proceso.
El Gobierno no ha reconocido en ningún momento que este plan, dividido en tres fases, sea un proceso de privatización de la seguridad de los centros penitenciarios. De hecho, en los documentos oficiales mencionados describe el trabajo de los vigilantes como "servicios de apoyo" de efectivos de seguridad privada a las prisiones.
