29 de mayo de 2015
Unos ladrones desvalijan 2 cajas fuertes en Chocolates Lacasa
Los asaltantes robaron "unos pocos miles de euros" para gasto corriente. Los autores burlaron el sistema de seguridad y la vigilancia
Uno o varios ladrones entraron en la madrugada del sábado al domingo en la fábrica que Chocolates Lacasa posee en la carretera de Logroño, en la localidad de Utebo. Los asaltantes burlaron el sistema de seguridad y abrieron dos cajas fuertes, llevándose un botín aún por cuantificar pero que ascendería a "unos pocos miles de euros", según explicó Fernando Lacasa, secretario del consejo de administración de la compañía. La Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Zaragoza investiga la sustracción.
Según explicaron fuentes del instituto armado, el montante del robo aún no se conoce, ya que la denuncia aún no ha sido interpuesta. Pero los agentes ya estuvieron el domingo en la fábrica, pocas horas después de que el guardia de seguridad que vigila el recinto mientras está cerrado hallara las cajas abiertas.
Fuentes consultadas indicaron que los ladrones habrían entrado por un patio interior --aunque es uno de los extremos que investigará la Guardia Civil-- y tras revolver algunos cajones se dirigieron a las cajas de caudales, cuya ubicación es conocida por el personal de la empresa. Su camino podrá ser determinado con la visualización de las cámaras de seguridad, que junto al vigilante integran el sistema de protección de la fábrica, según detalló Fernando Lacasa.
Este restó importancia al asalto, ya que el dinero que se llevaron no era mucho, y se guardaba para gasto corriente del personal. "Para desplazamientos y ese tipo de cosas", explicó el secretario del consejo.
Los ladrones iban al parecer directos al botín, y no causaron ningún otro tipo de daños ni robaron ordenadores, con lo que la fábrica pudo reanundar su actividad con normalidad anteayer.
Este tipo de asaltos se reprodujeron hace un par de años con bandas especializadas en el uso de lanzas térmicas, pero según las fuentes consultadas no parece que tengan relación con este asalto en particular.
Detenida una vigilante de seguridad por robar un Rolex de una turista en el aeropuerto de Ibiza
Una vigilante jurado del aeropuerto de Ibiza ha sido detenida después de comprobarse que se había apropiado de un reloj Rolex de una pasajera en el control antes de acceder a la zona de embarque.
Al parecer, la pasajera había pasado el control de seguridad pero a los pocos minutos se ha dado cuenta de que la faltaba su reloj así que ha vuelto al puesto de control y lo ha reclamado, con el revuelo que ello ha provocado.
Así las cosas, se ha accedido a las grabaciones de seguridad de las instalaciones y en ellas se ha comprobado como en un momento del proceso, la vigilante ha tapado el reloj y cuando la pasajera ha recogido sus cosas, y con la escusa de que tenía que limpiar las bandejas, la vigilante se ha dirigido al cuarto de baño mientras escondía el reloj en sus guantes de trabajo.
La Guardia Civil ha procedido entonces a cachear a la vigilante y, efectivamente, se le ha encontrado el reloj encima por lo que se ha procedido a su detención y a dar aviso a su empresa de lo ocurrido.
Detenida por hurto reiterado en centro comercial
La Policía Nacional de Guadalajara ha procedido a la detención de una mujer N.M.M. de 33 años de edad, por un presunto delito de hurto en un centro comercial.
El servicio de seguridad privada de un centro comercial de la capital detectó la presencia de una mujer que portando un bolso de medianas dimensiones abandonaba el interior del establecimiento sin pasar por cajas, procediendo a comprobar los efectos que portaba en el mismo y reteniendo a la misma tras comprobar que había sustraído efectos por valor de unos cien euros, haciéndose cargo de la intervención la Policia Nacional de Guadalajara.
Como quiera que esta mujer infundió sospechas a los Policias Nacionales, estos procedieron a elaborar el correspondiente dispositivo de vigilancia ante la suposición que se hubiera desplazado desde su domicilio en Madrid hasta nuestra capital.
Fruto del mismo pudieron comprobar cómo esta mujer se introducía en un vehículo conducido por un varón de unos 35 años, por lo que procedieron a interceptar el mismo para comprobar si en el interior del mismo pudiera portar algún objeto sustraído.
Al interceptar el mismo la mujer intenta eludir la acción de la justicia huyendo a pie del lugar y siendo interceptada por otra patrulla.
En el registro del vehículo se comprueba que junto a la pareja viaja la hija de la detenida, de unos cuatro años de edad y en el interior del maletero del vehículo se incautan objetos por un valor de 1.500 euros, todos ellos sustraídos de diversos establecimientos del centro comercial, por lo que procedieron a la detención de la mujer por un presunto delito de hurto, haciéndose cargo de la menor el varón que conducía el vehículo y padre de la pequeña.
La detenida que tiene antecedentes policiales por hechos similares fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial.
Los vigilantes urgen a la Fiscalía a «investigar qué pasa en Sograndio»
La Asociación Profesional presentará una denuncia contra los responsables políticos y laborales del centro, a los que acusan de «generar conflictos»
«Por el presente escrito presenta denuncia contra Guillermo Martínez, consejero de Presidencia; José Luis Villaverde, director de Justicia e Interior; Manuel Ramos, director de Sograndio; y Belén Rodríguez, delegada de Alcor Seguridad». Así comienza el extenso escrito que la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) presentará hoy ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
Lo hacen, explicó el coordinador de la entidad, «para que el fiscal investigue qué está ocurriendo a Sograndio», en referencia al único centro de internamiento de menores con condena que hay en Asturias. «La situación ha llegado al límite para el personal y para los menores». Así lo aseguró Jorge Fernández Cuesta, quien considera que la denuncia «debe acabar con los problemas que estamos viviendo en los últimos meses».
«Castigos excesivos»
Se refierea las tres fugas en menos de un mes protagonizadas por varios menores; al incendio intencionado de la cama de una celda de aislamiento, con el resultado de dosjóvenes intoxicados; a los castigos excesivos, con menores atados hasta cuatro horas a una silla, y la tensión laboral que provoca «numerosas bajas». En estos momentos, de la plantilla de vigilantes de seguridad son siete los que no acuden a trabajar, «y hay un octavo que mañana (por hoy) acudirá al médico. Están sometidos a tal tensión que lo están pagando en salud».
Para los socios de Avispa, todo comenzó con el cambio de empresa de seguridad, adjudicada en diciembre por el Principado a otra empresa, Alcor, «que ha recortado el personal y el salario, de forma unilateral, incumpliendo el contrato de adjudicación y el convenio laboral».
Sin embargo, pese a representar solo a los vigilantes, el coordinador de Avispa es consciente de que «no es un problema laboral de los vigilantes, sino que todo es consecuencia de una mala gestión que es la que genera los conflictos».
Así, respalda las quejas planteadas a EL COMERCIO por una representación de los educadores del centro, que critican «castigos excesivos» a los menores, así como «tensión laboral creada por el responsable del centro». Una tensión que, como en el caso de los vigilantes, también se traduce en numerosas bajas. Y en que, como recoge un informe publicado por este periódico, «el 50% de los trabajadores estén insatisfechos con su trabajo».
Y no, como explicaban los profesionales, «porque no nos guste lo que hacemos o porque sea un problema trabajar con menores conflictivos». El problema radica, dicen, «en las órdenes contradictorias, la falta de criterios homogéneos y la ausencia de protocolo de actuación».
Fallos de seguridad
Unas quejas que hacen suyas los vigilantes y las trasladan al texto de la denuncia. Un texto en el que también figuran fallos de seguridad, como la ausencia de sistemas de detección de incendios en las celdas de aislamiento, denominadas en el centro como 'camarillas'. Una ausencia que pudo provocar una tragedia la pasada semana, cuando uno de los internos encerrado en su habitación quemó el colchón de la cama. «Si no llega a acercarse el educador a mirar en ese momento, no sabemos qué podría haber pasado». El rescate del joven también fue difícil, ya que «los educadores no tienen la llave de la celda de aislamiento ni, tampoco, la del armario de los extintores. Lo tiene el vigilante que estaba en otro sitio, ya que con los recortes se ha perdido al vigilante de refuerzo».
Avispa espera que desde la Fiscalía se actúe sobre la situación del centro de internamiento juvenil, «antes de que suceda algo grave. Nadie parece importarle lo que pasa allí».
26 de mayo de 2015
La amenaza de ETA obliga a mantener la escolta a 104 personas en País Vasco y Navarra
Cuando ETA anunció el 20 de octubre de 2011 el fin de sus atentados, se empleaba en protección a 1.500 escoltas.
Interior asegura que se buscan salidas laborales para estos profesionales que durante años pusieron en riesgo sus vidas.
Un total de 104 personas mantienen todavía escolta en el País Vasco y Navarra por la amenaza de ETA, según informó este martes en el Senado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El ministro aportó este dato al responder a una pregunta del senador socialista Antonio Rodríguez Esquerdo, quien le interrogó sobre si va a cumplir “los compromisos de recolocación laboral” con los vigilantes privados que protegieron durante años a los amenazados por la banda etarra.
Rodríguez Esquerdo criticó que, a pesar del trabajo realizado por estos escoltas privados durante años, muchos de ellos no tienen trabajo y sólo una minoría han sido recolocados pro Interior para vigilar el exterior de las cárceles. Este senador lamentó la situación de estos profesionales, ya que durante años pusieron en riesgo sus vidas para evitar que ETA asesinase a políticos, periodistas y miembros de otros colectivos amenazados.
El parlamentario socialista reclamó a Interior que obligue a las empresas contratadas para vigilar las cárceles que “cumplan y prioricen” a la hora de contratar, como prometió el Gobierno, a guardaespaldas que trabajaron en el País Vasco y Navarra para proteger a potenciales víctimas de la banda etarra.
Salida laboral para los escoltas
A este respecto, Fernández Díaz coincidió con el representante del PSOE en que existe una “deuda de gratitud” con estos escoltas, pero aseguró que su departamento no puede “suplir ni suplantar” a las empresas privadas para que contraten o no a determinados vigilantes para vigilar el exterior de las cárceles.
Sin embargo, el ministro añadió que en su ministerio seguirán trabajando, “en las medida de nuestras posibilidades”, para encontrar una salida laboral a estos guardaespaldas que protegieron a muchos amenazados en los “años de plomo” de la banda etarra.
Además, el responsable de Interior se refirió a que parte de estos escoltas privados han rechazado las ofertas laborales que se les han hecho para trabajar en las cárceles. Apuntó que han declinado las ofertas porque no les interesaba la oferta económica o no querían trasladarse al destino que se les planteaba.
Al mismo tiempo, Fernández Díaz se refirió a que en la actualidad siguen teniendo escolta en el País Vasco y Navarra 104 personas, a los que protegen 135 guardaespaldas.
Destacó que, cuando ETA anunció el 20 de octubre de 2011 el fin de sus atentados, se llegó a emplear en la protección de amenazados a 1.500 escoltas, lo que incluía tanto funcionarios policiales como a vigilantes de empresas de seguridad.
En lo que se refiere a la parte de estos guardaespaldas que eran funcionarios policiales, el dejar estas tareas ha permitido liberar 1.072 efectivos para otros cometidos, lo que ha permitido compensar la reducción de oferta pública de empleo en la época de crisis económica.
Interior asegura que se buscan salidas laborales para estos profesionales que durante años pusieron en riesgo sus vidas.
Un total de 104 personas mantienen todavía escolta en el País Vasco y Navarra por la amenaza de ETA, según informó este martes en el Senado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El ministro aportó este dato al responder a una pregunta del senador socialista Antonio Rodríguez Esquerdo, quien le interrogó sobre si va a cumplir “los compromisos de recolocación laboral” con los vigilantes privados que protegieron durante años a los amenazados por la banda etarra.
Rodríguez Esquerdo criticó que, a pesar del trabajo realizado por estos escoltas privados durante años, muchos de ellos no tienen trabajo y sólo una minoría han sido recolocados pro Interior para vigilar el exterior de las cárceles. Este senador lamentó la situación de estos profesionales, ya que durante años pusieron en riesgo sus vidas para evitar que ETA asesinase a políticos, periodistas y miembros de otros colectivos amenazados.
El parlamentario socialista reclamó a Interior que obligue a las empresas contratadas para vigilar las cárceles que “cumplan y prioricen” a la hora de contratar, como prometió el Gobierno, a guardaespaldas que trabajaron en el País Vasco y Navarra para proteger a potenciales víctimas de la banda etarra.
Salida laboral para los escoltas
A este respecto, Fernández Díaz coincidió con el representante del PSOE en que existe una “deuda de gratitud” con estos escoltas, pero aseguró que su departamento no puede “suplir ni suplantar” a las empresas privadas para que contraten o no a determinados vigilantes para vigilar el exterior de las cárceles.
Sin embargo, el ministro añadió que en su ministerio seguirán trabajando, “en las medida de nuestras posibilidades”, para encontrar una salida laboral a estos guardaespaldas que protegieron a muchos amenazados en los “años de plomo” de la banda etarra.
Además, el responsable de Interior se refirió a que parte de estos escoltas privados han rechazado las ofertas laborales que se les han hecho para trabajar en las cárceles. Apuntó que han declinado las ofertas porque no les interesaba la oferta económica o no querían trasladarse al destino que se les planteaba.
Al mismo tiempo, Fernández Díaz se refirió a que en la actualidad siguen teniendo escolta en el País Vasco y Navarra 104 personas, a los que protegen 135 guardaespaldas.
Destacó que, cuando ETA anunció el 20 de octubre de 2011 el fin de sus atentados, se llegó a emplear en la protección de amenazados a 1.500 escoltas, lo que incluía tanto funcionarios policiales como a vigilantes de empresas de seguridad.
En lo que se refiere a la parte de estos guardaespaldas que eran funcionarios policiales, el dejar estas tareas ha permitido liberar 1.072 efectivos para otros cometidos, lo que ha permitido compensar la reducción de oferta pública de empleo en la época de crisis económica.
25 de mayo de 2015
Casuística en el transporte de fondos
Consulta realizada por el Director de Seguridad de una entidad bancaria, con relación a la operativa a seguir por las empresas autorizadas en la actividad de transporte de fondos cuando realizan, de forma regular y con una periodicidad inferior a los seis días, entregas y recogidas múltiples.
CONSIDERACIONES
En relación a la pregunta formulada sobre aspectos recogidos en el artículo 21, de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, a la hora de disponer el número de vigilantes a utilizar, en cuanto a las operativas a seguir en función de las cuantías a transportar, por parte de las empresas de seguridad autorizadas para la actividad de transporte de fondos, el citado artículo, en su punto primero, determina los requisitos que deben concurrir para que el transporte de fondos y valores pueda efectuarse en vehículo no blindado, así como el número de vigilantes a utilizar para la protección de estos. Para ello, establece límites, en cuanto a las cuantías máximas del valor a transportar, uno general, de 250.000€, y otro específico, de 125.000€, cuando concurran determinadas circunstancias.
En concordancia a las cuantías citadas, establece igualmente los criterios a seguir en cuanto a si el transporte debe realizarse bajo la protección de uno o dos vigilantes de seguridad, matizando a continuación, que cuando se realizan entregas o recogidas múltiples, los vigilantes de seguridad siempre serán dos.
CONCLUSIONES
En base a lo expuesto, en relación a las preguntas planteadas en el escrito de consulta, en cuanto a las cantidades a transportar y número de vigilantes a utilizar, el criterio a seguir en las diferentes operativas o casuísticas, en aplicación del artículo 21.1 de la Orden INT/314, sería el siguiente:
* Hasta 250.000 euros, y siempre que sea un transporte o recogida única, el transporte se podrá llevar a cabo a través de un vehículo no blindado, de la empresa de seguridad autorizada para la actividad, con la protección, al menos, de un vigilante de seguridad armado.
* Hasta 125.000 euros, si el transporte se realiza de forma regular y con una periodicidad entre uno y seis días, es decir cada dos, cada tres, etc., este se realizará con la protección de un vigilante de seguridad armado y vehículo convencional de la empresa de seguridad habilitada para la actividad de transporte.
* En el caso de que se produzcan entregas o recogidas múltiples, y siempre que no sobrepase la cantidad de 250.000 euros, el transporte podrá realizarse en vehículo no blindado de la empresa autorizada para la actividad, con la protección de dos vigilantes de seguridad armados. En conclusión, y respondiendo en concreto a la pregunta formulada en el escrito consulta, y dadas las características del tipo de transporte de fondos en la misma contemplada (transporte de efectivo de forma regular y con periodicidad inferior a los seis días, con entregas y recogidas múltiples, con importe total siempre inferior a 125.000 euros), el mismo debe contar, al menos, con la protección de dos vigilantes de seguridad armados.
Policía y G.Civil acude a galería de tiro en la que robaron centenar de armas
La Policía y la Guardia Civil han acudido hoy a la galería de tiro de San Sebastián de los Reyes en la que el sábado robaron un centenar de armas para investigar, junto a la empresa de seguridad encargada de custodiar la instalación, cómo se pudo perpetrar el robo, en el que no se forzó la puerta.
Fuentes municipales han explicado a Efe que la investigación continúa y hoy varios policías y guardias civiles inspeccionan el lugar en el que ocurrió el suceso: una galería de tiro de gestión privada ubicada dentro del complejo deportivo municipal Dehesa Boyal.
Lo hacen junto a miembros de la empresa que gestiona la galería de tiro y de la compañía de seguridad de todo el recinto municipal, ya que la galería no tiene una especial vigilancia, aunque sí una puerta blindada, según las fuentes, que han detallado que la Guardia Civil tiene la competencia sobre los permisos y las condiciones del armero, pero no lo custodia.
Las fuentes han precisado que se trató de "un robo aparentemente fácil", ya que la puerta blindada de la galería no estaba forzada, y que es el primero ocurrido desde que la galería de tiro se puso en marcha.
Se perpetró el sábado sobre las nueve de la noche, cuando la galería de tiro estaba cerrada pero continuaban abiertas otras instalaciones del polideportivo.
La galería de tiro cumple unas estrictas normas de seguridad, ya que queda registrado por escrito quién accede, qué arma utiliza y qué munición usa, y estos estadillos se entregan a la Guardia Civil, responsable del control del armero, según el Ayuntamiento.
La Jefatura Superior de Policía confirmó ayer el suceso, perpetrado por varios encapuchados que se llevaron cerca de un centenar de armas, según las primeras investigaciones todas cortas, y huyeron en un coche robado que luego apareció calcinado en la localidad de Rivas
El Madrid Arena vuelve a celebrar fiestas sin cumplir con la seguridad comprometida
Dos años y medio después, sigue sin haber cámaras en el vomitorio donde sucedió la tragedia, los vigilantes no han sido formados en evacuación y el aforo aún se contabiliza de manera manual
El Ayuntamiento de Madrid no aprende. Desde que hace dos años y medio se produjera la tragedia que acabó con la vida de cinco chicas por aplastamiento durante una fiesta en el recinto municipal de Madrid Arena, aún hay medidas de seguridad que siguen como estaban entonces.
¿Evacuar, qué es eso? Los vigilantes de seguridad de la empresa Alerta y Control –que sustituyó a Seguriber– serán formados por primera vez en evacuación de instalaciones los próximos 25, 26 y 27 de mayo en el Palacio Municipal de Congresos de la capital de España. Allí se reunirán todos los profesionales que velan por la seguridad tanto en el Madrid Arena –ahora denominado Multiusos 1– como en el Palacio Municipal.
El contenido de estos cursos incluye las técnicas para ayudar a guiar a los asistentes a un evento hacia un lugar seguro en caso de emergencia. La formación en asuntos de evacuación era una de las exigencias contempladas en el pliego de prescripciones técnicas que asumió la empresa Alerta y Control al sustituir a Seguriber el 15 de julio de 2013. Durante estos dos años, por lo tanto, los vigilantes han seguido trabajando en el recinto sin la formación acordada.
Aún sin cámaras. Por otro lado, todavía hoy continúa sin haber una cámara de videovigilancia en el vomitorio donde se produjeron los aplastamientos aquel fatídico 1 de noviembre de 2012 (el denominado sector A de la planta baja). Tras la tragedia, se han instalado cinco nuevas cámaras, pero ninguna de ellas en el mencionado lugar.
Aforo manual. Aún hoy, en todos los eventos que organiza Madrid Destino, tanto Alerta y Control como Secoex –las dos empresas que gestionan la seguridad en los edificios municipales de la antigua Madridec– siguen contabilizando a mano el número de asistentes a través de un clicador que va pulsando un auxiliar de seguridad cada vez que accede una persona a la instalación.
No se ha automatizado, por lo tanto, este trabajo, como solicitaba el Dictamen de Conclusiones aprobado por la comisión de investigación del Ayuntamiento el 12 de diciembre de 2012. El informe proponía literalmente, entre otras medidas, “la instalación de elementos digitales de control del aforo en edificios municipales para grandes eventos”.
Para más inri, Alerta y Control se comprometió en su propuesta de mejoras técnicas previa a la firma del contrato a implantar controles digitales en el Madrid Arena específicamente con el fin de contabilizar el aforo, promesa que tampoco ha cumplido la compañía de seguridad.
Falta el jefe. El mismo pliego de condiciones que firmó Alerta y Control cuando asumió la seguridad de Madrid Arena obligaba a que la empresa contemplara la figura del coordinador o jefe de vigilancia, profesional encargado de “supervisar y dirigir el servicio”, “formular propuestas de mejoras para conseguir mayor eficacia”, “elaborar el plan de vigilancia” y ser “interlocutor entre la empresa adjudicataria del contrato y Madridec” (desde el 1 de enero de 2014, Madrid Destino). Esta figura, sin embargo, no está contemplada en la plantilla de Alerta y Control, por lo que no existe en la práctica ningún coordinador de cada evento que tiene lugar en Madrid Arena.
Alerta y Control lleva dos años sin actualizar el plan de autoprotección, que es otro de los requisitos incluidos en el pliego de condiciones firmado por la empresa en 2013. En concreto, el documento obliga a la sociedad adjudicataria del servicio a hacer una “revisión anual” del mencionado plan, extremo que no se ha cumplido en ningún momento.
Vuelven las fiestas. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, anunció al día siguiente de la tragedia que desde ese día desterraría las fiestas en la capital. “Nunca más, mientras yo sea alcaldesa, cederemos ningún edificio del ayuntamiento para este tipo de eventos”, prometió la presidenta de la corporación municipal. Desde entonces, ni el Madrid Arena ni ningún otro recinto madrileño ha vuelto a celebrar fiestas para jóvenes hasta el pasado noviembre, dos meses después de que accediera al cargo de director de seguridad de la empresa municipal Madrid Destino, Mauricio López Enríquez.
El nuevo responsable ha permitido que las fiestas privadas vuelvan a las instalaciones municipales. En concreto, el 7 y 8 de noviembre se celebró en el Madrid Arena la View From Edge, evento que contó con un DJ y en el que se aplicaron todas las insuficientes medidas de seguridad contadas anteriormente.
Al mes siguiente, el 18 de diciembre, la Caja Mágica albergó la Fiesta Vodafone, también con la participación de un DJ (Wally López). En ninguno de los dos eventos el aforo superó las 3.000 personas, según calculan algunos de los asistentes, aunque en la última fiesta ni siquiera hubo un clicador manual para calcular el número de personas que accedían.
Triste y deslucido ‘Día Nacional de la Seguridad Privada’
El Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, presidió el pasado día 21 de mayo, en Madrid, el ‘Día Nacional de la Seguridad Privada’, en un acto en el que estuvo acompañado por el presidente de la Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios, Rafael Araujo; la Delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa; el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera; el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó; el Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y los directores adjuntos operativos de la Policía y de la Guardia Civil, Eugenio Pino y Cándido Cardiel, entre otras personalidades.
A este acto han asistido representando a la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), El Secretario General Antonio Duarte, el Secretario de Formación e Información Basilio Alberto Febles, y los asesores jurídicos Eduardo Serafín de la FTSP-USO, e Ismael Franco de ADR Abogados.
Tras asistir a este acto, no terminamos de salir de nuestra asombro al ver como el lugar elegido para un acto de tanta importancia no solo era de escaso aforo (la mitad de los asistentes tuvieron que permanecer de pie durante todo el acto), sino que además se producía en un Ministerio que nada tiene que ver con nuestro sector.
Al final el acto se convirtió en un clamor en todos los ámbitos, empresarial, sindical y en el de los trabajadores de la seguridad privada a los que hicieron sentir en nuestra opinión como ciudadanos de segunda clase.
Todo esto nos lleva a pensar que el recinto se elige con la única finalidad de limitar la asistencia desluciendo así la importancia de este acto, siendo el segundo año que desde la organización actúan de igual manera y que más parecía un día de luto que el de la fiesta en que todos deseamos como es el ‘Día Nacional de la Seguridad Privada’.
A modo de ejemplo reseñar que en las diferentes intervenciones, se hizo escasa mención al reglamento de seguridad privada que va a ser aprobado próximamente, y tampoco se trato un tema tan importante para el sector como es el de la contratación pública.
Entendemos que el día elegido como ‘Día Nacional de la Seguridad Privada’, ha de estar a la altura de la realidad fáctica, han de ir en consonancia con la grandeza e importancia del trabajo y esfuerzo que todos y cada uno de los operadores que la integran y desarrollan cada día, y ha de ser, en definitiva, el reflejo vivo y actual de lo que acontece en la calle y que penosamente, en el día de ayer no fue así.
Lamentablemente el acto de ayer, estuvo carente de emotividad, fuerza y categoría. muy lejos de las expectativas que los profesionales allí presentes esperábamos del mismo.
24 de mayo de 2015
La seguridad privada da trabajo en españa a más de 100.000 personas
La seguridad privada da trabajo en España a más de 100.000 personas a través de 1.600 empresas, que facturaron más de 3.300 millones de euros en 2014.
Este dato fue resaltado hoy por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien presidió el acto que se celebró con motivo del Día Nacional de la Seguridad Privada, que se celebra este jueves.
En el encuentro estuvieron presentes también la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa; el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, y el de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.
La representación del sector de la seguridad corrió a cargo de la Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios, Rafael Araujo. Durante esta celebración se entregaron galardones a empleados de compañías de seguridad que han destacado en los últimos meses por su labor profesional.
CONTRA EL “INSTRUSISMO”
En su intervención, Martínez destacó el hecho de que recientemente se ha aprobado la nueva Ley de Seguridad Privada, que dijo que hacía falta en un “sector maduro, pujante y altamente especializado” como es el que se encarga de vigilar lugares como aeropuertos, centros penitenciarios o en alta mar.
Asimismo, el ‘número dos’ de Interior dijo que esta norma tendrá desarrollo en el próximo reglamento que su departamento está preparando. Añadió que tanto la ley como su desarrollo posterior permitirán acentuar el interés “por la formación y la motivación” de los profesionales de la seguridad y lograr la erradicación del “intrusismo profesional”.
Martínez también se refirió a que la nueva legislación sobre seguridad privada está presidida “por la colaboración entre lo público y lo privado”, al tiempo que consolida “la relación y el respeto hacia un sector con entidad propia que, de manera innegable, es parte coadyuvante de la seguridad pública, en una labor auxiliar y complementaria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Interior destaca que la seguridad privada en España en un "sector puntero"
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha afirmado hoy que la seguridad privada en España es un "sector puntero a nivel europeo y mundial" con más de cien mil profesionales, 1.600 empresas y más de mil centros de formación, que facturó más de 3.300 millones de euros en 2014.
Francisco Martínez ha presidido un acto en Madrid de celebración del Día Nacional de la Seguridad Privada, en el que ha destacado que es "un sector sólido e innovador que aglutina a profesionales muy cualificados, presenta grandes posibilidades de crecimiento, factura a nivel europeo 34.000 millones de euros y cuenta con 2,2 millones de vigilantes y 60.000 empresas".
Ha explicado que la nueva Ley de Seguridad Privada busca atender el capital humano que integra el sector, "acentuando su preocupación por la formación y la motivación de las personas, tratando de erradicar el intrusismo profesional".
El representante del Ministerio del Interior ha detallado que en España hay un vigilante de seguridad por cada 513 habitantes frente a otros países como Francia con uno por cada 438, Alemania con uno por cada 322 y Reino Unido con uno por cada 170.
Ha recordado que durante esta legislatura se han aprobado varias leyes que han modernizado la arquitectura normativa de todos los ámbitos de la seguridad, entre ellas la privada.
Martínez ha destacado que el escenario que facilita la nueva Ley de Seguridad Privada "está presidido por la colaboración entre lo público y lo privado, consolidando la relación y el respeto hacia un sector con entidad propia que de manera innegable es parte coadyuvante de la seguridad pública, en una labor auxiliar y complementaria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
Ha señalado que la norma aprobada es la que merece "un sector maduro, pujante y altamente especializado", que está presente en los medios rural y urbano, que presta servicio en complejas instalaciones, con uso expansivo de nuevas tecnologías, con presencia en aeropuertos, en centros penitenciarios y en alta mar y dedicado a labores de investigación privada.
El secretario de Estado ha anunciado que el desarrollo de la ley tendrá continuidad en el próximo reglamento que el Ministerio está preparando.
Francisco Martínez ha estado acompañado en el acto por el presidente de la Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios, Rafael Araujo; la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera.
Además por los directores generales de la Policía, Ignacio Cosidó, y de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y los directores adjuntos operativos de ambos cuerpos, Eugenio Pino y Cándido Cardiel, entre otras personalidades.
Durante el mismo se ha hecho entrega de varias menciones honoríficas a miembros de los cuerpos de seguridad privada que han destacado por su labor de protección y por su colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Ocho de cada diez sentencias de despido favorecen al trabajador
La indemnización media reconocida es de 13.672 euros
La mejora del empleo en 2014 no ha reducido la saturación de los tribunales.
El pasado año se resolvieron 356.427 asuntos judiciales, 2.155 más que el año anterior.
La mejora del empleo en 2014 no ha reducido la saturación de los tribunales.
El pasado año se resolvieron 356.427 asuntos judiciales, 2.155 más que el año anterior.
En la sede madrileña de los Juzgados de lo Social, en la plaza de los Cubos, no se nota que el pasado año fuera el primero de toda la crisis en el que se creó empleo neto. Abogados laboralistas, representantes sindicales y trabajadores despedidos o que reclaman otras cuestiones laborales inundan a diario los edificios que albergan estos juzgados. La acumulación de casos provenientes de años anteriores y los cambios de la reforma laboral justifican que no se haya aminorado este trasiego judicial pese a la mejora operada por el mercado laboral en 2014. Así, el pasado año, los juzgados de lo Social de toda España resolvieron 2.155 asuntos más que en 2013, hasta sumar un total de 356.427, según datos oficiales del Ministerio de Empleo.
Si bien al margen de la cantidad de casos resueltos, el número total de trabajadores afectados por despidos que resolvieron su caso en los tribunales el pasado año fue de 139.385, un 2,3% menos que en 2013. De estos, cerca de un tercio, resolvió la situación con una sentencia del juez; otro tercio, pactó la solución al conflicto inmediatamente antes del inicio del juicio –lo que se denomina conciliación judicial– y el tercio restante desistió, o lo que es lo mismo retiró la demanda antes del juicio.
Entre los 53.884 trabajadores despedidos que obtuvieron una sentencia del juez, ocho de cada diez (42.921) recibieron un fallo que les fue favorable total o en parte. Lo más común es que estas sentencias favorables den toda la razón al trabajador (35.797), aunque estas disminuyeron un 3,6% el año pasado.
Si bien el tipo de sentencia que más aumentó en 2014 fueron aquellas que solo son parcialmente favorables al trabajador, y que sumaron 7.124, tras incrementarse un 4,6%. En esta línea, los fallos que dan la razón a los empresarios se redujeron el pasado año un 12,8%, hasta sumar 10.963.
Pero, según fuentes jurídicas consultadas, uno de los aspectos más destacables de lo que está ocurriendo en estos juzgados es el aumento de los pactos previos al juicio (conciliaciones). Aquellas realizadas en sede judicial aumentaron un 4% el pasado año hasta las 54.283. “Esto ocurre porque cada vez son más los jueces que instan con mayor intensidad a que se logre este acuerdo antes de ir a juicio”, asegura una asesora jurídica.
En los casos de despido, la indemnización media que reconocieron los tribunales el año pasado fue de 13.672 euros, 1.272 euros menos que en 2013. Esto supuso una caída de la indemnización media del 8,5%. No obstante, las cuantías medias reconocidas por los jueces en las sentencias fueron algo mayores (15.248 euros) que las pactadas por las partes antes del inicio del juicio (12.425 euros). Pero si a estas cantidades se les suman las pactadas en los servicios de mediación (previas a la llegada del caso al juzgado) la cuantía media a finales de 2014 era de 9.238 euros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En los conflictos colectivos se sellan menos pactos
La mayoría de los 356.427 asuntos judiciales resueltos por los tribunales de lo Social el pasado año fueron conflictos individuales de los trabajadores (273.057), que descendieron ligeramente un 1,4% respecto a 2013. De este total, 118.225 fueron casos de despidos (un 0,7% menos) y los 154.832 restantes, reclamaciones derivadas del contrato de trabajo (impagos, incumplimientos etc.), que también descendieron un 1,9% en comparación con el año anterior.
Por el contrario, en 2014 los conflictos colectivos, que afectan a demandas de un grupo de trabajadores y reclaman una interpretación de una norma o convenio colectivo o van contra una decisión de la empresa, registraron un importante aumento del 24% el pasado año, hasta sumar 3.618.
A diferencia de los casos individuales, en la inmensa mayoría de los conflictos colectivos no se resolvió la situación con un pacto. Así, del total de conflictos colectivos solo el 7% se resolvió por conciliación de las partes. Asimismo, en las reclamaciones colectivas, los jueces dieron un poco menos la razón a los trabajadores en los despidos. En concreto, las sentencias fueron favorables a los grupos de asalariados en el 67% de las sentencias, frente al 80% en el caso de los despidos individuales.
Los conflictos en materia de Seguridad Social que fueron solventados por los tribunales el pasado año también se incrementaron un 7,2% hasta las 79.752 resoluciones. En estos casos, los trabajadores reclaman cuestiones tales como afiliación, cotizaciones no realizadas correctamente por parte de las empresas, prestaciones o accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Solo en estos casos, los jueces dieron mayoritariamente la razón a las empresas.
El Grupo Eulen y Tyco hablan sobre la situación actual del mercado de las alarmas
El estado actual del mercado de las alarmas para evitar la intrusión, el carácter disuasorio de las alarmas con los delincuentes, el nivel de satisfacción de los clientes respecto a estos servicios y el tratamiento que hace la nueva Ley de Seguridad privada del mercado de las alarmas, son algunos de los temas que Julio Pérez Carreño, director de Sistemas de Seguridad de Eulen Seguridad, y Fernando Pradas, director de la División Alarm Services de Tyco Integrated Fire & Security Iberia han tratado con Interempresas.
Desde Interempresas hemos querido conocer la situación actual del mercado de las alarmas para evitar la intrusión. Para ello hemos hablado con el director de Sistemas de Seguridad de Eulen, grupo que cuenta con más de 7.000 clientes en 14 países y más de 50 servicios en el mercado, y con el director de la División Alarm Services de Tyco, la mayor empresa del mundo dedicada a la seguridad y a la protección contra el fuego, quienes han querido aportar su punto de vista sobre esta situación.
El director de Sistemas de Seguridad de Eulen Seguridad, Julio Pérez Carreño, considera que, centrándose en el sector residencial, el mercado está digiriendo las consecuencias de las órdenes ministeriales del año 2011, la aparición de la nueva ley de seguridad privada de abril de 2014 y la irrupción de los servicios en la ‘nube’. Pérez Carreño cree que esto, junto con el importante papel de la crisis económica, ha acelerado el crecimiento del ‘hágaselo usted mismo’ (self yourself), con el que el usuario busca posibilidades más económicas y que le posibiliten alternativas domóticas en continua evolución. Respecto al número de usuarios que podría alcanzar el mercado de las alarmas en los próximos dos años, Pérez Carreño explica que “el número de usuarios conectados hoy en día con una Central Receptora de Alarmas se mantiene en un equilibrio estable en el entorno del millón y medio de abonados desde hace algunos años, con una importante disminución en los tres últimos, y es previsible que su crecimiento -a pesar del aceleramiento económico- no suponga un incremento cuantitativo reseñable en los dos próximos años, dadas las muy probables bajas que se seguirán produciendo por la migración de servicios hacia la ‘nube’”.
Por su parte, el director de la División Alarm Services de Tyco Integrated Fire & Security, Fernando Pradas, señala que tras el período de crisis que ha azotado a toda la economía de su empresa en los últimos años, algunos indicadores parecen mostrar indicios de recuperación y mejora en el sector de la seguridad. “Aún con estas incertidumbres del mercado, en los últimos años, en Tyco estamos viendo un crecimiento de dos dígitos en las altas de nuevas conexiones. Según datos de un estudio de mercado realizado por una conocida consultora, el número de conexiones activas sufrió un descenso del 1,5% respecto al año anterior. Sin embargo, Tyco ha tenido un crecimiento de dos dígitos”, aclaró Pradas.
Con la crisis, muchos clientes han decidido prescindir de sus sistemas de alarmas. Es por esto que hemos preguntado a Pérez Carreño y a Pradas por qué creen que no se considere una prioridad contar con este tipo de servicios, si se ha medido el nivel de satisfacción de los clientes presentes y futuros respecto a los sistemas de seguridad, su vigencia y eficacia, así como si actualmente tienen las alarmas un carácter disuasorio para con el delincuente.
En referencia a esto, Pérez Carreño sostiene que lo que en realidad han decidido muchos de sus clientes es no conectar sus sistemas con una Central Receptora de Alarmas (CRA), dado que los sistemas de seguridad se siguen instalando e incluso algunos de ellos sin obligación de ser instalados por una empresa de seguridad, cuando éstos no sean conectables con una CRA.
Asimismo, mantiene que la venta masiva e indiscriminada de sistemas de seguridad sin análisis de riesgos previos, sin una adecuada instalación, con equipos no normalizados, sin mantenimientos adecuados y con un importante desconocimiento del usuario de las características del sistema instalado, ha llevado en muchos casos a que los sistemas instalados sean falibles, con elevadas alarmas no deseadas y fácilmente saboteables. De esta manera, el resultado, comenta Pérez Carreño, son clientes insatisfechos cuando descubren las verdaderas limitaciones de sus sistemas o cuando, en el peor de los casos, son objeto de robos no detectados por sus sistemas. Todo ello, comenta el experto, ha generado una corriente bastante generalizada, e incierta en la mayoría de los casos, sobre la ineficacia de los sistemas de seguridad domiciliarios.
Necesidad de reeducar a los usuarios
“Es importante, no obstante, recordar que la función de un sistema electrónico de seguridad es detectar, localizar e informar que se está produciendo un intento de robo. El retardo en su realización será función de las protecciones físicas que dispongamos (puertas, cerraduras, rejas, etc.) y la respuesta a estas señales de los servicios de respuesta asignados bien sean estos de naturaleza privada o encomendados a la seguridad pública. La realidad es que la materialización de muchos de estos robos no se debe al mal funcionamiento de los sistemas sino a las deficiencias en las protecciones físicas o en las demoras o inexistencia de los servicios de respuesta. Sin embargo, la percepción del usuario, cierta en alguna medida, es que su sistema no ha funcionado adecuadamente”, admite el director de Sistemas de Seguridad de Eulen Seguridad.
Es por esto que Pérez Carreño considera que, con independencia del importante factor disuasorio que siguen teniendo los sistemas de alarma, resulta imprescindible reeducar a los usuarios para evaluar adecuadamente los riesgos de sus instalaciones y dimensionar el sistema de acuerdo a ello y a la inversión necesaria para minimizarlos. “Hoy día se puede garantizar la detección con una elevadísima fiabilidad con inversiones asumibles para cualquier usuario”, admite.
Respecto al mismo tema, Pradas reconoce que los sistemas de seguridad son uno de los primeros gastos que las familias reducen. Además considera que es una realidad que España es un país con un nivel de inseguridad afortunadamente bajo y, precisamente por este motivo, las empresas de seguridad deben ofrecer a sus clientes un valor añadido y un servicio excepcional. En este sentido dice que, desde Tyco, trabajan en todos los campos para asegurar la máxima eficiencia de sus servicios de alarma, empleando los sistemas de seguridad más avanzados, además de un excelente servicio desde la Central de recepción de alarmas, que les permite obtener los índices de falsas alarmas más bajos del mercado. “En la CRA de Tyco alcanzamos una tasa de avisos reales del 44%. Gracias a ello, nuestros clientes se sienten seguros con los servicios de Tyco, incluso tenemos clientes que llevan con nosotros desde los años 90. En los últimos años hemos reducido el número de bajas de nuestros clientes gracias a la oferta de servicios que les ofrecemos y las políticas de retención que llevamos a cabo”, sostiene Fernando Pradas y señala que los sistemas de seguridad de Tyco no sólo suponen una disuasión para los delincuentes, sino que también ofrecen a sus usuarios una serie de servicios y beneficios, como poder controlar quien entre o sale de casa (familia, personal del hogar, etc.), sistemas de alarmas de humo, escapes de gas, CO2, inundaciones, etc.
A pesar de todos los beneficios que supone contar con un sistema de alarmas para evitar la intrusión, en las redes sociales hay personas que muestran su descontento respecto a los sistemas de alarma y al servicio al cliente que ofrecen algunas empresas. Es por esto que hemos preguntado a ambos expertos si han iniciado o realizado algún tipo de acción para reparar dicho daño y si entienden que dicha reclamación proviene de los robos sufridos por los clientes y de la falta de respuesta de los sistemas instalados.
Pérez Carreño afirma que la ‘presunta’ ineficacia aludida de los sistemas de alarma domiciliaria es producto de varios factores, muchos de los cuales ya han sido recogidos en las órdenes ministeriales INT/316/2011 y INT/317/2011 y en las normas europeas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 y CLC/TS 50398, que en las citadas ordenes se aluden.
“Es reseñable en este aspecto resaltar la importancia que ya se daba en el Reglamento de Seguridad Privada (RD 2364/1994) al proyecto de instalación que toda instalación debe disponer, cuyo contenido ahora queda definido en la OM 316/2011, de acuerdo a la norma UNE-CLC/TS50131-7. Dicha norma determina las características de diseño, instalación, funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de alarma de intrusión. La estricta aplicación de esta norma y el correcto adiestramiento de los usuarios contribuirá de manera decisiva en la recuperación de la confianza perdida y en la fiabilidad de los sistemas de seguridad”, admite el director de Sistemas de Seguridad de Eulen Seguridad.
Por su parte, Fernando Pradas estima que es lógico que cuando se trabaja con miles de usuarios es imposible que no se produzcan problemas y reclamaciones, aunque reconoce que cada caso es totalmente diferente. Pradas cree que la clave se encuentra en analizar los motivos de cada reclamación y dar una respuesta adecuada a cada cliente, tratando de aprender para el futuro y mejorar sus procedimientos para evitar nuevos incidentes.
“Cada día nos esforzamos para ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio. En nuestro centro de atención al cliente, las incidencias que no son técnicas se solucionan en el mismo día, dando respuesta y solución a los problemas planteados por el cliente, además se lleva a cabo un seguimiento de las incidencias que han de derivarse a otros departamentos para ser solucionadas. Nuestros sistemas son los más fiables. La efectividad de Tyco en avisos a la policía es más de cuatro veces superior a la de la media del mercado. Según los datos oficiales del anuario estadístico del Ministerio del Interior, el ratio medio de avisos reales a la policía es del 9,3%. En la CRA de Tyco alcanzamos una tasa de avisos reales del 44%. Esto quiere decir que los sistemas de Tyco son mucho más eficientes y el nivel de filtraje de los avisos a policía es excelente. Esto repercute directamente en la efectividad de nuestros sistemas de seguridad”, afirma el director de la División Alarm Services de Tyco.
La repercusión de la nueva Ley de Seguridad Privada
Pérez Carreño y Pradas también han valorado el tratamiento que hace la nueva Ley de Seguridad Privada al mercado de las alarmas, el nuevo sistema sancionador y la reducción del número de falsas alarmas.
“En líneas generales valoramos el mantenimiento de los conceptos, medidas y planteamientos realizados en las Órdenes Ministeriales y la confirmación de la adopción de normas como herramienta para la mejora de la calidad y seguridad de cualquier actividad tecnológica. La incorporación de estas cuestiones ya había dado sus frutos en la tendencia de la reducción de falsas alarmas antes de la aparición de la nueva ley, por lo que consideramos que no se van a producir nuevos y significativos descensos en estos ratios. En este sentido, consideramos que el endurecimiento del régimen sancionador incluido en la nueva ley, no contribuirá en ningún caso a impulsar este objetivo”, manifiesta Pérez Carreño.
Por su parte, Pradas afirma que en Tyco apuestan por sistemas profesionales y efectivos y por una Central Receptora de Alarmas con excelente nivel de calidad. Asimismo manifiesta que Tyco comprueba el aviso a través de la vídeo-verificación y avisa a las fuerzas del orden en caso de confirmarse la incidencia. “Tyco tiene un ratio de avisos reales a la policía muy alto. Estamos convencidos y así hacemos, que es posible reducir el número de falsas alarmas, usando la tecnología adecuada y los medios profesionales necesarios. Desgraciadamente, somos conscientes que no todas las empresas cumplen con estos criterios de calidad y posiblemente para algunos actores del mercado, esta nueva norma supone un problema. Pero en Tyco creemos que la norma va en beneficio del usuario y facilita la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, sostiene.
Incorporación de servicios innovadores
Por último, ambos profesionales de la seguridad han comentado a Interempresas la situación actual que atraviesa tanto Tyco como Eulen, qué papel juega la I+D+i en ambas empresas y si van a apostar por ofertar a sus clientes servicios compatibles con los de seguridad privada. Pérez Carreño avala que Eulen, como empresa decana del sector, viene apostando desde sus inicios por incorporar conceptos y productos innovadores de manera natural y consustancial a su propia naturaleza. En este sentido, y adelantándose a lo que la nueva Ley de Seguridad pretende impulsar, vienen trabajando en la convergencia de las ‘seguridades’, en el concepto de seguridad integral, una Seguridad cada vez más multidisciplinar, cada vez con mayor capacidad de análisis y con mayor sensibilidad con respecto a las necesidades de cada usuario. “Consecuencia de este enfoque, Eulen Seguridad ha incorporado e incorporará en su portfolio todas aquellas actividades compatibles que impulsen este concepto. Es previsible que este nuevo nicho de negocio represente una de las tendencias con mayor crecimiento en los próximos años”, concluye el experto.
Por otro lado, el miembro de Tyco ratifica que, tras unos años duros, su empresa está creciendo a un alto ritmo y, lo que es más importante, de una forma sostenida. Pradas recalca que esto tiene aún más importancia al producirse en el mercado de la seguridad -que en conjunto no está experimentando ningún crecimiento- lo que se traduce en que su empresa está ganando cuota de mercado de forma importante.
“Tyco es un actor global, somos la mayor empresa de seguridad del mundo. Esto nos proporciona unos recursos y un soporte de negocio que nos diferencia de nuestros principales competidores. Nuestra inversión en i+D el año 2014 fue de 193 millones de dólares, la mayor parte de esta inversión se ha realizado en el desarrollo de nuevos productos e infraestructuras como por ejemplo el nuevo concepto ‘Tyco-on’, que transforma los dispositivos tradicionales en elementos interconectados que ofrecen datos de valor y proporcionan información y analíticas que se convierten en servicios inteligentes para los clientes y les ayudan a gestionar sus operaciones, impulsar la productividad de los empleados, mejorar el rendimiento del negocio y todo ello gracias a la integración de la información de múltiples fuentes del negocio”, indica el director de la División Alarm Services de Tyco Integrated Fire & Security Iberia.
Además, manifiesta que también se está llevando a cabo una inversión importantísima para mejorar la oferta al mercado de Tyco a través de innovadores servicios que añaden valor a sus clientes, tanto en la protección del hogar como en la seguridad de sus principales clientes empresariales.
En este sentido, Pradas garantiza que están integrando las soluciones de seguridad tradicionales (antihurto, intrusión, control de accesos, etc.) con las soluciones de monitorización y CCTV integradas en su CRA, de forma que ofrecen una solución integrada y eficiente que proporciona importantes ahorros de costes a sus clientes. Por otra parte, asegura que están preparando el lanzamiento de una nueva oferta de servicios para clientes residenciales y pequeños comercios que permitirá a sus clientes escalar progresivamente sus sistemas. Tyco-On cumple con los desafíos de los clientes para gestionar varios sistemas y dispositivos relacionados, como incendios, seguridad, calefacción, ventilación y aire acondicionado e iluminación a través de estas soluciones de software con una arquitectura y un lenguaje comunes.
“Nuestros productos y servicios proporcionan a nuestros clientes un alto nivel de seguridad basado en la tecnología y la integración, con soluciones más allá de la seguridad para responder a cualquier necesidad. Hoy en día la tecnología permite un nivel de seguridad muy alto. Actualmente ofrecemos a nuestros clientes profesionales servicios que permiten reducir la dependencia de personal de seguridad, más caro, y menos fiable, porque permite un control centralizado y la integración e interconexión de todas las soluciones y sistemas de seguridad. Tyco construye sistemas de alarma modernos que se convierten en mucho más que un instrumento para evitar el robo”, sentencia el experto.
El Gobierno aprueba el Reglamento de Policía y Gestión de los puertos
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el reglamento de Policía y Gestión de los puertos de la comunidad autónoma, en el que se regula las funciones de seguridad encomendadas a los oficiales de puertos y vigilantes de seguridad privada.
Según la información del Gobierno, el nuevo reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento de los servicios y operaciones, así como los usos y actividades, que se desarrollen en dicho ámbito.
En el reglamento se establece como personal de vigilancia del dominio público portuario a los oficiales de puertos, que son los agentes administrativos y de policía especial del dominio público portuario y del servicio portuario de gestión directa de la Administración portuaria canaria.
Respecto a los vigilantes de seguridad privada, el reglamento señala que su actuación se realiza bajo la jefatura inmediata y directa del director gerente o cargo análogo de la Administración portuaria canaria, siguiendo las instrucciones de la Jefatura de Explotación.
Se trata de un colectivo de agentes de la autoridad, que la administración portuaria canaria destina al dominio público portuario objeto de su gestión directa pero no ejercerán las funciones coercitivas y represivas, de mantenimiento del orden público y de persecución del delito, atribuidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos, por lo que no portarán armas.
Una mujer golpea al vigilante de una tienda de bisutería de Vigo en la que intentaba robar
Los hechos se produjeron en un establecimiento de la calle Príncipe
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a una mujer de 39 años que supuestamente agredió al vigilante de seguridad de una tienda de bisutería de la calle Príncipe que la abordó cuando intentaba llevarse sin pagar varios anillos y pulseras, informaron fuentes policiales.
Un empleado del establecimiento vio cómo la mujer manipulaba los elementos de seguridad de varios anillos y pulseras, por lo que avisó a la Policía.
Cuando una patrulla llegó a la tienda vio que el vigilante de seguridad intentaba reducir a una mujer que no paraba de lanzar patadas y puñetazos.
El responsable de la tienda relató a los agentes que, a través del circuito cerrado de grabación, vieron cómo la detenida inutilizaba el seguro de varios complementos para, a continuación, colocárselos en dedos y muñecas en una zona poco transitada del local.
Cuando se dirigía hacia la salida, soltó un fuerte manotazo al vigilante de seguridad al requerirle éste que devolviera los efectos que intentaba sustraer, y que a continuación se inició un forcejeo del que fue testigo la Policía al llegar al lugar de los hechos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)